Desde que en la jornada de este pasado martes varias centenas de
sindicalistas del SAT decidieran, por su cuenta y riesgo, desafiando
todos los convenios y prohibiciones internacionales, asaltar un par de
hipermercados en las provincias de Cádiz y Sevilla, Andalucía, España, y
el mundo entero...
... viven en una situación de auténtico caos.
Como ya es bien conocido, los peligrosos activistas, integrantes del comando “simpa” de la peligrosa organización terrorista andaluza conocida como SAT (ASW por sus siglas en inglés y ALQAEDA por sus siglas en castellano del PPSOE), irrumpieron antes del medio día de ayer en dos supermercados andaluces, ataviados con camisetas reivindicativas, algunas desafiantes banderas blancas y verdes, y con la rabia popular como peligrosa arma de destrucción masivas con la que amenazar a todos los allí presentes, con la intención de sustraer una veintena de carros llenos de artículos de primera necesidad que posteriormente pretendían repartir entre personas necesitadas.
La conmoción fue tal que rápidamente el pánico se apoderó de los citados supermercados. Los clientes corrían de un lado al otro de la sala con ataques de nervios generalizados, los niños y niñas se echaban al suelo y lloraban conmocionados por lo que estaban presenciando. Tan solo alguna valiente cajera, que ya está en la lista de sus patrones para ser una de las herederas de la empresa el día en que sus amos estiren la pata, fue capaz de contener su terror y resistir valientemente frente al ataque de los peligrosos terroristas.
Afortunadamente, los delincuentes se conformaron con llevarse los carros de comida (en el caso de uno de los supermercados llegando incluso a un acuerdo con la empresa tras una ardua negociación donde participaron los principales expertos internacionales en la materia), pese a que por muchos momentos se temió por la vida de todos los presentes, a quienes los terroristas habían retenido como rehenes y a los que no liberaron hasta salir con los carros llenos del supermercado.
No obstante, pese a ello, una vez la noticia se hizo pública a través de la prensa, una ola de terror y pánico recorrió al conjunto de la sociedad. Cientos de miles de ciudadanos, de esos que compran de vez en cuando productos hacendados en el Mercadona o que tienen una amiga/vecina/familar trabajando de cajera en dicha empresa por 800 euros al mes, viendo peligrar sus intereses personales, así como temiendo una reacción en cadena que pudiera desestabilizar la sociedad en su conjunto, salieron raudos a condenar y criticar la acción terrorista, inundando las redes sociales de mensajes de repulsa contra los asaltantes, con la esperanza puesta en que, al igual que en el caso de la valiente cajera, ellos también puedan heredar parte de la empresa cuando las espiche el señor Roig o, cuando menos, que no le suban el precio del pescado que Mercadona sustrae legalmente en el Sáhara y que ellos compran como si fuese marroquí. Incluso se llegó a pedir, por favor, que el asalto no repercuta en nuevos abusos contra los trabajadores y trabajadoras de la empresa en otras ciudades del estado, avisando, eso sí, de que, sí así fuese, toda la responsabilidad sería de los asaltantes. “Si todos hiciésemos lo mismo, esto sería la ley de la selva”, fue la frase estrella de la jornada, demostrándose así el profundo sentido cívico de la ciudadanía frente a la barbarie impulsada desde los sindicalistas del SAT.
De la misma forma, decenas de periodistas, de esos con gran prestigio que trabajan en los principales y más imparciales medios de comunicación del estado, tardaron apenas unos pocos minutos en salir en defensa de la paz, de la democracia y de la convivencia, para condenar también la terrorífica acción de los militantes del sindicato andaluz, llegando incluso a entrevistarse a uno de los cabecillas de la organización en directo, donde tal personaje, un tal Sánchez Gordillo, lejos de sentirse arrepentido y/o avergonzado por su acción, mostró nuevamente de qué calaña están hechos estos peligrosos terroristas, mostrándose orgulloso de los sucedido, amenazando con nuevos actos similares y desviando la atención hacia temas menores como son las necesarias ayudas de los estados a los bancos, las quiebras por mala gestión de las cajas de ahorro o la corrupción de unos pocos políticos de determinados partidos mayoritarios que son minoría entre sus honrados compañeros. Llegó incluso a hablar de desempleo, pobreza, hambre y miseria, todo con tal de justificar, mediante la demagogia populista, su acto terrorista.
