Hace unos días los micrófonos pillaron al presidente español Mariano Rajoy decirle al primer ministro finlandés que la Reforma laboral que iba a aprobar le iba a costar una Huelga General. Pues ya conocemos los detalles de esa reforma, que más que laboral, podría llamarse la Reforma del Despido. En un escenario donde cada mes se producen miles de despidos, el Gobierno no ha hecho una reforma para impedirlo, sino para abaratar esos despidos a los empresarios. Y es que la reforma que va a ser tramitada como un decreto ley, contempla rebajar la indemnización por despido de los 45 días actuales a los 33 días, hasta un máximo de 24 mensualidades. En el caso de que el despido sea procedente, será de 20 días durante un máximo de un año. En ambos casos no tienen carácter retroactivo, por lo que sólo se aplicaría a nuevos contratos.
El Gobierno también ha avanzado que uno de los puntos centrales de la nueva reforma laboral consiste en que los desempleados que estén cobrando una prestación por desempleo tendrán que realizar "un trabajo social para la comunidad". Es decir, tendrán que trabajar gratis para otros restando la posibilidad y el tiempo para centrarse en la búsqueda de empleo o para su propio reciclaje y formación. Una medida más que los sindicatos y movimientos sociales califican de inaceptable, porque bajo la excusa del “trabajo social para la comunidad” se esconde la intención de dar a las empresas trabajadores de forma gratuita.
Asimismo, la prórroga máxima de los convenios colectivos vencidos será de dos años, con lo que se pone límite a la denominada "ultraactividad", que permitía el alargamiento prácticamente indefinido de los convenios, ha señalado Báñez.
Entre las novedades también figura un contrato indefinido con un periodo de prueba de un año para emprendedores y empresas de menos de 50 trabajadores, es decir, pymes. Se reorientarán las bonificaciones para apoyar más a jóvenes y parados de larga duración. Habrá bonificaciones de hasta 3.600 euros para contratar a menores de treinta años y 4.500 euros por contratar a parados de larga duración.
Además, se ofrecerá una deducción fiscal de 3.000 euros para empresas de menos de 50 trabajadores en la contratación del primer trabajador de menos de 30 años. Esta ayuda permite que ese trabajador al que saquen del desempleo podrá seguir cobrando el 25% de su prestación. Además, el Estado ofrecerá al empresario una deducción por un año del 50% de lo que recibía el parado por desempleo.
Se creará un contrato estable a tiempo parcial para facilitar la contratación de los jóvenes o personas que, por ejemplo, tengan que cuidar de un familiar. No obstante, Báñez recalcó que se tratará de una vinculación laboral estable, sin especificar a qué se refiere con este adjetivo. Una medida que también afectará en particular a los trabajadores más jóvenes, es que se acaba, a partir del 31 de diciembre de 2012, con la posibilidad de encadenar contratos temporales más allá de los 24 meses.
A partir de ahora, los empresarios tendrán la posibilidad de no respetar los acuerdos alcanzados durante la negociación colectiva. Esto es, en opinión del Gobierno, una manera de lograr que haya una mayor flexibilidad interna y que en caso de crisis se opte por adaptarse a las circunstancias en lugar de optar por el despido. Esta flexibilidad afectaría a sueldos u otros derechos de los trabajadores. Además, los empresarios no necesitarán la autorización previa de la Administración para llevar a cabo un ERE. En esa situación, a los trabajadores ya solo les podrá proteger un juez. La reforma laboral también contempla que las empresas de trabajo temporal puedan trabajar como agencias de colocación. Con esta medida el Gobierno da la espalda a los servicios públicos de búsqueda de empleo. La ministra Báñez, como ya había hecho a lo largo de la semana, volvió a recordar que los servicios públicos de empleo solo colocan al 3% de los parados que buscan su ayuda. "Cuando esto sucede, algo falla", afirmó. Pero en lugar de mejorar y reforzar el sistema público, lo externaliza y lo pone en manos de empresas.
Lo cierto es que ni en el mismo seno del Gobierno español se ponen de acuerdo sobre esta reforma. Es una reforma"histórica", añadía la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. Pero para Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad, es "extremadamente agresiva".
Para colmo, esta reforma es asumida por el Gobierno sin la confianza de generar empleo, ya que el presidente del Gobierno dijo en el Congreso de los Diputados que este año 2012 no se va a generar empleo.
La reacción de los partidos de oposición han sido las previsibles. Partidos como el Socialista o la coalición Izquierda Unida han criticado con dureza la reforma.
Pero es que además, el nuevo Gobierno del derechista Partido Popular ha comenzado la legislatura mintiendo a la ciudadanía. En plena campaña electoral, muchos dirigentes del partido reiteraban en sus entrevistas con los medios que cuando llegaran al Gobierno en ningún caso subirían los impuestos, algo que hicieron en los primeros días de legislatura; que no harían recortes sociales, algo que también están inclumpliendo; y también dijeron que jamás abaratarían el despido, algo que con esta reforma laboral les vuelve a dejar como los campeones de la mentira a la ciudadanía.
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