La iniciativa
priísta de reforma laboral no puede ser aprobada sin un ajuste de raíz.
Regular el mundo del trabajo en la globalización es urgente. Pero no con
esos elementos ni de la manera en que se la tramita. Su alma, visión de
lo laboral, materia de trabajo, bilateralidad, productividad, salario
infinitesimal, polivalencia, bonos y despido, entre otros, postula un
abaratamiento inadmisible de la mano de obra que afecta a muchos y
beneficia a pocos.
Incrementa las intensidades de la jornada de trabajo con menos
derechos, mínima protección social, pensiones a la baja y servicios de
salud cada vez más compactados. No puede ser aprobada porque su
contenido anima una propuesta de salida única que renuncia a ubicarse en
la realidad laboral del siglo XXI.
Sus impactos sobre la salud y la seguridad social son directos y negativos.
1) El cuadro vigente de prestaciones, pensiones y salud no podrá ser
financiado adecuadamente. El nivel de la cuota obrero-patronal
resultante de la iniciativa potenciará el efecto de insuficiencia para
cubrirlo, lo cual ya se aprecia en las tendencias en curso del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) después de
las
reformasZedillo (1995)-Calderón (2007).
Ello seguirá desbrozando el terreno para una
segunda generaciónde reformas tecnocráticas ya anticipadas por el secretario José Ángel Córdova Villalobos, Manlio Fabio Beltrones, Santiago Levy, Enrique Peña Nieto, Julio Frenk y la Coparmex. En todas se contemplan impuestos generales, con IVA incrementado a todos los consumos, compactando el cuadro vigente de prestaciones a
paquetes esenciales.
Simultáneamente se aguarda implantar nichos privados con afán de lucro en el
mercadode la salud
fomentando la competencia para ganar calidad. Ya privatizadas, las pensiones no garantizarán más que 37 por ciento del último salario devengado.
2) Al legalizar el contratismo de terceristas se promueve que los
patrones eludan sus compromisos laborales y lo hagan por ellos los
contratistas. Se materializan
fraudes legalescontra los trabajadores al suprimirse la responsabilidad solidaria del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo. Se reduce el costo de la fuerza de trabajo y se permite que en una misma empresa coexistan trabajadores con las mismas funciones, pero con salarios y prestaciones diferentes. El impacto recae en el nivel de cotización: la elusión y evasión sobre la cuota obrero-patronal seguirá presionando sobre las finanzas de IMSS-ISSSTE.
Se estima que la evasión al IMSS por outsourcing suma 40
millones de pesos diarios. Y cada vez son más Pymes las que recurren a
él. Hasta 86 por ciento de los trabajadores contratados pertenecen a
firmas que incumplen leyes fiscales y laborales. La Cámara de Diputados
ubica en 525 mil millones de pesos el desfalco fiscal ocasionado por ese
outsourcing durante 2005-primer trimestre de 2010.
Tanto el Inegi como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ubican a México en el lugar 19 mundial de recurrencia al outsourcing,
sumando 2.4 millones de trabajadores. Si estos millones dispusieran de
contratos tradicionales hubieran generado obligaciones por casi 302 mil
millones de pesos. Pero por la subcontratación sólo generaron 23 mil
millones de pesos. La facturación empresarial ha generado un IVA por 140
mil millones de pesos, no necesariamente enterado.
Y al perjuicio inmediato para los trabajadores se agrega la
afectación directa de su pensión al reducirse la contribución al fondo a
una base de 1.5 salarios mínimos. Sólo en los recientes cinco años, uno
de cada siete trabajadores han sido contratados vía outsourcing.
Más de la mitad de ellos se ubican en el Distrito Federal. Su presencia
se duplicó minando los derechos laborales y reduciendo las aportaciones
a la seguridad social y al fisco.
Para decirlo con las palabras de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH):
Hoy no existe regulación y se carece de datos para atacar el problema. No existen estadísticas de cómo está el sector de terciarización en México. Fuera de la AMECH no sabemos cómo están los demás. No lo sabemos porque no hay datos y no hay datos porque no hay regulación.
Sobra reiterar que la calidad de los empleos es completamente precaria, cuando mejor.
Pero la iniciativa, en vez de restringirlo y fiscalizarlo a través de
la inspección del trabajo, tal como hoy se hace en Argentina y Chile,
opta por la subcontratación como un sector
dinámico, generador de empleos y de ingresos adecuadamente regulados por la ley.
Una vez divulgada la iniciativa, hasta Patricio Flores, de la Confederación de Trabajadores de México, manifestó que la reforma
está corta porque hay que definir la figura patronal, que es donde se da la evasión. Es decir, qué tipo de patrón, cuántos patrones hay y qué se requiere para que otro sea solidario del que contrata.
Mientras la propia AMECH ha debido reconocer que
es insuficiente para detener a las empresas ilegales que hoy evaden sus obligaciones obrero patronales.
Un gran tema pendiente es el de los otros impactos de la iniciativa
sobre las leyes del Seguro Social, ISSSTE, contrato colectivo de trabajo
del IMSS y las condiciones generales de trabajo del ISSSTE. Por
ejemplo: el artículo 39 de la iniciativa se traduce en pérdida de
derecho a las prestaciones en especie: seguro de enfermedades y
maternidad, y en dinero: incapacidades, de la Ley del Seguro Social.
La iniciativa no construye una combinación equilibrada y moderna
entre protección social y nuevo entorno laboral, que es lo que se
requiere. Dinamita el arreglo del siglo XX. Pero no está en el XXI.
Hunde el soporte financiero y la misión cohesiva de la salud y seguridad
social de los mexicanos.
*Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco
Vìa :
http://www.jornada.unam.mx/2011/04/16/index.php?section=opinion&article=019a1pol
http://www.jornada.unam.mx/2011/04/16/index.php?section=opinion&article=019a1pol
No hay comentarios:
Publicar un comentario