De grupos de contrainsurgencia en tiempos de Zedillo a escuadrones del narcotráfico con Felipe Calderón, los paramilitares operan en México desde hace décadas. La negativa oficial de la administración calderonista a su existencia fomenta la vulnerabilidad de la sociedad a sus ataques, intencionados a expandir el terror en la población, advierten expertos
Como estrategia de la “guerra” calderonista se identifica hoy la
operación de comandos de corte paramilitar que aparecen realizando
acciones de alto impacto, como el confinamiento de cadáveres en la zona vip
de Veracruz, a medida que crece la desaprobación pública ante la
ineficacia de la estrategia oficial de los cinco años en que la
administración de Felipe Calderón ha librado su cruzada contra el
narcotráfico.
“El objetivo principal del paramilitarismo es enfrentar a [la]
población civil, controlarla mediante la táctica de terror, por eso
ahora es tan conveniente ante la falta de credibilidad que hay en la
‘guerra’ de Calderón”, explica el escritor Carlos Fazio, autor de El tercer vínculo: de la teoría del caos a la militarización, donde analiza el proceso de militarización y paramilitarización en México y el uso de mercenarios en la narcoguerra.
El senador Ricardo Monreal Ávila cuenta que, en una comparecencia
privada con el gabinete federal de seguridad, le preguntó a un alto
funcionario los criterios oficiales con los que clasifican a los civiles
ejecutados, específicamente cómo determinaron que el 90 por
ciento de los muertos que se contabilizaban como saldo de la “guerra”
calderonista eran delincuentes y el resto víctimas colaterales, y cómo
identificaban a qué organización pertenecían. Que si acaso era el
resultado de las averiguaciones previas.
El funcionario le respondió que sólo se habían iniciado las
averiguaciones previas del 10 por ciento de casos, en el resto deslindó
la responsabilidad del gobierno federal y argumentó que quizá las
procuradurías estatales tendrían la información correspondiente.
En consecuencia, en septiembre de 2010, el Senado de la República
le solicitó al gobierno de Calderón, por conducto de la Secretaría de
Gobernación, un informe oficial sobre la existencia y actuación en
México de grupos paramilitares, escuadrones de la muerte o “grupos de
limpieza”. La Secretaría respondió que el gobierno federal “no tiene
registro alguno de la existencia y operación de grupos de este tipo”.
Sin embargo, el senador Monreal relaciona la operación de grupos paramilitares en ejecuciones, secuestros, levantones y extorsiones que ocurren a lo largo y ancho del país.
El Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del
Ejército de Estados Unidos identificó la operación en México de grupos
paramilitares vinculados con los cárteles del narcotráfico, como “parte
de la tercera generación del crimen”. Una “transición del gangsterismo tradicional de asesinos a sueldo, a terrorismo paramilitar con tácticas de guerrilla”.
El término paramilitar se relaciona con civiles entrenados por
fuerzas militares o algún órgano de seguridad del Estado, con el
objetivo de amenazar, atacar o asesinar a grupos u organizaciones que se
oponen al gobierno. “El paramilitarismo también es una cara civil que
utiliza el gobierno para llevar a cabo acciones de alto impacto para
generar el terror, porque si éstas las cometen las fuerzas de seguridad
del Estado, éste puede ser enjuiciado por dicha acción extralegal”,
explica Fazio, experto en temas de la guerrilla y militarización. Quien
encuentra en el paramilitarismo en Guatemala, en la década de 1960,
similitudes con lo que ocurre en México hoy, bajo la fórmula de
“demagogia más terror”.
Guatemala es identificado como el primer laboratorio de guerra sucia
o paramilitarismo en América Latina. Allí, los escuadrones de la muerte
fueron parte esencial y planificada de la contrainsurgencia operada por
militares estadunidenses y guatemaltecos entrenados por Estados Unidos;
estrategias que antes los franceses habían ensayado en Argelia.