Como era de esperar, tras conocerse las declaraciones de Gordillo, la ola de pánico no hizo sino aumentar. El estado, en consecuencia, se ha visto obligado a intervenir con toda celeridad, tratando así de impedir que el desconcierto generalizado en el que vive la sociedad desde ayer, así como el terror que se ha instalado en las calles de Andalucía y el resto del estado, pueda llegar a los mercados, lo que, según cálculos del propio gobierno, podría elevar la prima de riesgo por encima de los 700 puntos, y, con ello, un nuevo paquete de recortes de 100.000 millones de euros debería ser implementado para defender y salvaguardar los derechos e intereses de los ciudadanos.
Ante la gravedad de la situación, el gobierno, reunido en gabinete de crisis, ha estado debatiendo durante toda la noche cuál podría ser la solución más efectiva. Tres fueron las que se barajaron en dicha reunión con mayor fuerza: la declaración del estado de excepción, la ilegalización de la CUT-BAI (brazo político del SAT) o emitir órdenes de detención contra los participantes en los asaltos. Finalmente, tras consultarlo con los principales expertos, el gobierno ha decidido optar por la tercera posibilidad, pero sin descartarse hacer uso de cualquiera de las dos primeras en caso de que la situación vuelva a repetirse en los próximos días en esos u otros lugares del estado.
Todo, como no podría ser de otra manera, en defensa del único derecho inquebrantable que existe: el derecho a la propiedad privada. De hecho, como ya se han encargado de demostrar diversos análisis express realizados desde las más prestigiosas Universidades del mundo, lo sucedido durante estas últimas horas, esa ola de pánico generalizada que ha inundando la sociedad, tanto en lo referido a los ciudadanos de las clases trabajadoras, como en lo referido a los dirigentes políticos del estado, los periodistas de los principales medios y empresarios varios, se ha debido, única y exclusivamente, a eso: la amenaza que la acción del SAT supone para la propiedad privada.
La propiedad privada, como ya se sabe y nadie puede si quiera osar poner en duda, es un derecho sagrado que sirve de pilar y sustento de toda la sociedad de mercado en la que vivimos. Acciones como las realizadas en la mañana de ayer por el SAT, por tanto, no solo suponen un ataque a la misma, sino que, lo que es más peligroso aún, ponen en riesgo todo el entramado sociopolítico y económico sobre el que se sustenta la actual sociedad. Una generalización de dichas acciones, consistentes en quebrantar el derecho a la propiedad de los ricos para mitigar la falta de acceso a la misma por parte de los empobrecidos, podría conllevar el derrumbe mismo del sistema.
La expropiación, que no el robo, es el mayor delito que se puede cometer contra el actual orden establecido. Ir allí donde están los recursos económicos en manos de unos pocos emprendedores a cogerlos por la fuerza para ponerlos en manos de aquellos que, pese a ser sus productores, no son sus legítimos dueños según la ley que rige nuestra sociedad, es el mayor atentado terrorista que se puede cometer contra el conjunto de la sociedad, ya que supone un ataque directo contra la base que hace funcionar y sirve para ordenar la misma. He ahí el por qué, según los expertos universitarios, de la oleada de pánico que estamos viviendo durante estas horas. Si se cuestiona el derecho de los ricos a enriquecerse a costa de la miseria de los pobres teniendo estos, además, que respetar las leyes impuestas en defensa de los emprendedores, ya se podría cuestionar todo. Y eso, claro, es intolerable, solo puede generar caos y terror, como es el caso que estamos viviendo.
Una oleada de terror que se inicio en el hipermercado y que, esperemos, se vaya calmando poco a poco con la rápida intervención de las autoridades públicas, los medios de comunicación y, sobre todo, de esa ciudadanía de clase trabajadora que nada tiene pero que tanto teme que le quiten algo. Sin la impagable labor de estos últimos, ni los primeros ni los segundos tendrían nada que hacer.
