Una nueva masacre contra mineros artesanales en el departamento de Cauca en Colombia perpetrada esta semana es divulgada por los aparatos “informativos” colombianos como producto de una riña entre comunidades locales, pese a los testimonios en contrario que hablan de la responsabilidad de fuerzas militares y de la presión de las trasnacionales que allí operan.
La región de los departamentos de Valle del Cauca y Cauca en Colombia cuenta con gran número de ancestrales asentamientos negros en las riberas de los ríos, descendientes de las poblaciones esclavas en las fincas cañeras y los ingenios de la región.La construcción de una presa, “Salvajina” por parte de la trasnacional española Unión Fenosa, sobre el río Ovejas, motivó el desplazamiento de unas 3 mil personas de varias comunidades afrodescendientes del lugar. Por otra parte mineras trasnacionales como la Anglo Gold Ashanti recibieron concesiones sin mediar consulta a las comunidades.
Las tierras que antes ocupaban se sumaron al monocultivo cañero para azúcar y etanol, en tanto que las comunidades se han dedicado como medio de subsistencia a la minería artesanal, “entorpeciendo” con ello los planes expansivos de las trasnacionales asociadas a capitales locales.
En el municipio de Suárez, la comunidad del consejo comunitario de La Toma ha venido sufriendo situaciones que amenazan con el desplazamiento de su población, además de las amenazas a los líderes y lideresas que impulsan el proceso de defensa del territorio frente a las empresas multinacionales, tanto hidroeléctricas como mineras.
De hecho, el régimen de Álvaro Uribe ha venido entregando permisos y títulos mineros de exploración y explotación a personas foráneas y a empresas internacionales como Anglo Gold Ashanti y Cosigo Resort, sin que se diera el proceso de consulta previa y consentimiento previo libre e informado que por obligación se debe cumplir en territorios de afrodescendientes tal y como lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Si bien las amenazas y amedrentamientos a líderes locales por parte de militares y paramilitares (denominados “Águilas Negras”) son moneda corriente, el pasado 7 de abril éstas pasaron a transformarse en una cruel realidad.
Ese día, en horas de la tarde en una mina de oro a orillas del río Ovejas, en territorio del consejo comunitario La Toma, fueron asesinados ocho mineros y otro resultó herido.
Según versiones del sobreviviente, los asesinos llegaron diciendo que no tenían por qué estar en ese sitio y sin mediar más palabras les dispararon.
Para testigos y miembros de organizaciones de Derechos Humanos que trabajan en la zona son inverosímiles las versiones según las cuales la masacre contó con colaboración de fuerzas guerrilleras, dado que se trata de una zona “bajo absoluto control militar” desde la construcción del embalse “Salvajina” y el Ejército domina todo lo que allí ocurre.
En entrevista con la emisora alternativa “Contagio Radio”, desde el lugar de los hechos, una lideresa describe la situación y señala la preocupación por las crecientes amenazas recibidas por integrantes de la organización afro Proceso de Comunidades Negras (PCN), que allí trabajan.
Esto ha ocasionado el desplazamiento de los líderes y lideresas de dichas comunidades dejándolas en una situación de indefensión sobre la cual se alerta a la comunidad internacional.
“Lo que dice el periódico El Espectador y la cadena Caracol sobre las disputas entre comunidades no es así y queremos aclararlo ante la opinión pública”, sostuvo la lideresa desmintiendo las versiones “oficiales” sobre estos crímenes.
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