“Parte de los elementos de lo que ocurría en la década de 1960 en
Guatemala están presentes en el México de 2011, la diferencia es que acá
no hay guerrilla, pero la ?guerra’ de Calderón ha sido instrumentada
bajo la pantalla de ?guerra’ contra las drogas, y como ocurrió en
Argentina o Uruguay, el Ejército creaba una estructura paralela, que se
conoció como La teoría de los 12 monos extremos, y en medio aparecía el Estado como salvador, al poner orden.
“Eso mismo se experimentó en México, en Chiapas con el
levantamiento zapatista. A través de la VII Región Militar, con el
general Renán Castillo, se crearon grupos paramilitares que enfrentaban
al zapatismo para que el Ejército apareciera luego, o el Estado a través
del Ejército, mediando en esa guerra entre los dos extremos.
Es lo que se puede ver ahora en el caso de Los Matazetas: una
estructura ligada a una corporación estatal que se enfrenta a Los Zetas,
a los que desde el gobierno se les atribuyen los crímenes más
violentos. Y aparece luego la Marina deteniendo a los primeros.
“Hay que considerar que como esto es una ‘guerra’ y forma parte de una guerra sucia,
hay que partir de otro elemento clave; los medios de comunicación
masivos, a través de los cuales se desarrolla una guerra sicológica,
ésta incluye también propaganda negra. Como parte de su
estrategia, durante su ?guerra’ Calderón, como principal protagonista,
ha logrado posesionar ésta en los medios y construir una historia en
torno a la fuerza de los cárteles. La estrategia del gobierno ha sido
tan efectiva que éstos se matan entre ellos, que son pleitos de
pandillas –como los jóvenes de Villas de Salvárcar–, o que son disputas
de cárteles contra cárteles y de sicarios contra sicarios.
“Ése era el gran montaje que había mantenido durante cuatro años y
medio hasta que apareció un Sicilia y comienza, a partir de su dolor, a
visibilizar a esas víctimas, a revisar quiénes eran y por qué el
gobierno los metió a todos en la categoría de sicarios, pandilleros y
gente de cárteles. Y hoy aparecen sus familiares, y con elementos
denuncian que antes de aparecer muertos, fueron capturados en la vía
pública por elementos del Ejército o de la Marina o de la Policía
Federal”.
Como en Irak
En
septiembre pasado, la vocera del gobierno federal Alejandra Sota
rechazó la existencia de paramilitares en México, cerrando, por lo menos
en el discurso oficial, la posibilidad de investigar ejecuciones y masacres que se atribuyen a grupos de esta clase.
“Las mentiras de Calderón en su ?guerra’ son como las de [George]
Bush en Irak”, así compara Fazio el rechazo oficial del gobierno de la
operación de grupos de corte paramilitar en el país. “El gobierno dijo
que había armas de destrucción masiva y al final reconocieron que había
sido una mentira. Si aplicamos este mecanismo en el marco de la ?guerra’
de Calderón, parte de la información que generan las oficinas de
gobierno para que la difunda la prensa, están montadas en mentiras, como
el caso de Los Matazetas, justo cuando la prensa afín a su gobierno
dijo que la operación de ese tipo de comandos no son la solución al
problema, apareció la Marina capturando a los presuntos Matazetas.”
“En su discurso, Los Matazetas hablan de ‘mugrosos’, pero no es una
terminología que se utilize entre cárteles. Normalmente los escuadrones
de la muerte, los grupos de limpieza social están dirigidos a
acabar con la escoria social. Lo hicieron en las favelas de Brasil,
Guatemala, Colombia, y todo eso se opera en los sótanos de los servicios
de seguridad. Aunque lo hacen contra una parte de la criminalidad,
también pueden ser un gran ensayo para generar terror para quienes por
la vía política se oponen al gobierno.
