El régimen ordenó la creación de tres nuevos centros penitenciarios.
Mientras tanto, defensores de Derechos Humanos han expresado que no
existen las condiciones para recluir personas en esos lugares.
Tegucigalpa. En el intersticio de la muerte y nacimiento de un nuevo decenio se gestó el Golpe de Estado en 2009; un programa estratégico de remilitarización de la sociedad y espacios públicos se puso en marcha.
De ahí en más, el país no volvió a ser lo mismo. El aumento de la violencia[1] como política de Estado; efectivos militares con el mote de policía[2] para la realización de tareas civiles y el ataque directo al pensamiento disidente, son parte de la dura realidad hondureña.
Ahora, como si fuera poco, el proceso de control colectivo ha llevado al actual régimen a utilizar las zonas militares para recluir a los políticos con el argumento de proteger a estas personas de la violencia en las penitenciarias nacionales.
Esta militarización del sistema carcelario promueve una alianza comercial contaminada, la cual genera un profundo conflicto de legitimidad y a su vez ampara una noción de bien común insostenible.
De la mano, se entrevé una promesa de aliviar los presupuestos fiscales en materia penal y entregar condiciones dignas de encarcelamiento a la población con “privilegios”, es decir, a los que en momentos determinados se han dedicado al ejercicio corrupto-político. Pero en su espíritu, lo que rubrica, es un sistema civilizatorio militar.
La directora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, advierte que ese proceso de reclusión en batallones de las Fuerzas Armadas es un regreso a la década de los 80; época donde se perseguían, torturaban y desaparecían a las y los ciudadanos en disidencia política y sin ella.
Honduras tiene 24 centros de reclusión. Sin embargo, con la nueva normativa de Ley de Rehabilitación del Delincuente[1] hace agregar tres sitios más, así que se eleva a 27 el número.
Actualmente, en los 24 puntos penitenciarios más las 3 nuevas prisiones en zonas militares, suman 14,508 encarcelados –esperando condena o ya condenados- , pero sólo existe la capacidad para 8,000 recluidos.
La ley da legitimidad –militar- a los nuevos centros de detención, clasificando los puntos de encarcelamiento, según se estipula en el artículo 12 de la Ley como: a) penitenciarías nacionales, b) cárceles departamentales o seccionales y c) cárceles Locales.
La primera es para el cumplimiento de las penas que excedan de 3 años. La segunda para el cumplimiento de las penas que no excedan de 3 años. Y la última, para el cumplimiento de las penas de prisión sujetas al penado.
Sobre esa esfera, fue publicado – a menester del régimen oficialista- en el Diario Oficial la Gaceta el pasado 9 de abril, la autorización para crear tres [3] nuevos centros penitenciarios aprovechando las instalaciones físicas del Escuadrón Cobras, el Primer Batallón de Infantería y el Tercer Batallón en Naco, Departamento de Cortés. Esto significa, que ahora son 27 los centros penales.
El abogado Francisco Morazán, miembro del Comisionado Nacional de Prevención contra la Tortura (CONAPREV), visitó las tres nuevas instalaciones militares para recluir a las personas y mostró su preocupación advirtiendo que esos lugares ni siquiera poseen los estándares mínimos para encarcelar a las personas –en este caso políticos-.
REJAS DEL VERDE OLIVO
La más poblada prisión en las zonas militares es la del Primer Batallón en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Ahí lejos de la luz y el agua, se encuentran 10 personas quienes son custodiados por el verde olivo a punta de fusil.
Tras la visita del Comisionado, se elaboró un informe[1] donde se denunció la falta de agua en cada una de las celdas y el incumplimiento de las reglas mínimas de recibir sol -que es una hora al día-. En esos centros, los reclusos apenas logran 20 minutos de luz diaria.
A juicio Morazán, miembro del CONAPREV, “destinar a privados de libertad a estas zonas militares contraviene los tratados internacionales ya que no son recomendables esos lugares pues carecen de personal estandarizado en materia penitenciaria y civil”.
La realidad es que a menudo estos prisioneros políticos están en condiciones durísimas, por lo cual suponen una afrenta para la dignidad humana. Sin embargo, el argumento del régimen oficialista es que a estos presos por poseer perfiles políticos se les debe de garantizar la seguridad y apartar del común de los encarcelados, es decir, el régimen sostienen que se pretende brindar garantías de vida a los presos para que puedan enfrentar el juicio.
