No es ésta la primera vez que Álvaro Baeza es
protagonista de un acuerdo legal millonario que aparentemente resultó
lesivo para sus representados. En esta columna el autor revela que en
2007 Baeza asesoró a la Asociación de Canteros de Colina para evitar que
fueran expulsados de sus pertenencias en Chicureo por presiones de una
inmobiliaria. Su defensa de los intereses de los trabajadores culminó
con la firma de un “acuerdo marco” en que sus defendidos cedieron los
predios y los $800 millones que la inmobiliaria pagó a los canteros
terminaron íntegramente en los bolsillos de Baeza como “honorarios”.
Vea
además la investigación de CIPER con los documentos que prueban que
Baeza era socio de una de las empresas interesadas en las pertenencias
de los canteros de Colina.
En septiembre de 2007
me correspondió por pura casualidad llegar a una asamblea de
trabajadores de la piedra en el norte de Santiago, un grupo al que se le
conoce como “los canteros de Colina”. Debido a una serie de acusaciones
que recaían sobre ellos por el uso de explosivos, estaba en esa reunión
a la espera de entrevistar al presidente de la organización.
Mientras esperaba y escuchaba el relato de un abogado que se dirigía a
la concurrida asamblea, me di cuenta que el motivo de la reunión era
una verdadera bomba periodística para la zona. Hacía pocos días estos
trabajadores de la piedra habían descubierto que la anterior
administración de su agrupación gremial, la Asociación de Canteros de
Colina, había vendido cerca del 80 por ciento de las pertenencias
mineras en las que trabajaban los 250 miembros de la entidad. Los
canteros reclamaban que ellos nunca autorizaron ni supieron de esa
venta. El resto del pueblo, dependiente también del trabajo de la
piedra, tampoco lo sabía.
La enajenación de las pertenencias se había concretado tras la firma de un “acuerdo marco” (ver documento)
entre los representantes de los canteros y dos empresas interesadas en
los predios. El abogado que asesoró a la directiva de los trabajadores y
que los convenció de suscribir ese acuerdo, con el que terminaron
desprendiéndose de sus bienes, fue Álvaro Baeza Guíñez.
El mismo que ahora asesoró a la ministra de Vivienda, Magdalena Matte,
en el polémico pago de $17.000 millones al Consorcio Kodama y que es
investigado por el Ministerio Público y la Contraloría General de la
República.
En esa reunión a la que asistí en septiembre de 2007, el nuevo
abogado de los canteros les estaba interpretando seis contratos,
derivados del “acuerdo marco”, que había podido rescatar -a punta de
presión y amenazas- a los anteriores dirigentes de la agrupación. Y para
rematar, utilizó la siguiente frase: “Amigos, disculpen el ejemplo,
pero a ustedes se los violaron y cuando no terminaban de subirse los
pantalones ya se los habían violado nuevamente”.
Pero
las sorpresas no quedaron en esos seis contratos. Con el paso del
tiempo, esos seis documentos iniciales se transformaron en 18, todos
firmados por un par de inmobiliarias interesadas en desalojar la
actividad cantera de un sector que sería destinado a construir lujosos
condominios y por una empresa de áridos, interesada en explotar la roca
existente en el lugar. Como contraparte, los contratos llevan la rúbrica
de Elías Aravena Villarroel, entonces presidente de los canteros, y
otros cuatro directores de la asociación gremial, todos encomendados por
sus representados para enfrentar la amenaza del negocio inmobiliario y
posibilitar la continuidad de su centenaria labor en los cerros del sur
de Colina. El mismo sector que actualmente es conocido como Chicureo,
una exclusiva zona residencial de primerísimo nivel.
El presidente subrogante de los canteros, sucesor de Elías Aravena,
me entregó los seis contratos y comencé a estudiar el tema. En el
intertanto, fui conociendo más profundamente a los canteros, comprobando
que, con suerte, la totalidad de ellos había cursado octavo básico.
¿Cómo entendieron entonces, los 18 contratos que sus representantes y su
abogado iban a firmar (o que ya habían firmado)? En realidad, no habían
entendido nada, porque el asesor que tuvieron a la hora de
representarlos en la tensa relación que llevaban con las inmobiliarias,
según ellos, sólo les había pedido autorización para “iniciar
conversaciones”, algo que la asamblea de los canteros autorizó cuando el
abogado les “explicó” lo que iba a hacer. Según ellos, nadie les dijo
nada de vender sus preciadas pertenencias mineras.
