LEÓN, GTO, 6 de abril (Proceso).- El 21 de marzo los familiares de los cazadores originarios de esta ciudad, detenidos por policías municipales de Zacatecas y entregados a Los Zetas, lograron la intervención del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) de la ONU.
Su caso –como otros presentados durante la visita del GTDFI a México, del 18 al 31 de marzo– se apega a la definición internacional sobre desaparición forzada de personas en la que participan agentes del Estado y refleja los obstáculos que deben sortear los familiares de las víctimas para lograr que los órganos de procuración de justicia actúen.
Negligencia para admitir la denuncia por desaparición forzada, amedrentamiento a familiares y víctimas para cesar la búsqueda, estigmatización de las víctimas y lentitud en las indagatorias para esclarecer el caso, a pesar de que al menos cuatro presuntos responsables ya están siendo procesados por los hechos, son algunas de las irregularidades que denunciaron a Proceso José Luis Cordero Anguiano, Pablo Bocanegra García, Jeny Romero Manrique y Alicia Rocha.
Ellos son familiares del subteniente retirado Ernesto Cordero Anguiano, de Diego Cordero Anguiano, José Diego Cordero Valdivia, Alan Josué Bocanegra López y José Javier Martínez, desaparecidos en diciembre pasado.
Lo familiares de los secuestrados fueron entrevistados por este semanario el 25 de marzo en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez (CDHVD), organización que los ha ayudado desde que ocurrieron los hechos.
Narraron que el 4 de diciembre del año pasado 10 personas salieron de León rumbo a la sierra de Morones, en Zacatecas. Eran aficionados a la caza, inscritos al Club Cinegético Aldama y llevaban tres escopetas calibre 12 y un rifle 3006, con registro en la Secretaría de la Defensa Nacional, así como una escuadra 9 milímetros, arma de cargo de Ernesto Cordero.
Días después, los familiares de los cazadores supieron qué pasó: el 6 de diciembre hacia las cinco de la tarde fueron detenidos en un retén ubicado en la carretera entre el municipio de El Plateado de Joaquín Amaro y el municipio de Tabasco.
En la detención participaron nueve policías, siete de ellos de El Plateado de Joaquín Amaro. Los bajaron de su vehículo y los llevaron a la cárcel municipal supuestamente para confirmar la autenticidad de sus permisos de portación de armas; ahí fueron golpeados y les robaron celulares, documentos personales y las armas.
Seis horas más tarde los policías llevaron a los cazadores a una gasolinería cerca de la capital zacatecana, hasta donde llegaron varias camionetas en las que viajaban unos 20 hombres armados, vestidos de negro y encapuchados. Se los entregaron.
“Primero dijeron que pertenecían a inteligencia militar y después, que eran zetas”, contó uno de los cazadores que escapó y pudo volver a León incluso con tres heridas de bala y golpes en todo el cuerpo.
Los cazadores fueron llevados a una casa de seguridad donde los interrogaron. Un menor de edad fue separado del grupo, pero no se libró de la tortura: lo quemaron con cigarros, le marcaron la pierna con un cuchillo y después lo llevaron a la terminal de autobuses de Zacatecas con 200 pesos para que regresara a León.
Intervención militar
El 9 de diciembre, con la información del sobreviviente, los familiares interpusieron denuncias en León y Zacatecas y fueron a dar parte a la XI Zona Militar.
En su búsqueda de ayuda recibieron el mensaje de un conocido suyo que tiene contactos en la policía zacatecana: “Nos dijo que el asunto era muy delicado, que era un problema con los mismos policías, que no se arrimaran los familiares a poner ninguna denuncia porque ya nos estaban buscando, que íbamos a correr la misma suerte”, contaron Bocanegra y Cordero.
Días después siete policías de El Plateado de Joaquín Amaro y seis civiles que tenían el vehículo de los cazadores fueron detenidos por los militares. Cuatro de los primeros, incluido el director de la Policía Municipal, Julio César Ortiz López, fueron reconocidos por el sobreviviente y están siendo procesados por delincuencia organizada, secuestro y robo, en tanto que de los civiles sólo se sabe que admitieron pertenecer a la delincuencia organizada.
Pablo Bocanegra afirma que el hecho de que los civiles tuvieran la camioneta de sus familiares “es prueba de que hay complicidad con las policías. ¿Cómo era posible que se movieran libremente en ella?”.
