La Dirección General de Investigación Criminal
hondureña detuvo el martes al profesor Carlos Danilo Amador, secretario
del Comité Ambientalista del Valle de Siria, departamento de Francisco
Morazán. El dirigente es un público opositor a la actividad en la zona
de la minera Entremares, filial de la transnacional de origen canadiense
Goldcorp.
La detención de Amador “es una muestra más del
supuesto ’Estado de Ley’ que tiene secuestrado a Honduras”, advierte en
un comunicado de prensa la Organización Fraternal Negra Hondureña
(OFRANEH), que representa al pueblo garífuna. Este arresto “pone una vez
más en tela de juicio el aparato judicial en Honduras, donde la mayoría
de los operadores de justicia están al servicio de los intereses de la
elite feudal que controla el país”, agrega.
Amador, también comunicador social, quedó detenido el martes en el municipio de Talanga, en Franciso Morazán. La orden judicial de captura contra él y el dirigente comunitario Marlon Róbelo Hernández fue emitida por el Tribunal de Letras de Talanga, por denuncia de la familia Raudales Urrutia, que los acusa de obstaculizar la implementación de un plan de manejo forestal, autorizado por el Instituto de Conservación Forestal, para un área de 600 hectáreas en el cerro La Terracita, municipio de El Porvenir, Francisco Morazán. El Comité Ambientalista del Valle de Siria vincula la detención de Amador también a su oposición al accionar de Entremares (Goldcorp).
Según el Observatorio Ecuménico de los Derechos Humanos en Honduras, Amador acompaña solidariamente desde 2010 la lucha de más de 1000 familias de comunidades de esa zona que se oponen a la explotación de la reserva forestal, con el fin de proteger sus fuentes de agua. Amador encabezó la movilización de la comunidad del Valle de Siria para defender el bosque en el cerro La Terracita cuando en abril hombres armados con motosierras intentaron talarlo. De 600 a 700 personas se hicieron presentes en el lugar para evitar la destrucción. En ese entonces el dirigente denunció la irresponsabilidad tanto de la Fiscalía del Ambiente como del Instituto de Conservación Forestal, que ya sabían de las intentonas de deforestación y no habían tomado medidas para frenarlas.
En tanto, la minera Entremares lleva varios años en el Valle de Siria y es acusada allí de contaminación con cianuro y otros metales pesados, lo que ha afectado a la salud de la población local, según denuncia la OFRANEH.
La transnacional Goldcorp tiene antecedentes de destrucción ambiental y violación de derechos humanos. Por ejemplo, en Guatemala su filial Montana Exploradora es propietaria de la mina Marlin, en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, departamento de San Marcos. Allí la minera violó el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y a su autodeterminación. El emprendimiento también viola el derecho a la salud, a la protección del medio ambiente y de acceso al agua, entre otros.
De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA), reconoció en mayo de 2010 que la concesión minera a Montana Exploradora y el inicio de la explotación (2005) se concretaron sin consulta previa plena, libre e informada a las comunidades afectadas del pueblo maya. Por eso la Comisión ordenó al Estado guatemalteco una suspensión de las actividades.
“El valle de Siria se convirtió en una clara señal de las graves consecuencias que representa la minería a cielo abierto, las graves consecuencias ambientales y la miserable ganancia que aporta al erario nacional”, se lamenta la OFRANEH.
“Es inaudito que la Dirección General de Investigación Criminal haya procedido a detener al ambientalista Amador, que tiene como vocación defender la Madre Tierra”, dice la organización garífuna. “Sin embargo, esta es una muestra de la política de derechos humanos que existe en el país”, sentencia.
Foto: http://www.mimundo-fotorreportajes.org
Amador, también comunicador social, quedó detenido el martes en el municipio de Talanga, en Franciso Morazán. La orden judicial de captura contra él y el dirigente comunitario Marlon Róbelo Hernández fue emitida por el Tribunal de Letras de Talanga, por denuncia de la familia Raudales Urrutia, que los acusa de obstaculizar la implementación de un plan de manejo forestal, autorizado por el Instituto de Conservación Forestal, para un área de 600 hectáreas en el cerro La Terracita, municipio de El Porvenir, Francisco Morazán. El Comité Ambientalista del Valle de Siria vincula la detención de Amador también a su oposición al accionar de Entremares (Goldcorp).
Según el Observatorio Ecuménico de los Derechos Humanos en Honduras, Amador acompaña solidariamente desde 2010 la lucha de más de 1000 familias de comunidades de esa zona que se oponen a la explotación de la reserva forestal, con el fin de proteger sus fuentes de agua. Amador encabezó la movilización de la comunidad del Valle de Siria para defender el bosque en el cerro La Terracita cuando en abril hombres armados con motosierras intentaron talarlo. De 600 a 700 personas se hicieron presentes en el lugar para evitar la destrucción. En ese entonces el dirigente denunció la irresponsabilidad tanto de la Fiscalía del Ambiente como del Instituto de Conservación Forestal, que ya sabían de las intentonas de deforestación y no habían tomado medidas para frenarlas.
En tanto, la minera Entremares lleva varios años en el Valle de Siria y es acusada allí de contaminación con cianuro y otros metales pesados, lo que ha afectado a la salud de la población local, según denuncia la OFRANEH.
La transnacional Goldcorp tiene antecedentes de destrucción ambiental y violación de derechos humanos. Por ejemplo, en Guatemala su filial Montana Exploradora es propietaria de la mina Marlin, en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, departamento de San Marcos. Allí la minera violó el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y a su autodeterminación. El emprendimiento también viola el derecho a la salud, a la protección del medio ambiente y de acceso al agua, entre otros.
De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA), reconoció en mayo de 2010 que la concesión minera a Montana Exploradora y el inicio de la explotación (2005) se concretaron sin consulta previa plena, libre e informada a las comunidades afectadas del pueblo maya. Por eso la Comisión ordenó al Estado guatemalteco una suspensión de las actividades.
“El valle de Siria se convirtió en una clara señal de las graves consecuencias que representa la minería a cielo abierto, las graves consecuencias ambientales y la miserable ganancia que aporta al erario nacional”, se lamenta la OFRANEH.
“Es inaudito que la Dirección General de Investigación Criminal haya procedido a detener al ambientalista Amador, que tiene como vocación defender la Madre Tierra”, dice la organización garífuna. “Sin embargo, esta es una muestra de la política de derechos humanos que existe en el país”, sentencia.
Foto: http://www.mimundo-fotorreportajes.org
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