El Instituto Federal Electoral (IFE) una
vez más insiste en negar lo obvio. De acuerdo con los consejeros
electorales, la existencia de un mercado negro de entrevistas,
coberturas y comentarios en los medios de comunicación electrónicas no
sería más que una fantasía de un grupo de malpensados. El jueves pasado
exoneraron a Enrique Peña Nieto de cualquier responsabilidad en la
evidente manipulación mediática que lo ha impulsado desde hace siete
años. Así, la autoridad pavimenta el camino tanto para una validación
apresurada de la elección presidencial como para la consolidación del
autoritarismo mediático que hoy nos malgobierna a todos.
A raíz de las investigaciones de
Jo Tuckman, de The Guardian, y Jenaro Villamil, de Proceso, el Partido
de la Revolución Democrática (PRD) presentó el pasado 9 de junio una
queja ampliamente documentada al IFE que pide sancionar al candidato
presidencial del PRI por cometer un sistemáticofraude a la ley con la
adquisición ilegal de espacios en radio y televisión para promocionar su
imagen y apuntalar su campaña presidencial. En su queja, el PRD trae a
colación la irregular transmisión a escala nacional de los espots del
quinto informe de gobierno de Peña Nieto en el estado de México, la
factura de un millón 150 mil pesos expedida al gobierno del estado de
México por los comentarios de Joaquín López Dóriga y Óscar Mario Beteta,
así como entrevistas sumamente sospechosas, como la otorgada por Maxine
Woodside a Peña Nieto en Radio Fórmula el pasado 18 de abril, entre
otros casos.
Pero en lugar de tomar en serio
las acusaciones y emprender una amplia investigación para esclarecer la
realidad de los hechos, los consejeros electorales prefirieron
columpiarse por las ramas y dar clases de impunidad. En los dos meses y
medio que tomó para supuestamente estudiar el caso, el IFE no fue capaz
de requerir el testimonio de ninguno de los periodistas mencionados,
solicitar los gastos en materia de comunicación social del gobierno del
estado de México o investigar empresas como Grupo Tv Promo o Radar, que
estarían involucradas en la triangulación de recursos hacia las
principales televisoras.
De acuerdo con el IFE, no hacía
falta indagar más allá porque los indicios aportados por el PRD "no
descansan en alguna prueba cierta e inconmovible, por lo que estos
hechos endebles de los que se queja no puede producir inferencia válida
alguna, máxime si se encuentran controvertidos a través de diversos
medios de convicción". En otras palabras, supuestamente no existiría
base alguna para siquiera sospechar que podría haber un mercado negro en
los medios electrónicos. De acuerdo con los consejeros, Tuckman,
Villamil y las docenas de otros periodistas y expertos que han
documentado graves irregularidades en la materia no son más que una bola
de mentirosos. En contraste, la autoridad confía ciegamente en los
desmentidos de los medios electrónicos que "controvierten" lo afirmado
por el periodismo nacional e internacional...
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