México. No se opusieron a la
construcción de la presa Bicentenario Pilares en Sonora. Los guarijíos
simplemente exigieron información oficial del proyecto para deliberar su
decisión y a cambio, obtuvieron agresiones y suplantación de sus
autoridades para arrancarles las firmas de autorización a la obra. La
tribu se encuentra en peligro, afirma su asesor Ramón Martínez –quien
debió salir del estado, junto con Armando Haro, por las amenazas
recibidas por acompañar a los indígenas.
El río Mayo, que recorre 350 kilómetros
entre su nacimiento en la Sierra de Chihuahua y su desembocadura en el
Océano Pacífico, en la vecina Sonora, está amenazado por el Plan
Hidrológico del Noroeste (PLHINO) del que es parte el proyecto “Sonora
Sí” –el mismo que pretende arrebatar el agua de su río a los yaquis a
través del Acueducto Independencia, y que postula el trasvase de ríos
desde Nayarit hasta la Sonora de Hermosillo.
El gobierno estatal está listo para
construir la presa Bicentenario Pilares, a 104 kilómetros de Navojoa, en
el municipio de Álamos. La Evaluación de Impacto Ambiental de la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) señala que
serán afectadas nueve comunidades guarijías, dos de las cuales serán
reubicadas.
“La monstruosidad es que estamos viendo
apenas la punta del iceberg en el manejo de siete cuencas”, lo que
beneficia a agroindustriales y empresarios, “a todo el mundo menos a los
pueblos”, señala el investigador. Estos proyectos, denuncia el etnólogo
Martínez, siempre manejan fondos multimillonarios del gobierno para las
empresas y “mordidas multimillonarias”. Y para rematar, el proceso de
consulta que ni siquiera lograron llevar a cabo no es vinculante ni está
regulado, advierte.
Un proyecto oscuro en un río diáfano
En la cuenca alta del río viven los
pueblos warohío y pima; en la parte media, donde se pretende construir
la presa Bicentenario Los Pilares, habitan los guarijíos o mahkurawe; y
en la cuenca baja (donde ya existe una presa) está el pueblo mayo.
La presa Mocúzarit, instalada en 1954 en
la cuenca baja, una región de gran potencialidad productiva, se edificó
para detonar la productividad del Distrito de Riego 38. Aunque los
mayos son dueños de estas tierras, por dificultades económicas se la
rentan a agroindustriales, quienes “se apropiaron de las prácticas
agrícolas con riego, y como usufructuarios del agua hacen aparecer como
interés público el manejo hidrológico de la cuenca baja”, denuncia
Martínez. La presa Pilares es promovida por estos empresarios “con
intereses muy poco claros”, apunta el etnólogo.
La promoción de la presa Pilares no es
nueva. La intención renació en los años recientes con poca claridad,
aunque los pueblos y sus asesores llevan más de un año solicitando la
información pertinente. Además de perjudicar el territorio de los
pueblos establecidos cuenca arriba, la construcción de la presa afectará
potencialmente a toda la cuenca. “La perturbación puede matar no sólo
al río, sino a los pueblos del río”, advierte el asesor de los
guarijíos.
En el primer anuncio se dijo que la
presa sería una hidroeléctrica; posteriormente, que fortalecería al
distrito de riego; y la última vez, que su destino será contener las
avenidas de agua. “En realidad nadie sabe de qué se trata”, indica el
investigador Martínez, que denuncia el “desaseo” de las instituciones en
el manejo del proyecto. Las instancias federales correspondientes dicen
que no conocen el proyecto, pero ya hay presupuesto asignado, denuncia
Martínez: “Hay presupuesto y licitación, pero no hay presentación del
planteamiento a los pueblos poseedores de la tierra ni se ha hecho caber
la consulta”.
Otro punto oscuro del proyecto es la
intervención del gobierno estatal para amagar a los pueblos que
resultarán afectados en su patrimonio territorial y que cedan los
derechos de sus tierras “por las buenas o por las malas, pero nunca por
la vía legal”, indica Ramón Martínez.
