En beneficio de las trasnacionales, una nueva amenaza legislativa
pende sobre productores y consumidores mexicanos desde el 14 de marzo
En beneficio de las trasnacionales
que monopolizan semillas y patentes agrícolas, una nueva amenaza
legislativa pende sobre productores y consumidores mexicanos desde el 14
de marzo, cuando la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión aprobó el proyecto de decreto
enviado por el Senado que reforma la Ley Federal de Variedades Vegetales
(LFVV).
Con esta iniciativa está en juego el
acceso libre y gratuito a la biodiversidad vegetal agrícola en aras del
modelo privatizador que mediante patentes y “derechos de obtentor”
despoja a los agricultores del producto de un trabajo milenario,
fundamento de la agricultura moderna y por el cual los pueblos nunca
cobraron regalías.
De hecho, la ley vigente que data de
1996 tiene muy poco aprecio por los derechos de los campesinos ya que
prefiere beneficiar a “fitomejoradores” de compañías privadas quienes
pueden lucrar con semillas y otros materiales vegetales agrícolas en
forma exclusiva hasta por 15 años o 18 en el caso de especies perennes,
como forestales, frutales y de ornamento, no obstante que las variedades
de las que obtuvieron sus materiales son de acceso libre.
El proyecto de reforma no sólo quiere
extender la exclusividad para la venta de material de reproducción a 25
años, sino que pretende restringir el derecho de los agricultores a
guardar o usar para el autoconsumo parte de la cosecha obtenida con
materiales comprados a quienes detentan el “derecho de obtentor”.
Además, se pretende incluir entre las
variedades vegetales sujeto de esta ley a los cultivos transgénicos,
cerrando la pinza con la llamada “Ley Monsanto” (Ley de Bioseguridad y
Organismos Genéticamente Modificados), pretensión aberrante si se
considera que los OGM se obtienen a partir de la introducción de
material genético de especies que usualmente no provienen del reino
vegetal. Los transgénicos no constituyen una variedad porque no son
resultado de la variabilidad genética, base del proceso evolutivo por
selección natural, sino producto de manipulación biotecnológica que
rompe las barreras entre especies y reinos. Es además absurda la
apropiación privada de la información genética de organismos vivos
aunque hayan sido alterados con genes de otras especies.
La reforma propone crear una policía de
Monsanto al atribuir al Servicio Nacional de Inspección y Certificación
de Semillas las facultades de ordenar y practicar visitas de
verificación, requerir información, realizar las investigaciones de
presuntas infracciones administrativas, ordenar y ejecutar las medidas
para prevenir o hacer cesar la violación de los derechos de los
obtentores e imponer las sanciones administrativas correspondientes, las
cuales además son incrementadas por la modificación legal en mención. Y
busca que la promoción de los derechos de obtentor de personas físicas y
morales privadas, sobre todo trasnacionales, corra a cargo de una
entidad pública cuando lo que urge promover son los bancos comunitarios
de semillas y los programas descentralizados y participativos de
conservación de la biodiversidad agrícola.
El obtentor ya tiene la exclusividad
para explotar una variedad y su material de propagación. Ahora se
pretende extender su derecho sobre el denominado producto de la variedad
lo cual implicaría que, por ejemplo, los usos en la alimentación humana
o el uso industrial deberían contar con la licencia respectiva.
Según va, la reforma se sumaría sin más
al reforzamiento del andamiaje legal para el saqueo que el Congreso de
la Unión ha venido conformando coincidentemente con el inicio de las
negociaciones y durante la vigencia del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte.
En 2005, la Ley Monsanto abrió la puerta
para que las semillas que se siembren en México sean transgénicas,
propiedad de monopolios trasnacionales que producen además los
agrotóxicos asociados a los cultivos modificados genéticamente, en
beneficio de tales consorcios y en contra de la alimentación, la salud y
la economía de los mexicanos.
Los legisladores, con excepción de los
integrantes del Partido de la Revolución Democrática, tiraron por la
borda el principio precautorio, desdeñaron la alerta de científicos que
no cobran sueldo de las trasnacionales y prefirieron olvidar que los
campesinos y los pueblos originarios con sus prácticas ancestrales de
cultivo, selección y libre intercambio de semillas son los generadores y
verdaderos dueños de la riqueza agrogenética del país.
Y ahora van por otra vuelta de tuerca.
El lunes 9 de abril por la noche o el martes 10 en la mañana, el
proyecto de reforma será publicado en la Gaceta Parlamentaria para
primera lectura en el pleno. Dado que habrá 3 días de sesión esa semana,
la segunda lectura y eventual aprobación podría ser durante el
miércoles 11 o al día siguiente.
Las organizaciones campesinas de
izquierda preparan ya una rueda de prensa y otras actividades para el
martes 10, por el aniversario de la muerte de Emiliano Zapata y
seguramente se pronunciarán contra esta reforma. Ya han manifestado su
oposición porque la iniciativa legal contribuye a acentuar la crisis de
la agricultura nacional y a mantener la pobreza y la dependencia
alimentaria que se han agravado en este sexenio.
Y presentarán un documento a las
coordinaciones de todos los grupos parlamentarios de la Cámara de
Diputados mediante el cual solicitan que el dictamen sea regresado a la
comisión correspondiente y se abra un debate sobre la inconveniencia de
seguir privatizando los medios para la producción de alimentos cuando la
obligación del estado mexicano es hacer realidad el derecho a la
alimentación.
En vista de que se trata de un derecho
constitucional recién aprobado, el relator especial de las Naciones
Unidas para el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, apuntaba
anticipadamente la necesidad de fortalecer el marco legal en sentido
opuesto a las reformas a la LFVV aprobadas en comisión, hasta ahora.
El funcionario de la ONU dijo en su
informe final sobre su visita a México, presentado hace unas semanas,
que se debería aprobar una ley marco sobre derecho a la alimentación,
declarar la moratoria a la siembra de maíz transgénico y adoptar medidas
contra el monopolio en la producción de semillas.
Alfredo Acedo es Director de comunicación social y asesor de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas en México.
Vìa,fuente:
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/14030-m%C3%A9xico-una-raya-m%C3%A1s-al-tigre-de-la-ley-monsanto.html
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/14030-m%C3%A9xico-una-raya-m%C3%A1s-al-tigre-de-la-ley-monsanto.html
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