El acuerdo entre oficialismo y oposición se materializó en un amplio
apoyo a la iniciativa que crea la Agencia de Calidad y la
Superintendencia de Educación. Solo algunos parlamentarios radicales
rechazaron el texto, mientras en las tribunas, funcionarios del Mineduc
que protestaban fueron desalojados. "La alianza entre la derecha y la
Concertación sigue cercenando al aparato público, están entregando
funciones a terceros", acusan.
Con un desalojo terminó este miércoles la sesión en que el Senado
aprobó el proyecto de Ley de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación, que establece la creación de la Agencia de Calidad y la
Superintendencia de Educación.
Carabineros de la sede del Congreso Nacional en Valparaíso sacaron de
las tribunas de la sala a representantes de la Asociación Nacional de
Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime), quienes se
manifestaban en contra de la iniciativa legal, por el traspaso de
funciones a privados.
El proyecto pasará ahora a un tercer trámite constitucional, porque
se rechazó un artículo en la sala del Senado. Aunque deberá revisarse,
el texto tuvo amplio apoyo por parte de parlamentarios tanto de la
Concertación como de la Alianza, materializando así el acuerdo al que
habían llegado ambos bloques antes de la votación. Solo algunos
legisladores radicales rechazaron el texto, como el presidente de la
colectividad, José Antonio Gómez.
Egidio Barrera, presidente nacional de Andime, calificó como
“espectáculo lamentable” el acuerdo: “Las alianzas entre la derecha y la
Concertación existen solo y únicamente para seguir cercenando al
aparato público, nuestro ministerio y las facultades de fiscalización
que teníamos. Están entregando a la Superintendencia y Agencia las
funciones que supuestamente van a cumplir, pero que este proyecto de ley
deja abierto que puedan ser cumplidas por terceros”.
El dirigente explicó que, según la normativa que se tramita en el
Parlamento, “terceros podrían hacer inspección a los colegios y el
honorario de ese inspector lo va a pagar el mismo sostenedor al cual va a
ir a inspeccionar. Hay cláusulas de esa poca rigurosidad jurídica”.
Barrera subrayó además denuncias sobre millonarios fondos entregados a
los municipios para educación, que son manejados externamente e
“invertidos en cosas que no tienen nada que ver con la calidad de la
educación”.
“¿Quién va a ir a fiscalizar eso ahora? La Agencia no, tampoco la
Superintendencia. La mayoría de las instituciones que se van creando
buscan mermar al Estado, sus facultades fiscalizadoras e investigadores
y, lo que es peor, se atenta contra los más pobres de Chile”, acusó.
El dirigente señaló que buscarán revertir la situación en la Cámara
de Diputados, donde el proyecto ya había sido rechazado, y argumentó que
“hay artículos absolutamente inconstitucionales, que vulneran la
calidad de vida de los ciudadanos y de la gente que tiene derecho a una
mejor educación”.
“Lo que se hace es seguir externalizando las facultades del
ministerio a terceros. Éstos no han dado el ancho durante todo el tiempo
que han tenido a su cargo este tipo de asesorías que se están
entregando. El Simce, por ejemplo, ha entregado una cantidad de
información que es válida y que no se ha dado a conocer: los mejores
resultados se han dado en las escuelas municipales que son apoyadas y
supervisadas por el ministerio de Educación en la actualidad”, concluyó.
Vìa :
http://radio.uchile.cl/noticias/110318/
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