México, D.F. El
incremento de la trata de personas con la llegada de soldados y agentes
federales a Ciudad Juárez, la prostitución forzada e infantil en el
sector turístico, en lugares como Acapulco, Puerto Vallarta y la Rivera
Maya; el traslado de mujeres víctimas de trata de personas de
Monterrey, Nuevo León, a Reynosa, Tamaulipas, en condición de
cautiverio; el secuestro de mujeres migrantes en Chiapas que son
obligadas a prostituirse; la de narco explotación de menores de edad
como mulas, halcones y esclavas sexuales en Monterrey,
Tamaulipas, Veracruz, Puebla y el norte de Coahuila, entre otros
lugares; la explotación sexual en el callejón Coahuila, de Tijuana,
donde niñas de 12 años son prostituidas; la red de explotadores (padrotes)
que nace en Tlaxcala; entre otro muchos casos, fueron expuestos en las
“Jornadas de discusión con la sociedad civil y expertos profesionales en
el marco del Diagnóstico Nacional sobre la Situación de la Trata de
Personas en México”.
Durante las jornadas celebradas en las
instalaciones del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, y
convocadas por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC) y el propio Instituto, Celina Izquierdo Sánchez, Secretaria
Técnica del Observatorio de Violencia y Género del Municipio de Benito
Juárez, de la Universidad del Caribe, presentó un estudio sobre trata de
personas en el sector turístico, realizado en Acapulco, Guerrero, la
Rivera Maya de Quintana Roo y Puerto Vallarta.
En el caso de Acapulco, uno de los
hallazgos es que la trata de personas es una práctica normalizada, en la
que, a juicio de la investigadora, el consumidor es el principal agente
de todas las redes delictivas y por ello la demanda de explotación
sexual crece; además de que este destino turístico se publicita como un
paraíso sexual.
En el caso de la Rivera Maya,
socialmente no se reconoce la existencia de prostitución forzada e
infantil, así como de la mendicidad, con todo y la presencia notoria de
mujeres cubanas, veracruzanas, chiapanecas, salvadoreñas y
nicaragüenses, que ofertan servicios sexuales. Los taxistas indican a
los turistas dónde hay servicios sexuales y las niñas de preparatoria de
16 a 18 años de edad, ofrecen su virginidad por diez mil pesos en
dólares, motivo por el cuál la cuidan hasta obtener dicho beneficio
económico y no por una tradición moral.
Con respecto a Puerto Vallarta, denunció
que se ha construido una vocación para el turismo sexual,
particularmente de niños y adolescentes varones, que no se reconocen
como víctimas, motivo por el cuál nos cuestionamos si es trata o no,
pero con toda seguridad conviven diferentes formas de prostitución y
pederastia.
Celina Izquierdo concluyó, que no encontró evidencias de estrategias municipales contra la trata sexual.
Gustavo Llamas de SeRe (Sexualidad
Responsable), con el patrocinio de la Agencia para el Desarrollo
Internacional (USAID), del gobierno norteamericano, presentó un estudio
sobre trata sexual en la zona metropolitana de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Llamas refirió que mientras personal de
su organización realizaba papanicolaou y aplicaba pruebas rápidas de
detección del VIH-Sida, aplicó un cuestionario para detectar víctimas de
trata, entre trabajadoras sexuales y mujeres transgéneros dedicadas al
comercio sexual.
El ponente expresó que es muy importante
diferenciar entre trata sexual y prostitución entendida como la
decisión de una persona adulta de mantener relaciones sexuales
remuneradas, para evitar prejuicios.
Gustavo comentó que los hombres, mujeres
y transgéneros que ofrecen servicios sexuales son victimizados por sus
cuidadores, los encargados de los cuartos donde se ocupan y la policía.
Comentó que la presencia de soldados y
agentes federales aumentó la demanda de trata sexual y generó más
violencia hacía las trabajadoras y trabajadores sexuales.
Una de sus observaciones es que la gente
prefiere dar la cuota a uno de los dos cárteles del narcotráfico de la
zona, que a la policía; porque los cobradores del cártel los cuidan de
los clientes violentos y los esperan para que hagan su pago, mientras
que los uniformados y el otro grupo de la delincuencia no actúan así de
“comprensivos”.
