En muchos de los territorios donde antes dominaba la guerrilla se ha
disparado la deforestación. Semana Sostenible cuenta las historias de
Guaviare, Tumaco, Caquetá y La Macarena, cuatro lugares donde la
naturaleza es la principal víctima de la paz. El país perdió casi
220.000 hectáreas de bosque en 2017. Es como si del mapa de Colombia
desaparecieran Bogotá y Medellín. Usurpación de tierras, expansión de la
frontera agropecuaria, cultivos de uso ilícito, minería ilegal y obras
viales tienen en jaque los ecosistemas colombianos.
26 de junio, 2018
La firma del acuerdo de paz con las Farc ha abierto puertas para la investigación científica, pero también para un impresionante deterioro ambiental. Semana Sostenible pone sobre la mesa un tema fundamental para la sostenibilidad de la paz.
El 24 de noviembre de 2016, Colombia vivió uno de los hechos más esperados durante los últimos 60 años. El Teatro Colón en Bogotá fue el escenario para que las Farc y el gobierno nacional firmaran el anhelado y controvertido acuerdo de paz.
Mientras en las ciudades seguía la disputa entre el ‘sí’ y el ‘no’, la Colombia rural, que había votado por la paz habiendo vivido el conflicto, solo sentía incertidumbre. La polarización de dos países se arraigaba cada día. Quienes habían vivido la guerra en carne propia seguían con esa sensación de olvido que por años los había acompañado, pero ahora, mezclada con angustia por no saber si lo que vendría sería peor. Hoy, un año y medio después, lejos de menguar, esa sensación ha ido en aumento. En el Bajo Caguán, por ejemplo, don Emilio Rojas Moncada, campesino y colono desde los años ochenta, habla de su angustia frente a la llegada de nuevos actores al territorio y de lo que él considera un desastre ecológico terrible: la tala y quema de cientos de hectáreas de bosque. “Hay partes donde han tumbado entre 200 y 300 hectáreas, y no son campesinos. A la zona está llegando gente de afuera,
grandes empresarios que amenazan no solo la montaña, sino la seguridad de todos nosotros”, manifestó.
Y es que la firma del acuerdo de paz ha abierto muchas puertas. Si bien el país celebra el hecho de que en el Hospital Militar no haya heridos o muertos en combate y de que instituciones de investigación como el Instituto Humboldt descubran nuevas especies en lugares antes inaccesibles, no se puede obviar la pregunta ¿qué está pasando en territorios como Tumaco, Guaviare, los Llanos del Yarí, el Catatumbo y algunos Parques Nacionales Naturales?, donde el área sembrada con cultivos ilícitos va en aumento, al igual que la deforestación y la degradación de los bosques, por no hablar de los casi 300 líderes sociales asesinados desde 2016. La famosa frase de Humberto de la Calle: “El acuerdo logrado es el mejor acuerdo posible”, se quedó en el discurso a la luz de la implementación.
Una tragedia anunciada
La pérdida de biodiversidad y bosques, la especulación y acaparamiento de tierras, la expansión de la frontera agropecuaria y el aumento de cultivos de uso ilícito no deberían ser una sorpresa para el gobierno nacional. En países como El Salvador, Nicaragua, Guatemala, República Democrática del Congo, Ruanda y Uganda, donde también se firmaron acuerdos de paz, el gran sacrificado en los periodos de posconflicto fue el medioambiente.
Colombia podía ver el futuro, tuvo la capacidad de predecir lo predecible. El Departamento Nacional de Planeación habló de Dividendos Ambientales de la Paz, sin siquiera haber firmado. Citaron ejemplos en el mundo, un poco acomodados al discurso como las familias guardaparques en Guatemala. Pero se hicieron los ciegos frente a reflejos como el que presentaba la Autoridad de Gestión Ambiental de Ruanda (Rema, por sus nombre en inglés), que afirmaba que de 1993 a 2006 las áreas protegidas se redujeron 92% en el país africano. El Parque Nacional Akagera, así como los bosques de Gishwasti y Mukura fueron algunas de las áreas parcialmente despejadas y reducidas en tamaño para construir campamentos de refugiados y reasentamiento de los repatriados. Las cifras también indican que los bosques disminuyeron en tamaño en un 64% para satisfacer las necesidades de la creciente población y para los propósitos de reasentamiento.