Garantías que son completamente violentadas y han sido puestas a la luz pública después que defensores humanos evidenciaron la ineficiencia de esas zonas para recluir y convertir personas en presos, así como la incapacidad de los militares para administrar centros con reclusos.
Los defensores de los Derechos Humanos en Honduras, advierten que de seguir proliferando las prisiones en los batallones militares se estará entregando el poder total a los militares en las decisiones político-civiles.
LA PRISIÓN Y LA POLÍTICA
Las prisiones militares que albergan políticos en Honduras son instalaciones que tienen por objeto –desde la esfera empoderada militar- el control y la custodia de detenidos políticos o cercanos a ella. La militarización ha creado priones, la política la pretenden bajo un régimen de adiestramiento, disciplina, moral, trabajo infundada desde lo castrense.
Estas personas que hoy sufren la privación de su libertad y se les tortura por razones políticas –por carecer de los espacios propicios de reclusión- es un mensaje directo para cualquier intento de contrahegemonía política o debilitamiento de partidarios políticos para acumular más poder.
La total falta de adecuación a los estándares de respeto y protección de derechos fundamentales que todo Estado democrático debe cumplir se siguen dejando a claridad de relieve.
En consecuencia, la directora del COFADEH, Berta Oliva, señalo en plena preocupación que recluir a las personas en batallones militares “es un regreso a los 80 y sin duda son prisiones políticas”.
“Este es un problema, lo que se está consolidado es la entrega de todo a las Fuerzas Armadas”, indicó Oliva, y avanzó en su denuncia destacando que “estas son cárceles políticas”.
“Esta es la entrega total a las Fuerzas Armadas de las guardia y custodia de los detenidos por motivaciones políticas, lo que se contrapone a su discurso (de las Fuerzas Armadas) de apolíticos ya que los golpes militares de Estado los han dado ellos”, denunció la directora de Cofadeh.
Asimismo, ha sido enfática en que la intromisión de los militares en las actividades civiles y políticas demuestra la vulnerabilidad del sistema penitenciario y la pérdida de control del Gobierno sobre las instituciones del Estado.
Lo que presupone para Oliva, que debido a la inseguridad “inducida, provocada o no” la población cree que los militares en la calle dan seguridad “aunque en la práctica uno sabe que no es cierto, porque donde mayor militarización hay de las comunidades mayor violación de los DDHH hay”.
Por lo que la experta sugiere que las y los ciudadanos deben tener mayor conciencia sobre el verdadero rol de los militares para así exigir y demandar al gobierno central que no envíe a los verde olivos a realizar tareas civiles.
Así, de esa manera, se vuelve insoslayable subrayar que el surgimiento éstas prisiones políticas en el país, se desarrolla en el contexto político neoliberal de Juan Hernández, cuyo programa adhirió a la tendencia militarizar los servicios tradicionalmente proveídos por el sector público, propiciando así la decisión de liberalizar y pintar de olivo verde la gestión carcelaria.
[1] Honduras es el país con la tasa más alta de homicidios en el mundo, según el informe Global de Homicidios 2013 de la Organización de Naciones Unidas, que indica que tasa de homicidios: 90,4 por cada 100.000 habitantes.
[2]En 2013 el Congreso Nacional que presidía Juan Hernández actual titular del Poder Ejecutivo hondureño, aprobó en una noche, sin la mayoría de los diputados y diputadas, la norma de la Policía Militar del Orden Público bajo el decreto No. 168-2013 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
[3]Para una mayor amplitud de la Ley de Rehabilitación obsérvese en: http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/LEY%20DE%20REHABILITACION%20DEL%20DELINCUENTE%20(ACTUALIZADA-07).pdf donde se perseguían, torturaban y desaparecían a las y los ciudadanos en disidencia política y sin ella.
[4] Obsérvese aquí el informe de CONAPREV : http://www.conaprev.gob.hn/index.php/centro-de-documentacion-descargas/informes/item/oficio-e-informe-sobre-visita-de-monitoreo-preventivo-realizada-en-el-primer-batallon-de-infanteria-de-las-fuerzas-armadas-de-honduras-8-septiembre-2014 -align:� 5 i y P� ang=ES-HN style='font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif"'>La más poblada prisión en las zonas militares es la del Primer Batallón en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Ahí lejos de la luz y el agua, se encuentran 10 personas quienes son custodiados por el verde olivo a punta de fusil.
vía:
http://www.kaosenlared.net/component/k2/100196-instalan-en-honduras-prisiones-pol%C3%ADticas-en-zonas-militares
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