En medio del ajetreo en que se convirtió este caso, apareció el
escrito del “acuerdo marco” (ver documento) que posibilitó la
transacción. Y surgió una nueva revelación. Finalmente se lograba
establecer que poco más de las 200 hectáreas de propiedad minera de los
canteros de Colina (de un total de 300), se habían vendido a una
inmobiliaria por 800 millones de pesos. A ello se agregaba que hasta esa
fecha, los canteros no sabían dónde estaba esa cuantiosa suma.
Establecer el destino del dinero se dificultó aún más cuando el ex
presidente de la asociación, Elías Aravena, se “fuga” a la localidad de
Casablanca, donde se construye una casa nueva y abre un nuevo taller de
piedra. Gran capacidad de ahorro…
Pues bien. La pregunta obvia es: ¿Quién era este abogado asesor de
los canteros de Colina que viene a “defenderlos” para que no les quiten
algo de su propiedad y termina negociando con las inmobiliarias gran
parte de las hectáreas mineras, a cambio de un dinero que se evaporó?
La respuesta estaba en Las Canteras de Colina. Esta empresa de
áridos, interesada en “hacerse” de la roca molida de los canteros (qué
reconfortante tener una fuente de áridos a metros del sector en
construcción más caro de Chile: Chicureo), había puesto a disposición de
los humildes “picapedreros” un abogado de prestigio, de reconocida
trayectoria, con bufete propio y sin registro en el Colegio de Abogados;
un profesional de las leyes con una capacidad de oratoria y un
desplante capaz de acallar a cualquier suspicaz ex alumno de octavo
básico del colegio de Las Canteras: Álvaro Baeza Guíñez.
En una confesión sacada como se resuelven la cosas en Las Canteras,
el fugado ex presidente reconoció ante sus colegas el valor de los
honorarios pagados a este asesor legal, configurando la curiosa
casualidad de que la cifra que se “embolsó” este profesional concordaba
íntegramente con lo pagado por la inmobiliaria por las pertenencias
mineras de los canteros: 800 millones de pesos. Es decir, TODO lo que
había transado el abogado por las pertenencias fue a parar a sus propios
bolsillos. Eso, sin contar lo que también le iba a pagar la empresa de
áridos Las Canteras de Colina por defender a los canteros.
Obviamente,
me correspondió entrevistar a Baeza, un verdadero flautista de Hamelin
frente a su interlocutor. Es por esa misma razón que no me sorprende lo
de Kodama-Serviu y que la ministra Magdalena Matte terminara firmando el
pago de 17.000 millones de pesos, proceso que luego fue detenido en
procura de nuevos antecedentes.
En aquella conversación telefónica el hombre dio cuenta de su ego,
refiriéndose a los 18 contratos como verdaderos “tratados de derecho” y
como un material que debería ser de estudio en las universidades, ya que
los canteros no tenían ni una sola posibilidad de ganar a las
inmobiliarias sin su participación (este consejo podría ser
perfectamente aplicable al caso Kodama: “Ministra, no hay posibilidad de
ganar; hay que negociar con Kodama y pagar, al menos, parte de lo que
piden”).
Respecto de sus honorarios, me confirmó que entregó la respectiva
boleta y que efectivamente había cobrado los 800 millones de pesos, una
cifra que era habitual -dijo- para un profesional de su nivel. Al
consultarle por el valor de las propiedades mineras de los canteros, me
señaló que no valían ni un peso. ¡Un paladín de la justicia!
Luego de embolsarse los recursos de la transacción de los canteros,
Baeza desapareció del pueblo. Y los canteros, obviamente, comenzaron a
ser expulsados de sus ahora ex pertenencias mineras por parte de las
inmobiliarias. Fue en ese momento que los trabajadores contrataron un
nuevo abogado y entablaron una demanda que sigue vigente hasta hoy. En
ella, Baeza fue acusado de prevaricación y estafa. Un pequeño problema
que no le impidió ser contratado como asesor y apoyo jurídico por la
ministra de Vivienda. Por supuesto, la resolución de la demanda de los
canteros de Colina no ha tenido la misma y sorprendente celeridad que sí
tuvo la que interpuso Kodama contra el Serviu, que se solucionó en 30
días con el pago de los 17.000 millones, proceso en el que tuvo un rol
protagónico el ahora ex asesor de la ministra Matte que participó en las
negociaciones: Álvaro Baeza Guiñez.
No sé por qué el caso Kodama me huele a Modus Operandi…
Vìa :
http://ciperchile.cl/2011/04/16/la-sorprendente-historia-del-abogado-que-asesoro-a-la-ministra-matte-en-el-millonario-pago-a-kodama/
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