Argentina: La desobediencia civil ...Por Ariel Colombo * Cuando una sociedad, o una parte de ella, se enfrenta a gobiernos elegidos según algún principio liberal representativo, y descubre tal como lo preveía que no solo sus decisiones son antinacionales, antipopulares, antiestatales, antimayoritarias, con una violencia simbólica y material, e incluso física, indecibles, sino que también están a cargo de delincuentes de guante blanco, integrantes de una burguesía sobreasalariada pertenecientes a corporaciones extranjeras y locales, protegidos por medios de comunicación protofascistas y neomafiosos, puede apelar a tres mecanismos de resistencia, uno de los cuales es muy diferente a los otros dos.

Cuando una sociedad, o una parte de ella, se enfrenta a gobiernos elegidos según algún principio liberal representativo, y descubre tal como lo preveía que no solo sus decisiones son antinacionales, antipopulares, antiestatales, antimayoritarias, con una violencia simbólica y material, e incluso física, indecibles, sino que también están a cargo de delincuentes de guante blanco, integrantes de una burguesía sobreasalariada pertenecientes a corporaciones extranjeras y locales, protegidos por medios de comunicación protofascistas y neomafiosos, puede apelar a tres mecanismos de resistencia, uno de los cuales es muy diferente a los otros dos.

Uno de estos últimos es tratar de influir a través de los parlamentarios, impulsarlos y condicionarlos, y organizarse para ganar las próximas elecciones. Con todo lo necesaria que es, esta vía tiene la obvia dificultad de que la transacción parlamentaria entre mayorías y minorías, la desigualdad en los medios de partidos y ciudadanos, la asincronía entre el cronograma comicial con la afectación de necesidades y derechos básicos, la división vertical y horizontal de poderes que se vetan, y paralizan, recíprocamente, pueden alargar indefinidamente la resistencia, u obtener resultados frustrantes o contraproducentes. El otro mecanismo es protestar, por medio de huelgas, denuncias, manifestaciones y concentraciones en las calles, piquetes, y todo el repertorio de dispositivos conocidos. La movilización, en estos términos es igualmente imprescindible, pero desgastante. Están además los problemas de coordinación, la desinformación de la sociedad, la persecución y las balas de goma o de otro tipo. Finalmente, existe una tercera instancia, que ahora conviene describir con cierta precisión o profundidad, dado el contexto.

La desobediencia civil es una transgresión de la ley y/o de la Constitución. Una impugnación a través de un acto que no se funda más que en sí mismo, político en estado puro, al que le son constitutivas reglas de justicia procesal perfecta. Esto significa que, al margen de cuáles sean sus contenidos o demandas, encuentra su legitimidad en reglas de validez inmanentes que equivalen en jerarquía al ejercicio popular del poder constituyente, y que se halla por encima de la Constitución nacional en tanto las ponen en ejercicio como criterio último de crítica de cualquier disposición vinculante. Más allá de la inequidad, y de los fundamentos sustantivos para cuestionarla, el acto de transgresión se vale de esas reglas para exhibir que, de haberse empleado un procedimiento más justo, también hubiese sido otra la decisión. Esta fue la posición, por ejemplo, de la fracción minoritaria del movimiento antinuclear inglés conducido por Bertrand Russell. Puede demostrar, de acuerdo con ellas, que el procedimiento es o ha sido empleado no como tal sino como instrumento de intereses o poderes beneficiarios de la inequidad impugnada.

Ahora bien, el problema con la desobediencia civil es que esas mismas reglas inherentes imponen exigencias extremas a la voluntad de resistir. Primero, es recursiva, lo que quiere decir que se aplica a sí misma las reglas en base a las cuales cuestiona a las vigentes. De la coherencia demostrada extraerá su fuerza, que es la de lo político. La desobediencia civil no es una política determinada; no es tampoco un poder, ni fáctico ni fundado en derechos. Es pacífica, no es dirigida contra las personas imputadas de cometer injusticia, ni afecta a terceros puesto que carga con todas las consecuencias punitivas y responsabilidades legales de un acto ilegal, y evita que los no involucrados puedan sufrirlas. En ella las personas exponen sus vidas, no sus organizaciones o sus identidades, inmediata y abiertamente. Tercero, es democrática, pero de un modo que no admite delegación o mediación. Decide quien participa y participa quien decide. Carece de intérpretes y de representantes puesto que descarta toda negociación o concesión. Es, por ello, una forma de democracia directa, cuyos resultados son reivindicados, mediatamente, por quienes probablemente no han sido sus protagonistas. Cuarto, es pública, en doble perspectiva: puede demostrar argumentativamente, ante cualquier interlocutor, las razones para actuar de ese modo, y a la vez amplía el espacio y el tiempo públicos, incorpora materias a discutir y conflictúa la agenda dominante, obliga a definirse a sus enemigos y a tomar posición a sus adversarios, sumerge en la incertidumbre a los poderosos, coloca a los poderes públicos ante la disyuntiva de ejercer la coacción estatal o de resolver el problema.

Pero son exigencias difíciles de cumplimentar todas a la vez, y, sin embargo, únicamente los actos de rebelión como actos de justicia poseen el status de lo político más allá de la competencia partidaria y de las reacciones sociales. Tampoco es imposible encontrar en nuestra memoria casos ejemplares de nuestra historia de la segunda mitad del siglo XX que las reunieron a casi todas, teniendo un impacto a corto y a largo plazo que cambió decisivamente las coordenadas políticas. Las luchas del Frigorífico Lisandro de la Torre, las huelgas y movilizaciones promovidas por el sindicato cordobés de Luz y Fuerza con la dirección de Agustín Tosco, el Movimiento de los Derechos Humanos liderado por Madres y Abuelas, el primer Cutralcazo.

* Politólogo.

vìa:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-290554-2016-01-18.html