Advirtió que el gobierno no hace nada
para que evitar que esta población se convierta en un foco de infección,
ya que no hay una regulación sanitaria de la actividad, postura
cuestionada por Brigada Callejera, que calificó al control sanitario de
trabajadoras sexuales, como uno de los pilares de la explotación sexual,
además de condenar el carácter discriminatorio de la aseveración que
estigmatiza a las trabajadoras y trabajadores del sexo como responsables
de la expansión de infecciones de transmisión sexual (ITS) como el
VIH-Sida, cuando la única forma de romper el círculo vicioso de las ITS,
es el uso del condón.
Posteriormente se presentaron resultados
de la investigación sobre tráfico de mujeres en la zona metropolitana
de Monterrey, dirigida por Arun Kumar Acharya, del Instituto de
Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Arun Kumar explicó que con la lucha
sangrienta entre dos grupos de narcotraficantes por el control de la
plaza, aumentó la presencia de ejército y federales en la zona y con
ello el impacto sobre la trata de personas.
Arun apuntó que de Monterrey, muchas
mujeres que probablemente sean víctimas de trata sexual, se van a
Reynosa, Tamaulipas y van siendo reubicadas paulatinamente en otras
ciudades para que su condición de cautiverio no sea reconocida por la
autoridad.
Una de las enseñanzas arrojadas por la
investigación que Kumar expuso en las Jornadas, es el hecho de que las
víctimas de trata sexual no encuentran otras oportunidades de desarrollo
y regresan a la prostitución. En el caso de las mujeres más grandes de
edad, van siendo desplazadas de casi todos los establecimientos
mercantiles donde ofrecen servicios sexuales y sólo les quedan dos
opciones, según el investigador: la coyotera o “hipotéticamente
convertirse en traficantes de seres humanos”, puntualizó.
El académico afirmó que en Nuevo León
hay una ley de sexoservicio pero no una de trata de personas.
Finalmente, Arun Kumar apuntó que no hay una política pública de Estado
contra la trata.
Personal de UNODC reveló que hay muchas
averiguaciones previas denunciándose trata de personas en su modalidad
sexual en Palenque y Ocosingo, Chiapas, por la presencia militar que
genera una mayor demanda de prostitución y un ambiente propicio para la
trata de personas; al igual que la generada en las actividades mineras,
en torno a las plataformas petroleras y donde llegue población masculina
intempestiva, que genera focos rojos en el tema.
En el caso de Chiapas, el 20 por ciento de las averiguaciones previas se concentran en el corredor de La Bestia (el tren de migrantes); demostrando que quienes migran, son objeto de trata de personas en territorio mexicano.
Los funcionarios de UNODC, declararon
que hay una dificultad para integrar el cuerpo del delito de trata de
personas y que falta homologar el delito y también el concepto sobre
esta situación. Otro descubrimiento es que no hay averiguaciones previas
contra este delito en zonas donde hay enfrentamientos graves con el
narcotráfico, con la excepción de Chihuahua, donde la sociedad civil ha
marcado la diferencia.
El personal de UNODC considera que el
exceso de figuras delictivas contempladas en la “ley general para
prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de
personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos
delitos” (ley general contra la trata), de reciente aprobación en
México, en lugar de facilitar la impartición de justicia la va a
dificultar y, a juicio de Brigada Callejera, probablemente genere una
mayor impunidad.
Mencionaron una nueva categoría de
análisis, que es la de narco – explotación de menores de edad como
mulas, halcones y esclavas sexuales en Monterrey, Tamaulipas, Veracruz,
Puebla y Norte de Coahuila, entre otros lugares.
Sobre las rutas de trata de personas,
aludieron que más allá de la infraestructura de la comunicación
terrestre, aérea y marítima que permite la movilidad humana, son
espacios de tolerancia e impunidad y las políticas públicas deberían
buscar la recuperación de dichos espacios.