Vía:
http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/27081-terror-y-caos-en-el-hipermercado.html
Como ya es bien conocido, los peligrosos activistas, integrantes del comando “simpa” de la peligrosa organización terrorista andaluza conocida como SAT (ASW por sus siglas en inglés y ALQAEDA por sus siglas en castellano del PPSOE), irrumpieron antes del medio día de ayer en dos supermercados andaluces, ataviados con camisetas reivindicativas, algunas desafiantes banderas blancas y verdes, y con la rabia popular como peligrosa arma de destrucción masivas con la que amenazar a todos los allí presentes, con la intención de sustraer una veintena de carros llenos de artículos de primera necesidad que posteriormente pretendían repartir entre personas necesitadas.
La conmoción fue tal que rápidamente el pánico se apoderó de los citados supermercados. Los clientes corrían de un lado al otro de la sala con ataques de nervios generalizados, los niños y niñas se echaban al suelo y lloraban conmocionados por lo que estaban presenciando. Tan solo alguna valiente cajera, que ya está en la lista de sus patrones para ser una de las herederas de la empresa el día en que sus amos estiren la pata, fue capaz de contener su terror y resistir valientemente frente al ataque de los peligrosos terroristas.
Afortunadamente, los delincuentes se conformaron con llevarse los carros de comida (en el caso de uno de los supermercados llegando incluso a un acuerdo con la empresa tras una ardua negociación donde participaron los principales expertos internacionales en la materia), pese a que por muchos momentos se temió por la vida de todos los presentes, a quienes los terroristas habían retenido como rehenes y a los que no liberaron hasta salir con los carros llenos del supermercado.
No obstante, pese a ello, una vez la noticia se hizo pública a través de la prensa, una ola de terror y pánico recorrió al conjunto de la sociedad. Cientos de miles de ciudadanos, de esos que compran de vez en cuando productos hacendados en el Mercadona o que tienen una amiga/vecina/familar trabajando de cajera en dicha empresa por 800 euros al mes, viendo peligrar sus intereses personales, así como temiendo una reacción en cadena que pudiera desestabilizar la sociedad en su conjunto, salieron raudos a condenar y criticar la acción terrorista, inundando las redes sociales de mensajes de repulsa contra los asaltantes, con la esperanza puesta en que, al igual que en el caso de la valiente cajera, ellos también puedan heredar parte de la empresa cuando las espiche el señor Roig o, cuando menos, que no le suban el precio del pescado que Mercadona sustrae legalmente en el Sáhara y que ellos compran como si fuese marroquí. Incluso se llegó a pedir, por favor, que el asalto no repercuta en nuevos abusos contra los trabajadores y trabajadoras de la empresa en otras ciudades del estado, avisando, eso sí, de que, sí así fuese, toda la responsabilidad sería de los asaltantes. “Si todos hiciésemos lo mismo, esto sería la ley de la selva”, fue la frase estrella de la jornada, demostrándose así el profundo sentido cívico de la ciudadanía frente a la barbarie impulsada desde los sindicalistas del SAT.
De la misma forma, decenas de periodistas, de esos con gran prestigio que trabajan en los principales y más imparciales medios de comunicación del estado, tardaron apenas unos pocos minutos en salir en defensa de la paz, de la democracia y de la convivencia, para condenar también la terrorífica acción de los militantes del sindicato andaluz, llegando incluso a entrevistarse a uno de los cabecillas de la organización en directo, donde tal personaje, un tal Sánchez Gordillo, lejos de sentirse arrepentido y/o avergonzado por su acción, mostró nuevamente de qué calaña están hechos estos peligrosos terroristas, mostrándose orgulloso de los sucedido, amenazando con nuevos actos similares y desviando la atención hacia temas menores como son las necesarias ayudas de los estados a los bancos, las quiebras por mala gestión de las cajas de ahorro o la corrupción de unos pocos políticos de determinados partidos mayoritarios que son minoría entre sus honrados compañeros. Llegó incluso a hablar de desempleo, pobreza, hambre y miseria, todo con tal de justificar, mediante la demagogia populista, su acto terrorista.
