En Uruguay ya estaban liberados los maíces
transgénicos MON 810 (2003) y BT11 (2004), de la empresa estadounidense
Monsanto y la suiza Syngenta respectivamente, resistentes a ataques de
insectos plaga. También ya estaba aprobada la soja RR (1999), también de
Monsanto y resistente al herbicida glifosato.
Las variedades aprobadas ahora son: el GA21 y el NK603 (las dos de Monsanto y resistentes al glifosato), el híbrido surgido del BT11 y el GA21 y el creado a partir de la cruza entre el MON810 y el NK603 (los dos resistentes a ciertos insectos lepidópteros y con tolerancia al glifosato), y el TC1507 (conocido comercialmente como Herculex, de las empresas estadounidenses Dow AgroSciences y Pioneer, resistente a ciertos insectos lepidópteros y con tolerancia al herbicida glufosinato de amonio).
Los nuevos eventos son los primeros aprobados en Uruguay luego de siete años y de que rigiera en el país una moratoria de 18 meses a la aprobación de nuevos transgénicos, que se levantó a mediados de 2008. “Lo nuevo es que ahora vamos a tener maíces tolerantes a herbicidas”, dijo a Radio Mundo Real el investigador Pablo Galeano, que trabaja en la Facultad de Química de la Universidad de la República de Uruguay y en REDES – Amigos de la Tierra de ese país. Galeano es licenciado en Bioquímica y fue uno de los responsables del estudio científico que hace dos años detectó contaminación transgénica en predios de maíz no modificado genéticamente.
Uno de los puntos más preocupantes para REDES – AT Uruguay es lo que tiene que ver con los procesos de consulta pública realizados para aprobar los nuevos transgénicos. Galeano explicó que antes esos procesos eran abiertos y en reuniones cara a cara. “En este caso todo fue hecho por internet, con poca difusión de las instancias de consulta, y lo más grave es que fue con mucha restricción con respecto a la información que se brinda en la página web del Ministerio de Ganadería”, se lamentó el científico.
De hecho, varios técnicos encargados de evaluar el comportamiento de los cinco nuevos organismos genéticamente modificados alertaron en una primera instancia que se les dio muy poco tiempo para hacer su trabajo.
Autorizaciones con información parcial y escasa
La aprobación de transgénicos en Uruguay pasa por una instancia política que es el Gabinete Nacional de Bioseguridad, en el que están representados los ministerios de Salud Pública, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, Ganadería, Economía e Industria. Los que firman las autorizaciones finalmente son los ministros correspondientes.
Ese Gabinete se guía por el trabajo de la Comisión para la Gestión de Riesgo, dirigida por el presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Enzo Benech. A su vez, esta instancia delega el trabajo de evaluación a la Evaluación de Riesgo en Bioseguridad, que a su vez consulta a un comité de articulación institucional, en el que están: el INIA, el Instituto Nacional de Semillas (INASE), la Facultad de Agronomía, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), el Ministerio de Ganadería, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, el Instituto Pasteur y el Ministerio de Salud Pública (MSP).
Los representantes de estas instituciones se unen en grupos de trabajo. “Lo que hacen es leer los dossiers que mandan las empresas y en base a eso, si tienen dudas, piden una ampliación de información a esas empresas y consultan alguna bibliografía más”, explicó Galeano. “No es que esa instancia haga ningún estudio. Lo que hacen es leer los resultados de los estudios que básicamente presentan las empresas”, agregó.
El investigador de la Universidad de la República y de REDES - AT denunció que en el proceso de aprobación de los cinco nuevos maíces transgénicos los representantes del MSP que leyeron los dossiers de evaluaciones toxicológicas presentados por las empresas, consideraron que la información era insuficiente. Pero la Comisión para la Gestión de Riesgo evaluó el informe del MSP como preliminar y decidió basarse en autorizaciones hechas en otros países para decir que no había un riesgo toxicológico. “REDES hizo varios señalamientos”, e inclusive argumentó que algunos países evaluaron que sí había riesgos toxicológicos con los mismos transgénicos, “pero eso no fue tenido en cuenta”, se lamentó Galeano. “Esto es bastante grave o por lo menos de cuidado, porque refleja que hay una política de que se quiere ir para adelante con la aprobación de nuevos eventos más allá de que hayan ciertas incertidumbres con respecto a los posibles efectos en la salud de la población en el largo plazo”, enfatizó.