La Red Nacional de Refugios denunció que
en Monterrey los agresores que venden a sus esposas con sus vecinos o
amigos, no son considerados tratantes por los jueces, quienes ubican
esta situación como violencia familiar; y es que, a decir de Brigada
Callejera, todavía hay códigos civiles donde dicha circunstancia sólo es
causal de divorcio.
Norma Negrete de ECPAT México, habló del
incumplimiento sistemático del gobierno mexicano de garantizar los
derechos de niñas, niños y adolescentes y criticó el hecho de que en la
“ley general contra la trata”, está ausente el delito de venta de niños,
niñas y mujeres. También aclaró que la voluntad política se traduce en
inversión económica y que México ha incumplido sistemática y
estructuralmente el combate a la trata de personas.
Diversas participantes en el evento remarcaron que se ha invisibilizado la explotación sexual comercial de niños varones.
Rodrigo Olvera, del Centro de Reflexión y
Acción Laboral (CEREAL), manifestó que a mayor vigencia de derechos
humanos de las personas que trabajan, menor es el riesgo de trata de
personas.
Olvera mostró cómo la violencia laboral
del Estado mexicano, propicia la trata de personas al desindustrializar
la planta productiva del país, al fomentar la precaridad laboral, al
imponer una política de represión anti-sindical que entre otras cosas
trae consigo los contratos de protección sindical.
Rodrigo enfatizó que de suprimirse la
subordinación sindical hacia el Estado mexicano, se corregiría la
corrupción gubernamental y las inspecciones laborales dejarían de ser
ineficaces para detectar la trata laboral.
Olvera cerró su presentación afirmando que la violación masiva de derechos humanos, es caldo de cultivo de la trata de personas.
Asistentes al evento cuestionaron el uso
de visas mexicanas para legitimar la trata de personas entre migrantes
centro y sudamericanas; al tiempo que Brigada Callejera denunció el uso
de visas norteamericanas de empleadas del hogar para facilitar la trata
sexual en la frontera de Matamoros, Tamaulipas, donde trabajadoras
sexuales entran y salen diariamente y son esperadas en camionetas que
son vigiladas por proxenetas que andan a pie en las cercanías del cruce
internacional.
Personal de UNODC, retomó las denuncias
públicas que se han hecho sobre la impunidad con la que se lleva a cabo
la explotación sexual en el callejón Coahuila de la ciudad de Tijuana,
donde niñas de 12 años son prostituidas.
La feminista e investigadora Celina
Izquierdo, afirmó que en Quintana Roo, la ley de trata, omitió la
palabra “engaño” y suprimió por decreto el 80 por ciento de casos.
Brigada Callejera puntualizó el hecho de
que los códigos civiles y los códigos de procedimientos civiles de los
estados de la república, contemplen como causal de pérdida de la patria
potestad de hijos e hijas menores de 18 años, el que una mujer sea
prostituta, lo cuál ha servido para que tratantes y explotadores
sexuales, utilicen la maternidad como un mecanismo de control,
amenazando a las trabajadoras sexuales con enviarlas al DIF (Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia) para que les quiten a
sus hijos. Y como si esto no fuera suficiente, en el Distrito Federal,
la reforma hecha al código civil el 30 de octubre de 2007, contempla la
previsión de que ante la imposibilidad moral y de dar sustento material
por parte de padres, madres o tutores, el niño es considerado en
desamparo en el artículo 492 de la norma jurídica indicada.
Algunas figuras jurídica
discriminatorias, utilizadas en los códigos civiles para la pérdida de
la patria potestad son “no tener un modo honesto de vivir” (DF),
“ejercer la prostitución” (Nuevo León, Jalisco y Puebla, por ejemplo),
“tener costumbres depravadas” (Tlaxcala, Chiapas, Veracruz, Oaxaca,
Estado de México); y en todo caso, el ejercicio de la prostitución es
considerado por los jueces de lo familiar como un mal ejemplo para el
desarrollo psicosocial del menor.
Otra causal de pérdida de patria
potestad con una dedicatoria especial para mujeres que viven con
VIH-sida, es padecer una enfermedad infecto-contagiosa; lo cuál coadyuva
con la trata de personas y con la explotación sexual de este grupo de
mujeres.