Para los familiares la búsqueda de justicia ha significado “un calvario” porque no han visto voluntad de las autoridades de Zacatecas, a pesar de que se cuenta con la incondicionalidad del testigo para declarar, de que hay un video de seguridad de la gasolinería donde fueron entregados y de que hay evidencia de que el celular de una de las víctimas era usado por una persona desconocida.
En un primer intento de reconstrucción de los hechos el sobreviviente fue hostigado:
“Los judiciales de Zacatecas no quisieron llevarlo a los sitios por los que pasó durante su huida y cuando lo interrogaban trataban de hacerlo caer en contradicciones, como para desmentir su historia de que había huido. Uno le dijo: ‘Si yo te hubiera estado cuidando, no te me habrías ido vivo’. Le pusieron las fotos de los policías en una computadora donde no se veían bien y después en la computadora lo hicieron que localizara el último lugar donde los vio, pero se cayó internet.”
El 4 de marzo los familiares se entrevistaron con el procurador zacatecano, Arturo Nahlé, quien les confesó que cuando ocurrieron los hechos “no había hecho caso a la denuncia porque creía que era un pleito entre cárteles, que por esos días se había formado un nuevo grupo que se llamaba Cárteles Unidos y que en la Procuraduría pensaron que le estaban disputando el terreno a Los Zetas”.
En esa reunión –que se hizo en León pues Nahlé consideró que los familiares corrían riesgo en Zacatecas, que está “indundado del crimen organizado”– se les mostró una copia del expediente, que incluye solicitudes a la PGR para conocer los antecedentes de las víctimas.
“¿Por qué investigan a nuestros seres queridos y no a los responsables?”, pregunta Lourdes Valdivia, esposa de Diego Cordero y madre de Juan Diego Cordero. “¿Por qué no han querido rastrear las llamadas? ¿Cómo es posible que teniendo a los policías responsables detenidos nos digan que han confesado que recibieron órdenes de entregarlos pero que no saben dónde están?”.
Los familiares tuvieron que soportar los cuestionamientos a la honorabilidad de las víctimas. “Nos dijo que nuestra gente eran unos cazadores sui géneris porque la cacería era un deporte caro y que nosotros no tenemos dinero como para eso; que qué esperábamos que pasara si ellos iban armados y con ropa de camuflaje, más en Zacatecas, dándonos a entender que acaso fue una confusión”, agrega Lourdes Valdivia.
Hasta ahora, coinciden, las autoridades responsables sólo han cuestionado la presencia de los cazadores en la sierra de Morones, pese a que han entregado como pruebas los permisos de portación de arma, los registros de pertenencia al Club Cinégetico Aldama, el testimonio del sobrevivente y a que en el vehículo en el que viajaban estaba la ropa de camuflaje y la piel en descomposición de la presa cazada.
Manifestaron su temor de que “desaparezcan al testigo”, por lo que el pasado 31 de enero el Centro Victoria Diez solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para Bocanegra, con la lentitud en las indagatorias y los obstáculos “las autoridades de Zacatecas tienen intención de que se nos olvide, que nos cansemos; pero están equivocados. Esa actitud también nos hace pensar que hay complicidades en las corporaciones policiacas, por eso pedimos la intervención de la PGR”.
El caso Radilla
El caso de los cazadores de Léon es un ejemplo de lo que el GTDFI ha llamado “patrón crónico de impunidad en México”. “En todo nuestro viaje sólo nos informaron de dos condenas de desaparición forzada, uno es en el DF y otro de un militar implicado”, señala Ariel Dulitzky, especialista del Grupo de Trabajo entrevistado después de presentar el informe preliminar de la visita, el 31 de marzo.
De esa visita surgió un documento con un diagnóstico y 34 recomendaciones preliminares. El informe final será difundido en marzo del año próximo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Dulitzky, exsecretario técnico adjunto de la CIDH, destacó que en las reuniones con familiares de víctimas los temas de coincidencia son “una desconfianza muy alta de las autoridades federales y de las entidades federativas, un temor muy grande a represalias, la estigmatización de las familias y una transferencia de las responsabilidades del Estado a las familias para investigar, eso en los casos de desapariciones de mujeres, secuestro de migrantes, de la guerra sucia y de casos posteriores a 2006”.
Dulitzky reconoció que “en los casos de la guerra sucia los perpetradores eran fundamentalmente del Ejército o de la Dirección Federal de Seguridad; hoy lo que vemos es que varias entidades estatales han estado implicadas en actos de desaparición forzada; lo vemos en testimonios que implican a policías municipales o estatales, a agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Policía Federal; ahora no es el Ejército la única institución sobre la que hay alegaciones de desapariciones forzadas”.
En espera de que la disposición que tuvo el gobierno de Calderón para el escrutinio en materia de desaparición forzada se traduzca en la admisión de las recomendaciones del GTDFI, Dulitzky destacó que hay un “deterioro en materia de violaciones a los derechos humanos en México” que se expresa en el incremento preocupante de las denuncias contra el Ejército, entre ellas por desaparición forzada.
“Si lees la primera recomendación preliminar –dice a Proceso– puedes sacar tus propias conclusiones; pedimos reconocer el problema, con lo que estamos diciendo que las autoridades no quieren reconocerlo, no asumen que hay un problema de desaparición forzada en México, lo cual unido al tema de que hay indicios del deterioro de la situación de derechos humanos, es preocupante.”
“Yo soy familiar de desaparecidos. Dos primas mías fueron detenidas y desaparecidas en 1978 en Argentina. Sé de su dolor y de su incertidumbre”, se presentó Dulitzky ante medio centenar de personas en el auditorio de la Ciudad de los Servicios de Atoyac de Álvarez, Guerrero, el 27 de marzo.
El espacio utilizado en el encuentro con integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de México y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos (Afadem-Fedefam) formó parte de un cuartel al que cientos de personas fueron llevadas por las Fuerzas Armadas y de las que no se sabe nada desde hace casi 40 años.
Dulitzky apuntó en su presentación que su solidaridad y reconocimiento no sólo es por el dolor común que lo une con los familiares de desaparecidos en México, sino porque a diferencia de este país, en Argentina al menos hay 600 militares encarcelados por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, “signo de esperanza y de que al menos hay un poco de justicia”.
La reunión, fue coordinada por Tita Radilla Martínez, vicepresidenta de la Afadem e hija del líder campesino Rosendo Radilla, detenido y desaparecido por militares en 1974, hechos por los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia que hasta ahora no ha sido cumplida por el Estado mexicano.
Asistido por personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Dulitzky escuchó una veintena de testimonios de familiares de desaparecidos durante la guerra sucia, una pequeña muestra de los más de 400 casos perpetrados de 1969 a 1978 documentados por la Afadem en Atoyac.
Atento, el especialista de la ONU escuchó las historias de madres, padres, esposas, hermanas y hermanos de habitantes de este municipio que fueron arrestados por miembros del Ejército Mexicano, la Brigada Blanca, la DFS o policías judiciales bajo las órdenes del hoy general condecorado Mario Arturo Acosta Chaparro.
Los familiares que han recorrido a todas las instancias posibles pidieron a Dulitzky que el GTDFI se pronuncie por el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana para el caso Radilla con la esperanza de que en su búsqueda se localice a desaparecidos en circunstancias similares.
Así lo explicó Tita Radilla al enviado de la ONU:
“El único punto que se cumplió es la publicación de la sentencia y han intentado cubrir otros puntos, pero a nosotros no nos interesan las placas (de reconocimiento de la desaparición forzada de Radilla Pacheco) ni siquiera que el gobierno reconozca su responsabilidad, sino que investiguen de forma exhaustiva y efectiva el paradero de Rosendo, porque cuando eso ocurra van a encontrarse a más personas.”
Ariel Dulitzky comenta a este semanario que a pesar de la disposición de diálogo de la autoridades mexicanas para abordar el tema, hubo asuntos que no pudieron explicar, de los que se dejó constancia en el documento preliminar.
“En el caso de la guerra sucia, no pudieron informarnos qué investigaciones están haciendo, qué juicios vienen o si se va a detener a alguna persona en el corto plazo”, dijo.
Para el especialista “escuchar de una persona que no sabe lo que pasó hace una semana con su ser querido y a otra que no sabe lo qué pasó desde hace 30 o 40 años, es el mismo sufrimiento. Los testimonios demuestran que se trata de un delito permanente, no es sólo que no aparezca el cuerpo”.
Añade: “La impunidad adquiere una nueva dimensión en cuanto a la desaparición forzada: si uno no puede cerrar un ciclo porque no se sabe qué pasó ni dónde está la persona, y si a eso se le suma que tampoco hubo justicia, la permanencia (de la impunidad) es múltiple”.
Fuente, vìa :
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/89991
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