Amenazado testigo del caso de violación y asesinato
de niños en Tame, Arauca, en el que es acusado un oficial
del Ejército; y la Vergonzosa Ley de impunidad para los militares
que promueve el gobierno colombiano.
El proceso que se adelanta contra el presunto violador y asesino de niñas y niños en Tame, Arauca, el oficial del Ejército, Raúl Muñoz, continúa presentando serias dificultades, ocasionadas unas veces por las actitudes poco limpias de la defensa, otras por acusaciones falsas contra personas inocentes y por amenazas contra familiares de las niñas y niños, así como contra testigos.
Este miércoles 5 de octubre, justo cuando en los estrados judiciales se continuaba el proceso que se le sigue al militar, fue seriamente amenazada la personas que halló la fosa con los tres cuerpos sin vida de los niños.
El testigo denunció que en la región donde fueron violadas las dos niñas, una de ellas asesinada junto a sus hermanitos, “se vive pánico”, por las hostilidades y amenazas.
Un representante de los familiares de los tres niños asesinados denunció el aumento de amenazas contra de habitantes de la región, luego de testificar contra el oficial Raúl Muñoz como autor del múltiple crimen.
Otro testigo denunció que cuando se confirmó su participación en el juicio que se adelanta contra el militar, empezaron las amenazas telefónicas contra su vida y la de los miembros de su familia. “En la región se vive mucha zozobra, nunca habíamos visto tanta presión”, dijo.
“Después de las denuncias contra del oficial de haber violado a dos niñas y haber asesinado a una de ellas y a sus dos hermanitos en octubre del año pasado, se ha extendido un temor y un pánico generalizado”, precisó el testigo.
La misma persona explicó la forma como encontró la fosa común con los cuerpos de los tres niños, los cuales presentaban múltiples heridas causadas con arma blanca.
El proceso que se adelanta contra el presunto violador y asesino de niñas y niños en Tame, Arauca, el oficial del Ejército, Raúl Muñoz, continúa presentando serias dificultades, ocasionadas unas veces por las actitudes poco limpias de la defensa, otras por acusaciones falsas contra personas inocentes y por amenazas contra familiares de las niñas y niños, así como contra testigos.
Este miércoles 5 de octubre, justo cuando en los estrados judiciales se continuaba el proceso que se le sigue al militar, fue seriamente amenazada la personas que halló la fosa con los tres cuerpos sin vida de los niños.
El testigo denunció que en la región donde fueron violadas las dos niñas, una de ellas asesinada junto a sus hermanitos, “se vive pánico”, por las hostilidades y amenazas.
Un representante de los familiares de los tres niños asesinados denunció el aumento de amenazas contra de habitantes de la región, luego de testificar contra el oficial Raúl Muñoz como autor del múltiple crimen.
Otro testigo denunció que cuando se confirmó su participación en el juicio que se adelanta contra el militar, empezaron las amenazas telefónicas contra su vida y la de los miembros de su familia. “En la región se vive mucha zozobra, nunca habíamos visto tanta presión”, dijo.
“Después de las denuncias contra del oficial de haber violado a dos niñas y haber asesinado a una de ellas y a sus dos hermanitos en octubre del año pasado, se ha extendido un temor y un pánico generalizado”, precisó el testigo.
La misma persona explicó la forma como encontró la fosa común con los cuerpos de los tres niños, los cuales presentaban múltiples heridas causadas con arma blanca.
El
pasado 22 de marzo en Saravena, Arauca, sicarios asesinaron a la
jueza Gloria Constanza Gaona, quién llevaba el caso contra el oficial
Muñoz Linares (la jueza se había negado a aceptar el "vencimiento de
términos" con que la defensa militar buscaba la impunidad para el
oficial, por ello se presume que en su asesinato, a 100 metros de una
garita de la policía, está involucrada la fuerza pública) *. Al crimen
de la jueza fueron involucrados personas inocentes a quienes acusaron de
ser guerrilleros (se evidenció que era un "falso positivo
judicial" que buscaba cerrar la investigación sobre los verdaderos
asesinos de la jueza Gaona, y endilgarle de manera absurda el asesinato a
la guerrilla del ELN, utilizando para ello a campesinos que los
militares acusaron falsamente de integrar dicho grupo y de haber
asesinado a la Jueza: la acusación cayó de lo inmenso que era el
montaje. El asesinato de la Jueza incorruptible sigue impune)*.
El
pasado 16 de septiembre, funcionarias expertas del Instituto Nacional
de Medicina Legal declararon bajo juramento ante la Jueza, que en las
dos niñas violadas se encontró el ADN del oficial Muñoz Linares.
Igualmente, explicaron que en el caso de la niña asesinada junto a sus dos hermanitos, los rastros de semen del militar se encontraron a través del frotis anal y en las pruebas practicadas a la ropa interior de la niña.
Las expertas de Medicina Legal advirtieron que "la probabilidad de que la muestra de ADN sea del teniente Muñoz supera la población mundial" y que las pruebas fueron realizadas según los estándares internacionales que certifican sus resultados y que además, la cadena de custodia fue respetada y garantizada.
Mientras tanto el Gobierno está promoviendo en el Congreso una vergonzosa ley de impunidad de los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, que va en contravía de la Constitución y los acuerdos internacionales.
Dicha afrente a la justicia y a las víctimas, otorga un fuero especial para los militares que consiste en que no sea la justicia ordinaria la que investigue y juzgue a los miembros de la Fuerza Pública, sino la Justicia Penal Militar, la cual es sinónimo de la más aberrante impunidad.
