Tegucigalpa. La Comisión de la Verdad y la
Reconciliación en Honduras (CVR) ha concluido que los hechos ocurridos
el 28 de junio de 2009 constituyeron un golpe de Estado contra el
entonces mandatario, Manuel Zelaya, quien habría desoído las
advertencias de las autoridades para suspender una consulta popular
declarada ilegal y que desató una de las peores crisis políticas que ha
vivido esa nación centroamericana.
La CVR ha
presentado un informe de 800 páginas en el que detalla los hechos
ocurridos a partir del derrocamiento de Zelaya, de acuerdo a las
investigaciones realizadas. También anexan un documento de 48 folios
con algunas recomendaciones para preservar la institucionalidad y la
democracia en Honduras.
El
coordinador de la CVR, Eduardo Stein, ha explicado que el término
golpe de Estado no es un concepto jurídico establecido en el derecho
internacional ni en las leyes hondureñas, sin embargo, tras el análisis
de la literatura internacional y de las condiciones dadas en Honduras
la comisión considera "que lo sucedido el 28 de junio del 2009 tiene
las cuatro características definidas de un golpe de Estado".
Para
que se puede hablar de derrocamiento --indica la comisión en base a
sus investigaciones-- la "víctima" debe ser el presidente "u otra
autoridad civil o militar que tenga el mando máximo del Poder
Ejecutivo", pero además "que el perpetrador del golpe haya ejercido
violencia o coerción contra la víctima para que abandone su cargo".
Las
acciones deben ser "abruptas y rápidas" y debe poner en evidencia una
"clara violación del procedimiento constitucional" en el proceso de
destitución de la máxima autoridades del país.
Zelaya
fue derrocado el mismo día que se disponía a celebrar una encuesta
--declarada jurídicamente como ilegal-- en la que consultaría a los
hondureños la posibilidad de realizar un referéndum en noviembre de ese
año para reformar la Constitución. Los opositores justificaron estas
acciones alegando que el objetivo de la consulta era establecer un
socialismo y aprobar su reelección indefinida.
Roberto
Micheletti, entonces presidente del Congreso, fue nombrado presidente
'de facto', decisión avalada por los principales partidos que controlan
el poder en Honduras --incluyendo el que respaldaba entonces a
Zelaya-- que en su momento argumentaron que se trataba de una sucesión
constitucional.
En
cambio, la CVR aclara que no puede hablarse de sucesión constitucional
porque el mandatario fue expulsado por militares. "Se ve claramente que
la institucionalidad democrática no fue efectiva para resolver la
crisis y evitar la salida violenta de Zelaya Rosales, no por falta de
acciones y resoluciones tomadas, sino porque las decisiones de las
autoridades fueron desconocidas y no fueron acatadas por el
presidente", explica la comisión.
La
comisión ha subrayado que después de haber hecho un análisis profundo a
la Constitución pudo determinar que el Congreso "no tiene atribuciones
para destituir al presidente de la República ni para nombrar a un
sustituto".
Por tanto,
"el nombramiento del señor Roberto Micheletti como presidente interino
de Honduras fue ilegal y que el gobierno que surge entre el día 28 de
junio del año 2009 y el 26 de enero del año 2010 fue un gobierno 'de
facto'", ha sentenciado la CVR.
La
comisión ha confirmado también que Zelaya no renunció al poder, como
se dijo en un comienzo, y que la firma que aparece en un supuesto
documento de dimisión "es falsa".
Zelaya
fue expulsado el 28 de junio de 2009 por militares que lo trasladaron a
Costa Rica. Tres meses después, regresó de manera clandestina y se
alojó en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde permaneció hasta
el 27 de enero de 2010, cuando el actual presidente, Porfirio Lobo, le
dio un salvoconducto para viajar a República Dominicana, donde residió
hasta el pasado 28 de mayo, fecha en la que pudo retornar a Honduras.
ASESINATOS
La
comisión constató además que unas 20 personas murieron en manos de las
fuerzas de seguridad durante la crisis política en Honduras y denunció
que "entre el 28 de junio de 2009 y el 27 de enero de 2010", las
autoridades hondureñas "y sus agentes cometieron numerosas violaciones a
los Derechos Humanos".
"La
Policía y las Fuerzas Armadas dieron muerte a un mínimo de 12 personas
utilizando de forma desproporcionada sus armas de fuego y gases
tóxicos" para dispersar las protestas contra el gobierno interino y a
favor de Zelaya, ha enfatizado la CVR. "Se ha constatado que en siete de
estas muertes las víctimas ni siquiera participaban en las
manifestaciones", ha resaltado.
Se
estima que ocho opositores "fueron asesinados selectivamente por
agentes del Estado u otros perpetradores que aparentemente servían a la
misma política estatal de represión" con el objetivo de "reprimir a la
oposición" a Micheletti, ha denunciado la comisión en su informe.
La
CVR fue creada el 5 de mayo de 2010 para esclarecer los hechos
ocurridos antes, durante y después del 28 de junio del 2009. Está
conformada por el exvicepresidente de Guatemala Eduardo Stein, el
diplomático canadiense Michael Kergin y la abogada peruana María Zavala
Valladares, como representantes de la comunidad internacional. Por
parte de Honduras participaron la actual rectora de la Universidad
Nacional Autónoma, Julieta Castellanos; el académico Jorge Omar Casco y
Sergio Membreño, en calidad de secretario.
En
el acto estuvieron presentes Lobo, el presidente de la Corte Suprema
de Justicia Jorge Rivera Avilez y el secretario de la Organización de
Estados Americanos (OEA) Miguel Insulza, entre otras personalidades
hondureñas e internacionales.
Vìa :
http://www.kaosenlared.net/noticia/comision-verdad-confirma-si-hubo-golpe-estado-contra-zelaya-denuncia-a
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