Como era de esperar, tras conocerse las declaraciones de Gordillo, la ola de pánico no hizo sino aumentar. El estado, en consecuencia, se ha visto obligado a intervenir con toda celeridad, tratando así de impedir que el desconcierto generalizado en el que vive la sociedad desde ayer, así como el terror que se ha instalado en las calles de Andalucía y el resto del estado, pueda llegar a los mercados, lo que, según cálculos del propio gobierno, podría elevar la prima de riesgo por encima de los 700 puntos, y, con ello, un nuevo paquete de recortes de 100.000 millones de euros debería ser implementado para defender y salvaguardar los derechos e intereses de los ciudadanos.
Ante la gravedad de la situación, el gobierno, reunido en gabinete de crisis, ha estado debatiendo durante toda la noche cuál podría ser la solución más efectiva. Tres fueron las que se barajaron en dicha reunión con mayor fuerza: la declaración del estado de excepción, la ilegalización de la CUT-BAI (brazo político del SAT) o emitir órdenes de detención contra los participantes en los asaltos. Finalmente, tras consultarlo con los principales expertos, el gobierno ha decidido optar por la tercera posibilidad, pero sin descartarse hacer uso de cualquiera de las dos primeras en caso de que la situación vuelva a repetirse en los próximos días en esos u otros lugares del estado.
Todo, como no podría ser de otra manera, en defensa del único derecho inquebrantable que existe: el derecho a la propiedad privada. De hecho, como ya se han encargado de demostrar diversos análisis express realizados desde las más prestigiosas Universidades del mundo, lo sucedido durante estas últimas horas, esa ola de pánico generalizada que ha inundando la sociedad, tanto en lo referido a los ciudadanos de las clases trabajadoras, como en lo referido a los dirigentes políticos del estado, los periodistas de los principales medios y empresarios varios, se ha debido, única y exclusivamente, a eso: la amenaza que la acción del SAT supone para la propiedad privada.
La propiedad privada, como ya se sabe y nadie puede si quiera osar poner en duda, es un derecho sagrado que sirve de pilar y sustento de toda la sociedad de mercado en la que vivimos. Acciones como las realizadas en la mañana de ayer por el SAT, por tanto, no solo suponen un ataque a la misma, sino que, lo que es más peligroso aún, ponen en riesgo todo el entramado sociopolítico y económico sobre el que se sustenta la actual sociedad. Una generalización de dichas acciones, consistentes en quebrantar el derecho a la propiedad de los ricos para mitigar la falta de acceso a la misma por parte de los empobrecidos, podría conllevar el derrumbe mismo del sistema.
La expropiación, que no el robo, es el mayor delito que se puede cometer contra el actual orden establecido. Ir allí donde están los recursos económicos en manos de unos pocos emprendedores a cogerlos por la fuerza para ponerlos en manos de aquellos que, pese a ser sus productores, no son sus legítimos dueños según la ley que rige nuestra sociedad, es el mayor atentado terrorista que se puede cometer contra el conjunto de la sociedad, ya que supone un ataque directo contra la base que hace funcionar y sirve para ordenar la misma. He ahí el por qué, según los expertos universitarios, de la oleada de pánico que estamos viviendo durante estas horas. Si se cuestiona el derecho de los ricos a enriquecerse a costa de la miseria de los pobres teniendo estos, además, que respetar las leyes impuestas en defensa de los emprendedores, ya se podría cuestionar todo. Y eso, claro, es intolerable, solo puede generar caos y terror, como es el caso que estamos viviendo.
Una oleada de terror que se inicio en el hipermercado y que, esperemos, se vaya calmando poco a poco con la rápida intervención de las autoridades públicas, los medios de comunicación y, sobre todo, de esa ciudadanía de clase trabajadora que nada tiene pero que tanto teme que le quiten algo. Sin la impagable labor de estos últimos, ni los primeros ni los segundos tendrían nada que hacer.
Vía:
http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/27081-terror-y-caos-en-el-hipermercado.html
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