FOTO: Tomada de Otramérica
Las
cifras demuestran la magnitud de estas aseveraciones: organizaciones
indígenas de Ecuador denuncian el procesamiento de 194 indígenas por
sabotaje y terrorismo; mientras en Bolivia 24 altos dirigentes y
dirigentas indígenas y no indígenas -que participaron de una marcha en
2011- son investigados por delitos de secuestro e intento de homicidio. A
esto se suman situaciones crónicas como la peruana: los últimos diez
años se han abierto procesos penales contra decenas de dirigentes y
campesinos peruanos por delitos de secuestro, lesiones y daños a la
propiedad provocados durante manifestaciones contra empresas privadas;
por la misma causa en Chile más de cien mapuches han sido acusados al
amparo de la Ley Antiterrorista y se han abierto causas contra el pueblo
rapa nui.
En ese contexto no suena
ajena la posición pública de la Coordinadora Andina de Organizaciones
Indígenas (CAOI) -que aglutina a Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú- que
ha exigido públicamente el 15 de marzo pasado el cese de la
criminalización y persecución de indígenas, la anulación de procesos y
la dotación de garantías para el ejercicio de sus derechos, entre ellos
el derecho a la protesta. Para la CIDH, “la persistencia de los ataques”
buscan “reducir las actividades de defensa y protección de territorios y
recursos naturales, así como la defensa del derecho a la autonomía e
identidad cultural” de los pueblos indígenas, ataques se dan a través de
la criminalización, la intimidación y la estigmatización.
INTERESES DE IZQUIERDA, DE DERECHA Y DE LAS TRANSNACINALES
Con
el tiempo se ha hecho evidente la ruptura del pacto político y las
alianzas entre el movimiento indígena y gobiernos como el boliviano, el
ecuatoriano, el brasileño e incluso el peruano, los cuatro países de
amplia población indígena. De hecho presidentes como Evo Morales
(Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador) se apoyaron en estos movimientos
electoral y discursivamente, los comprometieron en procesos
constituyentes y les reafirmaron el cumplimiento de derechos colectivos,
pero han sido los primeros en poner límites a las prerrogativas
indígenas a favor de proyectos de inversión extranjera en sus
territorios.
En otras palabras, no se
han modificado la lógica de contraponer intereses privados en desmedro
de los derechos colectivos. En ese sentido, el movimiento indígena se
enfrenta a millonarios proyectos de infraestructura, privatización del
agua, concesiones petroleras, gasíferas, mineras y forestales, e incluso
cuestiona la tenencia y distribución de la tierra: en Bolivia se
enfrentan a un proyecto carretero de 400 millones de dólares que
atraviesa el territorio indígena TIPNIS, en Perú se oponen a la
explotación de oro por la minera Yanacocha que invertirá 4.800 millones
en Cajamarca y en Brasil buscan evitar la construcción de una
hidroeléctrica que costará 11.000 millones de dólares, entre otros
casos.
Para la CIDH es sintomático
que atropellos contra los derechos humanos, hostigamiento, agresión y
ataques van en aumento a medida que se incrementan los conflictos con
“sectores de gran poder económico, como lo son las empresas que lideran
proyectos de las industrias extractivas”; de hecho, la CIDH ha ubicado
los conflictos sobre megaproyectos en la misma categoría de países con
quiebres democráticos, conflicto armado interno o enfrentamiento con
grupos del crimen organizado.
Al
mismo tiempo, esta situación de vulnerabilidad se incrementa con la
paulatina militarización de territorios indígenas y violencia policial
como se ve en los casos de Bolivia, Chile y Colombia. En Bolivia el
territorio indígena del TIPNIS ha denunciado la invasión de la Armada
Naval para intimidar y perseguir a la dirigencia: “Ahora vinieron al
TIPNIS a militarizarlo, a dar miedo a la gente humilde como nosotros”,
denunciaba la dirigenta Miriam Yubanore. En tanto que en Chile el pasado
23 de marzo, 30 policías y 15 funcionarios municipales desalojaron “en
forma muy violenta” a un comunario de Tekel Mapu, pero estos casos de
violencia policial son recurrentes para los mapuche y las organizaciones
que defienden sus derechos: “es un tema triste y avergonzante para la
sociedad chilena”, dijo la ONG Comisión Ética contra la Tortura, ya que
en 2010 sucedió otra violenta represión contra el pueblo rapa nui. En
Colombia la situación de los grupos armados en conflicto y la
militarización de las zonas rurales ha desencadenado en muertes y
desplazamientos de indígenas.