Cualquier parecido con lo que está pasando en Colombia, entonces, no es
una coincidencia. En 2015, un año antes de la firma del acuerdo de paz,
se deforestaron 124.035 hectáreas, según el Ideam. Un año después, la
cifra había aumentado a 178.597 hectáreas, 44% más que el año anterior.
Pero, 2017 fue devastador: 219.973 hectáreas de bosque fueron arrasadas.
La Amazonía concentra el 65% de la deforestación nacional con 144.000
hectáreas de selva en el piso; 60% del desastre fue causado por
incendios provocados por colonos y campesinos movidos por la
especulación de tierra, dinero y coerción de grupos al margen de ley. En
Parques Nacionales, la cifra llegó a las 12.000 hectáreas destruidas.
Las alertas tempranas trimestrales del Ideam ya daban luces sobre este despropósito ambiental. En el primer trimestre de 2018, por ejemplo, el informe refleja que el 46% de la deforestación se concentra en tres municipios: La Macarena (Meta), San Vicente del Caguán (Caquetá) y Tibú (Norte de Santander). Pero, quizá uno de los hechos más alarmantes tiene que ver con lo que está pasando en los Parques Nacionales Naturales.
Según Wendy Arenas, asesora en temas de medioambiente de la Alta Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad del gobierno nacional, lo que ha pasado con el Parque Tinigua es un desastre mayúsculo. “En tres meses deforestaron 5.700 hectáreas, eso son como 70.000 canchas de fútbol. Y, ¿dónde estábamos todos?”, agregó.
De acuerdo a lo que Arenas afirma, la Alta Consejería advirtió que esto podía pasar, pero al parecer no se dimensionó por completo el asunto. Como tampoco, las consecuencias que podía tener el prometer incentivos por sustitución de cultivos de uso ilícito, y todo lo que tiene que ver con restitución y asignación de tierras. “Hay muchos errores de comunicación. Por ejemplo, la formalización y adjudicación de tierras están sujetas a que solo se asignarán a quien no haya deforestado después de 2010. Y lo mismo pasa con los cultivos de coca, los incentivos aplican para quienes sembraron antes de 2016”.
Más allá de las fechas, en cuanto a tierras el tema es mucho más grueso. Son diez millones de hectáreas sujetas a formalización y asignación, y se cree que más del 50% de estas hacen parte de Zonas de Reserva Forestal de Ley Segunda. De hecho, uno de los decretos que se quedó en el tintero del famoso track fue una modificación que condiciona la adjudicación de tierras en estas áreas de manejo especial. Es decir, el propietario no podrá desarrollar actividades económicas distintas a las forestales (maderables o no maderables).
Vocación versus uso
Si por el lado de la especulación, usurpación y acaparamiento de tierras el medio ambiente sufre las consecuencias de la paz, representado en deforestación de los bosques, la expansión de la frontera agropecuaria es otra causa de este desastre. La conversión de bosques a potreros y pastizales para ganadería extensiva en zonas que por vocación son forestales, como la Amazonía, es otra amenaza permanente.
Frente a esto, el país sigue esperando la prometida resolución con la delimitación del cierre de la frontera agropecuaria. Un documento en el que trabajaron durante diez meses los ministerios de Ambiente y de Agricultura.
“Es muy importante que el ganadero en potencia que todos llevamos dentro crea en una economía forestal”, afirma César Rey, director de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para referirse a una salida a la hora de enfrentar la pérdida de bosques en Colombia. El reto es dejar de pensar en quitar coca y meter vacas. Hay que fortalecer la economía forestal, el Conpes de Crecimiento Verde hace un primer esfuerzo desde lo político.
