La conquista del
gobierno por una rebelión masiva obrera, campesina y popular, que impone
un parlamento de mayoría indígena y un presidente uru-aymara cuya
lengua materna es el aymara, no cambia el sistema social imperante en el
país, su inserción en el mercado capitalista mundial ni el carácter del
Estado. A pesar de todas sus consecuencias importantes sobre las
relaciones de fuerza entre las clases y los sectores sociales –o sea,
sobre el funcionamiento del Estado, que es expresión de la misma– no es,
sin embargo, más que un momento en un proceso en el que todos los días
hay que conquistar nuevos cambios sociales, so pena de recaer en lo que
las movilizaciones quieren cambiar.
Nada está adquirido de una vez para siempre, nada está firmemente
conquistado y el proceso revolucionario fundacional no mantiene siempre
el mismo vigor y la dinámica inicial. Porque el capitalismo provoca,
inevitablemente, la burocratización de los movimientos sociales y del
equipo gobernante, el cual sólo puede escapar a los peligros profesionales del podercon un duro esfuerzo autocrítico y de renovación cultural.
En el caso de Bolivia se sobreponen y entremezclan tres revoluciones: la descolonizadora, por los derechos de los pueblos originarios, que son mayoritarios, y por la igualdad de ellos con los mestizos y blancos; la democrática y antioligárquica, por el pleno goce por las mayorías de los derechos que monopolizaba una minoría étnica y cultural, y por la creación de un estado de derecho y, por último, en germen, la anticapitalista, por un sistema social alternativo, la cual está presente en la historia boliviana en la generalización del poder dual y del poder popular frente al poder el Estado, incluso cuando éste contaba o cuenta con un gobierno ampliamente mayoritario (como el primero del MNR o el de Evo Morales).
La primera de esas revoluciones se apoya en el reconocimiento de que el Estado es plurinacional y, por tanto, en el establecimiento constitucional de una discriminación positiva en favor de los pueblos originarios, cuyas lenguas, culturas, usos y costumbres, y justicia popular, y cuya autonomía deben coexistir –con toda su diversidad– con la justicia, la legislación y el aparato estatal capitalista, que se proclama republicano y considera universales las leyes e instituciones del mismo que la revolución democrática intenta imponer.
Dada la subsistencia de la explotación capitalista de los trabajadores y oprimidos, por el capital internacional y sus agentes y socios menores, a cada rato reaparecen los gérmenes de la tercera revolución, la anticapitalista, bajo las diferentes formas de los órganos de poder
de abajoque surgen como Estado en creación en los conflictos enfrentándose al gobierno del Estado central, que está guiado por las necesidades del desarrollo capitalista y por las exigencias de la economía mundial.
El gobierno está forzado a exportar minerales y productos
agrícolas primarios para tener divisas para el funcionamiento estatal,
la reducción de la miseria y la ignorancia, y el crecimiento económico
del país. Mantiene así una política neodesarrollista, extractivista y
una agricultura capitalista de exportación que choca con el hambre de
tierras de la agricultura campesina y con la defensa de los bosques y
los recursos naturales (agua, maderas, biodiversidad). Considera, por
ejemplo, que es lógico y legal que los pocos dirigentes de una
trasnacional minera o petrolera afecten gravemente el ambiente de todos,
pero no que 10 mil indígenas, con su modo de vida no capitalista, se
opongan al trazado de una carretera internacional que destruirá su
territorio y les opone el consenso de los talamontes, cocaleros,
pequeños comerciantes, funcionarios y clases medias mestizas o indígenas
de las zonas integradas en el capitalismo a este plan en beneficio de
los empresarios brasileños.
De modo que para el gobierno de aymaras y mestizos integrados, los guaraníes son
salvajesque deben ser ignorados o reprimidos o, peor aún, los consideran tan atrasados que se dejan manipular siempre por Estados Unidos o los terratenientes. Este es el precio de teorizar la formación, como hizo el vicepresidente boliviano, de un
capitalismo andino, o sea, la suma de una incipiente burguesía aymara que explota bárbaramente la mano de obra familiar y el trabajo semiesclavo para asegurarse una acumulación capitalista primitiva con el acuerdo con los dirigentes de los movimientos sociales (el MAS), que remplazan en los hechos a los ayllus comunitarios, porque éstos están en proceso de disgregación debido a la emigración y la urbanización. Quien trabaja para construir un capitalismo nacional diferente, cierra la vía a una alternativa al capitalismo y perpetúa en su país la dependencia, la explotación, la desigualdad, el atraso.
Como no es posible borrar del mapa a los pueblos originarios
orientales ni tampoco crear una reserva natural en una parte del TIPNIS
para que vivan allí en un área protegida, como viven los elefantes o los
rinocerontes de Kenia, no hay otra alternativa que respetar la
Constitución, aceptar la voluntad de los pueblos guaraníes, que no
fueron consultados previamente sobre el trazado de la carretera, y
modificar el trazado del proyecto para preservar el TIPNIS.
Una alternativa a las imposiciones económicas, políticas e
ideológicas del capitalismo no es posible sin la participación
consciente y voluntaria de los indígenas y de los indígenas-campesinos,
los cuales deben sentir que son protagonistas del cambio y crecer con
éste en una visión solidaria y a escala más vasta que su propio
territorio, de la construcción de la unidad de las autonomías y las
diversidades.
Vìa :
http://www.jornada.unam.mx/2011/10/16/opinion/020a2pol
http://www.jornada.unam.mx/2011/10/16/opinion/020a2pol


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