ECUADOR Y BOLIVIA: DOS MARCHAS NACIONALES DENUNCIAN PERSECUCIÓN
Las
últimas acusaciones en Ecuador ocurrieron con motivo de la Marcha
Plurinacional por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos, que
llegó a Quito el 22 de marzo. En operativos realizados días antes de
iniciarse la marcha, el Gobierno detuvo a una decena de jóvenes
(estudiantes y activistas) y los acusó de planificar actos sediciosos y
de pertenecer a grupos subversivos irregulares. En su defensa los
detenidos sostuvieron que son simpatizantes y militantes del Partido
Marxista Leninista Ecuatoriano (PMLE), vinculado al partido Movimiento
Popular Democrático (MPD), como declarara el director del MPD, Luis
Villacís.
No solo organizaciones
políticas que apoyan al movimiento indígena son acusadas, Humberto
Cholando, principal dirigente de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas de Ecuador (CONAIE), ha dicho que una de las demandas de la
marcha es el cese de la criminalización y judicialización de 194
indígenas, y señaló que el gobierno en lugar de atender sus demandas “se
apresuró a calificar la marcha de ‘golpista’, de ‘intento de
desestabilización del régimen’ y ‘desestabilizar la democracia’”. Estas
mismas quejas fueron elevadas ante la veeduría internacional del exjuez
Baltazar Garzón por las organizaciones indígenas CONAIE, Ecuarunari y
Pachakutik que representan a pueblos indígenas amazónicos, de costa y
sierra.
En la misma lógica, en
Bolivia en este momento 24 dirigentes indígenas entre hombres y mujeres
de los pueblos mojeño, yuracaré, chimán, quechua, aymara, guaraní, entre
otros, además de la fundadora de la Asamblea Permanente de Derechos
Humanos de Bolivia (APDHB) y otros defensores y activistas de derechos
indígenas forman parte de la investigación judicial del gobierno por el
delito de “tentativa de homicidio” y “lesiones graves y leves”. Esta
acusación se basa en los hechos ocurridos entre el 24 y 25 de septiembre
de 2011 mientras se desarrollaba la VIII Marcha en Defensa del
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que logró
una Ley que prohíbe la construcción de la millonaria carretera que
atravesaría su territorio y comprometería su hábitat, este proyecto es
financiado por Brasil y ejecutado por la empresa brasileña OAS. Mientras
el gobierno boliviano los acusa de estos delitos, los indígenas acusan
al gobierno por la violenta represión policial del día 25, en la que 600
policías gasificaron, torturaron, agredieron y secuestraron a
dirigentes y a más de 800 marchistas.
Organizaciones
como la Central de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni (CPEMB) y la
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) denunciaron en
varias resoluciones las “acciones de amedrentamiento y persecución de la
Fiscalía” contra indígenas, “por delitos que nunca cometieron ni se
dieron en la realidad”. El ex dirigente de la Asamblea del Pueblo
Guaraní (APG), Celso Padilla, ha denunciado hostigamiento y persecución
política ante el Concejo Continental del Pueblo Guaraní que agrupa a
Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia: “en Bolivia hay una coyuntura
represiva de los principales líderes y quien habla es uno de los blancos
del gobierno”, sostuvo.
En ambos
casos los gobiernos de turno han desmentido o minimizado los actos de
criminalización del movimiento indígena, incluso apelando a
calificativos que desmerecen a la dignidad indígena: el presidente
Correa se ha referido a los indígenas participantes de la marcha como
“cuatro emponchados y emplumados”. Estas declaraciones no son distintas a
las que Evo Morales hiciera respecto a las indígenas que se oponen a la
carretera a través de su territorio, incitando a seducirlas para que
acepten el proyecto: “conquistar a las compañeras yuracarés trinitarias
para que no se opongan a la construcción del camino”, dijo.
PERÚ Y CHILE: PUGNAS CONTRA INTERESES PRIVADOS
La
CAOI también ha denunciado que existen decenas de dirigentes y
comunarios peruanos víctimas de persecución policial y con procesos
penales en su contra por participar en protestas antimineras. Entre
diciembre de 2011 y marzo de 2012 se arrestaron a dirigentes del Frente
de Defensa Ambiental de Cajamarca y de la Plataforma Institucional de
Celendin, acusados de “atentar contra los servicios públicos, producto
de la protesta social” contra el proyecto minero Conga de la empresa
Yanacocha, que planea drenar cuatro lagunas. El presidente del Consejo
Regional, Elzer Elera López, denunció que habría un plan de detención de
personas, autoridades y líderes sociales.