La otra apuesta es Bosques Territorios de Vida, estrategia nacional contra la deforestación y degradación de los bosques, un esfuerzo por pensarse la selva con gente de una manera sostenible y que debería tener continuidad y desarrollo en las futuras administraciones.
De este modo, mantener los acuerdos de paz es una tarea fundamental del próximo gobierno, pero no puede hacerse de cualquier manera. El medioambiente debe ser un actor fundamental, que se siente a la mesa y esté presente en las grandes decisiones, pues es determinante para el futuro de la nación. Semana Sostenible cuenta las historias de cuatro lugares donde esta tarea es inaplazable.
Fuente: Semana Sostenible
vía:http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Colombia_-_La_paradoja_de_la_paz_cuatro_historias_de_destruccion_ambiental_tras_el_acuerdo_con_las_Farc
La firma del acuerdo de paz con las Farc ha abierto puertas para la investigación científica, pero también para un impresionante deterioro ambiental. Semana Sostenible pone sobre la mesa un tema fundamental para la sostenibilidad de la paz.
El 24 de noviembre de 2016, Colombia vivió uno de los hechos más esperados durante los últimos 60 años. El Teatro Colón en Bogotá fue el escenario para que las Farc y el gobierno nacional firmaran el anhelado y controvertido acuerdo de paz.
Mientras en las ciudades seguía la disputa entre el ‘sí’ y el ‘no’, la Colombia rural, que había votado por la paz habiendo vivido el conflicto, solo sentía incertidumbre. La polarización de dos países se arraigaba cada día. Quienes habían vivido la guerra en carne propia seguían con esa sensación de olvido que por años los había acompañado, pero ahora, mezclada con angustia por no saber si lo que vendría sería peor. Hoy, un año y medio después, lejos de menguar, esa sensación ha ido en aumento. En el Bajo Caguán, por ejemplo, don Emilio Rojas Moncada, campesino y colono desde los años ochenta, habla de su angustia frente a la llegada de nuevos actores al territorio y de lo que él considera un desastre ecológico terrible: la tala y quema de cientos de hectáreas de bosque. “Hay partes donde han tumbado entre 200 y 300 hectáreas, y no son campesinos. A la zona está llegando gente de afuera,
Y es que la firma del acuerdo de paz ha abierto muchas puertas. Si bien el país celebra el hecho de que en el Hospital Militar no haya heridos o muertos en combate y de que instituciones de investigación como el Instituto Humboldt descubran nuevas especies en lugares antes inaccesibles, no se puede obviar la pregunta ¿qué está pasando en territorios como Tumaco, Guaviare, los Llanos del Yarí, el Catatumbo y algunos Parques Nacionales Naturales?, donde el área sembrada con cultivos ilícitos va en aumento, al igual que la deforestación y la degradación de los bosques, por no hablar de los casi 300 líderes sociales asesinados desde 2016. La famosa frase de Humberto de la Calle: “El acuerdo logrado es el mejor acuerdo posible”, se quedó en el discurso a la luz de la implementación.
Una tragedia anunciada
La pérdida de biodiversidad y bosques, la especulación y acaparamiento de tierras, la expansión de la frontera agropecuaria y el aumento de cultivos de uso ilícito no deberían ser una sorpresa para el gobierno nacional. En países como El Salvador, Nicaragua, Guatemala, República Democrática del Congo, Ruanda y Uganda, donde también se firmaron acuerdos de paz, el gran sacrificado en los periodos de posconflicto fue el medioambiente.
Colombia podía ver el futuro, tuvo la capacidad de predecir lo predecible. El Departamento Nacional de Planeación habló de Dividendos Ambientales de la Paz, sin siquiera haber firmado. Citaron ejemplos en el mundo, un poco acomodados al discurso como las familias guardaparques en Guatemala. Pero se hicieron los ciegos frente a reflejos como el que presentaba la Autoridad de Gestión Ambiental de Ruanda (Rema, por sus nombre en inglés), que afirmaba que de 1993 a 2006 las áreas protegidas se redujeron 92% en el país africano. El Parque Nacional Akagera, así como los bosques de Gishwasti y Mukura fueron algunas de las áreas parcialmente despejadas y reducidas en tamaño para construir campamentos de refugiados y reasentamiento de los repatriados. Las cifras también indican que los bosques disminuyeron en tamaño en un 64% para satisfacer las necesidades de la creciente población y para los propósitos de reasentamiento.
