La misma receta
Declaratoria de “estado de excepción” en cuatro municipios guatemaltecos en resistencia contra la minería
El gobierno del general Otto Pérez Molina
parece buscar quitarse de encima la mochila de acusaciones por
violaciones a los Derechos Humanos con más y más violencia y atropellos.
En las últimas horas fue declarado el estado de excepción en cuatro
municipios que se encuentran en resistencia contra la minera canadiense
San Rafael.
La medida, que se ejecuta a un mes exactamente
de una similar decretada en el municipio de Santa Cruz Barillas para
reprimir la resistencia a la construcción de una represa por parte de un
consorcio español, afecta a San Rafael Las Flores y Castillas, en el
departamento de Santa Rosa, y Xelajpán y Maraquescuintla, en Jalapa y se
extiende por un periodo de 30 días.
Eric Hernández, de CEIBA-Amigos de la Tierra Guatemala informó en contacto telefónico con Radio Mundo Real que los municipios se encuentran fuertemente militarizados y que el origen de la medida se debe a la resistencia a un proyecto minero que amenaza a las comunidades.
Sin embargo, oficialmente el gobierno guatemalteco ha esgrimido la presencia de organizaciones narcotraficantes y paramilitares, lo cual señala Eric ha servido como “justificativo para reprimir”.
Dos semanas atrás el gobierno de Guatemala autorizó a la mina San Rafael iniciar un proyecto de explotación de "minado subterráneo" para extraer plata, pese al rechazo de las comunidades implicadas en ese proceso extractivo. La mina San Rafael es subsidiaria de la canadiense Tahoe Rosources.
La población ha rechazado la presencia de la mina en el lugar así como el sistema de distribución de regalías y el pasado lunes una veintena de policías fueron retenidos y desarmados por parte de los pobladores.
Este jueves las fuerzas de seguridad ingresaron a estas poblaciones con tanquetas y vehículos militares de asalto, lo que generó pánico entre los pobladores, relata la prensa guatemalteca.
En situación similar el pasado año fueron apresados por funcionarios privados de la empresa varias personas en Santa Cruz Barillas, debiendo purgar largas condenas sin cargos ni pruebas en su contra.
Pérez Molina se encuentra mencionado como responsable de delitos de lesa humanidad en el juicio que se lleva adelante contra el ex dictador y general retirado Efraín Ríos Montt. De ahí que las organizaciones que acompañan los procesos de resistencia comunitarios vinculen este empuje autoritario con ese proceso judicial.
Foto: http://www.prensalibre.com
Eric Hernández, de CEIBA-Amigos de la Tierra Guatemala informó en contacto telefónico con Radio Mundo Real que los municipios se encuentran fuertemente militarizados y que el origen de la medida se debe a la resistencia a un proyecto minero que amenaza a las comunidades.
Sin embargo, oficialmente el gobierno guatemalteco ha esgrimido la presencia de organizaciones narcotraficantes y paramilitares, lo cual señala Eric ha servido como “justificativo para reprimir”.
Dos semanas atrás el gobierno de Guatemala autorizó a la mina San Rafael iniciar un proyecto de explotación de "minado subterráneo" para extraer plata, pese al rechazo de las comunidades implicadas en ese proceso extractivo. La mina San Rafael es subsidiaria de la canadiense Tahoe Rosources.
La población ha rechazado la presencia de la mina en el lugar así como el sistema de distribución de regalías y el pasado lunes una veintena de policías fueron retenidos y desarmados por parte de los pobladores.
Este jueves las fuerzas de seguridad ingresaron a estas poblaciones con tanquetas y vehículos militares de asalto, lo que generó pánico entre los pobladores, relata la prensa guatemalteca.
En situación similar el pasado año fueron apresados por funcionarios privados de la empresa varias personas en Santa Cruz Barillas, debiendo purgar largas condenas sin cargos ni pruebas en su contra.
Pérez Molina se encuentra mencionado como responsable de delitos de lesa humanidad en el juicio que se lleva adelante contra el ex dictador y general retirado Efraín Ríos Montt. De ahí que las organizaciones que acompañan los procesos de resistencia comunitarios vinculen este empuje autoritario con ese proceso judicial.
Foto: http://www.prensalibre.com
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