Lás de 120 disputas entre pueblos y trasnacionales mineras se desarrollan actualmente en América Latina. Involucradas, alrededor de 150 comunidades indígenas y campesinas de 15 países y 190 corporaciones trasnacionales. La mayoría de los gobiernos han optado por promover los intereses de las empresas, en detrimento de sus ciudadanos y el medio ambiente
Cira Rodríguez César/Prensa Latina
La
Habana, Cuba. Los conflictos mineros desencadenados por ocho proyectos
de explotación indiscriminada marcan hoy a América Latina, donde voces
populares se levantan en defensa del medio ambiente y contra la
contaminación del agua.
Comunidades enteras tienen detenidos varios planes ante el peligro
de ver sacrificar su entorno, porque para extraer oro, plata, cobre,
zinc o hierro, hay que cambiar pueblos de lugar, talar bosques o hasta
secar lagunas y transvasarlas.
A esta realidad escapan muy pocos: en todo el continente se suceden
a diario la oposición de ciudadanos a los intereses de grandes
trasnacionales mineras anglo-suizas, canadienses y estadunidenses, en
complicidad con los grandes capitales nacionales.
Hay proyectos paralizados o postergados en Argentina, Perú, Panamá,
Chile, Ecuador, Uruguay, Costa Rica y Colombia, y de acuerdo con el
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, en el continente
americano se registran más de 120 disputas en 15 países, donde se
afectan a 150 comunidades.
De acuerdo con esa institución los conflictos se generan por la
intervención de 190 empresas –la mayoría filiales de trasnacionales–,
las cuales pretenden avanzar para imponer su política de ganancias y
destrucción.
En Perú es recurrente el rechazo popular a dos casos: las
violaciones medio ambientales de la compañía minera y metalúrgica Doe
Run Perú y el proyecto Conga.
Desde 2009, en la región de Junín se detuvieron las operaciones de
Doe Run Perú, que posee en su historial de incumplimiento de su programa
de adecuación y manejo ambiental, por lo que se le ha permitido
modificarlo cuatro veces y en dos oportunidades (2006 y 2009) se le
otorgaron prórrogas.
Estudios internacionales ubican a Junín entre las 10 ciudades más
contaminadas del mundo, lo cual avala el impacto de la paralización de
la planta de Doe Run Perú, ratificado por el último análisis de sangre
hecho por la Dirección Regional de Salud, al revelar una reducción de la
presencia de plomo en niños.
Dicho caso está a la espera de la decisión del Congreso de la
República del Perú sobre una eventual extensión del plazo, para que esa
minera culmine su plan ambiental y pueda reanudar operaciones.
Conga, en el departamento de Cajamarca, es un proyecto de la minera
Yanacocha, formada por la estadunidense Newmont Mining Corporation (uno
de los explotadores más grandes de oro en el mundo) y la peruana
Buenaventura (principal productora de metales preciosos en Perú), que
prevé una inversión de 4 mil 800 millones de dólares.
Considerada la mayor inversión minera en el país, pretende secar
cuatro lagunas para extraer el oro que hay debajo y transvasar sus aguas
a reservorios artificiales, pero las deficiencias de su primer estudio
de impacto ambiental obligaron a postergar el inicio de las obras.
Las autoridades, tras violentas protestas que consiguieron frenar
el proyecto en noviembre de 2011, designaron a tres peritos extranjeros
para que evalúen la investigación presentada por la compañía.
En Argentina hubo manifestaciones que buscaban impedir la
explotación en Bajo de La Alumbrera, en la provincia de Catamarca, el
mayor yacimiento de cobre y oro del país, considerado entre los 10
grandes emprendimientos de cobre del mundo y entre los 15 de oro.
Un dictamen de la Fiscalía General Ante la Cámara Federal de
Apelaciones de Tucumán denuncia una cadena de excesos en la explotación
de esas minas: valores de arsénico hasta 20 mil veces más sobre los
permitidos por la ley nacional, hasta 5 mil veces en cadmio; 20 en
cobre; 10 mil en mercurio; 60 en plomo; y 1 mil en selenio.
La compañía, integrada por la anglo-suiza Xstrata y las canadienses
Goldcorp y Yamana, que opera en Bajo de La Alumbrera, mantiene además
los derechos para explotar Agua Rica, un yacimiento de oro y cobre,
ubicado a 35 kilómetros.
El 97 por ciento del beneficio neto declarado de esas empresas no
quedó en el país hasta mediados de 2006. A partir de esa fecha y hasta
el final de la explotación, el 77 por ciento de la ganancia neta
declarada será para las compañías foráneas que ahí operan.