Previo
a estos nuevos conflictos, la Confederación Nacional de Comunidades del
Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) ha recordado su preocupación
por el proceso que se sigue a 17 campesinos por participar en una
movilización en defensa de más de 80 ojos de agua en Condorhuain en
2008, durante el gobierno de Alan García. El pronunciamiento de las
organizaciones sostiene: “en represalia de nuestra defensa por el agua,
ahora somos víctimas de persecución penal. Nos acusan de secuestro,
lesiones, daños a la propiedad y otros delitos, pretendiendo imponernos
30 años de cárcel”.
En contrapartida,
el problema de criminalización y represión en Chile se ha agudizado por
los atropellos que sufren las comunidades indígenas mapuche: redadas
policiales, allanamientos y represión con uso de balines y gases. A esto
se suma la aplicación y vigencia de la Ley Antiterrorismo, norma en la
que se ampara gran parte de los juicios iniciados contra los mapuche por
delitos comunes y por los cuales se les da el trato judicial de
terroristas, ha denunciado la ONG Human Rights Watch. Según
estimaciones, tan solo en el gobierno de Ricardo Lagos (2000 – 2006) la
Ley fue aplicada 11 veces, de las cuales 10 se la utilizó contra el
pueblo mapuche; de hecho, 108 indígenas han sido acusados bajo esta Ley y
-hasta 2011- 10 fueron condenados.
Uno
de estos casos es el que en 2008 involucró a 17 mapuches de una
comunidad cercana a la orilla del lago Lleulleu en la región del Bio
Bio, por el reclamo a privados de la devolución de tierras que ellos
asumen como propiedad ancestral. Casos similares son la condena contra
un dirigente en conflicto con la represa hidroeléctrica Ralco en los
Altos del Bio Bio y el vocero de la comunidad Huilliche Pepiukelen,
enjuiciado en 2010 por la empresa salmonera Los Fiordos, acusada de
contaminar ríos y lagos. Esta semana 10 mapuche (dos menores de edad)
comienzan un juicio por “robo con intimidación de carácter terrorista,
incendio terrorista y asociación ilícita terrorista” en Victoria, de ser
hallados culpables pagarían una pena de 25 años.
La
CIDH ha denunciado el caso ocurrido en julio de 2010, cuando cerca de
70 personas del pueblo rapa nui -que ocupaban la plaza Riro Kainga como
acto de protesta por derechos ancestrales territoriales- fueron
desalojadas por un centenar de carabineros armados, fueron golpeados
mujeres y niños. En este caso, la Comisión otorgó medidas cautelares a
favor del pueblo Rapa Nui y exigió al Estado chileno cesar la violencia
armada, acciones judiciales y desalojos.
BRASIL Y COLOMBIA, OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LOS INDÍGENAS
En
Brasil y Colombia hay un situación de vulneración de derechos humanos
por terceros. En Colombia, es persistente la amenaza de las ejecuciones
extrajudiciales, muertes de civiles (campesinos e indígenas) por
militares que falsamente los asocian a grupos insurgentes o guerrilleros
y obtienen réditos por esto, los casos más conocidos son los homicidios
de los indígenas wayúu, aunque a lo largo de 2010 la CIDH ha denunciado
los casos de asesinatos de dirigentes de los pueblos nasa, wayúu,
sikuani, pasto, embera-chamí y la dirigenta del pueblo u’wa.
En
marzo, la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ordenaron al Estado colombiano proteger a los indígenas awá
amenazados por grupos armados en conflicto en la guerra en Nariño,
enfrentamiento que este año ha dado como saldo varias desapariciones y
asesinatos, además del desplazamiento de 800 personas. Aunque la
respuesta del gobierno es incrementar la militarización, los indígenas
la rechazan: “Ellos creen que la solución de las cosas se limita a
enviar más tropa a la región, pero eso en vez de darnos seguridad, nos
expone aún más al peligro del conflicto”, declaró el líder, Alex Guanga.
En
Brasil, el líder de los guaraní-kaiowá en el estado de Mato Grosso do
Sul fue asesinado en 2003 y este 2012 el juez absolvió a los presunto
homicidas, acusados de tortura por otros seis dirigentes. La muerte
sucedió cuando cerca de 40 hombres armados golpearon a varios líderes
indígenas que demandaban las tierras de un hacendado, situación
recurrente en esta región pues los hacendados buscan ampliar sus tierras
en predios guaraníes. Pero los indígenas no solo se enfrentan a
hacendados y grupos armados, recientemente los indígenas kayapó y otros
pueblos se han enfrentado al gobierno brasileño para detener la
construcción de la hidroeléctrica Belo Monte que compromete su hábitat,
ya que inundará un área que los obligará con el tiempo a éxodos masivos.
