La séptima trasnacional más importante a nivel mundial “despoja” de sus predios a pequeños propietarios en Chimaulhuacán, Estado de México. Lorena Roa López, titular de la Unidad Jurídica del gobierno del Estado de México, defiende las finanzas de la compañía española y se declara “incompetente” para resolver el problema ocasionado por la construcción del Circuito Exterior Mexiquense, obra realizada durante la administración de Enrique Peña Nieto
Estancados en un proceso jurídico desde marzo pasado, 41 personas
que se ostentan como propietarias del predio La Mohonera, en el
municipio de Chimalhuacán, Estado de México, viven en la incertidumbre
de recuperar los beneficios económicos de sus predios. Heredadas desde
la década de 1930, estas tierras actualmente son ocupadas por la
trasnacional española Obrascon-Huarte-Lain (OHL), cuya superficie es
tres veces mayor a la negociada en un convenio con los pequeños
propietarios en 2007.
OHL, la séptima constructora más importante del mundo, es
concesionaria del Circuito Exterior Mexiquense, obra realizada bajo el
mandato del entonces gobernador Enrique Peña Nieto. El pacto entre la
compañía y los pequeños propietarios se dio para poder construir sobre
56 mil 676.48 metros cuadrados la caseta de peaje y el tramo carretero
de la vialidad que actualmente deja millonarias ganancias a la
constructora de origen español (430 millones de pesos por cuotas de
peaje al semestre, según datos de la misma empresa).
Édgar González Martínez, apoderado de la Asociación de Pequeños
Propietarios de La Mohonera, explica que fue en mayo de 2011 cuando le
hicieron saber a OHL que estaba ocupando más metros de los que
originalmente le habían vendido.
“Están ocupando más de 170 mil metros cuadrados en total. En
noviembre ya estaban listos para cubrir el pago de los 115 mil metros
cuadrados de más. Sin embargo, nos dice la empresa que como el tipo de
concesión había sido otorgada por el gobierno del Estado [de México],
debíamos acudir a éste. No vemos el motivo: ‘si la empresa me afectó,
pues que la empresa me pague’” (Contralínea 288 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/06/14/trasnacional-espanola-despoja-pequenos-propietarios/).
La titular de la Unidad Jurídica del gobierno del Estado de México,
Irma Lorena Roa López, comenta que éste es un asunto en el que ella se
declara “incompetente”, pues sólo es interlocutora en el caso. En tanto,
José Luis Delgado, abogado de la asociación civil, señala a la
funcionaria de velar por los intereses de la empresa y no por los de la
gente.
Gobierno se declara incompetente
Irma Lorena Roa López, abogada del gobierno estatal, arguye a favor
de la trasnacional, pues dice que no se van a hacer “dobles pagos” a
las personas si no acreditan debidamente la posesión de las tierras.
Contrario a la versión de la Asociación de Pequeños Propietarios de La
Mohonera, asegura en entrevista con Contralínea que esos terrenos son propiedad del gobierno, sólo que al inicio se apoyó de buena fe a la gente que decía ser propietaria.
Roa López es contundente: “Yo me declaro incompetente en el caso,
mi papel es ser mediadora. Mi competencia como jurídica no va más allá.
Mi función es de interlocutora entre los particulares y la empresa”.
Expone que los predios conocidos como Tlateles o El Moño son
propiedad del gobierno del Estado de México, lo cual está amparado en la
escritura 5042. Explica que su origen es la disecación del Lago de
Texcoco y el gobierno federal, a título gratuito, entregó a los
gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México la superficie de
estos terrenos, según su jurisdicción.
“Luego, en 1930, el gobierno federal de Pascual Ortiz Rubio, a
través de la Secretaría de Agricultura y Fomento, lotificó y vendió a
particulares las tierras.
Dos años más tarde, el Ejecutivo emitió un nuevo decreto y anuló
las compraventas con particulares. Esto, debido a que no cumplieron el
fin por el que fueron entregados a particulares, además de que no
concluyeron con el pago de los terrenos, de los que se pagaba un peso
por hectárea. En 1934 –relata la funcionaria estatal– se hizo una nueva
medición y, en 1984 fue entregado el predio a través de la escritura
5042 al gobierno del Estado de México.”
La titular de la Unidad Jurídica asegura que desde ese año, la
naturaleza jurídica del predio indica que es propiedad del gobierno
local. En la escritura 5042, comenta Roa López, el gobierno federal
condiciona al estatal a reubicar y liquidar a las personas que
demostraran un derecho sobre estos predios. Se hizo una reubicación y se
les liquidó, convinieron.
“Yo tengo copia de los convenios que los particulares realizaron en
la década de 1980. Fueron reubicados, pagados y liquidados los predios
que adquirieron en la década de 1930 del gobierno federal”.
Pagos de buena fe
Según la servidora pública, otras de las condiciones que establece
el gobierno federal para entregar a título gratuito o donar al Estado de
México esta superficie es que cada polígono tuviera un uso de suelo
determinado.
La zona de los Tlateles o El Moño tiene un uso de suelo ecológico,
por lo que se creó un parque. Después de ello se realizó la construcción
del Circuito Exterior Mexiquense, que afectó esta superficie.
En 2006, el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y
Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) pidió a la Subsecretaría de
Gobierno ser el interlocutor entre los grupos sociales que se ostentan
como propietarios y la empresa constructora.
“Se firmaron convenios de afectación, no fueron de compra-venta o
de uso. En el cuerpo del convenio se establece que el gobierno del
Estado de México es el legítimo propietario; se les está dando una
cantidad de dinero, que no es un pago: siempre lo tomamos como un apoyo
para las personas que ostentaban tener un derecho sobre estos predios.
“La documentación con la que los particulares han ostentado el
derecho son contratos de compra-venta simples, algunos datan de 1930,
pero lo que les hemos pedido es que demuestren el tracto sucesivo. Desde
esa época hasta la actual, el propietario puede ser nieto o bisnieto
que apareciera como beneficiario o poseedor del terreno”, dice la
abogada Roa López.
Como no hay formalidad en estos contratos y “para evitar un
problema social”, el gobierno del Estado de México solicitó a la empresa
darles un apoyo, comenta la titular de la Unidad Jurídica. El pago que
se dio en 2007 fue aproximadamente de 50 pesos el metro cuadrado.
José Luis Delgado, abogado de la Asociación de Pequeños
Propietarios de La Mohonera, señala que la funcionaria “ha politizado el
asunto: a nosotros nos ha dicho que también trabaja para la empresa y
que de ella va a depender si la empresa paga o no. A la fecha hemos
solicitado un peritaje contable, para que se determine cuál es el monto
del lucro obtenido por la tierra que no han pagado. Ya está en curso el
dictamen pericial topográfico, el mismo que nos tiene que evidenciar el
despojo”.
El convenio
No obstante las versiones de la titular de la Unidad Jurídica del
gobierno estatal, documentos firmados por autoridades oficiales
reconocen a la asociación civil como propietaria del terreno de La
Mohonera. En el marco de la construcción del Circuito Exterior
Mexiquense, el 29 de noviembre de 2007, se pactó entre autoridades del
gobierno del Estado de México y los representantes de la asociación de
propietarios del predio.
El documento sirvió para establecer las condiciones sobre las que
se otorgarían los derechos de construcción. En él aparecen los
representantes del gobierno, la empresa y los afectados. El primero,
representado por el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios
Conexos y Auxiliares del Estado de México; la constructora OHL por
Concesionaria Mexiquense, y los pequeños propietarios representados por
la Asociación de Pequeños Propietarios de la Mohonera.
Entre las cláusulas se expresa que esta asociación de propietarios
otorga su consentimiento para que se construya la obra pública en una
superficie de 56 mil 676 metros cuadrados, para la construcción de un
tramo troncal de la autopista. El organismo estatal y la concesionaria
OHL cubren a la asociación por la desocupación de la superficie, así
como por los bienes distintos de la tierra por 2 millones 833 mil 824
pesos.
Al llevarse a cabo este acto, los pequeños propietarios y la
compañía española se comprometieron a reconocer al gobierno del Estado
de México como propietario y posesionario del predio “por lo que
renuncia al ejercicio de cualquier acción jurídica, judicial o
extrajudicial, ya sea civil, penal o administrativa”.
Roa López, titular de la Unidad Jurídica del gobierno del Estado de
México, dice que las personas que se dicen dueñas de estos terrenos lo
hacen por “usos y costumbres, y de acuerdo con el antecedente de 1930 se
sienten propietarias de los predios.
“Lo que se debe reconocer es que son personas que toda su vida, por
generaciones, se les ha dicho que es su terreno, pero jurídicamente
ellos están conscientes de que no [es así]. Ha sido un predio que se ha
liquidado muchísimas veces. Me atrevería a decir que son de los terrenos
que más se han pagado en el Estado de México”.
La representante del gobierno estatal defiende la economía de la
trasnacional y comenta: “En un principio la empresa confió en la buena
fe de estas personas. Les pagó, lo que propició que muchas personas
abusaran. Por ello, citamos a la empresa y su postura es muy clara, no
vamos a pagar a dos personas por el mismo predio, diriman su
controversia en la instancia legal correspondiente y una vez que cuenten
con la sentencia que emita el juez, a la persona o asociación o grupo
de personas que les deba de pagar la empresa, OHL, paga”.
Las finanzas de OHL
Con presencia en 30 países, OHL llegó a México en 2002. Su
información corporativa indica que la constructora española se
comprometió con los gobiernos de los estados de México, Puebla, Distrito
Federal y con el gobierno federal para la construcción, explotación y
conservación de seis importantes infraestructuras viarias en México, que
suman 359 kilómetros cuadrados. Además de ser concesionaria del
Aeropuerto Internacional de Toluca.
Las acciones de la trasnacional cotizan en la Bolsa Mexicana de
Valores desde el 11 de noviembre de 2010. “En esta operación el 26 por
ciento de la sociedad pasó a manos de inversores mexicanos e
internacionales, manteniendo OHL Concesiones el 74 por ciento del
capital y el control de la sociedad”, indica el portal electrónico del
corporativo.
El Circuito Exterior Mexiquense, anuncia la compañía, “enlaza las
autopistas radiales de México-Querétaro, México-Pachuca, Peñón-Texcoco,
México-Puebla y finaliza en el límite con el estado de Morelos. Su
trazado comunica el área más densamente poblada del país, en la cual se
encuentra el 46 por ciento de los inversores extranjeros instalados en
México”.
Sus ganancias por esta obra, “de acuerdo con el Reporte Financiero
2012, ascienden a 435 millones 116 mil pesos tan sólo en lo que va del
año. Cifras por encima de las demás construcciones viales” (Contralínea
288).
Para la elaboración de este trabajo, se solicitó entrevista con
Patricio Ibarra Gálvez, abogado del Despacho Vela y Asociados y quien
representa legalmente en México a la trasnacional Obrascon-Huarte-Lain.
Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
Textos relacionados:
Fuente,vía:
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/08/08/estado-de-mexico-se-declara-ncompetente-para-resolver-despojo/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/08/08/estado-de-mexico-se-declara-ncompetente-para-resolver-despojo/
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