Según los cálculos, la ganancia total de la Minera Alumbrera
supera los 1 mil 200 millones de dólares anuales, varios cientos de
millones más que el presupuesto provincial de 2010 (alrededor de 900
millones de dólares).
También es emblemática la localidad de Famatina (a 1 mil 300
kilómetros al Noroeste de Buenos Aires), donde dos proyectos auríferos
de la canadiense Osisko Mining Corporation preveían instalar una mina de
oro a cielo abierto, para producir unos 25 mil millones de dólares en
30 años. Tras las protestas, dicho programa quedó suspendido.
Enrique Viale, titular de la Asociación Argentina de Abogados
Ambientalistas, opina que “en toda la región, gobiernos considerados
progresistas aceptaron, pasivamente, el papel de exportadores de la
naturaleza”, pues se pasó del Consenso de Washington al consenso de las commodities (mercancías).
Una región plagada de conflictos mineros
En
Mina Invierno, en la isla Riesco del Estrecho de Magallanes, al Sur de
Chile, las empresas Copec y Ultramar pretenden extraer aproximadamente 6
millones de toneladas de carbón cada año, pero reciben las críticas de
grupos ambientalistas, que opinan que contaminará esa región.
Se contempla una inversión de 530 millones de dólares y aunque fue
aprobado por el Consejo de Ministros con algunas observaciones, está en
espera de su realización.
Lo mismo sucede con Santurban, Colombia, donde la empresa
canadiense GreyStar pretendía explotar esa mina a 3 mil 600 metros de
altura, al Este del país, con el fin de extraer, al año, alrededor de 16
toneladas de oro y 2.3 millones de onzas de plata.
Pero habitantes y grupos protectores de la naturaleza señalan que
pondrá en peligro las fuentes de agua de la provincia de Santander, por
lo que el proyecto quedó suspendido en 2011.
En Aratirí, Uruguay, la compañía de capital indio Zamin Ferrous
pretende desde 2007 desarrollar la extracción de hierro en el centro
Este del país, aspiración que de concretarse alcanzaría una inversión de
3 mil millones de dólares, para convertirse en la de carácter privado
más importante en la historia del país.
Durante los últimos años se han organizado varias manifestaciones
contra el daño ambiental, por lo que el gobierno uruguayo aún no ha
decidido su aprobación.
Fruta del Norte, en Ecuador, es otro plan rechazado a pesar de que
está próximo a firmarse un acuerdo con la canadiense Kinross, el primero
bajo la nueva ley minera de 2009, para una inversión inicial de 1 mil
100 millones de dólares.
Su objetivo es explotar hasta 2030 un campo amazónico subterráneo
con reservas recuperables por 6.4 millones de onzas de oro y 9.1
millones de onzas de plata.
Similar situación es la de un yacimiento de cobre con 17 millones
de toneladas en Cerro Colorado, Panamá, cuya reserva equivale a tres
años la producción de Chile, que es la mayor a nivel mundial.
Indígenas, en protesta por las intenciones de las autoridades
panameñas de conceder la explotación a empresas de Corea del Sur y
Singapur, se manifestaron con bloqueos de carretera entre Panamá y el
resto de Centroamérica, con un saldo de dos muertos.
Costa Rica no escapó de las fuertes presiones del movimiento
ecologista y algunos sectores políticos que en 2010 lograron la
cancelación del contrato con la canadiense Industrias Infinito, para la
explotación de 900 mil onzas de oro en una mina a cielo abierto.
Dichas labores implicaban la tala de un bosque tropical seco con
especies de flora y fauna endémicas, por lo que la sentencia fue
ratificada en forma definitiva el 30 de noviembre de 2011.
En todos estos conflictos hay elementos comunes: enormes
inversiones con severos impactos ambientales y sociales, en las que se
priorizan las expectativas de ingresos por exportación por encima de los
deterioros ambientales y sociales.
De ahí el rechazo ciudadano, porque ninguno de estos proyectos
tiene en cuenta los estudios y programas de adecuación y manejo
ambiental, ni se contabiliza en dinero el impacto en la naturaleza por
la pérdida de suelos, daños a la salud, tratamiento de agua contaminada y
asistencia en energía eléctrica, entre otros problemas.
La gente quiere carreteras, luz, salud, todos los servicios
básicos, pero no la explotación minera desordenada, por el costo que ha
significado en su pasado, presente y futuro.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario