El
pasado fin de semana los bolivianos concurrieron a las urnas para
elegir a 56 magistrados del poder judicial. La iniciativa se enmarca
en los objetivos del Estado plurinacional para descolonizar las
instituciones y probar mecanismos de resolución de conflictos heredados
de su rica tradición indígena y multicultural. Un cambio radical y único
en el mundo a instituciones que parecen inmodificables.
La
inédita reforma al sistema judicial fue destacada por la Organización
de Estados Americanos (OEA), que señaló que es un “esfuerzo realizado
por la ciudadanía para mejorar el sistema de administración de justicia a
través de un método inédito de elección de sus miembros”. La OEA envió a
Bolivia una misión de observadores internacionales encabezada por el ex
presidente de Panamá, Martín Torrijos, quien consideró que dichas
elecciones judiciales demuestra el cumplimiento de las metas plasmadas
en la Constitución de un estado plurinacional.
La
alta abstención en el proceso, cercana al 60 por ciento, se atribuye al
desgaste del gobierno de Evo Morales y la marcha indígena que llegaría
este martes a La Paz que rechazan la construcción de una carretera en la
reserva ecológica Tipnis.
Quizás
resulte extraño que el poder del Estado que administra justicia sea de
elección popular, por ello disponemos para nuestros lectores de un
artículo explicativo escrito por el analista Ollantay Itzamná:
Cuando
los teóricos del Estado moderno, en los siglos XVII y XVIII, ideaban la
organización y funcionamiento del mismo, establecieron que de todos los
órganos (mal llamados poderes) del Estado, sólo dos estarían compuestos
por funcionarios electos por voto popular: el Ejecutivo y el
Legislativo.
Desde entonces se
estudiaba y aplicaba esta infalible e intangible teoría política pensada
en el norte europeo: sólo se eligen Presidente y Vicepresidente del
órgano Ejecutivo y diputados y senadores para el Legislativo. Los
magistrados del órgano Judicial, por la exigencia de la “imparcialidad”
de esta función, deben ser electos por el órgano Legislativo.
Después
de más de tres siglos de la teoría política de John Locke, el pueblo
boliviano, en el marco del proceso de reinvención estatal y social que
impulsa, supera esta teoría y elige, de forma inédita, a 56 autoridades
del órgano Judicial. En sí mismo, este hecho es un aporte fundamental,
no sólo para la teoría y la praxis de la democracia, sino para el
emergente constitucionalismo latinoamericano del siglo XXI que, ahora,
alumbra al mundo con sus vigorosas innovaciones.
Fueron
varios los factores que obligaron a las y los bolivianos a dar este
salto teórico e histórico desde la praxis política. Primero, la
sistemática corrupción del órgano Judicial convirtió a la “justicia”
boliviana en una serpiente que sólo muerde a las y los descalzos.
Segundo, los dueños de los partidos políticos imponían a sus allegados
en las diferentes funciones judiciales para blindar todos los actos de
corrupción en la administración pública. Tercero, el excluyente sistema
judicial mestizo, fue y es altamente racista con las y los indígenas.
Recordemos que en Bolivia, para el 2001, el 62% de la población ya se
asumía como indígena.
Estas
transformaciones estructurales, Bolivia los hace en el marco del proceso
constituyente refundacional que ahora se encuentra en la etapa de la
implementación de la nueva Constitución Política redactada de manera
participativa y aprobada el año 2009. En dicha Constitución el pueblo
boliviano se reservó la potestad y el derecho de ejercer justicia
mediante la elección por voto popular de los magistrados/as del Tribunal
Supremo de Justicia (9), Tribunal Constitucional (7), Tribunal
Agroambiental (7) y Consejo de la Judicatura (5). Además, está la
revocatoria de mandato como mecanismo de control y sanción sobre
funcionarios electos.
Este proceso de
la democratización de la justicia boliviana ha tenido varios
inconvenientes. No sólo en el proceso electoral que acaba de realizarse,
sino desde el momento en que se planteaba en la Asamblea Constituyente
la incorporación de la elección por voto directo de las y los
magistrados, los políticos tradicionales hicieron lo imposible para
impedirlo. La campaña mediática y política que las y los políticos
opositores emprendieron contra las elecciones judiciales responde, en el
fondo, a la sistemática oposición a la transformación de la justicia
boliviana. ¿Por qué será?
Es verdad
que hubo falencias en la difusión de la información desde el Tribunal
Supremo Electoral, y en la misma norma que regula la elección judicial.
Pero, tampoco hubo la voluntad suficiente para la socialización de la
información sobre las y los candidatos en los medios empresariales de
información. Las elecciones judiciales encontraron a un gran sector del
electorado boliviano distraído con el bullicioso caso TIPNIS que los
políticos tradicionales y oportunistas enarbolaron de manera alevosa.
Después
de todo, incluso con el alto porcentaje de votos nulos y blancos, pero
con un alto porcentaje de concurrencia a las urnas, las elecciones
judiciales bolivianas determinan el derrotero para la democratización de
la justicia, no sólo para América Latina, sino para el mundo entero.
Este logro histórico es un paso importante en la promisoria historia sin
retorno del pueblo boliviano. Así como ahora ya no es posible escupirle
al indio de manera impune, tampoco ya será posible que los patrones
mantengan el sistema judicial corrupto como un instrumento más para el
colonialismo interno.
Con este acto
democrático, Bolivia alecciona, una vez más, que la crisis política y
judicial no se resuelve restringiendo los derechos, ni las urnas, sino
con más democracia. Radicalizando la democracia hasta el límite de
superar la pétrea ortodoxia de las teorías políticas impuestas como
infalibles e intangibles para toda la humanidad.
Los
resultados de estas concurridas elecciones judiciales dejan lecciones
históricas, aprender de estas lecciones es una tarea para el gobierno si
acaso desea continuar profundizando y ampliando las transformaciones
estructurales en el país.
Ollantay Itzamná

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