Estos
hechos se le imputan porque, según el acta del Poder Judicial de la
provincia de Jujuy, Sala dio indicaciones a otras personas para que
ocuparan una plaza y otros lugares públicos “mediante arengas,
señalamientos, ademanes y gestos”.
Según las
autoridades judiciales esta actividad de persuasión tuvo por objeto que
un grupo de personas ocupe lugares públicos restringiendo la circulación
de vehículos, lo que configuraría un delito. El segundo delito que se
le imputa, el de sedición, acusa a Sala de haberse alzado públicamente
junto con los demás acampantes contra la decisión del gobierno de la
provincia de Jujuy de ejecutar el Plan de Regularización y transparencia
de cooperativas. Según el acta, este diagnóstico surge de un informe
del gobernador Gerardo Morales que afirma que hay personas que se niegan
a aportar datos y por lo tanto obstaculizan la ejecución del Programa.
Por lo que
se conoce hasta el momento y surge del acta, la detención es producto
de una causa penal que está armada de un modo similar a muchas que han
pretendido criminalizar la protesta. A Sala se le imputan vaguedades y
se le suman delitos para justificar una pena en expectativa que habilite
su detención. En este caso, vemos no solo la decisión de criminalizar
la protesta haciendo una interpretación formalista del delito de corte
de calle sino también una formulación general de la instigación al corte
de una vía pública. Y además, se agrega el delito de sedición con una
imputación peligrosa, vaga y arbitraria.
Si se
siguiera el razonamiento del juez Raúl Eduardo Gutierrez, con las
pruebas que se indican, cualquier liderazgo de una protesta social que
se oponga a la implementación de una norma o de una resolución de
gobierno podría implicar el delito de “alzarse públicamente para impedir
la ejecución de una ley o resolución nacional o provincial”. El fiscal
de Estado Mariano Miranda también sostuvo en declaraciones públicas que
la detención tuvo que ver con que Sala “se alzara en contra de las
decisiones gubernamentales”.
Criminalizar
las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta
conduce a una restricción de las libertades democráticas y a una
aplicación ilegítima del derecho penal.
Compartimos el acta de la detención de Milagro Sala:
vìa:http://kaosenlared.net/argentina-jujuy-gravisimo-precedente-de-criminalizacion-de-la-protesta-social/
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