Martínez denuncia que los empresarios y
el gobierno actúan como “un híbrido”, donde el gobierno actúa para
“facilitar el despojo masivo de territorios y recursos naturales, y el
desplazamiento forzado de población”.
La muerte del río Mayo
El establecimiento de la presa
Bicentenario Pilares traerá un impacto “brutal” para los guarijíos,
indica Martínez, tanto porque afectará su seguridad jurídica sobre sus
tierras como porque afectará su vínculo vital y cultural con el río. “La
presa se interpone entre ellos y su río”, resume.
Los guarijíos no quieren ser desplazados
de sus territorios, pero además conocen del peligro que representa la
presa para su supervivencia como pueblo, puesto que la magnitud de la
obra va a modificar de manera contundente los ecosistemas del Río Mayo y
sus afluentes, especialmente el arroyo Guajaray por la proximidad de la
obra.
Los impactos ambientales de la
construcción de la presa afectarán a la cultura de los guarijíos porque
perderán buena parte de los recursos naturales en los que sustentan su
vida y su cultura, además de sus lugares sagrados y panteones, dos
sitios arqueológicos y dos de los asentamientos principales de la tribu
“que simbolizan el éxito de su lucha por la tierra”, exponen los
asesores de la tribu en su página web.
El embalse obstaculizará también el
traslado de los guarijíos por caminos de terracería y brechas al
interior de su región, por lo que perderán opciones para el pastoreo, la
siembra, la caza y la recolección.
Los promotores de la obra (el Distrito
38 y la empresa contratista, que informalmente se sabe que se llama
Canoras) quieren que los guarijíos cedan los derechos de su tierra para
luego apropiarse de ellos y ser socios de la presa aportando el
territorio, denuncia Martínez. “Esa opción no se la dan a los
guarijíos”, declara su asesor.
El otro nivel de impacto va sobre toda
la cuenca del río, que comprende más de 27 mil kilómetros cuadrados de
extensión territorial. “Sabemos que un río con dos presas morirá”,
advierte el experto.
Consulta truncada
Los asesores del pueblo guarijío tienen
más de tres décadas trabajando con las comunidades y se acercaron a
petición de ellas. “El año pasado logramos instalar un diálogo político
con estándares internacionales y creímos que era un avance, pues
conseguimos sentar juntos a los tres niveles de gobierno, a la sociedad
civil y a la tribu guarijía” en un proceso rumbo a la consulta previa,
libre e informada, relata. Aunque hubo acuerdos, el gobierno del estado
no los cumplió y las instituciones federales abandonaron el diálogo en
el cambio de administración.
“Actualmente los gobiernos estatal y
municipal actúan de manera ilegal y violentan a las comunidades para
arrancar una falsa legalidad” que permite que se haga la obra. El apuro
es que, si no ejercen el presupuesto asignado, la Secretaría de Hacienda
lo retirará, puntualiza el académico.
El Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA)
que avala la obra fue encargado por la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales a, curiosamente, quienes promueven la obra: el
Distrito de Riego 38, que se asoció con un grupo llamado “México
Sustentable”. Los investigadores examinaron el MIA y descubrieron, entre
otras debilidades, que el estudio se basó en otro hecho en Veracruz.
Incluso, en el documento no se quitaron las referencias a ese estado,
situado a más de 2 mil kilómetros de distancia de Sonora. “Esto denota
sus pocos escrúpulos”, puntualiza Martínez.
Un nuevo resolutivo no transforma la
aceptabilidad de la presa, “la semi condiciona a que se haga la
consulta”, informa el académico. “Pero la consulta es no vinculante en
México, así que tenemos un problema”.
El asesor de los guarijíos considera
triste el papel de las instituciones. Denuncia que la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el área respectiva de la
SEMARNAT han sido totalmente omisas en sus responsabilidades, aunque los
guarijíos “las han interpelado por todos los medios posibles”, informa.
Por otro lado, valora, se da impunidad total a la actuación de los
gobiernos estatales y es imposible monitorear los flujos de los
presupuestos.
“¿Por qué hay una licitación de obra de
la presa sin que haya consentimiento del pueblo que será afectado? ¿Por
qué hay una licitación antes de que se fije el Manifiesto de Impacto
Ambiental?”, lanza el etnólogo.
