México: Ante la situación de inseguridad alimentaria piden al gobierno mexicano garantice el abasto suficiente de alimentos..Cencos

Difusión Cencos México D.F.

OPSDH

El  OPSDH exige un reconocimiento de parte del gobierno mexicano de la situación de inseguridad alimentaria que persiste en el país que requiere de la aplicación de medidas que garanticen el abasto suficiente de alimentos

México  experimenta alzas en el precio de los alimentos, no solo en el huevo, lo que coloca a la población del país en situación de vulnerabilidad al dificultarse el acceso económico a los mismos; ello  constituye una violación a su derecho a la alimentación, ya que ésta merma la salud nutricional  de las personas e impide que los hogares aseguren una vida saludable para todos sus miembros.

El principal indicador que sustenta la afirmación anterior, es  la accesibilidad  de alimentos pues existe el riesgo de un nuevo  aumento en los niveles de pobreza alimentaria, la cual de acuerdo al CONEVAL tan sólo de  2008 a 2010 presentó un incremento de 7.7%[1], es decir, uno de cuatro mexicanos fue afectado por carencia en el acceso a la alimentación en esos años.

En los últimos días ha llamado la atención los niveles  alcanzados en el precio del huevo, el cual se aumentó  hasta un 76%, situación preocupante al constituir un producto importante en la dieta de la población dado que forma parte de un producto presente en la alimentación de todos los deciles de ingreso. Esto ha generado una afectación a la economía familiar, sobre todo para los hogares más pobres. 

Lamentablemente este fenómeno representa uno más de los que se están manifestando como parte del aumento en el precio internacional de los alimentos que está alcanzando niveles alarmantes y que ha preocupado a organismos internacionales como la FAO y el Banco Mundial, los cuales  temen que se presente una crisis alimentaria mundial como la que se manifestó entre los años 2007 y 2008; por lo que han hecho un llamado para desarrollar medidas preventivas, dado  que no se descarta una mayor volatilidad en los precios de los alimentos.

El 24 de agosto, casi un mes después de que se detectara el brote de fiebre o de influenza aviar en los municipios de Los Altos de Jalisco y, en especifico, en Tepatitlán y en Acatic, el gobierno mexicano anunció la aplicación de una serie de medidas encaminadas a garantizar el abasto del huevo, a estabilizar su distribución y el mercado, a eliminar cualquier práctica especulativa y a fortalecer las capacidades productivas de los avicultores del país, no obstante esas medidas además de implementarse de forma tardía no parecen aplicarse de manera efectiva ante la crisis.

Al respecto, preocupa de manera importante la decisión del gobierno mexicano de apertura indiscriminada a las importaciones, al abrir los cupos de importación libre de arancel a 211 000 toneladas de huevo fresco para consumo humano, y 24 400 toneladas de huevo para uso industrial; así como, la eliminación de aranceles a la importación de este producto proveniente de cualquier parte del mundo; medida que traerá desequilibrios en la balanza comercial en el país y aumentará la dependencia alimentaria del país[2], por lo que  si no se transforma  la  política productiva nacional que ha debilitado al sector rural y quien no ha logrado satisfacer el consumo nacional.

Señalamos que la visión gubernamental a este problema es acotada y errática al atribuir como únicas causas las de carácter sanitario y a un déficit en la oferta del huevo, sin mirar más allá de las problemáticas a las que se están enfrentando los productores y a las presiones especulativas originadas en las cadenas de distribución; además del panorama desolador que se avizora con el alza de precios y el desabasto de los mismos; ya que a nivel mundial se manifiesta un incremento de hasta 6% en los costos de granos como el trigo, maíz y soya, productos utilizados en la industria avícola para alimentar a las aves, en comparación a los registrados en el mes de agosto debido a las afectaciones climatológicas como la sequia de Estados Unidos, Rusia y Ucrania.

