Esta directiva ha sido particularmente agravada por el gobierno de Italia, que estableció una reclusión doble para los imposibilitados de retornar a su país, la aplicación de multas por el tiempo que no puedan hacerlo y la formación de brigadas civiles para denunciar a los ilegales. Uno no puede menos que recordar el régimen de Mussolini.
Un hecho más. La Constitución de Bolivia, vigente desde febrero de 2009, reconoce la nacionalidad boliviana de origen a todo recién nacido en el exterior, hijo de padre o madre bolivianos. Bastó ese principio, que recoge la esencia misma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para que, en España, donde hay una numerosa colonia boliviana, se anunciara que, a partir de ese momento, España se liberaba -ese fue el término usado- de otorgar nacionalidad española a los recién nacidos de padres bolivianos. Hubo que impedir la aplicación de tan grosera disposición, estableciendo que el reconocimiento tenía vigencia a partir de la inscripción que hiciesen los padres en los consulados de Bolivia.
¿Cuál es la legalidad de las medidas adoptadas en la UE y agravadas en algunos de sus países componentes? Por supuesto que puede aducirse la soberanía de las naciones para tomar este tipo de decisiones. Añadiríamos, a favor de tal derecho, que los países tienen que preservar la seguridad de sus habitantes, impidiendo el ingreso libre de quienes pueden ingresar con propósitos nefastos, como el tráfico de drogas, comercio de armamento, trata de blancas y un largo etcétera. Pero ocurre que, la Directiva de Retorno, no se dirige a esas personas, sino a los pobres que han llegado buscando trabajo que no encuentran en su país. Los traficantes, estafadores, negociantes, tienen suficiente dinero para transitar por todos los países del mundo, en las mejores condiciones. No se trata de ellos. Una vez más, las víctimas son los pobres.
A lo largo de la historia, siempre hubo un traslado de gente hacia los centros de poder. Las capitales de los grandes imperios se poblaban cada vez más, como centros donde se generaba la riqueza. Esa tendencia no ha cambiado; al contrario, se acentuó el siglo pasado cuando, más allá del enriquecimiento de los centros de poder, hubo una acumulación abusiva de los recursos de otras naciones hasta dejarlas en la inopia. En consecuencia, la migración se hizo inevitable y, como es lógico, evadió los trámites legales que, normalmente, niegan permiso de ingreso.
Pero es cierto, como también lo comprueba la historia, que los poderosos aceptan y hasta favorecen esta migración ilegal. De esa forma, tienen mano de obra barata, sin la obligación de otorgarles ningún servicio. Esa mano de obra es requerida para el desarrollo y los programas de mayor enriquecimiento de los países poderosos. Cuando ocurre una crisis y se detiene la maquinaria del desarrollo, esa especie de esclavos útiles para la prosperidad, se convierten en material desechable; los gobiernos toman medidas para deshacerse de ellos.
Esa es la situación. Para ponerlo en claro, veamos el ejemplo de Estados Unidos de Norteamérica. Los motejados como espaldas mojadas provenientes de México son los obreros que cosechan todos los productos agrícolas al sur del país más poderoso del mundo actual. Lo hacen desde tanto tiempo atrás que, en una época, se celebraba oficialmente el día de la independencia de México en las capitales de todos los estados fronterizos. Al iniciarse la crisis que llamaron alegremente burbuja inmobiliaria, simplemente agravaron las medidas para impedir el ingreso. Hasta levantaron un muro que actualmente rebasa los 2 mil kilómetros de extensión, sin poder evitar que sigan entrando los hombres y mujeres que buscan trabajo.
Todo esto ocurre en países que han ratificado la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuyo texto, por tanto, es ley en cada uno de esos países. El artículo 6 de esa declaración dice: Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Pero en esos países no se les reconoce, basados en que deben cumplir determinadas normas que tienen dos inconvenientes casi insalvables: el alto costo del trámite y un certificado que demuestre que tienen recursos propios. ¿Cómo, alguien que va en busca de trabajo, sin tener recursos para subsistir, puede cumplir esa norma? Los gobiernos de aquellos países saben esto y, sin embargo, reclaman tales condiciones. En otras palabras, burlan el cumplimiento de la Declaración de Derechos Humanos.
No es sólo eso. El artículo 13 del mismo documento internacional sostiene: Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Ese derecho, para los gobiernos de los países enriquecidos está determinado por la cantidad de dinero que trae consigo el extranjero. Es una forma triste de ratificar los principios universales de la igualdad entre las personas. Sería más lógico que se pusiese restricciones al ingreso de aquellos que trafican con armas y drogas, que negocian con la prostitución y la venta de órganos humanos, que se enriquecen con la adopción ilegal de infantes o se dedican a blanquear las ganancias de los negocios sucios.
Es malo saber que esos son los parámetros con que, hoy en día, se ejercita la democracia y la igualdad. La pobreza pasa a ser ilegal y la ilegalidad se combate y se persigue. Sin embargo, aún es peor que, los gobiernos de aquellas naciones víctimas de este trato inmoral, no actúen en defensa de sus nacionales. Porque no es acción la protesta pública o la gestión suplicante ante los poderosos.
fuente,vìa:
http://www.argenpress.info/2010/04/combatir-la-ilegalidad-de-las-personas.html
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