Falta de información y violencia
Hasta agosto de 2013, los guarijíos no cuentan formalmente con el proyecto de la presa. Nunca manifestaron a priori
una oposición a la presa, indica su asesor. Lo que exigieron fue “saber
de qué se trata para poder tomar decisiones”, señala Martínez Coria.
El proceso de consulta previa, que
arrancó en noviembre de 2012, requirió que se presentara el proyecto
pero eso no se cumplió. “Ahora el gobierno estatal arrancó de manera
ilegal firmas de gobernadores tradicionales, amagando a cada uno en su
esquina, para legitimar la obra detrás de las asambleas y sin tomar en
cuenta a los órganos de representación agraria en caso de los ejidos”,
informa el etnólogo.
Entre las presiones que las instancias
de gobierno lanzaron sobre la tribu guarijía están desde las sutiles
insinuaciones sobre que se quedarán al margen del desarrollo, hasta la
amenaza directa de que se les retirarán los programas sociales si no
firman la autorización de la obra. La violencia llegó a partir de dos
momentos: el cambio de administración federal – por el que la CDI se
desentendió de su intervención y dejó total libertad al gobierno de
Guillermo Padrés- y la muerte del líder moral histórico de la tribu,
“piedra angular” para que los guarijíos exigieran sus derechos
colectivos, don Lino Leyva Zazueta. “A partir de la muerte de don Lino,
el gobierno estatal atacó de frente, sin permiso y sin escrúpulos”,
relata el investigador Martínez.
Por el recrudecimiento de la presión
contra la tribu, los asesores fueron llamados a los pueblos. “Fue cuando
se desencadenó toda esta situación” en la que los autores de la amenaza
quieren hacer parecer que provienen del narcotráfico, relata Martínez.
Los asesores recibieron llamadas amenazadoras y las ruedas de sus
vehículos fueron saboteadas.
Aunque no tienen la certeza para señalar
a un responsable, indica Martínez, las agresiones coinciden con la
“vehemencia con que quisieron interponerse entre nosotros y las
comunidades”. Paralelamente, hay una brigada de arqueólogos del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que trabajan para
legitimar la actuación del gobierno “y a ellos no los han molestado”,
apunta.
Los asesores de la tribu, Armando Haro y
Ramón Martínez, debieron salir de Sonora por el nivel de amenaza. Los
guarijíos, con esfuerzo, se comunican con ellos para relatarles la
situación en la que viven. “Sabemos que de los cinco gobernadores, a
cuatro los amagaron y los obligaron a firmar a espaldas de sus
asambleas. Al quinto gobernador, el que se negó a firmar, le hicieron
una asamblea donde se presentaron gente no guarijía y funcionarios. Ahí
lo humillaron, le faltaron al respeto y, como no firmó, lo suplantaron
por una falso gobernador” que ya consintió la obra. “Son capaces de lo
que sea”, denuncia el investigador.
Martínez advierte que las firmas no son
legítimas ni legales, por lo que el camino no es restaurar el diálogo
sino escalar a lo jurídico. “Esto pone en riesgo a las comunidades
porque en cuanto aparezca una resistencia, los van a criminalizar”,
precisa. Incluso, el gobierno ya declaró que los autores de las amenazas
son los mismos guarijíos, agrega el investigador.
Los asesores tienen conocimiento de que
los guarijíos se están movilizando para echar atrás las firmas que
otorgaron sus gobernadores. Armando Haro, el otro asesor y a quien
consideran en mayor riesgo, señaló en su cuenta de Facebook que los
indígenas del ejido Burapaco eligieron un nuevo gobernador en lugar del
que firmó el convenio “espurio” para la presa.
El investigador advierte que el derecho a
la consulta de los pueblos indígenas en México no es vinculante y
carece de normas de instalación y desarrollo. “No está regulada y no hay
un ámbito de obligatoriedad”, considera Martínez, que coloca las
amenazas recibidas dentro del contexto en el que fue asesinado Noé
Hernández, defensor de los ríos en Veracruz.
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2013/08/guarijios-la-otra-batalla-por-el-territorio-y-el-agua-en-sonora/
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