Los
estudiantes pretenden que sea un año más “propositivo”, sin dejar de
lado las movilizaciones. Además, prometen trabajar en conjunto a amplios
sectores sociales que participarán en la toma de decisiones respecto a
la educación que quiere Chile. La primera batalla se está librando en
contra del proyecto de ley que disminuye la tasa de interés del Crédito
Aval del Estado.
A la luz de
lo ocurrido en 2011 y de lo que ya se ha visto este año, las
movilizaciones son hoy en día la principal herramienta que la ciudadanía
posee para sostener sus demandas sociales y ejercer presión a las
autoridades que se oponen al cambio. Por tanto, una lucha que no se da
en la calle, pierde fuerza, naturalmente.
Así lo entienden los miembros de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech),
quienes aseguraron que si bien habrán movilizaciones, esta vez el
enfoque no estará en las marchas, las tomas y los paros, como en 2011,
sino en una nueva estrategia que elaborarán en conjunto con secundarios,
universitarios, profesores, sindicatos, comunidades mapuche y distintos
sectores sociales, públicos y privados, que participarán activamente en
la toma de decisiones y las demandas que presentará el movimiento por
una educación gratuita y de calidad.
Es hora de que el movimiento sea más “propositivo”, aseguró el presidente de la Federación de Estudiantes de Chile (Fech), Gabriel Boric,
“no podemos repetir exactamente lo que hicimos en 2011, creo que hoy en
día no están las condiciones para estar 7 meses en paro, pero eso no
implica que no haya movilizaciones, movilizaciones van a haber, porque
el gobierno no ha dado respuesta a las demandas -de fondo- que el
movimiento estudiantil ha planteado”.
Lo
importante -señaló- es que desde los movimiento sociales los
estudiantes sean capaces de construir una propuesta, y con ella en mano,
más el apoyo de la ciudadanía, puedan llegar a instancias como el
parlamento. No como el año pasado -agregó- en que uno de los errores fue
haber terminado “parlamentarizando” el conflicto “sin tener una
iniciativa propia”.
Por todo esto, es
que los estudiantes están discutiendo y trabajando en la realización de
una agenda de trabajo que aborde la forma y la estrategia en que se
manifestarán este año; un balance público de lo que fue el año 2011, y
un informe sobre proyecciones política de 2012 para empezar con mucha
más fuerza las movilizaciones en marzo. Los documentos serán presentados
en la primera quincena de abril por medio de actos culturales en Concepción, Valparaíso y Santiago.
Los
estudiantes aseguraron que la propuesta “no estará enfocada en la clase
política”, sino en la ciudadanía, debido a los espaldarazos que ha
recibo el movimiento en el parlamento. Esto, sin duda, generará más
dificultades a la hora de concretar las demandas de los estudiantes,
quienes -tal como señalaron- quieren presentar, en algún momento, sus
propuestas a los políticos. Bien se sabido que, finalmente, las
propuestas las materializan ellos en el Congreso.
Sin
embargo, un amplio movimiento social, como el que apuestan a conformar
los estudiantes, da luces de la presión que se podría ejercer en contra
de la clase política para que estos concreten los cambios sociales que
tanto reclama la población. Boric lo dijo: “Pueden bajar las
movilizaciones, pero esto va a reventar igual”.
LA PRIMERA BATALLA: EL CRÉDITO CON AVAL DEL ESTADO
En una conferencia de prensa en la sede de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile,
la Confech expuso los argumentos, apoyados de un video explicativo, que
rechazan el proyecto de ley que rebaja de un 5,5% a un 2% la tasa de
interés del Crédito con Aval del Estado (CAE), cuya tramitación se retomará en marzo en el Congreso.
“El
proyecto del Gobierno no soluciona la esencia del problema: Rebaja la
tasa de interés de de 5,5% a 2%, pero ese diferencial no es que los
absorban los bancos sino que lo asume el Estado con plata de todos los
chilenos, en el fondo, es un subsidio estatal a la banca privada el cual
nosotros no avalamos”, aseguró Boric.
Y es que con el proyecto que propone el Gobierno, se busca incorporar a la Comisión Ingresa
representantes del sector bancario, los que podrán vender al Estado los
estudiantes con proyecciones de bajos ingresos en los primeros años.
Por estas ventas el Estado debe pagar una comisión o “sobrepecio” o
“sobrecarga”, en que les aseguran a los bancos sus ganancias, porque, de
otra forma -según la lógica del mercado-, estos no participarían del
negocio por el alto riesgo que existe de que los estudiantes no puedan
pagar. Un dato: Solo a través del sobreprecio los bancos se han
embolsado 100 millones de dólares.