El investigador contó que la semana pasada hubo una reunión entre representantes de la Comisión para la Gestión de Riesgo y de las organizaciones que mandaron comentarios en las consultas públicas, que solo fueron la oficina uruguaya de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAL) y REDES – AT. Esa escasa participación “habla bastante mal de la consulta pública”, consideró Galeano. Relató que los integrantes de la Comisión plantearon que es muy costoso económicamente a nivel local hacer los estudios de evaluación de nuevos eventos transgénicos, razón por la que no se hacen nuevas investigaciones y sólo se guían por la información de las empresas. Ante ese panorama “planteamos que esta tecnología no es apropiada, no se puede liberar”, señaló Galeano. “Lamentablemente no logramos que para las consultas públicas se cambie de mecanismo ni que se brinde más información que la que se da actualmente, que es muy poca”, agregó.
Contaminación creciente
Una investigación realizada por las facultades de Agronomía, Química y Ciencias de la Universidad de la República, solicitada por REDES – AT, certificó en octubre de 2009 la contaminación transgénica en el país en cultivos de maíz no modificado genéticamente. El estudio de las facultades se llamó “Interpolinización entre cultivos de maíz transgénico y no transgénico comerciales en Uruguay”. Galeano fue uno de los investigadores que condujo el trabajo, que encontró contaminación transgénica en tres de los cinco casos estudiados, con muestras de maizales de varios campos del país. Ahora se está ampliando ese estudio en un proceso que inició este año y llevará dos en total.
Radio Mundo Real preguntó a Galeano sobre los riesgos de contaminación transgénica con las nuevas variedades aprobadas. “En el mediano plazo esta contaminación transgénica va a llegar a los maíces criollos o a los maíces mantenidos por los productores”, empezó diciendo. “Como estos productores no venden todo lo que cosechan, porque una parte la guardan como semilla, van a empezar a reproducir esa semilla (contaminada) y vamos a empezar a tener de a poco una acumulación de presencia de transgenes en esos maíces”, agregó.
Además, se acaba de levantar en Uruguay la reglamentación que obligaba a que los predios con transgénicos estuvieran a por lo menos 250 metros de los predios con cultivos convencionales. La Comisión para la Gestión de Riesgo argumentó que la reglamentación anterior era muy difícil de aplicar, al igual que el control de su cumplimiento. Aquellos productores que quieran resguardar su producción convencional deberán avisarle a la Comisión, que visitará a los agricultores pero aún no definió un mecanismo para contemplar su preocupación. “Es como asumir que van a fluir los transgenes y aquel que no quiera que avise”, resumió Galeano.
Foto: http://revista-amauta.org
Las variedades aprobadas ahora son: el GA21 y el NK603 (las dos de Monsanto y resistentes al glifosato), el híbrido surgido del BT11 y el GA21 y el creado a partir de la cruza entre el MON810 y el NK603 (los dos resistentes a ciertos insectos lepidópteros y con tolerancia al glifosato), y el TC1507 (conocido comercialmente como Herculex, de las empresas estadounidenses Dow AgroSciences y Pioneer, resistente a ciertos insectos lepidópteros y con tolerancia al herbicida glufosinato de amonio).
Los nuevos eventos son los primeros aprobados en Uruguay luego de siete años y de que rigiera en el país una moratoria de 18 meses a la aprobación de nuevos transgénicos, que se levantó a mediados de 2008. “Lo nuevo es que ahora vamos a tener maíces tolerantes a herbicidas”, dijo a Radio Mundo Real el investigador Pablo Galeano, que trabaja en la Facultad de Química de la Universidad de la República de Uruguay y en REDES – Amigos de la Tierra de ese país. Galeano es licenciado en Bioquímica y fue uno de los responsables del estudio científico que hace dos años detectó contaminación transgénica en predios de maíz no modificado genéticamente.
Uno de los puntos más preocupantes para REDES – AT Uruguay es lo que tiene que ver con los procesos de consulta pública realizados para aprobar los nuevos transgénicos. Galeano explicó que antes esos procesos eran abiertos y en reuniones cara a cara. “En este caso todo fue hecho por internet, con poca difusión de las instancias de consulta, y lo más grave es que fue con mucha restricción con respecto a la información que se brinda en la página web del Ministerio de Ganadería”, se lamentó el científico.
De hecho, varios técnicos encargados de evaluar el comportamiento de los cinco nuevos organismos genéticamente modificados alertaron en una primera instancia que se les dio muy poco tiempo para hacer su trabajo.
Autorizaciones con información parcial y escasa
La aprobación de transgénicos en Uruguay pasa por una instancia política que es el Gabinete Nacional de Bioseguridad, en el que están representados los ministerios de Salud Pública, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, Ganadería, Economía e Industria. Los que firman las autorizaciones finalmente son los ministros correspondientes.
