Desde Caracas
El gobierno venezolano presentó una nota de protesta tras la
aparición de cuatro miembros del gobierno en la lista negra del
Departamento del Tesoro estadounidense, acusados de vínculos con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Chávez criticó que
la denuncia se base en las computadoras secuestradas en 2008 en
territorio ecuatoriano al líder guerrillero Raúl Reyes. “Han sido
desestimadas incluso por la mismísima Justicia colombiana”, recordó.
El gobierno de Hugo Chávez reaccionó con una nota de protesta ante la inclusión de cuatro funcionarios venezolanos en la lista de “Ciudadanos con Denominaciones Especiales” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense. Allí figuran desde el pasado jueves, acusados de tener vínculos con el narcotráfico internacional, el comandante de la IV División Blindada del Ejército, general Cliver Alcala Cordones; el ex alcalde de Caracas y actual diputado Freddy Bernal; el ex presidente del Parlamento Latinoamericano Amílcar Figueroa Salazar y el oficial del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) Ramón Madriz Moreno. El director de la OFAC, Adam Szubin, informó que se bloquearán todos los fondos y bienes que puedan tener en Estados Unidos los apuntados por haber facilitado “armas, seguridad, entrenamiento y asistencia” a la guerrilla de las FARC.
El mismo día en que el organismo estadounidense actualizó su base de datos e incluyó a los cuatro funcionarios, la Cancillería venezolana respondió con un comunicado en el que rechazó las sanciones y aseguró que son “parte de las acciones de agresión permanente” contra Venezuela y “del carácter imperial y arrogante con el que actúan estas instituciones contra nuestros países”. La cartera conducida por Nicolás Maduro adelantó que presentaría una nota formal de protesta, que se hizo efectiva el viernes por la tarde ante la encargada de Negocios estadounidense en Caracas, Kelly Keiderling. “El mensaje lo transmitiremos a Washington”, afirmó la jefa de la misión diplomática después de una reunión con Temir Porras, director del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por la noche del viernes, fue el propio Chávez quien se refirió al tema. Durante el acto de clausura del VI Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), opinó que la sanción es parte de la campaña de cara a las elecciones presidenciales del año próximo y que forma parte “del empeño del imperio yanqui de colocar a Venezuela algún día, sumando una cosita con la otra, en la lista de lo que ellos llaman Estados fallidos”. Los cancilleres del Alba aprovecharon también para emitir una resolución de respaldo al gobierno venezolano, en la que rechazaron la “actuación unilateral que pretende desconocer el derecho internacional al arrogarse un solo país la atribución de juzgar y condenar a los ciudadanos de otros países prescindiendo igualmente de la vía judicial y de las instituciones internacionales”.
Chávez insistió. “Yo aprovecho para salir en defensa de la honorabilidad de los cuatro compatriotas señalados de manera injusta en esa lista” y reclamó que se presenten las evidencias en las que se basa la acusación. “Yo sé de dónde son las supuestas pruebas, de las supuestas computadoras de Raúl Reyes, que han sido desestimadas incluso por la mismísima Justicia colombiana.” En la misma línea, el mandatario venezolano opinó que es “una infamia más que forma parte de las agresiones contra Venezuela” y apuntó a los opositores por tomar el tema como parte de la campana. “Lamento mucho que aquí la oposición venezolana vuelva a caer en las mismas jugadas. Vuelven a caer en las posiciones apátridas, de inmediato se hacen eco”, fustigó.
Desde la opositora Mesa de la Unidad, el diputado Eliezer Sirit puso en duda la inocencia de los funcionarios debido a las declaraciones del canciller Nicolás Maduro, que tildó de “timoratas”. “No uso el mismo verbo incendiario al que nos tiene acostumbrados en contra del gobierno norteamericano, lo que nos permite inferir que posiblemente el ministro de Relaciones Exteriores podría estar al tanto de lo que estaba sucediendo con estos funcionarios incluidos en la lista y presuntamente involucrados con el narcotráfico”, dijo el parlamentario. Recordó además que funcionarios del gobierno ya fueron señalados como parte de negocios ilícitos en 2008, cuando ingresaron en esa lista el ex ministro del Interior Ramón Rodríguez Chacín, el hoy jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, general Henry Rangel Silva, y el director de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal.
La acusación del Departamento del Tesoro estadounidense se basa en las computadoras supuestamente obtenidas en marzo de 2008 luego del ataque del ejército colombiano en territorio ecuatoriano contra un campamento de la guerrilla colombiana, en el que murió el por entonces líder de las FARC. El gobierno de Alvaro Uribe usó en aquel momento los datos obtenidos en esos discos duros para inhabilitar por 18 años para el ejercicio de la política en el país a la ex senadora Piedad Córdoba. Además, acusó al presidente de Venezuela de sostener a la guerrilla y al mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, de haber recibido financiamiento y apoyo político de la organización en su campaña de 2006. Sin embargo, en mayo de este año la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia determinó que “todos los materiales fueron obtenidos de manera ilícita” y los desestimó como prueba.