En representación de las universidades privadas, Daniela López, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central (Feucen),
sostuvo que esto “no constituye una ayuda real a familia más
vulnerables, tampoco un avance respecto al sobre endeudamiento de
distintas familias chilenas (…) solo se constituyen las ganancias
descaradas de la banca”.
De hecho, el
proyecto que propone el Gobierno no se hace cargo de la regulación del
crecimiento de la matrícula ni del crecimiento de los arancel, lo
que –en caso de aprobarse la iniciativa– si bien disminuiría la tasa de
interés para los estudiantes, los aranceles continuarán
incrementándose, motivo por el cual Chile es uno de los países con
aranceles más altos del mundo y donde los jóvenes más pobres también son
un negocio gracias al Crédito Aval, beneficio que brinda el Estado
supuestamente para ayudar a los estudiantes que necesitan apoyo
financiero para iniciar o continuar una carrera en la educación
superior, endeudándolos por varios años.
Yoxcy Campos, presidenta de la Federación de Estudiantes del Pedagógico (FEP),
se sumó también al llamado, asegurando que “estas nuevas modificaciones
lo único que quieren hacer es distraer la discusión de fondo que es la
educación gratuita, que es la demanda que levantó un movimiento
estudiantil y que no está dispuesto a ceder en este minuto”
POR SI FUERA POCO ¡MÁS TODAVÍA!
Con
el nuevo proyecto, podrán sumarse nuevos actores, como cajas de
compensación, compañías de seguros, instituciones de previsión social. Y
por si fuera poco, el proyecto del gobierno quiere llevar el negocio
del CAE de la segunda categoría de riesgo -según estipula la Ley de Bancos- a la quinta categoría de “máximo riesgo” con el objetivo de recibir un mayor subsidio estatal a los bancos.
Más todavía. El proyecto obliga a los bancos a informar a la Tesorería General de la República
el domicilio de los estudiantes deudores para poder embargarlos, y
obliga al empleador a retener un porcentaje del sueldo de su empleado
para que este pague la deuda.
El Estado actúa en el CAE a través de Comisión Ingresa, la cual está compuesta por el Ministro de Educación, Harald Beyer; el Vicepresidente de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), Hernán Cheyre Valenzuela; el Tesorero General de la República, Sergio Frías Cervantes; la Directora de Presupuestos, Rossana Costa; un representante de las Universidades del Consejo de Rectores, Claudio Elórtegui, rector de la Universidad Católica de Valparaíso; un representante de las Universidades Privadas, José Julio León, Secretario General de la Universidad Diego Portales; y un representante de los Institutos Profesionales (IP) y de los Centros de Formación Técnica (CFT), Jaime Alcalde, rector de Duoc UC.
Pero
también los conocidos políticos, empresarios de la educación y
directores de instituciones privadas no faltan. Ellos, si bien no forman
parte de la Comisión, están directamente involucrados en las decisiones
que se toman en el futuro de su negocio.
Algunos de ellos son el ex senador del Partido por la Democracia (PPD) Sergio Bitar, miembro de la Junta Directiva de la Universidad Mayor; Cristián Larroulet, secretario general de la presidencia y fundador junto al ministro de Desarrollo Social Joaquín Lavín, de la Universidad del Desarrollo; Pablo Longueira, ministro de Economía y miembro de la Junta Directiva de la Universidad San Sebastián; el senador Juan Carlos Latorre, miembro de la Junta Directiva de la Universidad Pedro de Valdivia; y Gutenberg Martínez, rector de la Universidad Miguel de Cervantes y esposo de la senadora de la Democracia Cristiana (DC) Soledad Alvear.
Todos
ellos se verán beneficiados por este nuevo proyecto, si es que logran
aprobar los votos en el segundo trámite constitucional del Senado,
cuando, en rigor, debieran estar inhabilitados para hacerlo.
“Nosotros hacemos llamado publico a la oposicion, especialmente al PPD (Partido por la Democracia) y a la DC
(Democracia Cristiana), para que no vuelvan dar vuelta la espalda a
estudiantes con negociaciones como lo hicieron con el tema del
presupuesto del año 2012. Esperamos que no se legisle este proyecto a
espaldas de la ciudadanía, que no se negocie en casa de Adolfo Zaldivar -ahora embajador de Chile en Argentina- los avances y e futuro del país”, declaró José Anakalao, presidente de la Federación Mapuche de Estudiantes (Femae).
Finalmente,
la lógica que se impone es la misma: las familias financian con sus
impuestos al Estado; con los aranceles, a las Instituciones educativas
que lucran; y con su deuda, al Banco. Y así le gusta que funcione a
quienes manejan la educación del mercado en Chile.
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Lo que nos dejo 2011: Muchas y diversas formas de protestar
El Ciudadano
http://www.elciudadano.cl/2012/02/08/48097/movimiento-estudiantil-promete-propuestas-y-movilizaciones-con-amplios-sectores-sociales/
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