Ministros, alcaldes, Intendencia y medios
tradicionales estructuraron una acción mediática, colocando como foco
central en torno de la movilización social el incendio intencional de un
bus del Transantiago, produciendo la intervención comunicacional de
tres integrantes del Gabinete y avalando la invocación de la Ley de
Seguridad del Estado.
Producida la quema del bus de Transantiago en Grecia con Macul, se
activó una operación política y mediática en las redes internas del
gobierno de Sebastián Piñera, que llevó a colocar el foco central en ese
hecho por encima de las actividades en torno de la movilización social
por la educación.
A pocas horas de producido el hecho, el martes 18 de octubre,
hablaron en tono alarmante tres ministros. Los portales electrónicos de
los medios privados mantuvieron la noticia del hecho en lugar
privilegiado, y la mayoría de canales de televisión y estaciones de
radio priorizaron los informes sobre el bus incendiado.
Un medio de prensa reportó que el presidente Piñera estaba impactado por la quema del bus.
En horas de la mañana del martes, en la oficina del titular de
Interior, Rodrigo Hinzpeter, hubo una reunión donde se analizó y
finalmente se decidió aplicar la Ley de Seguridad del Estado “contra
quienes resulten responsables” del incendio del vehículo. De los
“responsables”, por cierto, poco o nada se sabe. Llegaron, efectuaron la
acción y pudieron huir, sin que se percataran o actuaran contingentes
policiales que ya estaban en la zona. Un hecho puntual, aislado de la
manifestación social y que comentaristas, parlamentarios y personas que
llamaron a medios de comunicación calificaron de “raro” y “extraño”. A
pesar de todo, un episodio que se convirtió en eje comunicacional del
gobierno.
En la tarde del martes, se decidió en oficinas gubernamentales que el
atentado al bus se convirtiera en pauta mediática y política el día
siguiente. Se contactaron varios alcaldes y a la Intendencia y se
resolvió presentar una querella contra los responsables del ataque a la
micro. Todo en línea con la pauta establecida desde Interior.
Así las cosas, se coordinaron los alcaldes de Ñuñoa, Pedro Sabat, de
Recoleta, Sol Letelier, y de Estación Central, Rodrigo Delgado, junto a
la Intendenta de la Región Metropolitana, Cecilia Pérez, todos de
colectividades de derecha afines al gobierno, para sumarse a la agenda
del caso del bus.
Junto a eso, el martes se decidió otra acción mediática. Que el
ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, fuera a visitar al
chofer del bus quemado, para darle el tono humano y de sensibilización a
la noticia.
Se orientó a las oficinas de comunicaciones de los respectivos
ministerios y municipalidades para que esas actividades fueran colocadas
en la pauta periodística del miércoles y se buscara relevar en los
medios todo lo acontecido por el hecho incendiario.
Así, el gobierno instalaba como eje comunicacional y político la
quema del bus en un intento de ponerle un sello de violencia y
despropósito a la movilización social por la educación convocada por
representativas organizaciones estudiantiles, del magisterio y
trabajadores.
La revisión de las acciones de ministros y el tratamiento de la
prensa conservadora dan cuenta del armazón mediático tejido desde el
gobierno.
Quemado el bus de Transantiago, portales, canales y radios
enfatizaron el hecho por encima de otras actividades de la movilización
social. Hubo largas notas del suceso, incluida una sobre cómo había
quedado el bus. Los medios empresariales y conservadores relevaron la
declaración de Hinzpeter donde avisó de la aplicación de la Ley de
Seguridad, junto a fotos y despachos que mostraron las llamas en el
vehículo y un vespertino apuntó a “los ultras” como posibles autores del
ataque.
El ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz habló de acto
“vandálico” e “inaceptable”, que superó “toda irracionalidad” y que
calificó de “brutalidad inaceptable”. Comentó que con la quema del bus
se había afectado a cuatro millones de chilenos.
Luego, el vocero de gobierno, Andrés Chadwick, criticó las acciones
de “violentistas” y “vándalos” y dijo que esos “encapuchados” no podían
estar en las calles, sino recluidos en las cárceles. Condenó que se
atacaran buses y jardines infantiles.
El jefe de Interior, Rodrigo Hinzpeter, dijo que el gobierno debía
aplicar la Ley de Seguridad “ante la ferocidad y violencia de los
hechos…” y repitió la idea de “agresividad irracional”.
Tono dramático y alarmante. Contrastante con que el vocero Chadwick
señalara que “el país está en absoluta normalidad”, al tiempo que su
colega en el gabinete, Rodrigo Hinzpeter, anunciara la aplicación de la
Ley de Seguridad y que el titular de Transporte reconociera que “hay un
plan de contingencia” ante la movilización.
Otro punto de contraste lo colocó José Ancalao, dirigente de la
Confech y universitarios mapuches, quien señaló que no hubo Ley de
Seguridad ni reacción contundente de ministros cuando un carabinero mató
al joven Manuel Gutiérrez en agosto, durante el Paro Nacional. Si ahora
visitan al chofer del Transantiago quemado, ninguna alta autoridad
visitó a los familiares del muchacho muerto.
Como sea, un bus incendiado se convirtió en pauta mediática prioritaria para el gobierno y marcó su agenda política.
Como sea, un bus incendiado se convirtió en pauta mediática prioritaria para el gobierno y marcó su agenda política.
Vìa :
http://radio.uchile.cl/noticias/127192/
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