El Cuarto Juzgado de Garantía negó la libertad a Alejandro Rodríguez
Escobar, quien se encuentra recluido desde el 30 de agosto de 2010 en la
Cárcel de Santiago Uno, y que mantiene una huelga de hambre líquida
desde el 21 de diciembre, denunciando un montaje político y judicial en
su contra que le mantiene privado de libertad a pesar de no existir
pruebas en su contra que lo vinculen a los delitos de los que le acusan.
Alejandro Rodríguez es un ex preso político y ex militante del
MAPU-Lautaro, permaneció en prisión 12 años y recuperó su libertad el
2004.
El 30 de agosto de 2010 fue
detenido junto al también ex preso político Patricio Gallardo Trujillo,
quien se sumó a la huelga de hambre este 31 de diciembre. La Fiscalía
los acusa de participar en un asalto ocurrido en septiembre de 2009.
El
tribunal acogió el recurso interpuesto por el Ministerio Público de
ampliar el plazo de investigación y rechazó la petición de cambiar la
medida cautelar. Decisión que para la abogada de Rodríguez, Alejandra
Arriaza, sólo demuestra la presunción de culpabilidad con la que está
actuando la justicia chilena: “Aquí claramente no está imperando el
principio de inocencia del que gozaría cualquier ciudadano que es
encausado, existe una presunción de culpabilidad. Es precisamente con
antecedentes pasados, es decir, las condenas que registra en su extracto
de filiación y antecedentes por parte de la justicia militar, las que
hacen asumir la culpabilidad de Alejandro en estos hechos. Creemos que
aquí hay una justicia que hace diferencias, a Alejandro se le están
privando los derechos de los que gozaría cualquier ciudadano”, señaló a
la prensa.
Alejandro Rodríguez inició una
huelga de hambre líquida de manera indefinida, en razón a la ilegalidad
de la prisión que lo afecta y a la violación a las normas del debido
proceso que lo afectan, lo que constituye una violación grave y
flagrante a sus derechos fundamentales. El Cuarto Juzgado de Garantía le
había concedido la libertad en dos ocasiones, criticando las “pruebas”
aportadas por el Ministerio Público, señalando incluso que los
reconocimientos fotográficos y la rueda de detenidos son “completamente
ilegales”. El juez Jorge Norambuena señaló que anteriores condenas
sufridas en 1999 y 2000 no serían consideradas como antecedentes de
“mala conducta” por su Juzgado, porque fueron dictadas por tribunales
militares que no respetaron las garantías de un Estado democrático de
derecho e invocó los convenios internacionales suscritos por el Estado
de Chile en esta materia. El magistrado estimó “insuficientes e
ilegales” las pruebas que la Fiscalía presentó e invocó la Convención
Americana de Derechos Humanos. Más aún, el día que lo acusan del asalto
Alejandro se encontraba trabajando en la empresa de fotocopiado Max
Hüber, donde cumplía horario y marcaba tarjeta todos los días. De eso
hay constancias y documentos que en la audiencia de este martes 4 de
enero no fueron considerados “suficientes” por el tribunal. El
Ministerio Público en conocimiento de la ilegalidad de las pruebas
rendidas y de lo absurdo de las imputaciones formuladas, y no obstante
el tiempo transcurrido privado de libertad, persiste en inculparlo, todo
lo cual obedece a la condición de ex militante y preso político,
transformando el proceso penal en su contra en un montaje que no tiene
otro propósito que escarmentar y perseguir a luchadores sociales, que
alguna vez por su condición de militantes de movimientos de izquierda
entraron en conflicto con la ley. Incluso en ese esfuerzo se le intentó
vincular al “Caso bombas”.
Fuente, vìa :
http://www.argenpress.info/2011/01/chile-niegan-libertad-alejandro.html
http://www.argenpress.info/2011/01/chile-niegan-libertad-alejandro.html
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