Las políticas de seguridad dictadas desde el Ministerio del Interior, a
propósito de los movimientos sociales que salieron este año a las
calles, han generado revuelo y trabajo para grupos defensores de
Derechos Humanos. Chile queda en el ojo del huracán del momento en que
reprime un levantamiento social experimentado en todo el mundo.
La agenda de los dirigentes de a Confech por Europa, sumado a la visita de la Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, son dos antecedentes que ponen a Chile en el tapete internacional, esto por la criminalización de la protesta social que durante estos meses ha sido denunciada por distintas entidades políticas y sociales.
Fuerte represión en las protestas, detenciones ilegales y nula capacidad por detectar a los encapuchados son parte de las acusaciones contra Carabineros, aún cuando las críticas llegan hasta el ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien delimita las políticas de gobierno respecto a seguridad interior y uso de la fuerza pública.
Una seguidilla de situaciones irregulares, con su punto culmine en la muerte de Manuel Gutiérrez el pasado 24 de agosto, ponen en el ojo de la crítica a la fuerza policial, toda vez que suman más de mil 700 detenidos desde el inicio del movimiento estudiantil, a pesar que un número considerable de éstas ha sido desechada por la justicia por ser acto ilícito.
Chile queda bajo la mira de quienes observan el control de un levantamiento social experimentado en todo el mundo, tal como apunta Lorena Fries, directora del Instituto de Derechos Humanos (INDH), quien destacó que la legislación contiene, como caso único en el mundo, la regulación por decreto del libre derecho a reunión de los ciudadanos.
“El derecho a reunión no está legalmente delimitado en este país, está regfulado por un decreto. Si queremos hablar de orden público, lo primero que hay que establecer es en que consiste el derecho a reunión y establecer los límites legales. Todo intento por borrar esa frontera entre los que se manifiestan y los que cometen delito afecta el derecho a reunión y libertad de expresión de los chilenos y chilenas”, sostuvo Fries.
El proyecto de ley que califica como delito el saqueo y la toma de establecimientos educacionales es otro de los puntos criticados al actual Gobierno. Organizaciones pro Derechos Humanos enfatizan sobre la criminalización de la protesta social, de momento en que la fuerza pública engloba sus acciones sobre toda la gente que circula en manifestaciones, sin lograr identificar los mínimos focos de desorden público.
Ante ello, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Chile, Ana Piquer, subrayó sobre las falencias constitucionales respecto a este tema, las que han sido aprovechadas desde Gobierno para exceder su autoridad en el control de los movimientos sociales.
Piquer destacó que “hay un tema interno, nuestra propia Constitución dice que el ejercicio de la soberanía está limitado por los derechos humanos establecidos en tratados internacionales ratificados por Chile, lo que significa que hay una vulneración constitucional en la medida que no haya una acción concreta para proteger los derechos de las personas, y que se investiguen cada una de estas acciones y que se investiguen en el futuro”.
Amnistía Internacional Chile hizo un llamado a las autoridades por sumar investigaciones a detenciones ilegales de estudiantes, incluso las denuncias de mujeres que declararon ser abusadas por Carabineros durante el control de detención.
Esta situación fue comunicada por distintos actores a la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, a quien se le solicitó la visita del relator de la ONU para la tortura. Su visita permitió reuniones con ONG’s, estudiantes y representantes mapuche, quienes entregaron sendos informes que exponen la dura situación en Chile respecto al control de un levantamiento social a nivel global.
Fuentte, vìa :
http://radio.uchile.cl/noticias/127594/
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