Ese Gabinete se guía por el trabajo de la Comisión para la Gestión de Riesgo, dirigida por el presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Enzo Benech. A su vez, esta instancia delega el trabajo de evaluación a la Evaluación de Riesgo en Bioseguridad, que a su vez consulta a un comité de articulación institucional, en el que están: el INIA, el Instituto Nacional de Semillas (INASE), la Facultad de Agronomía, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), el Ministerio de Ganadería, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, el Instituto Pasteur y el Ministerio de Salud Pública (MSP).
Los representantes de estas instituciones se unen en grupos de trabajo. “Lo que hacen es leer los dossiers que mandan las empresas y en base a eso, si tienen dudas, piden una ampliación de información a esas empresas y consultan alguna bibliografía más”, explicó Galeano. “No es que esa instancia haga ningún estudio. Lo que hacen es leer los resultados de los estudios que básicamente presentan las empresas”, agregó.
El investigador de la Universidad de la República y de REDES - AT denunció que en el proceso de aprobación de los cinco nuevos maíces transgénicos los representantes del MSP que leyeron los dossiers de evaluaciones toxicológicas presentados por las empresas, consideraron que la información era insuficiente. Pero la Comisión para la Gestión de Riesgo evaluó el informe del MSP como preliminar y decidió basarse en autorizaciones hechas en otros países para decir que no había un riesgo toxicológico. “REDES hizo varios señalamientos”, e inclusive argumentó que algunos países evaluaron que sí había riesgos toxicológicos con los mismos transgénicos, “pero eso no fue tenido en cuenta”, se lamentó Galeano. “Esto es bastante grave o por lo menos de cuidado, porque refleja que hay una política de que se quiere ir para adelante con la aprobación de nuevos eventos más allá de que hayan ciertas incertidumbres con respecto a los posibles efectos en la salud de la población en el largo plazo”, enfatizó.
El investigador contó que la semana pasada hubo una reunión entre representantes de la Comisión para la Gestión de Riesgo y de las organizaciones que mandaron comentarios en las consultas públicas, que solo fueron la oficina uruguaya de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAL) y REDES – AT. Esa escasa participación “habla bastante mal de la consulta pública”, consideró Galeano. Relató que los integrantes de la Comisión plantearon que es muy costoso económicamente a nivel local hacer los estudios de evaluación de nuevos eventos transgénicos, razón por la que no se hacen nuevas investigaciones y sólo se guían por la información de las empresas. Ante ese panorama “planteamos que esta tecnología no es apropiada, no se puede liberar”, señaló Galeano. “Lamentablemente no logramos que para las consultas públicas se cambie de mecanismo ni que se brinde más información que la que se da actualmente, que es muy poca”, agregó.
Contaminación creciente
Una investigación realizada por las facultades de Agronomía, Química y Ciencias de la Universidad de la República, solicitada por REDES – AT, certificó en octubre de 2009 la contaminación transgénica en el país en cultivos de maíz no modificado genéticamente. El estudio de las facultades se llamó “Interpolinización entre cultivos de maíz transgénico y no transgénico comerciales en Uruguay”. Galeano fue uno de los investigadores que condujo el trabajo, que encontró contaminación transgénica en tres de los cinco casos estudiados, con muestras de maizales de varios campos del país. Ahora se está ampliando ese estudio en un proceso que inició este año y llevará dos en total.
Radio Mundo Real preguntó a Galeano sobre los riesgos de contaminación transgénica con las nuevas variedades aprobadas. “En el mediano plazo esta contaminación transgénica va a llegar a los maíces criollos o a los maíces mantenidos por los productores”, empezó diciendo. “Como estos productores no venden todo lo que cosechan, porque una parte la guardan como semilla, van a empezar a reproducir esa semilla (contaminada) y vamos a empezar a tener de a poco una acumulación de presencia de transgenes en esos maíces”, agregó.
Además, se acaba de levantar en Uruguay la reglamentación que obligaba a que los predios con transgénicos estuvieran a por lo menos 250 metros de los predios con cultivos convencionales. La Comisión para la Gestión de Riesgo argumentó que la reglamentación anterior era muy difícil de aplicar, al igual que el control de su cumplimiento. Aquellos productores que quieran resguardar su producción convencional deberán avisarle a la Comisión, que visitará a los agricultores pero aún no definió un mecanismo para contemplar su preocupación. “Es como asumir que van a fluir los transgenes y aquel que no quiera que avise”, resumió Galeano.
Foto: http://revista-amauta.org
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