Fuente, vìa :
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-176658-2011-09-13.html
Imagen efe
El gobierno de Hugo Chávez reaccionó con una nota de protesta ante la inclusión de cuatro funcionarios venezolanos en la lista de “Ciudadanos con Denominaciones Especiales” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense. Allí figuran desde el pasado jueves, acusados de tener vínculos con el narcotráfico internacional, el comandante de la IV División Blindada del Ejército, general Cliver Alcala Cordones; el ex alcalde de Caracas y actual diputado Freddy Bernal; el ex presidente del Parlamento Latinoamericano Amílcar Figueroa Salazar y el oficial del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) Ramón Madriz Moreno. El director de la OFAC, Adam Szubin, informó que se bloquearán todos los fondos y bienes que puedan tener en Estados Unidos los apuntados por haber facilitado “armas, seguridad, entrenamiento y asistencia” a la guerrilla de las FARC.
El mismo día en que el organismo estadounidense actualizó su base de datos e incluyó a los cuatro funcionarios, la Cancillería venezolana respondió con un comunicado en el que rechazó las sanciones y aseguró que son “parte de las acciones de agresión permanente” contra Venezuela y “del carácter imperial y arrogante con el que actúan estas instituciones contra nuestros países”. La cartera conducida por Nicolás Maduro adelantó que presentaría una nota formal de protesta, que se hizo efectiva el viernes por la tarde ante la encargada de Negocios estadounidense en Caracas, Kelly Keiderling. “El mensaje lo transmitiremos a Washington”, afirmó la jefa de la misión diplomática después de una reunión con Temir Porras, director del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por la noche del viernes, fue el propio Chávez quien se refirió al tema. Durante el acto de clausura del VI Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), opinó que la sanción es parte de la campaña de cara a las elecciones presidenciales del año próximo y que forma parte “del empeño del imperio yanqui de colocar a Venezuela algún día, sumando una cosita con la otra, en la lista de lo que ellos llaman Estados fallidos”. Los cancilleres del Alba aprovecharon también para emitir una resolución de respaldo al gobierno venezolano, en la que rechazaron la “actuación unilateral que pretende desconocer el derecho internacional al arrogarse un solo país la atribución de juzgar y condenar a los ciudadanos de otros países prescindiendo igualmente de la vía judicial y de las instituciones internacionales”.
Chávez insistió. “Yo aprovecho para salir en defensa de la honorabilidad de los cuatro compatriotas señalados de manera injusta en esa lista” y reclamó que se presenten las evidencias en las que se basa la acusación. “Yo sé de dónde son las supuestas pruebas, de las supuestas computadoras de Raúl Reyes, que han sido desestimadas incluso por la mismísima Justicia colombiana.” En la misma línea, el mandatario venezolano opinó que es “una infamia más que forma parte de las agresiones contra Venezuela” y apuntó a los opositores por tomar el tema como parte de la campana. “Lamento mucho que aquí la oposición venezolana vuelva a caer en las mismas jugadas. Vuelven a caer en las posiciones apátridas, de inmediato se hacen eco”, fustigó.
Desde la opositora Mesa de la Unidad, el diputado Eliezer Sirit puso en duda la inocencia de los funcionarios debido a las declaraciones del canciller Nicolás Maduro, que tildó de “timoratas”. “No uso el mismo verbo incendiario al que nos tiene acostumbrados en contra del gobierno norteamericano, lo que nos permite inferir que posiblemente el ministro de Relaciones Exteriores podría estar al tanto de lo que estaba sucediendo con estos funcionarios incluidos en la lista y presuntamente involucrados con el narcotráfico”, dijo el parlamentario. Recordó además que funcionarios del gobierno ya fueron señalados como parte de negocios ilícitos en 2008, cuando ingresaron en esa lista el ex ministro del Interior Ramón Rodríguez Chacín, el hoy jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, general Henry Rangel Silva, y el director de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal.
La acusación del Departamento del Tesoro estadounidense se basa en las computadoras supuestamente obtenidas en marzo de 2008 luego del ataque del ejército colombiano en territorio ecuatoriano contra un campamento de la guerrilla colombiana, en el que murió el por entonces líder de las FARC. El gobierno de Alvaro Uribe usó en aquel momento los datos obtenidos en esos discos duros para inhabilitar por 18 años para el ejercicio de la política en el país a la ex senadora Piedad Córdoba. Además, acusó al presidente de Venezuela de sostener a la guerrilla y al mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, de haber recibido financiamiento y apoyo político de la organización en su campaña de 2006. Sin embargo, en mayo de este año la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia determinó que “todos los materiales fueron obtenidos de manera ilícita” y los desestimó como prueba.
Fuente, vìa :
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-176658-2011-09-13.html
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