Hubo consenso entre las personas
participantes en torno a que si el Estado mexicano no puede garantizar
la seguridad de las defensoras de derechos humanos, las activistas
tienen que escoger a qué autoridad recurrir para evitar que funcionarios
públicos coludidos con la delincuencia organizada, atenten contra su
integridad, dado el altísimo nivel de corrupción de las instituciones
públicas encargadas de la impartición de justicia
Un tema abordado fue el de los usos y
costumbres de los pueblos originarios, que desvirtuados a los largo del
tiempo por tratantes y proxenetas y un contexto facilitador de extrema
miseria, discriminación y violencia institucionalizada hacia las
comunidades indígenas; reproducen la trata de personas con fines de
explotación sexual, laboral, mendicidad y extracción de órganos, entre
otras.
La ausencia de actas de nacimiento de la
población indígena, abre la posibilidad a adopciones ilegales y
dificulta la búsqueda de víctimas de trata; situación que comparten
muchas trabajadoras sexuales, sus hijas e hijos.
Se indicó que también se está dando la
trata de personas a la inversa, con la desaparición de niñas en San
Diego, dos de las cuáles fueron asesinadas en Puebla y cuatro infantes
más de catorce años, procedentes de Hidalgo, México, Veracruz y
Ensenada, fueron repatriadas a San Diego, donde pandillas locales las
privaron de su libertad.
Al respecto, la policía todavía sigue
considerando estos casos, como rebeldía adolescente donde las jóvenes
sólo han huido de sus casas, dificultando su recuperación.
Se denunció que la falta de regulación de los orfanatos, ha propiciado la explotación y abuso sexual.
Luis Flores, de la Organización
Internacional de las Migraciones (OIM), mencionó que el tráfico de
órganos es difícil de documentar. Sin embargo, existen cuatro clínicas
en McAllen Texas, donde se transplantan órganos. Al respecto, en
Tamaulipas hubo una denuncia pero la parte acusadora se retractó. En
Chiapas, un niño indígena fue regresado sin ojos y con cuatro mil
dólares y por una emisora local se informó que dos niños reportados como
desaparecidos, aparecieron muertos, con órganos faltantes y con dinero
en su cuerpo.
En San Diego, diversas farmacéuticas
utilizan parte de órganos para investigación y eso nos coloca un
semáforo rojo de alerta en materia de trata de personas para fines de
investigación.
En la frontera norte de México,
migrantes procedentes de China, Sudán, Somalia y Etiopía, llegaron a
Brasil y de allí fueron encausados hasta Ciudad Juárez.
Se comentó sobre el flujo constante de
niños ecuatorianos, que pasan por Chiapas, buscando ingresar a los
Estados Unidos. Su traslado se da con mucha facilidad, solos o con
alguien que no es su familiar; dicha situación debería alertar a las
autoridades sobre los riesgos de que sean víctimas de trata o lleguen a
serlo en su camino hacia la frontera norte de México.
Carlos Domínguez, consultor nacional de
UNODC, indicó que sólo siete entidades federales cumplen con el
Protocolo de Palermo, diecisiete parcialmente, cuatro de forma limitada y
cuatro mínimamente.
Recalcó que el tipo penal de la trata de
personas en México, es muy complicado, ya que tiene demasiados verbos
rectores, lo cuál va a representar un reto para los servidores públicos
encargados de la impartición de justicia.
Emilio Muñoz, del Centro de Derechos
Humanos Fray Julián de Garcés, reiteró que en Apizaco, Tlaxcala, se
criminaliza en operativos policíacos contra la trata de personas a las
trabajadoras sexuales, que son independientes y eligieron con libertad
dicho oficio; además de reprimirlas por haberse opuesto a la instalación
de una zona de tolerancia.
Caracterizó al estado de Tlaxcala como
productor de redes de trata de personas, que reclutan mujeres en
diecisiete estados y operan en doce entidades federales.