Las alertas tempranas trimestrales del Ideam ya daban luces sobre este despropósito ambiental. En el primer trimestre de 2018, por ejemplo, el informe refleja que el 46% de la deforestación se concentra en tres municipios: La Macarena (Meta), San Vicente del Caguán (Caquetá) y Tibú (Norte de Santander). Pero, quizá uno de los hechos más alarmantes tiene que ver con lo que está pasando en los Parques Nacionales Naturales.
Según Wendy Arenas, asesora en temas de medioambiente de la Alta Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad del gobierno nacional, lo que ha pasado con el Parque Tinigua es un desastre mayúsculo. “En tres meses deforestaron 5.700 hectáreas, eso son como 70.000 canchas de fútbol. Y, ¿dónde estábamos todos?”, agregó.
De acuerdo a lo que Arenas afirma, la Alta Consejería advirtió que esto podía pasar, pero al parecer no se dimensionó por completo el asunto. Como tampoco, las consecuencias que podía tener el prometer incentivos por sustitución de cultivos de uso ilícito, y todo lo que tiene que ver con restitución y asignación de tierras. “Hay muchos errores de comunicación. Por ejemplo, la formalización y adjudicación de tierras están sujetas a que solo se asignarán a quien no haya deforestado después de 2010. Y lo mismo pasa con los cultivos de coca, los incentivos aplican para quienes sembraron antes de 2016”.
Más allá de las fechas, en cuanto a tierras el tema es mucho más grueso. Son diez millones de hectáreas sujetas a formalización y asignación, y se cree que más del 50% de estas hacen parte de Zonas de Reserva Forestal de Ley Segunda. De hecho, uno de los decretos que se quedó en el tintero del famoso track fue una modificación que condiciona la adjudicación de tierras en estas áreas de manejo especial. Es decir, el propietario no podrá desarrollar actividades económicas distintas a las forestales (maderables o no maderables).
Si por el lado de la especulación, usurpación y acaparamiento de tierras el medio ambiente sufre las consecuencias de la paz, representado en deforestación de los bosques, la expansión de la frontera agropecuaria es otra causa de este desastre. La conversión de bosques a potreros y pastizales para ganadería extensiva en zonas que por vocación son forestales, como la Amazonía, es otra amenaza permanente.
Frente a esto, el país sigue esperando la prometida resolución con la delimitación del cierre de la frontera agropecuaria. Un documento en el que trabajaron durante diez meses los ministerios de Ambiente y de Agricultura.
“Es muy importante que el ganadero en potencia que todos llevamos dentro crea en una economía forestal”, afirma César Rey, director de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para referirse a una salida a la hora de enfrentar la pérdida de bosques en Colombia. El reto es dejar de pensar en quitar coca y meter vacas. Hay que fortalecer la economía forestal, el Conpes de Crecimiento Verde hace un primer esfuerzo desde lo político.
La otra apuesta es Bosques Territorios de Vida, estrategia nacional contra la deforestación y degradación de los bosques, un esfuerzo por pensarse la selva con gente de una manera sostenible y que debería tener continuidad y desarrollo en las futuras administraciones.
De este modo, mantener los acuerdos de paz es una tarea fundamental del próximo gobierno, pero no puede hacerse de cualquier manera. El medioambiente debe ser un actor fundamental, que se siente a la mesa y esté presente en las grandes decisiones, pues es determinante para el futuro de la nación. Semana Sostenible cuenta las historias de cuatro lugares donde esta tarea es inaplazable.
Fuente: Semana Sostenible
vía:http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Colombia_-_La_paradoja_de_la_paz_cuatro_historias_de_destruccion_ambiental_tras_el_acuerdo_con_las_Farc
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