Juan Carlos Vélez, senador del Partido de la U, ponente de la demencial estrategia, sostuvo que se incluirá un inciso en el Artículo 221 de la Carta Magna, estableciendo que será la Justicia Penal Militar la que conocerá de todos aquellas conductas cometidas por los militares.
“Es decir que la primera que llegará al lugar de los hechos será la justicia penal militar y no la ordinaria como hoy está ocurriendo. Eso me parece que ayudaría mucho para que los militares puedan actuar con más tranquilidad y sientan que su propia justicia es la que los va a juzgar”, expresó con un cinismo aterrador Vélez.
Igualmente, explicaron que en el caso de la niña asesinada junto a sus dos hermanitos, los rastros de semen del militar se encontraron a través del frotis anal y en las pruebas practicadas a la ropa interior de la niña.
Las expertas de Medicina Legal advirtieron que "la probabilidad de que la muestra de ADN sea del teniente Muñoz supera la población mundial" y que las pruebas fueron realizadas según los estándares internacionales que certifican sus resultados y que además, la cadena de custodia fue respetada y garantizada.
Mientras tanto el Gobierno está promoviendo en el Congreso una vergonzosa ley de impunidad de los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, que va en contravía de la Constitución y los acuerdos internacionales.
Dicha afrente a la justicia y a las víctimas, otorga un fuero especial para los militares que consiste en que no sea la justicia ordinaria la que investigue y juzgue a los miembros de la Fuerza Pública, sino la Justicia Penal Militar, la cual es sinónimo de la más aberrante impunidad.
Juan Carlos Vélez, senador del Partido de la U, ponente de la demencial estrategia, sostuvo que se incluirá un inciso en el Artículo 221 de la Carta Magna, estableciendo que será la Justicia Penal Militar la que conocerá de todos aquellas conductas cometidas por los militares.
“Es decir que la primera que llegará al lugar de los hechos será la justicia penal militar y no la ordinaria como hoy está ocurriendo. Eso me parece que ayudaría mucho para que los militares puedan actuar con más tranquilidad y sientan que su propia justicia es la que los va a juzgar”, expresó con un cinismo aterrador Vélez.
El
pasado 16 de septiembre, funcionarias expertas del Instituto Nacional
de Medicina Legal declararon bajo juramento ante la Jueza, que en las
dos niñas violadas se encontró el ADN del oficial Muñoz Linares.
Igualmente,
explicaron que en el caso de la niña asesinada junto a sus dos
hermanitos, los rastros de semen del militar se encontraron a través del
frotis anal y en las pruebas practicadas a la ropa interior de la niña.
Las expertas de Medicina Legal advirtieron que "la probabilidad de que la muestra de ADN sea del teniente Muñoz supera la población mundial" y que las pruebas fueron realizadas según los estándares internacionales que certifican sus resultados y que además, la cadena de custodia fue respetada y garantizada.
Mientras tanto el Gobierno está promoviendo en el Congreso una vergonzosa ley de impunidad de los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, que va en contravía de la Constitución y los acuerdos internacionales.
Dicha afrente a la justicia y a las víctimas, otorga un fuero especial para los militares que consiste en que no sea la justicia ordinaria la que investigue y juzgue a los miembros de la Fuerza Pública, sino la Justicia Penal Militar, la cual es sinónimo de la más aberrante impunidad.
Juan Carlos Vélez, senador del Partido de la U, ponente de la demencial estrategia, sostuvo que se incluirá un inciso en el Artículo 221 de la Carta Magna, estableciendo que será la Justicia Penal Militar la que conocerá de todos aquellas conductas cometidas por los militares.
“Es decir que la primera que llegará al lugar de los hechos será la justicia penal militar y no la ordinaria como hoy está ocurriendo. Eso me parece que ayudaría mucho para que los militares puedan actuar con más tranquilidad y sientan que su propia justicia es la que los va a juzgar”, expresó con un cinismo aterrador Vélez.
Las expertas de Medicina Legal advirtieron que "la probabilidad de que la muestra de ADN sea del teniente Muñoz supera la población mundial" y que las pruebas fueron realizadas según los estándares internacionales que certifican sus resultados y que además, la cadena de custodia fue respetada y garantizada.
Mientras tanto el Gobierno está promoviendo en el Congreso una vergonzosa ley de impunidad de los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, que va en contravía de la Constitución y los acuerdos internacionales.
Dicha afrente a la justicia y a las víctimas, otorga un fuero especial para los militares que consiste en que no sea la justicia ordinaria la que investigue y juzgue a los miembros de la Fuerza Pública, sino la Justicia Penal Militar, la cual es sinónimo de la más aberrante impunidad.
Juan Carlos Vélez, senador del Partido de la U, ponente de la demencial estrategia, sostuvo que se incluirá un inciso en el Artículo 221 de la Carta Magna, estableciendo que será la Justicia Penal Militar la que conocerá de todos aquellas conductas cometidas por los militares.
“Es decir que la primera que llegará al lugar de los hechos será la justicia penal militar y no la ordinaria como hoy está ocurriendo. Eso me parece que ayudaría mucho para que los militares puedan actuar con más tranquilidad y sientan que su propia justicia es la que los va a juzgar”, expresó con un cinismo aterrador Vélez.
http://notimundo2.blogspot.com/2011/10/seguridad-narcocratica-amenazad
* Paréntesis añadida por editor
Vìa :
http://www.kaosenlared.net/noticia/amenazan-testigo-violacion-asesinato-ninos-oficial-munoz-gobierno-prom
http://www.kaosenlared.net/noticia/amenazan-testigo-violacion-asesinato-ninos-oficial-munoz-gobierno-prom
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