Muñoz denunció que en Tlaxcala, en los
operativos contra la trata de personas, la policía se va sobre las
víctimas, publican sus nombres y como participa la Comisión Estatal de
Derechos Humanos del estado (CEDHT), se validan dichas violaciones a los
derechos humanos.
Cabe señalar que las Jornadas de
Discusión, buscaban incluir un recuento de los esfuerzos que la sociedad
civil ha llevado a cabo para responder al reto que implica la trata de
personas en México y crear un espacio de intercambio, reflexión y
discusión con académicos, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y
agencias de cooperación internacional que trabajan en el tema.
Al evento asistieron cincuenta
trabajadoras sexuales de la Merced y Tlalpan, mismas que no pudieron
participar porque “no fueron invitadas a las jornadas”, por el cuál sólo
se permitió el acceso a una trabajadora sexual transgénero de la Red
Mexicana de Trabajo Sexual, con el compromiso de UNODC de establecer
posteriormente un “conversatorio” con ellas.
Brigada Callejera remarcó que en los
operativos policíacos contra la Trata de personas llevados a cabo por
diferentes procuradurías estatales y la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal (PGJDF), se detiene a las trabajadoras
sexuales y presuntas víctimas de trata como si fueran delincuentes;
luego son obligadas a declarar como testigos, sin conocer el contenido
que los Ministerios Públicos les hacen firmar; y finalmente son
presentadas como víctimas rescatadas, que regresan a la calle al día
siguiente de los operativos.
El consenso de las personas
participantes en el evento es que no hay política de Estado y las
acciones del gobierno mexicano son aisladas. Así mismo, académicos y
activistas sociales coincidieron en que el Estado mexicano no hace
reparación del daño, mismo que ha quedado en manos de las ONGs.
Si a esto se suma que el presupuesto
federal asignado a la trata de personas, en el período comprendido entre
2007 y 2012 fue de once millones de pesos; obtendremos como resultado,
una total falta de interés por parte del Estado mexicano, con respecto a
este tema.
Sandra Milena Cardozo participó a nombre
de Teresa Ulloa, directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres
y Niñas para América Latina y el Caribe (CATWLAC), que insistió en que
se está infantilizando a las mujeres en la lucha contra la trata de
personas, motivo por el cuál hay que diferenciar entre mujeres adultas,
niñas, niños y adolescentes; opinión que el movimiento internacional de
trabajadoras sexual ha denunciado desde los años noventas del siglo
veinte.
Sandra Cardozo, de la Coalición,
denunció que el artículo 35 de la ley de trata mexicana, condiciona el
castigo de la demanda de trata de personas, lo cuál generará impunidad,
en su opinión; mientras que para la Red Mexicana de Trabajo Sexual,
dicho ordenamiento sólo legaliza la extorsión policíaca de sus clientes.
Cardozo mencionó que en el artículo 18
de la ley cuestionada, donde se imponen penas por turismo sexual, no se
penaliza al turista, lo cuál denota una gran omisión por parte de las y
los legisladores de la Cámara de diputados y el Senado.
Sandra cuestionó los artículos 19 y 20
de dicha ley general, copiados según ella del Código Penal de Australia,
que legaliza la prostitución y por tanto establece la licitud para la
explotación sexual y la Trata de personas; no sin antes mencionar que
respeta a las trabajadoras sexuales.
Paradójicamente, el análisis que han
hecho abogadas asesoras de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, es que los
numerales 19 y 20, criminalizan la posibilidad de que las trabajadoras
sexuales establezcan contratos laborales con quienes las emplean en
bares, estéticas y otros establecimientos mercantiles.
Con respecto a la existencia de
incontables comités locales, regionales y otras instancias
interinstitucionales donde participa la sociedad civil, se dijo que en
México seguimos haciendo violencia institucional.
La investigadora y académica tapatía,
autora del libro “Tolerancia cero a la explotación sexual comercial
infantil”, comentó que hay que tener la mente abierta a los nuevos
usuarios y otros servicios y espacios, como es el caso de los gimnasios
en Guadalajara, donde hay un mercado sexual de hombres universitarios
que atienden a señoras bien; así como el mercado gay.
