La Fiscalía acaba de pedir penas que suman 52 años para quienes cometieron el delito de robar en una tienda de la ciudad de Valparaíso -lugar
no habitado- mediante la técnica llamada alunizaje. Se trata de cuatro
personas mayores de edad, cada uno deberá cumplir ocho años de cárcel
por el robo de la tienda y cinco años más por el robo de una camioneta
que usaron para la operación; 13 años a la sombra y el hacinamiento por
quebrar una vitrina y robar 34 prendas de vestir sin herir a nadie.
Mientras tanto, también acaban de condenar a los responsables de la Dina del secuestro y desaparición de Juan Maino Canales, Antonio Elizondo Ormaechea y su esposa, Elizabeth Rekas,
quien estaba embarazada al momento de su secuestro, ocurrido el 26 de
mayo de 1976. Fueron llevados al centro de tortura y exterminio Villa Grimaldi
y nunca más se supo de ellos. Los culpables de estos crímenes fueron
condenados a penas de entre 10 y cinco años sin hacinamiento y con
múltiples beneficios.
En otro plano, la empresa minera Cosayach, propiedad del nuevamente famosillo Francisco Javier Errázuriz
(Frafrá), fue en noviembre pasado condenada por daño ambiental relativo
a la extracción ilegal de aguas subterráneas de la reserva natural Pampas del Tamarugal. Según el fallo de la Corte Suprema,
los 35 pozos profundos causaron un grave daño al medioambiente y
ecosistema del lugar. La condena consistió en dejar de extraer el agua,
retirar las bombas e instalaciones y cegar los pozos de captación que
carecen de aprovechamiento de aguas. Como diría un célebre pajarraco
nacional ante la baja pena: ¡Plop!
Heriberto Godoy Vera fue recientemente condenado por el asesinato de su esposa en Puerto Montt.
El hombre la golpeó con un palo y luego le propinó una estocada en el
pecho con un arma blanca, dándole muerte. Por este crimen, un nuevo caso
de femicidio, fue condenado a cinco años de prisión.
Estos son solo algunos ejemplos que ilustran una situación clara como las aguas del Baker: en Chile se
encarcela con mucha más rigurosidad y sin concesiones a las personas
que cometen delitos contra la propiedad privada que quienes atentan
contra la vida humana, animal y vegetal, o quienes cometen suntuosos
robos de cuello y corbata.
Pero el
tema de las cárceles y cómo resuelve la sociedad el qué hacer con
quienes comenten delitos va mucho más allá de la calidad de las condenas
por tal o cual delito. Hace ya varias décadas Foucault
comprobó que la prisión, como engranaje del dispositivo disciplinario
para generar cuerpos dóciles, termina produciendo lo que dice erradicar.
La domesticación prometida que dice ‘reeducar’ termina constituyendo un
espacio de socialización de acciones criminógenas. No por nada los
sicarios colombianos le llaman la escuela de la muerte, si no mueres en
ella, sales a matar.
De paso, en
torno al espacio de reclusión, se genera todo un dispositivo constituido
por varias agencias de control y gestión del delito. Así -siguiendo a Foucault-
las cárceles siguen existiendo porque prestan una utilidad
político-económica en las sociedad, la que se revela en la siguiente
relación de causalidad: Cuanto más delincuentes existan, más crímenes
existirán; cuanto más crímenes hayan, más miedo tendrá la población y
cuanto más miedo en la población, más aceptable y deseable se vuelve el
sistema de control policial.
La
existencia de ese peligro interno permanente es una de las condiciones
que permiten aceptar ese sistema de control, lo que explica por qué en
los medios de comunicación de masas en todos los países del mundo se
concede tanto espacio a la criminalidad como si se tratase de una
novedad cada día. Porque no sólo en Chile la noticias más importante por
varios años (antes de las movilizaciones estudiantiles) del noticiario
de la tarde era el asalto a una casa del barrio alto o a una panadería
en la periferia.
Si analizamos el
origen y estrato socio económico de quienes llenan las hacinadas celdas
del sistema carcelario chileno, constatamos que en su gran mayoría
pertenecen a sectores marginales. Definitivamente en Chile no solo se
condenan mucho más duramente los atentados contra la propiedad privada,
si no que se condena la pobreza. Y no solo la pobreza sino también la
disidencia; se condena a quienes deslegitiman la supuesta libertad de
oportunidades que ofrece el capitalismo. Al contrario, aquella libertad
con que se vanaglorian los gobiernos estadounidenses no es más que el
espejismo de la cárcel en que todos vivimos. Quienes viven tras las
celdas, son muchas veces quienes no aceptan vivir engañados por aquel
ilusionismo.
El neoliberalismo como
régimen político, que hizo de Chile su espacio de ensayo, no sólo
profundiza esta obsesión por una cerrada defensa de la propiedad
privada, sino que despliega lo punible a varias otras prácticas
cotidianas de las personas y avanza en la privatización del sistema
punitivo. Desde el gobierno de Ricardo Lagos que en
Chile (al igual que autopistas, empresas sanitarias o de energía) se
encarga a privados la gestión de algunas cárceles. En Chile el Estado
gasta más en mantener a alguien recluido en un sistema carcelario
privado que en becar a algún estudiante en cualquier nivel de la
enseñanza.
Con el paso de los años
más conductas se vuelven punibles, cosa de aumentar los dividendos del
negocio carcelario y los ámbitos de intervención penal del Estado.
Consumir o portar sustancias con efectos en la conciencia, hace rato de
pecado pasó a ser motivo de detención; tal como el interrumpir un
embarazo no deseado o el proyecto de ley de Hinzpeter que
persigue punir como delito el convocar a una protesta o el tomarse un
colegio. Otra cosa son las nuevas legislaciones que dicen proteger los
derechos de autor amparados en los Tratados de Libre Comercio, que de
aprobarse, en el futuro harían que puedas caer preso por copiar un CD o
subir a Facebook una foto con un peinado que incluya el logo de una marca.
Por Equipo Editor
El Ciudadano Nº119, primera quincena febrero 2012
http://www.elciudadano.cl/2012/04/05/50658/aca-estamos-los-que-robamos-poco/
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