Un pedido de aclaración y apelación es el último recurso que se jugará Carlos Pérez Guartambel, activista social por la defensa del agua. Esto luego del rechazo de la casación a la sentencia por obstrucción de vías, sobre la que se pronunció ayer la Corte Nacional de Justicia.
Con el voto salvado del miembro del tribunal penal Jorge Blum y los votos de la mayoría, de los jueces Wilson Merino y Paúl Iñiguez, se confirmó la pena de ocho días de prisión en contra de Pérez, Efraín Arpi y Federico Guzmán.
Con este fallo, Pérez debe ser encarcelado por tercera ocasión durante el gobierno del presidente Rafael Correa. La primera vez fue en 2009, luego de manifestarse en contra de la aprobación de la Ley de Minería. La segunda, el 4 de mayo de 2010, durante una protesta para que la Asamblea incluya en el proyecto de la Ley de Aguas un artículo que restrinja la actividad extractiva cerca de la fuentes hídricas. Y esta última detención que dio origen al proceso por terrorismo, cuya figura luego fue cambiada por la de obstrucción de vías.
“Cerramos una carretera para abrir los ojos”, dijo Pérez mientras deliberaba el tribunal.
Ellos fueron encarcelados por cuatro días. Pero, de nuevo, se confirmó la prisión preventiva. Los dirigentes se escondieron dos semanas en la montaña.
Con el dinero de los pobladores de las parroquias de Tarqui, El Girón, Victoria del Portete, San Fernando y otras que se ubican en la zona rural de Azuay, pagaron la fianza de casi $3 000 para levantar la orden de detención que pesaba en contra de los tres líderes sociales.
Esa misma gente de las comunidades que les colaboraron con la colecta, la noche del lunes llenaron tres buses y emprendieron el viaje hasta Quito.
Ocho horas después, estaban mal dormidos frente de la Corte Nacional de Justicia demandando libertad y justicia.
Nueve pisos arriba, el criterio del magistrado Blum fue que el caso debía ser declarado nulo desde la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Nacional, emitida el 21 de enero de 2011, en la que se concedió “ilegalmente” el recurso de casación, dejando sin efecto la apelación a la que tenían derecho Pérez, Arpi y Guzmán.
Tras el rechazo a la casación, que se conoció luego de hora y media de deliberación, hubo proclamas por el derecho a protestar y al agua. Humberto Cholango, presidente de la Conaie, dijo que el Estado criminaliza la protesta social y la resistencia indígena. (SO)
Diario Hoy
Vía:
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