“En este escenario de la ?guerra’ de Calderón, justamente el
gobierno por vía paralela plantea la Ley de Seguridad Nacional o le
adiciona elementos nuevos que constituye una contrarreforma en el
sentido de que quiere legalizar el estado de excepción impuesto desde
comienzos de 2007, en el marco de la ?guerra’ calderonista. Me recuerda
lo que se hizo durante las dictaduras en Argentina o Uruguay, donde la
fase previa o posterior al golpe de Estado se plantearon circunstancias
como se observan hoy en México”.
La operación paramilitar o de escuadrones de la muerte ha sido
advertida en Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas y Nuevo León. En esta
última entidad fue el propio alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández,
el que ventiló la operación de grupos a los que identificó como “Los
Rudos”, contratados para frenar a los grupos criminales vinculados a los
cárteles.
En Juárez, el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
Gustavo de la Rosa, refiere la posibilidad de que ese tipo de grupos
puedan ser responsables de masacres cuyo fin se advierte como de limpieza social.
Es importante referir que muchos de esos ataques a jóvenes de zonas
marginadas principalmente, ocurrieron en una ciudad prácticamente
militarizada, en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua.
En varias regiones de Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua
empresarios e industriales han hecho suya la idea del alcalde de San
Pedro, de contratar grupos armados, que no son precisamente empresas de
seguridad privada, para cuidarse las espaldas, sus negocios y
eventualmente cobrarse por cuenta propia agravios como secuestros o
extorsiones. Algunos de estos grupos les ofrecen hasta supuestos maras entrenados con estrategias kaibiles.
Los paramilitares de Fox
La administración de Vicente Fox no estuvo exenta de la operación
de organizaciones de corte paramilitar en acciones para minar
movimientos como el de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
(APPO), que a raíz del conflicto magisterial en 2006 aglutinó a 350
organizaciones no gubernamentales y miles de ciudadanos de la sociedad
civil que, entre otras demandas, exigían la salida del exgobernador
Ulises Ruiz.
La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)
documentó cómo, paralelamente a la ocupación de tropas de la Policía
Federal Preventiva, surgieron grupos de corte paramilitar, que por las
noches tiroteaban las barricadas, con rifles de asalto, escuadras y
revólvers, sin importarles que las guardias nocturnas las hacían por
igual mujeres y niños. A estos grupos se les atribuyen homicidios como
el de Bradley Roland Will, reportero y camarógrafo neoyorquino de Indymedia.
En los pueblos más pobres de la mixteca oaxaqueña también fueron
asesinados indígenas y activistas identificados como integrantes de la
APPO. La Limeddh documentó cómo la acción de los grupos paramilitares no
sólo era contra integrantes de la Asamblea, sino contra la población
oaxaqueña, como secuestros y agresiones armadas, enfocada a crear un
clima de terror y el rechazo de la sociedad a la Asamblea.
Al cabo del tiempo, diversas auditorías realizadas a la
administración de Ruiz darían la razón a los integrantes de la APPO:
había malversación de recursos públicos, sólo que a la Asamblea le costó
la muerte de varios de sus integrantes a manos de los grupos
paramilitares, entre quienes figuraban policías vestidos de civil y
otros que recibieron, allí mismo en Oaxaca, entrenamiento de las fuerzas
federales.
Los paras de Zedillo
Una acusación por su supuesta responsabilidad en el asesinato de
los 45 indígenas tzotziles de Acteal en diciembre de 1997 a manos de
paramilitares, tiene al expresidente Ernesto Zedillo en el banquillo de los acusados.
Durante los próximos meses, en una corte de Connecticut, se le
enjuiciara por el “soporte y ayuda de las Fuerzas Armadas de México a
grupos paramilitares”, que derivaron en la ejecución masiva,
aquel 22 de diciembre, en el poblado del municipio de Chenalhó, Chiapas,
según el caso 3:11−CV−01433−AWT, abierto el pasado 16 de septiembre.
Se trata de la primera ocasión en que un jefe de Estado mexicano es
llevado a tribunales por acciones atribuidas a grupos paramilitares.
Los 45 asesinados eran desplazados de otras comunidades de Chenalhó, que
se refugiaron en Acteal por el acoso, agresiones y ataques de los
paramilitares, debido a su simpatía con el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN).
La masacre fue calificada por organizaciones como Amnistía
Internacional como uno de los hechos más atroces en la historia de
México. Entonces, como ahora, el gobierno federal negó la existencia de
grupos paramilitares, alertada desde 1995, es decir, dos años antes de
la matanza, por observadores y organismos nacionales e internacionales
de derechos humanos.
A partir de febrero de 1995, a la par de la ocupación militar del
Estado, en las zonas Norte y Altos de Chiapas comenzó un proceso de
paramilitarización, que incluyó la organización, entrenamiento,
armamento y manutención de grupos civiles y políticos, particularmente
de militancia priísta e incluso, como en el caso de la organización Paz y
Justicia, liderados por un exdiputado local del Partido Revolucionario
Institucional, Samuel Sánchez Sánchez, legislador con fusil R-15 al
hombro.
La paramilitarización fue identificada por las organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos, nacionales e internaciones, la
Iglesia Católica y por observadores expertos en temas de guerrilla, como
un instrumento para hacer “el trabajo sucio” a las Fuerzas Armadas en
la zona de conflicto.
El municipio de Tila fue considerado como un “laboratorio” de la
paramilitarización, sin embargo, a medida que avanzó la presencia del
Ejército Mexicano, surgieron también grupos de esta clase en Tumbalá,
Sabanilla, Yajalón y Salto de Agua. La razón fue por los adeptos
–simpatizantes y bases de apoyo– que el EZLN había logrado en la zona,
“por lo que el gobierno inicia con la paramilitarización en Tila”,
documentó el Centro de Información Económica y Política de Acción
Comunitaria.
Entre 1995 y 2001 operaron en Chiapas 19 organizaciones de corte
paramilitar, con la consigna de minar la actuación del EZLN. Grupos como
Paz y Justicia, Los Chinchulines, Máscara Roja, Alianza San Bartolomé
de los Llanos, Mira, Los Degolladores y Tomás Munzer, protagonizaron
cruentos homicidios, lesiones, emboscadas, desapariciones y el
desplazamiento de miles de personas, particularmente simpatizantes del
EZLN. El ataque más sanguinario fue, precisamente la masacre de Acteal.
Organizaciones internacionales como Global Exchange determinaron
que la presencia de paramilitares en Chiapas estaba plenamente
comprobada desde 1995, sin embargo, entonces, como ocurre ahora, la
respuesta del Ejecutivo fue la negación oficial, con la que
prácticamente le dio carta blanca a esas organizaciones, cuyo
nivel de ataques fue en incremento. Basta leer la relatoría de hechos
que precedieron a la matanza de Acteal, integrada por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos en la Recomendación 1/98, para deducir que
aquella fue un exterminio sobradamente advertido.
Aunque oficialmente nunca se reconoció la existencia y operación de
paramilitares, pocos meses antes de concluir su gobierno, la
administración de Zedillo, creó, en abril de 2000, la Unidad
Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos
Civiles Armados, que operó hasta diciembre de 2002, con el eufemismo de
investigar y consignar a “probables grupos civiles armados”.
Poco resultados tuvo, algunas consignaciones de integrantes de
distintos grupos “civiles armados”. Las víctimas y deudos consideraron
que la justicia no se aplicó, por ello, representados por el Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC, los sobrevivientes y
deudos llevaron el caso Acteal a instancias internacionales, como la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se desahoga
actualmente la queja, con la posibilidad de que la Corte pueda atraer el
caso.
Además, la demanda que abogados estadunidenses promovieron en la
corte de Connecticut en contra de Zedillo, un litigio del que por
cierto, se deslindaron los deudos y sobrevivientes de la masacre de
Acteal, pero al que las autoridades estadunidenses ya dieron curso. De
manera que el expresidente pasará, por lo menos un par de años,
respondiendo a las acusaciones judiciales en su contra, precisamente
ahora que en México se respiran nuevos aires de actuaciones de corte
paramilitar.
En los últimos años del régimen priísta en el gobierno federal,
Amnistía Internacional le exigía al jefe de Estado investigar la
actuación paramilitar en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, de grupos
vinculados de ese perfil a ataques no sólo contra la guerrilla, sino
contra activistas, defensores de derechos humanos y la sociedad civil.
En aquellos tiempos priístas, el paramilitarismo fue aplicado como
parte de una estrategia de guerra irregular contrainsurgente “dirigida
incluso contra la población civil”, como documentó el Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de las Casas: “En un contexto de guerra en el
que las acciones paramilitares fueron clave en la estrategia
contrainsurgente implementada por el gobierno mexicano. La población
civil, al ser la más vulnerable, resultó seriamente afectada por esa
guerra de baja intensidad caracterizada por el terror, la violencia y la
sistemática violación a los derechos humanos”.
Consecuencias colombianizadas
El rechazo oficial de la existencia de grupos de corte paramilitar –pese a la aparición masiva de cuerpos ejecutados–,
y con ello la negativa a esclarecer su origen y operación, coloca en
una situación de inminente riesgo a la población civil, consideran
organizaciones de derechos humanos.
La falta de investigación, planteó el senador Ricardo Monreal,
podrá generar más ataques hacia la población civil. Algunos legisladores
de la Comisión de Justicia han llevado al Senado información que
refiere que los grupos paramilitares que operan en tiempos de Felipe
Calderón son de un perfil similar a los que comenzaron a maniobrar en
Colombia desde la década de 1970, creados por el gobierno para minar a
la guerrilla, pero que al cabo de los años se enrolaron en la mafia
particularmente en actividades de narcotráfico y secuestros.
Casos como los recientes hechos de Veracruz, en los que hay
señalamientos de la supuesta participación de elementos del Estado de
realizar detenciones de personas a las que después entregan a grupos de
la delincuencia organizada o que directamente participan en actividades
de bandas criminales, es razón suficiente para que el gobierno
investigue la posible existencia de paramilitares, pues de lo contrario
sólo se alienta sus acciones.
Juan Carlos Gutiérrez, de la Comisión Mexicana para la Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos, explica: “Evidentemente en otros
contextos la presencia de grupos paramilitares ha tenido un altísimo
impacto y un agravamiento de violaciones a los derechos humanos de la
población por dos aspectos: primero, porque se difumina la
responsabilidad del Estado en tanto son particulares que actúan con la
colaboración de agentes del Estado, pero generalmente se tiende a
difuminar el vínculo entre lo particular y lo institucional como sucedió
históricamente en Colombia. Y segundo, porque se intenta justificar el
hecho mediante un discurso, de ‘necesariedad’, frente al hartazgo de la
sociedad respecto de la violencia generada por la delincuencia
organizada o delincuencia común”.
A partir de que el gobierno colombiano negó reiteradamente su
existencia, los paramilitares se fortalecieron y ganaron tal poderío con
operaciones y ataques contra la población civil, que Colombia
prácticamente se convirtió en un paraíso para los paras (como coloquialmente los identifican los colombianos). Y al amparo de esa impunidad detonó también el sicariato; bajo la lógica de que auspiciados por el gobierno, los paras mataban, cualquiera lo hacía.
Precisamente, con el caso colombiano como referencia, Gutiérrez
ejemplifica los riesgos de que la autoridad se niegue a reconocer
oficialmente la existencia de esos grupos: “En países como Colombia,
donde se consolidó y configuró la presencia de paramilitares, el
discurso institucional fue de negación del fenómeno y tolerancia a sus
acciones, lo cual generó gravísimas situaciones de violaciones a los
derechos humanos. Porque cuando hay esa negativa pero sin investigar, la
sociedad está sometida a una situación gravísima de inseguridad y de
inestabilidad jurídica”.
[RECUADRO 2]
Responsabilidad oficial
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) no deja fuera la posibilidad de que Felipe Calderón pudiera ser
acusado ante tribunales internacionales por las masacres ocurridas en su
administración, algunas de éstas atribuidas a grupos de corte
paramilitar o escuadrones de la muerte.
El Movimiento No Más Sangre, cuyos integrantes promueven, junto con
académicos, juristas, periodistas y organizaciones no gubernamentales,
una demanda en contra de Calderón, ante la Corte Penal Internacional,
que será presentada el próximo 25 de noviembre, estiman que en la
“guerra” de Calderón han sido asesinadas 50 mil personas, hay más de 10
mil desaparecidos y 230 mil desplazados.
Gutiérrez destaca algunos elementos por los que el gobierno de
Calderón allana su camino ante instancias internacionales como la CIDH:
“Evidentemente, la inacción o la omisión del Estado de investigar
la posible creación de estructuras criminales de perfil paramilitar,
genera una responsabilidad nacional y especialmente internacional. En
este sentido es que la Corte Interamericana ha venido condenando a
gobiernos en [los] casos donde se establece que su responsabilidad no
solamente se configura por la acción ilegal de agentes del Estado, sino
también por la omisión, en la ausencia de investigación cuando
particulares realizan afectaciones graves y violan los derechos humanos;
y en la negligencia de combatir la existencia de esos grupos
criminales.
“De manera que, si se llegase a realizar una omisión, esto
configuraría un problema de responsabilidad internacional muy fuerte
para el Estado mexicano. Evidentemente implicaría un estándar de prueba
en el que se demuestre que claramente la complicidad tanto en la
estructuración de los grupos como en la existencia de una política
institucional.”
Jurisprudencia contra paras
Colombia y Guatemala son dos de los Estados condenados por la Corte
Interamericana en masacres atribuidas a grupos de corte paramilitar,
escuadrones de la muerte y los llamados “grupos de exterminio”. La CIDH
encontró responsabilidad ya fuera por acción o por omisión.
Un caso que de acuerdo con los criterios internacionales sería de
jurisprudencia para México, es La Masacre de la Rochela, en la que en
1989 una alianza entre paramilitares, narcotraficantes y militares
asesinaron a 12 personas, la mayoría funcionarios judiciales, que habían
llegado al municipio de Simacota a investigar la masacre de 19
comerciantes, ocurrida dos años antes.
La CIDH condenó al Estado colombiano bajo el siguiente criterio:
“El Estado permitió la colaboración y participación de particulares en
la realización de ciertas funciones (tales como patrullaje de zonas de
orden público, al utilizar armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas
o en el desarrollo de actividades de inteligencia militar), que por lo
general son de competencia exclusiva del Estado y donde éste adquiere
una especial función de garante. En consecuencia, éste es directamente
responsable, tanto por acción como por omisión, de todo lo que hagan
estos particulares en ejercicio de dichas funciones, más aún si se tiene
en cuenta que los particulares no están sometidos al escrutinio
estricto que pesa sobre un funcionario público respecto al ejercicio de
sus funciones.
“Fue de tal magnitud esta situación en la que particulares
colaboraron en el desarrollo de dichas funciones, que cuando el Estado
trató de adoptar las medidas para enfrentar el desborde en la actuación
de los grupos paramilitares, éstos, con el apoyo de agentes estatales,
atentaron contra los funcionarios judiciales.”
En el caso de Guatemala se le condenó por las masacres atribuidas a
escuadrones de la muerte que comenzaron a operar en el gobierno del
general Efraín Ríos Montt. La CIDH identificó que “el mayor problema que
confronta Guatemala en materia de derechos humanos es el que se refiere
a las constantes desapariciones de personas, la mayor parte de ellas
previamente víctimas de secuestros, y de detenciones ilegales,
atribuidas tanto a las fuerzas de seguridad como a los escuadrones de la
muerte”.
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