La portavoz indígena Vera Glass sostuvo: “Las presas causarán daños
culturales, sociales y medioambientales irreversibles. Nos están
tratando como a animales”. La OIT ha declarado que el gobierno violó el
Convenio 169 porque no se consultó a los indígenas sobre esta
construcción y la pugna continúa.
HACIA EL MOVIMIENTO INTERNACIONALISTA INDÍGENA
Pero
desde otra óptica, estos conflictos y la nueva coyuntura política en la
región están significando un desafío para la internacionalización e
independencia del movimiento indígena en América del Sur y el
fortalecimiento de sus alianzas, como la Coordinadora de Organizaciones
Indígenas Andinas (cuatro países), el Concejo Continental del Pueblo
Guaraní (cuatro países) y la Coordinadora de las Organizaciones
Indígenas de la Cuenca Amazónica (nueve países), que han comenzado a
afianzar nexos de solidaridad con activistas, artistas e intelectuales e
instituciones, firmando peticiones, organizando acciones, etc.
Al
mismo tiempo, gran parte de los conflictos están ubicando al movimiento
indígena en un contexto no solo de legítima defensa de sus derechos
político y culturales, de la ética medioambiental, de los
cuestionamientos de modos de desarrollo de saqueo versus modos de
desarrollo sustentables; sino que los pueblos indígenas movilizados se
van convirtiendo en un actor fundamental para “la consolidación del
Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia”, como lo dice
la CIDH.
Más allá, nuevamente el
movimiento indígena se encuentra en un momento decisivo para demostrar
si es capaz de construir una agenda propia de contra poder, a sabiendas
que sus antes aliados, los gobiernos de corte progresista, no van a
profundizar las reivindicaciones históricas de tierra, territorio y
soberanía y autogobierno; sino que son gobiernos de continuidad del
sometimiento al extractivismo neoliberal a favor de empresas
transnacionales y potencias internacionales, como denuncian quechuas,
guaraníes, aymaras, mapuches, awás, wayús, moxeños, yuracarés o kayapós.
NOTAS:-Segundo Informe Sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas (28/03/2012), en: http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf
-Pronunciamiento de las organizaciones indígenas andinas (15/03/12), en: http://www.coordinadoracaoi.org/
-Ex viceministro denuncia militarización del Tipnis (12/03/12), en: http://lapatriaenlinea.com/?nota=100621
-ONG denuncia violencia policial contra mapuches (15/1/12), en: http://noticias.aollatino.com/2012/01/15/chile-ong-denuncia-violencia-policial-contra-mapuches/ – (27/03/12)Denuncian violento desalojo a mapuches: http://www.anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=27261
-Carta al pueblo ecuatoriano (19/03/12), en: http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=169356&umt=10h20_movilizacion_indigena_llega_hoy_a_latacunga_conaie_entrega_carta_al_pueblo_ecuatoriano
-Indígenas denuncian persecución y siguen su marcha a Quito (14/03/12), en: http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101298249/1/Ind%C3%ADgenas_denuncian_persecuci%C3%B3n_y_siguen_su_marcha_a_Quito.html
-Mujeres le exigen a Evo una disculpa pública por sus declaraciones “machistas” (04/08/11), en: http://www.paginasiete.bo/2011-08-04/Sociedad/Destacados/MUJERES.aspx
-Detienen en Perú a siete dirigentes antimineros de Cajamarca (06/03/12), en: http://exwebserv.telesurtv.net//secciones/noticias/101292-NN/detienen-en-peru-a-siete-dirigentes-antimineros-de-cajamarca/
-Deficiencias en Acusación Fiscal retrasan Juicio Oral a procesados del caso Condorhuain (21/03/12), en: http://www.conacami.pe/2012/03/deficiencias-en-acusacion-fiscal.html
-Usan en Chile leyes antiterrorismo contra indios mapuche, en: http://noticias.latino.msn.com/latinoamerica/chile/usan-en-chile-leyes-antiterrorismo-contra-indios-mapuche-80
-Estarían involucrados en la presunta ejecución extrajudicial de dos indígenas de la comunidad Wayúu (27/07/11), en: http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10025406.html
-Las voces awá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Víctimas (22/03/12), en: http://www.verdadabierta.com/component/content/article/40-masacres/3950-las-voces-awa-en-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos/
-Organismo de la ONU dice que Brasil viola los derechos indígenas (26/03/12), en: http://www.survival.es/noticias/8226
Vìa::
http://www.elciudadano.cl/2012/04/07/50661/criminalizacion-del-movimiento-indigena-en-america-latina/
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