Una feminista cuestionó que si la
intención era “salvar a las putas que han decidido vender su cuerpo, no
siempre en condiciones de sumisión; será porque hay un pánico moral que
sigue abonando al estigma, al victimizar a todas las prostitutas”.
A la demanda de mayores controles contra
la trata de personas en las fronteras, se remarcó que eso no tiene
porqué significar mayores restricciones migratorias, como ha ocurrido en
el pasado.
Brigada Callejera cuestionó que el
Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas 2010 –
2012, postule el rechazo social a la prostitución como una política
pública; ya que organizaciones con trabajo en VIH-Sida, cuestionaron en
su momento el concepto de “lucha contra el Sida”, que en la práctica se
llegó a entender por algunos sectores sociales como combatir a las
personas que vivían con VIH o con Sida (PVVS).
Esto es, promover el rechazo social a la
prostitución, se traduce en rechazar socialmente a la prostituta, lo
que genera un contexto de mayor violencia hacia este grupo de mujeres. Y
si el Estado es quien promueve esta práctica estigmatizante, está
incurriendo en violencia institucional.
Por otro lado, Brigada Callejera señaló
que el Programa Nacional de Derechos Humanos de la administración
pública federal del año 2008, formula la intención de erradicar la
prostitución; sin atender las causas estructurales que la generan.
Algunas propuestas de políticas públicas
fueron establecer protocolos para la integración de averiguaciones
previas por los delitos relativos a la trata de personas, que facilite
el acceso a la información; que las capacitaciones en el tema, incluyan
un contenido programático mínimo; que se defina una política de refugios
flexible; que se contemple un protocolo para el rescate de víctimas
donde no se les re victimice y no se violen los derechos humanos de las
presuntas víctimas, testigos, periodistas y defensoras de derechos
humanos; que incluya la lectura de los derechos de las víctimas del
delito, al inicio de los operativos policíacos; revisar los códigos
civiles para que la maternidad de las trabajadoras sexuales deje de ser
un mecanismo de control de los tratantes y explotadores sexuales;
institucionalizar mecanismos de cooperación con los consulados de las
fronteras, entre otros más.
Brigada Callejera recomendó también que
en futuros ejercicios como el de éstas jornadas de discusión y
elaboración de leyes, reglamentos y reformas legislativas sobre trata de
personas, se tome en cuenta a las trabajadoras sexuales, ya que ellas
son las verdaderas expertas en el tema; entre otras razones porque un
número indeterminado de ellas son sobrevivientes de este delito y
activistas contra la prostitución forzada y la prostitución infantil.
Por otro lado, en la Merced, policías
ministeriales de la Procuraduría de Justicia del DF continúan
fotografiando a las trabajadoras sexuales sin su consentimiento y ante
el reclamo de algunas de ellas, la respuesta ha sido amenazarlas con que
si hacen algo al respecto, serán acusadas de trata de personas;
mientras que en Guadalajara, peritos forenses de la Procuraduría
estatal, fotografían hoteles conocidos donde trabajadoras sexuales se
ganan la vida ejerciendo su libertad sexual. Por otro lado, en
Tlalnepantla, Estado de México, siguen las ejecuciones de trabajadoras
sexuales, mientras que en Toluca se incrementan los feminicidios de
mujeres que laboraban en centros nocturnos donde el narcotráfico impone
su ley.
Las jornadas contaron con la presencia
de personal de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la
Universidad Iberoamericana, el capítulo México de la Red Internacional
ECPACT (End child prostitution, child pornography and trafficking of
children for sexual purposes), el Instituto Mora, la Red Nacional de
Refugios, el CIAM de Cancún, Sexualidad Responsable de Ciudad Juárez
(SeRe), el Instituto para las Mujeres y la Migración, GENDES
masculinidades, la Universidad del Caribe, la Coalición contra el
Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe ( CATWLAC),
la Universidad de Guadalajara (UdG), Campaña Corazón Azul de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Instituto de Derechos
Humanos Ignacio Ellacuría, S. J., el Observatorio de Trata de Personas,
la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), Brigada
Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A. C., y la Red Mexicana
de Trabajo Sexual.
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