Si bien se reconocen  otros esfuerzos que el gobierno ha emprendido para garantizar el abasto del huevo en las tiendas Diconsa y Liconsa, así como acciones para garantizar el acceso económico con el congelamiento del precio del maíz, de la harina de maíz fortificada y de la leche en estos establecimientos; además, del emprendimiento de medidas encaminadas a fortalecer las capacidades productivas de los avicultores como el otorgamiento de apoyos financieros mediante facilidades de pago para quienes tienen un crédito contratado con la banca de desarrollo y que resultaron afectados, vía  respaldo financiero a tasas de crédito preferencial,  respaldo financiero para ampliar y mejorar el equipamiento de granjas y para integrar esquemas de bioseguridad; no obstante, consideramos que éstas representan medidas coyunturales que exigen una visión más amplia de las autoridades mexicanas para involucrar a los diversos actores que intervienen en la producción, la distribución y comercialización de los diversos alimentos con la aplicación de medidas preventivas de corto y largo plazo que garanticen el cumplimiento de este derecho de toda la población.

Es urgente el reconocimiento por parte de las autoridades mexicanas de la grave situación que se esta presentando en el país ante el alza internacional de los precios de los alimentos y frente a  la urgencia de la existencia de una política pública en materia de alimentación que sea capaz de garantizar el abasto interno con la producción nacional, así como, asegurar un salario digno y suficiente a la población que no merme su poder adquisitivo e impida la satisfacción de los derechos fundamentales como la alimentación, dado que como lo comprobara el Relator del derecho a la alimentación de la ONU, el salario mínimo medio interregional en el país supone menos de la mitad de lo que se necesita para superar el umbral de la pobreza y es bastante inferior a lo que representaría un sueldo vital.[3]

Resolver el problema de desabasto en el país por medio de la producción nacional disminuirá la dependencia que cada vez se tiene en las importaciones de granos especialmente y a las fluctuaciones del precio internacional de los alimentos para satisfacer las necesidades alimenticias y nutricionales de la población.

Solicitamos a las autoridades mexicanas el diseño y aplicación de un programa en materia alimentaria que atienda las necesidades más urgentes en materia de alimentación y salud nutricional, que abata el hambre y que fortalezca la capacidad productiva del país para afrontar condiciones de vulnerabilidad presentes y futuras atendiendo las disposiciones de los tratados internacionales, así como, las recomendaciones de los organismos internacionales, de perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución, políticas económicas, ambientales y sociales orientadas a la erradicación de la pobreza de alimentos, al tratarse de un derecho inseparable de la justicia social.

Asimismo, lo exhortamos a implementar medidas para aliviar y mitigar el hambre;  erradicar la desnutrición,  la adopción de medidas que garanticen la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos. De la misma manera y atendiendo a las debilidades propias del sistema productivo nacional, es esencial que se incremente la inversión gubernamental en el sector rural especialmente en los bienes públicos, incluido el acceso al crédito y a los servicios financieros;  se protejan de las semillas nacionales, se apliquen medidas para reaccionar ante los efectos climatológicos, como la sequía que se presenta en el país desde el año pasado y que ha tenido graves consecuencias en más de la mitad del territorio del país; de mirar hacia la agricultura sustentable y la aplicación de medidas de protección hacia los productores agrícolas ante la inestabilidad de los precios.

Finalmente, exigimos también al poder legislativo la aprobación de una ley reglamentaria en materia de alimentación desde la perspectiva de seguridad alimentaria que asegure la asignación de un presupuesto suficiente, la coordinación entre las diferentes dependencias económicas, de salud y desarrollo social; que involucre y responsabilice a los sectores de producción, distribución y comercialización de alimentos, a fin de establecerse las medidas necesarias para que la población ejerza y exija el cumplimiento de este derecho fundamental para alcanzar un nivel de vida adecuado al permitir el acceso a otros derechos como lo es la salud.

Contacto:

Sara Eny Curiel Ochoa
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[1]Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, Misión a México, 2012

[2]La dependencia alimentaria del país es cada vez mas evidente, las importaciones de los productos agrolimentarios es cada vez mayor y con ello se acrecienta la vulnerabilidad del país. Las exportaciones alimentarias subieron de 3.3 mil a 15.8 mil millones de dólares, mientras que las importaciones pasaron de 5.3 mil a 18.8 mil millones de dólares entre 1993 y 2010. Datos registrados por la SAGARPA en 2009 indican que 67.5 por ciento de la disponibilidad de arroz en el país proviene de las importaciones y un 30  por ciento en el caso del maíz.

[3]Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, Misión a México, 2012

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos