En España tras la reforma del Código Penal impulsada por el exministro Alberto Ruiz Gallardón se está produciendo un retroceso en las libertades civiles. Personas enjuiciadas por poner tuits, incluso condenadas como el cantante César Strawberry.
Raperos condenados a 3 años de cárcel como Valtonyc, el secuestro del libro “Fariña” que cuenta el narcotráfico en Galicia, la retirada de una obra de arte de Arco por tener imágenes de presos del proces catalán.
El Gobierno del Partido Popular (PP) junto con los poderes judiciales persiguen casi cualquier delito de opinión que venga de la izquierda o del independentismo. Tal es la paradoja que a día de hoy se encausa a más gente por enaltecimiento del terrorismo que cuando el grupo separatista del País Vasco (ETA) estaba activa.
En Fort Apache, con una mesa de nivel, analizamos los recortes de libertades en España.
Invitados:
Pablo Echenique, Podemos
María Eugenia Rodríguez Palop, profesora de Filosofía del Derecho y Filosofía Política UC3M
Paula Ortiz, directora de cine
Yolanda Quintana, Plataforma en Defensa de la Libertad de Información
Rubén Herrero de Castro, profesor de Relaciones Internacionales
La explotación minera agudiza hasta un grado crítico las contradicciones
entre el hombre, la sociedad y el medio ambiente. A pesar de su
variedad, la minería se ha convertido en problema global porque en todas
partes tiene la misma fuente de origen: la actitud rapaz y depredadora
hacia la naturaleza y el entorno social.
En el Ecuador la minería se anuncia con perspectivas trágicas. Según el mapa de Ambar, linked open data portal, hay concesiones mineras, por ahora, en 20 de las 24 provincias de nuestro país. Más del 15% del territorio está concesionado.
La ley de Minería autoriza la explotación de oro, plata, cobre, zinc,
carbón, fierro, manganeso, azufre… La lista es interminable. El Ecuador
es un país pequeño y densamente poblado. Si se restan los territorios
concesionados ¿qué nos va a quedar para vivir, sembrar, pastorear,
construir, transitar, descansar, recrearse, respirar? Muy poco, con
certeza no lo suficiente.
Se ha autorizado inclusive la minería a cielo abierto, que es la peor de
todas: “… es tan brutal en sus procedimientos que únicamente puede
desarrollarse en el país y la comunidad donde se enquista, en forma
previa o durante la explotación, si el país y la comunidad son sometidos
a una extraordinaria campaña de desinformación para ocultar o
desvirtuar sus dañinos métodos y destructivos impactos”. (Azul ambientalistas, org).
En la cordillera del Cóndor pronto entrará la empresa china
Ecuacorriente y aplicará en el yacimiento Mirador la minería a cielo
abierto. Es aterrador pensar en todo lo que desaparecerá en esa enorme
fosa de kilómetros de longitud y cientos de metros de profundidad: fauna
y flora. Solo quedarán gigantescas montañas de escombros y enormes
volúmenes de agua y barro envenenados. ¿Qué pasará con los shuar, podrán
sobrevivir? Los pueblos amazónicos siempre han sido desamparados por
parte del Estado. Hace algunos años se asentó una empresa maderera que
negoció miles hectáreas de bosque por Coca Cola (ver la película de
Carlos Andrés Vera), pero el gobierno ni siquiera se enteró…
La minería no acaba con la pobreza, hay muchos ejemplos: Sierra Leona,
Congo, Perú, Colombia, Brasil, Vietnam, las reservaciones indígenas en
EE.UU. y Canadá. ¿Quién se queda con las ganancias? Los ecuatorianos ya
sabemos quiénes serán los beneficiarios y quiénes los afectados, y esto
implica la posibilidad real de detener el expolio.
Los gobiernos, que negocian con las empresas, deberían defender los
intereses nacionales, pero parece que no saben cómo hacerlo, o peor, que
no quieren hacerlo. Las prácticas extractivas no son las mismas en
todas partes, y el Ecuador no es de los que merece miramientos de las
mineras.
Se hacen llamamientos a favor de investir a Puigdemont como
president de la Generalitat, por la libertad de los presos políticos y
por la huelga general.
Decenas de miles de personas han colapsado el Paseo de Gràcia de
Barcelona en defensa de Carles Puigdemont. Convocados por la ANC y
Òmnium Cultural, se han sumado también representantes políticos de todos
los partidos y entidades independentistas. Se hacen llamamientos a
favor de investir a Puigdemont como president de la Generalitat, por la
libertad de los presos políticos y por la huelga general.
En la Rambla de Canaletes, los Comités de Defensa de la República
(CDR) han convocado a centenares de personas –cifra que va en aumento-.
Las dos manifestaciones se han acabado encontrado en el Paseo de Gràcia.
‘Llibertat presos polítics’, ‘És Puigdemont, el nostre president’ (“Es
Puigdemont nuestro presidente”) o ‘Aquesta Europa és una vergonya’
(“Esta Europa es una vergüenza”) son algunas de las consignas que se han
clamado para denunciar la situación de los consellers y dirigentes
encarcelados, encausados o con petición de extradición.
En torno a la zona hay un amplio despliegue policial, con efectivos
de los Mossos y de la Guardia Urbana de Barcelona, y se han producico
cortes puntuales de tráfico en las Ramblas, la calle Pelayo, Gran Vía y
Paseo de Gràcia.
También se ha convocado una concentración a las siete de la tarde
ante las sedes de las delegaciones del gobierno español en las
provincias catalanas y no se descarta una marcha que desde el centro
de Barcelona se dirija hasta el consulado alemán, ubicado en la conocida
como Torre Mapfre.
Manifestación mutitudinaria
Miles de personas se manifiestan por el centro
de Barcelona contra la detención en Alemania del destituido presidente
de la Generalitat Carles Puigdemont y el encarcelamiento de dirigentes
independentistas por orden del Tribunal Supremo. Siguiendo una
convocatoria de los Comités de Defensa de la República (CDR),
centenares de personas se han concentrado hacia las 16.00 horas en
Canaletes, en las Ramblas barcelonesas, desde donde han atravesado la
plaza de Catalunya para luego avanzar por paseo de Gràcia.
El número de manifestantes se ha ido incrementando conforme
la marcha avanzaba por Passeig de Gràcia. Los participantes en la
protesta enarbolan banderas esteladas y pancartas con lemas como “desobediencia civil” y lanzan consignas en favor de la libertad de los presos políticos y del presidente Puigdemont. Además, se han oído llamadas a secundar una nueva huelga general y consignas como “Europa es una vergüenza”.
Los manifestantes convocados por los CDR han coincidido en el paseo
de Gràcia con otras personas que siguen las llamadas a participar en las
protestas realizadas por la ANC (Asamblea Nacional de Catalunya) y
Òmnium Cultural. Al finalizar esta movilización prevén desplazarse hasta
la sede de la Delegación del Gobierno en Catalunya, en la calle
Mallorca. Este domingo ya se han movilizado los CDR ante la
Subdelegación del Gobierno en Girona y lo harán esta tarde en
concentraciones en las delegaciones del Gobierno de Barcelona, Girona,
Tarragona y Lleida.
Miles de personas se manifiestan en Barcelona contra la detención de Puigdemont Los Comités de Defensa de la República y la ANC han convocado numerosas movilizaciones en Catalunya.
Los Mossos d’Esquadra han establecido un amplio perímetro de seguridad en las calles adyacentes a la Delegación del Gobierno en Catalunya, donde los CDR han llamado a concentrarse.
Agentes de la unidad antidisturbios de los Mossos
d’Esquadra han cortado la circulación en las calles adyacentes a la sede
de la Delegación, situada en la confluencia de las calles Mallorca y
Bruc, para impedir el acceso de manifestantes junto al edificio.
El diputado de la CUP Carles Riera ha llamado hoy a “parar” Catalunya y a realizar una “huelga general” en
contra de la detención hoy del presidente de la Generalitat Carles
Puigdemont en Alemania y la entrada en prisión de consellers y diputados
catalanes. Carles Riera ha hecho este llamamiento a los periodistas
durante la manifestación convocada por los Comités de Defensa de la
República en Barcelona, en protesta por la detención de Puigdemont en
Alemania.
A juicio del dirigente de la CUP, la detención del president de la Generalitat “demuestra las consecuencias de falta de democracia” en
España y “pone un reto democrático a Europa y a Alemania”. Ha reclamado
la libertad para Puigdemont y los otros dirigentes políticos del
“procés” presos y ha abogado por “parar el país” con una “huelga
general”, iniciando así “un nuevo ciclo de movilizaciones para defender
la democracia”.
Piden que no se extradite a Puigdemont
La recién elegida presidenta de la Asamblea
Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, ha apelado hoy a la opinión pública
alemana y a los valores fundacionales de la Unión Europea para que no extraditen a España al destituido presidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Paluzie ha hecho este llamamiento en el inicio de la concentración convocada esta tarde por la ANC ante la sede de la Unión Europea en Barcelona, situado en el céntrico paseo de Gràcia, para marchar en manifestación hasta el consulado de Alemania, en el paseo marítimo.
“Apelamos a la opinión pública europea, y
especialmente a la alemana, para decirles que confiamos en que no
extraditen al president electo para entregarlo a una justicia
autoritaria”, en referencia a la española. Ha añadido que se ha de tener
presente que los delitos que se imputan a Puigdemont pueden suponer una
condena de treinta años de prisión, “superior a un homicidio o un asesinato”.
Fuente: Prensa / Agencias Seguimiento en directo: Vilaweb
Parlamento catalán llama a crear frente para combatir represión Puigdemont huye de Finlandia para evitar que lo extraditen
Madrid.
Mientras en Barcelona el Parlamento catalán era un polvorín político, con el presidente de la Cámara haciendo un llamado público para hacer un frente común para combatir la represión del Estado español, en el norte de Europa –en concreto, en Finlandia– se ignoraba el paradero del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, contra quien hay una orden de búsqueda y captura internacional desde el viernes. Cuando el juez español del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llanera, reactivó la euro orden de detención en su contra, el ex mandatario catalán se encontraba en Helsinki dando una conferencia, pero al terminarla salió del país de forma furtiva para evitar la extradición. Su abogado, Jaume Alonso Cuevillas, informó que su representado comparecerá ante la justicia de Bélgica en los próximos días, y no dio más detalles.
El día después de una de las jornadas más duras para el independentismo catalán también estuvo marcado por la incertidumbre, el enfrentamiento y la indignación ante los hechos de las pasadas 48 horas.
El bloque soberanista, sólo un día después de no haber logrado alcanzar un acuerdo para investir como presidente de la Generalitat a Jordi Turull, ex consejero de Puidgemont, se enfrentó a detenciones y órdenes de captura contra sus principales dirigentes.
Actualmente la justicia española tiene abierta una causa general contra los impulsores del proceso de secesión unilateral del pasado 26 de octubre con una declaración simbólica que provocó, por un lado, la huida de Puigdemont a Bélgica por el temor a ser detenido y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que supuso la toma del control de las instituciones catalanas por el gobierno español del conservador Mariano Rajoy.
Llarena inició una instrucción en la que actualmente tiene a nueve líderes independentistas en la cárcel, entre ellos el ex vicepresidente Oriol Junqueras; el aspirante a presidir el gobierno tras los comicios del pasado 21 de diciembre, Jordi Turull, y a otras siete personas que participaron ya sea en el gobierno o en las plataformas civiles afines al proceso de separación del Estado español. Además, hay órdenes de detención internacional contra seis más, incluidos Puigdemont y la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, quien huyó el viernes a Suiza.
Suspenden votación
El Parlamento catalán tenía previsto celebrar ayer el segundo debate de la investidura, pero al estar detenido el candidato Turull, además de otros diputados que tenían previsto participar en el mismo, finalmente el presidente de la Cámara, Roger Torrent, suspendió la votación y el pleno, y a cambio propuso celebrar una sesión simbólica en la que cada grupo fijara su posición política ante una de las crisis más serias en las instituciones catalanas de las últimas décadas. Los diputados independentistas se mostraron tristes y abatidos, en lo que definieron como una de las “épocas más oscuras y tristes de la historia, en la que el Estado español nos ha escupido a la cara.
Miles de personas denunciaron ante las oficinas públicas del gobierno español en la región la represión y la falta de garantías de una justicia transparente. Torrent explicó que es necesario denunciar que los poderes del Estado impiden la expresión de los diputados electos.
La primera en tomar la palabra fue Inés Arrimadas, como líder la primera fuerza del Parlamento, Ciudadanos. Lamentó que se haya llegado a una situación de enfrentamiento, en la que los propios diputados catalanes ni siquiera son capaces de saludarse en los pasillos del hemiciclo, y responsabilizó a los independentistas de la situación de incertidumbre de los catalanes.
Una vez fijada la posición de la fuerza hegemónica del unionismo tomó la palabra Sergi Sabriá, actual cabeza de ERC ante la huida de Rovira, quien llamó a los secesionistas a desvincularse de una vez por todas de una España represiva y corrupta.
El grupo del derechista Partido Popular (PP) decidió abandonar el pleno y no participar de un acto que consideraron de parte.
Una vez terminado el debate, el presidente del Parlamento realizó un acto público con las fuerzas independentistas, a la que se unió la marca electoral de Unidos Podemos en la región –Cataluña en Común– para hacer un llamamiento para que se forme un frente democrático para responder a las medidas represivas que está imponiendo el Estado español. Es una respuesta que, advirtió, deber ser cívica, pacífica, pero sobre todo política.
Por Facundo Barrionuevo (APe).- Facundo es todos los pibes y él sólo.
Facundo es los Lucianos, los Santiagos, los Rafitas, las Camilas, las
Sofías, las Candelas y los Juan Pablos. Facundo es todos y todas los
pibes silvestres. Pero es también, él solo. Pieza única de un
rompecabeza inconcluso, como decía Alberto. Quienes pretendemos empujar otro mundo posible, decimos que nuestra doctrina es la ternura. Frente al chocobarismo emergente y oficial nuestra
enseñanza es la ternura. Decimos siempre que con ella venceremos, pero
otra vez lo real de esta existencia cruel nos pega sin piedad. El
adoctrinamiento público de condecoraciones presidenciales se llevó
puesto a otro más. Otro más, pero único: Facundo. De 12 años. Tucumano y
futbolero. El algoritmo de la complicidad enseguida se
encargó de ocultar la foto del horror. Las miles de réplicas que
tuvieron las publicaciones de APe, Revista Sudestada o La Garganta
Poderosa en redes sociales fueron enmascaradas porque “podría contener
violencia gráfica”. Una violencia radical de Estado que para muchos de
nosotros sólo puede significar violencia gráfica, para los pibes
descartados es, todos los días, la amenaza concreta que les cuesta la
vida. Esa imagen, como relato de lo indecible, nos queda grabada en la
retina de la conciencia. Vale, sí, dar cuenta de la vida de Facundo:
los relatos de sus familiares y amigos, la normalidad de su vida, la
ilusión de niño. Ahora bien.... ¿hace falta? ¿No debería bastar decir
que es un nene de 12 años, un changuito... que venía de dar una vuelta
en moto. Un nene como el que descansa en la pieza de tu casa o juega en
el aula de tu escuela, o como tu sobrino o el hijo de tu vecino? Un nene
sin más. ¿Hasta dónde se nos metió el parásito de la
crueldad sistémica? ¿Qué atronadora indiferencia puede haber germinado
en nuestro interior para que esto sea festejado o pasado de largo como
si nada o incluso como conveniencia? ¿Hasta dónde debe llegar el grito? *** En la novela IT de Stephen King, el payaso
Pennywise, espera a los niños doblando la esquina, bajo una boca de
tormenta, en un sótano, en una casa tenebrosa, espera ahí donde anidan
los miedos de la infancia. IT es “eso”, lo indicado innombrable. Eso
puede pasar, es un posible a la vuelta de la esquina de nuestros pibes.
Es el miedo con el que se convive. El miedo disciplinador está como
Pennywise para verduguear al pibe pobre, al negro, al que traspasa los
parámetros de la edad correspondiente, la sexualidad “normal”, a la
pibita atrevida, y aquellos que no cuajen con los criterios éticos y
estéticos de la Cheta de Nordelta. El Estado neoliberal siembra “eso” por todos
lados. Pero ni los niños de la novela ni los nuestros son víctimas
sumisas. Están ahí frente a “eso”, con más audacia y valentía que el
salvaje que los mata, de miedo y con miedo. Todos los días, todos y cada
uno, con más potencia que este territorio adulto que se desmorona en
una nada sin destino. Esos pibes son, como decía Deligny “esperanza de un mundo que sigue corriendo el riesgo de reventar de docilidad”. (*) (*) Fernand Deligny, Los vagabundos eficaces (1946) Foto: La Garganta Poderosa
Unas 100.000 personas han participado esta mañana en la
manifestación de Barcelona convocada por la Marea Pensionista (30.000
según la Guardia urbana) para exigir la revalorización de las pensiones
según el IPC y por pensiones públicas dignas.
Unas 100.000 personas han participado esta
mañana en la manifestación de Barcelona convocada por la Marea
Pensionista (30.000 participantes según la Guardia urbana) para exigir
la revalorización de las pensiones según el IPC y por pensiones públicas
dignas. La movilización forma parte de la jornada estatal de lucha organizada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, que agrupa a mareas y colectivos de pensionistas de todos los territorios el Estado, con acciones de protesta en más de 150 ciudades que han dado continuidad a las masivas movilizaciones del pasado 22 de febrero.
Encabezaba la marcha –la más multitudinaria que se recuerda– una pancarta con el lema: “No al Pacto de Toledo”.
Mientras la manifestación avanzaba por la calle Llúria para culminar
ante la delegación del gobierno estatal en el cruce con la calle
Mallorca, en la Plaça Urquinaona todavía se acumulaban miles de
manifestantes. Entre los participantes, la mayoría jubilados pero con
presencia también de personas jóvenes, han destacado las distintas
columnas de mareas pensionistas barriales y de distintas localidades,
que marchaban con sus propias pancartas.
Durante el recorrido los lemas más coreados han sido “Estos
ladrones nos roban las pensiones”, “Manos arriba, esto es un atraco”,
“Corruptos, ladrones, nos roban las pensiones”, “Públicas sí, privadas
no”, “Así, así, ni un paso atrás, esta batalla la vamos a ganar”,
“Queremos la pensión del padre del Borbón”, “Mariano Corleone nos roba
las pensiones”, “Rajoy y Cospedal a Soto del Real”, “Que no, que no, que no nos representan”.
Han intervenido a lo largo de la manifestación portavoces de distintos movimientos y plataformas
(Atención domiciliaria, CICLO, Marea Blanca, Taxi, Asamblea de Parados,
Comisión de la Renta Garantizada, Marcha de la Dignidad…) apoyando las
reivindicaciones del movimiento. Entre las intervenciones se ha
señalado que sería hora de convocar una “huelga general siguiendo el
camino marcado por la huelga feminista del 8-M”.
Ante la delegación del gobierno se ha dado lectura al manifiesto estatal de la Coordinadora y se han recordado las principales reivindicaciones del movimiento de pensionistas: recuperación del poder adquisitivo de las pensiones y revalorización automática en relación al IPC; pensión y salario mínimo de 1080 €; jubilación a los 65 años y a los 60 con 40 años cotizados; derogación de todas las reformas laborales y de pensiones a partir de junio de 2010; derecho a los suministros básicos garantizados (agua, luz, gas); eliminación de todo tipo de copago o repago; contra la privatización de los servicios públicos que atienden a la gente mayor; fortalecer las cotizaciones sociales y financiación de las pensiones garantizada por ley a cargo de los presupuestos generales el Estado; contra la discriminación de las mujeres en el acceso y la cuantía de las Pensiones; incorporación al régimen general de la Seguridad Social a las/los trabajadoras/es del hogar con plenos derechos.
También se ha hecho un llamamiento público a continuar organizando mareas pensionistas a nivel barrial y municipal para fortalecer el movimiento y dar continuidad a la lucha.
Finalmente Domiciano Sandoval, como portavoz de la Marea Pensionista, ha afirmado en su intervención que “están en juego no solo las pensiones de los actuales jubilados, sino también las de los pensionistas del futuro” porque quieren “cargarse el sistema público de pensiones para entregárselo a la banca“. Ha exigido una “reforma integral del sistema público de pensiones” en la que hay que contar con la Coordinadora y ha añadido que el “Pacto de Toledo está superado” porque “los derechos sociales no tienen déficits, ya que son derechos que como tales deben respetarse“. Sandoval ha planteado que hay que recuperar también otros derechos recortados como “la sanidad, la educación o la ley de la dependencia“.
El portavoz de la Marea ha criticado asimismo a los sindicatos –CCOO y
UGT, firmantes en su momento de la reforma de las pensiones de Zapatero
en el 2011 y avaladores del Pacto de Toledo, se han sumado finalmente a
la convocatoria– señalando que “se han olvidado de la calle” y a los partidos de izquierda preguntándose: “¿Si la calle es de izquierdas, por qué tenemos un gobierno de derechas?“.
(APe).- -Peleen contra el veneno. Para que no
le vuelva a pasar a otra gente…-. Ese fue el mandato de Don Diógenes
Chapelet. Tenía 75 años, cuatro hijas y cuatro hijos, y murió el 8 de
enero de 2018, víctima del veneno de los agrotóxicos. A dos meses de su muerte, con su cuerpo estallado del lado de adentro. “Le quemaban las tripas…podía soportar el dolor cuando tomaba
agua”, contaba una de sus hijas en la casa ubicada en Marcelino
Escalada, al borde de la ruta 11, esa especie de vena abierta que
recorre la geografía santafesina, moviéndose según los caprichos del
Paraná. La “araña”, como en esas latitudes de le dicen
a la máquina que escupe el líquido que ayuda a acelerar la cosecha y
por lo tanto apura la cercanía del dinero, también llamado “mosquito”,
había rociado el campo vecino pero la brisa, solamente la brisa, llevó
la mojadura letal hasta el terrenito de Chapelet. Él, como siempre, estaba caminando junto a Baltasar, su caballo
compañero y amigo, cuando sintió los pies mojados por eso que no era
agua. Después vinieron los dolores en el estómago y la garganta y más
tarde las manchas rojas en la piel. Empezaba a explotar por adentro. Pero los médicos que lo atendieron minimizaron sus dichos. No le creyeron. Durante cuarenta días no tuvo tratamiento alguno. Cuando lo atendieron fue demasiado tarde. -No se dejen fumigar… Eso les pidió Diógenes a sus hijos, hijas, nietas y nietos, mientras se apagaba como consecuencia del fuego del veneno invasor. Dos meses después de muerto, la comuna de Marcelino Escalada,
este punto del mapa del departamento San Justo, emitió la ordenanza 368
que prohíbe las fumigaciones aéreas en un radio de 3 mil metros y las
terrestres en un diámetro de 500 metros. Esa ordenanza es por la muerte de Chapelet. Pero en las quince ciudades y más de 340 comunas de la
provincia de Santa Fe, suele pasar lo que quieren imponer los grandes
productores. Por eso los encargados de proteger la salud y la ecología no es el Ministerio de Medio Ambiente sino el de la Producción. Sonia, la compañera de Diógenes de toda la vida, cuenta que
desde hacía años empezaron a ver que las chanchas y las ovejas no podían
parir, que tenían abortos espontáneos. Y después de tanta bronca
comenzaron a pensar en esos líquidos que tiraban las “arañas”. Las hijas y los hijos de Sonia y Diógenes
dicen que la neumonía de la madre también está relacionada a esos
venenos. Pero que no pueden pagar el costo de los análisis que tampoco
le hicieron al padre hincha de River que ya no está en estos envenenados
arrabales del mundo. Los árboles y las plantas dejaron de crecer y uno de los hijos
de Chapelet había denunciado la cuestión ante la justicia de San Justo.
No le llevaron el apunte. Esos viejos papeles son la prueba contundente
que la muerte de Chapelet se venía gestando en aquellas indiferencias,
en aquellas imposiciones de los negocios de muy pocos. Diógenes vivía sembrando hasta que le sembraron la muerte. Ahora, en el sur de la provincia, un encuentro
de la organización “Paren de fumigarnos”, llevará su nombre y dentro de
poco, en su comarca, allí en Marcelino Escalada, intentarán juntar a
todas las instituciones para que tomen nota que esa muerte no fue en
vano. Que hay que detener un sistema productivo que se traga la vida de
la naturaleza y la existencia de las personas. Habrá que preguntarle al estado santafesino y los médicos por qué tanto silencio ante semejante multiplicación del veneno. El veneno le quemó el estómago a Diógenes Chapelet. Hoy, su familia de casi treinta integrantes, pelea para que su
memoria arda en pos de un presente mejor para los que viven en esta
tierra. Fuente: Entrevistas personales a los
integrantes de la familia Chapelet, jueves 8 de marzo de 2018, en
Marcelino Escalada, departamento San Justo, provincia de Santa Fe.
Marielle não foi vítima da violência urbana; foi executada com 4 (!!)
tiros na cabeça por um carro que parou ao lado do seu. A quem
interessava sua morte? Só se pode concluir que foi um assassinato
político. Nada foi roubado. Matar Marielle interessava a quem quer
acabar com a esquerda brasileira. Foi um recado. Mais um capítulo do
golpe de 2016.
ACESSE O SITE DO BLOG DA CIDADANIA
www.blogdacidadania.com.br
"El infortunado asesinato de Berta, en cierta medida es una represalia de la élite de poder y sus subalternos los militares para desarticular la defensa de los territorios y culturas de los pueblos indígenas en Honduras, que se ven irremediablemente afectados por la ofensiva de los grupos empresariales, y su visión de un desarrollo económico basado en la exclusión y expulsión".
El arresto del ex militar David Castillo Mejía, presidente de la empresa Desarrollo Energéticos S.A (DESA) cuando se aprestaba a salir del país, casualmente dos años después del asesinato de Berta Caceres, demuestra lo que ya se conocía desde hace meses, sin embargo el Ministerio Público hizo una vez más alarde de su incapacidad en el retardo de la aplicación de justicia.
Hasta la fecha, todo parece indicar que el asesinato de Berta Caceres, fue un aparente operativo militar, llevado a cabo bajo las órdenes de la élite de poder económica y política, beneficiarios de la piñata de las cuencas hidrográficas realizada durante el mandato del Sr. Pepe Lobo, acompañado de Juan Hernández quien se desempeñaba como presidente del Congreso Nacional.
El pingue negocio de la energía limpia, se convirtió ademas en un mecanismo de lavado de activos provenientes del crimen organizado; ademas de contar con fondos provenientes de inversionistas de la banca extrajera y del istmo centroamericano.
Berta, como defensora de los derechos territoriales y culturales del pueblo Lenca, encaminó una campaña para la defensa de las cuencas hidrográficas del país, iniciando una ofensiva jurídica en pos de la defensa del derecho a la consulta previa, la que no ha sido incorporada en las leyes nacionales, pero que el estado desde 1995 debe haberse apegado, al ser uno de los países que ratificó el Convenio 169 de la OIT.
Si bien el Ministerio Público ha proseguido a Darío Roberto Cardona Valle, por haber ampliado la Licencia Ambiental del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, además de proseguir también a Marco Jonathan Laínez Ordóñes, ambos ex ministros de la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA); en ningún momento ha procedido contra Rigoberto Cuellar, el ex ministro de SERNA, quien actualmente labora como fiscal general adjunto. Tanto el COPINH como OFRANEH hemos interpuesto denuncias en contra de Cuellar por la violación de la consulta previa, sin embargo Cuellar continúa siendo una de las rémoras en el Ministerio Publico.
Desde el año 2009 en Honduras se agudizaron las intervenciones en los territorios de los pueblos indígenas en nombre de un supuesto desarrollo que ha sido caracterizado por una actitud autocrática del partido del actual gobierno, el que permitió un desaforado incremento de la violencia, acompañado de la apropiación del aparato económico por parte del del crimen organizado. Bastas zonas del país pasaron a manos de los carteles de la drogas, los que no vacilaron en utilizar los proyectos de “energía limpia” para el lavado de activos.
El COPINH en el año 2012 interpuso una denuncia en la Fiscalía de las Etnias, en la que acusan a Rigoberto Cuellar por la omisión de la consulta previa de las represas de Chinacla, Aurora II y las Ventanas. En mayo de 2013 la OFRANEH presento una denuncia en contra de Cuellar ante la violación de la consulta Previa en cuanto a los proyectos REDD. podemos indicar que la consulta previa ha sido un derecho violentado a todos los pueblos indígenas del país, a pesar del clientelismo ejercido con muchos de los supuestos líderes, a través de empleos y proyectos proporcionados por la Secretaria de Indígenas y Afrodescendientes (SEDINAFROH)
Entre otras Berta se opuso rotundamente al programa de Reducción de Emanaciones y Degradación del Bosque (REDD por sus siglas en inglés), ante la amenaza de despojo y desplazamiento que representa ese tipo de iniciativas, sobre todo en países con sistemas jurídicos débiles.
En una misiva dirigida por el COPINH al Fondo de Carbono de Naciones Unidas y la implementación de los REDD sin haber efectuado una consulta previa, la organización indicó que “bajo el lema de energía renovable y mitigación del cambio climático, ahora está en planificación y construcción una gran cantidad de represas hidroeléctricas y parques eólicos en territorios indígenas, sin el respeto al Derecho de la Consulta Libre, Informada y Previa (CLIP) y demás derechos reconocidos a nivel nacional e internacionalmente”.
La mayoría de las problemáticas confrontadas por Berta, se originan en el sistemático rechazo por parte del Estado de respetar la consulta previa. Desde hace más de 20 años, el estado esta en la obligación de “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente:.
Incluso en fecha reciente se aprobó una Ley de Incentivos al Turismo, la cual fue adoptada, sin tomar en cuenta las recomendaciones de la Relatora de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas en relación al anteproyecto de Ley de Consulta, el que fue elaborado sin haber efectuado una consulta sobre la consulta (ver aquí). En las recomendaciones “Asimismo, la Relatora Especial reitera en sus recomendaciones que cualquier decisión que sea adoptada sin el consentimiento de un pueblo indígena, sea susceptible de revisión por un órgano judicial u otro tipo de organismo competente, con el fin de asegurar que el Estado pueda demostrar que la medida cumple con los estándares internacionales respecto a las restricciones permisibles de derechos humanos y que los derechos sustantivos y supervivencia de un pueblo indígena no se vean afectados”.
El infortunado asesinato de Berta, en cierta medida es una represalia de la élite de poder y sus subalternos los militares para desarticular la defensa de los territorios y culturas de los pueblos indígenas en Honduras, que se ven irremediablemente afectados por la ofensiva de los grupos empresariales, y su visión de un desarrollo económico basado en la exclusión y expulsión.
Falta ver si el corroído sistema de justicia imperante en Honduras opta por dilucidar el caso del homicidio de Berta; y el poder legislativo controlado por la actual dictadura se apegue a las recomendaciones de la relatora Tauli Corpus en relación a la creación de un mecanismo de consulta que responda más a los intereses de los pueblos indígenas que a las ganancias de las maras empresariales.
Vicenç Navarro
Hoy se está extendiendo de nuevo la agitación social como protesta
frente a las políticas públicas que se han ido aplicando por parte de
los distintos gobiernos españoles (bien a nivel central o autonómico)
que han causado un gran deterioro del bienestar de las clases populares
de España (ver mis artículos “España es el país de la Unión Europea con peores condiciones de trabajo”, Público, 22.02.2018, y “La falsedad de la supuesta excesiva generosidad de las pensiones”,
Público, 02.02.18). En realidad era predecible que ello ocurriera, pues
los indicadores de calidad de vida en estas clases sociales han
alcanzado tales niveles que han forzado a grupos especialmente
vulnerables de la población, como son los ancianos y las mujeres, a
salir a la calle y denunciar la situación en la que se encuentran. Estos
movimientos han alcanzado un nivel de movilización tal que el
establishment político del país ha comenzado a estar preocupado,
respondiendo, por un lado, con medidas represivas y, por el otro, con la
avalancha ideológica a través de los medios de información que
controlan o influencian para falsificar la realidad, negando que haya
mérito en las denuncias, atribuyendo su situación de insostenibilidad
(en el caso de las pensiones) a la transición demográfica y no a la
aplicación de las políticas públicas impuestas a la población por aquel
establishment, y en el caso de la desigualdad de género a causas
naturales de tipo biológico como el embarazo o la maternidad. Su
principal intención es despolitizar el conflicto social, diluyendo y
negando así la responsabilidad de aquel establishment en la creación y
reproducción de tal malestar social. Así, atribuyen lo que dicho
establishment político-mediático define como el “problema de las
pensiones” a la transición demográfica, es decir, a que haya cada vez
más ancianos y menos jóvenes, lo cual determina que no habrá fondos
(generados por los segundos) para pagar las pensiones (que reciben los
primeros). Tal argumento se presenta constantemente, y con la pomposidad
que da el poder, como si fuera una obviedad. Y el enorme sesgo
derechista de los mayores medios de información españoles (con ausencia
de voces críticas) explica que tales argumentos se acepten como dogmas.
Ahora bien, como todo dogma este se base en fe y no en evidencia
científica. En realidad, es muy fácil mostrar su falsedad. España no
tiene ningún problema de falta de jóvenes. En realidad, hemos exportado
casi un millón de personas (incluyendo jóvenes) en los últimos años y
ello como consecuencia de falta de empleo. Es más, el desempleo en
España entre jóvenes es enorme (38%). A la luz de estos datos hablar de
falta de jóvenes es una frivolidad. Son causas políticas, no biológicas, las que hacen insostenibles las pensiones
El problema de la supuesta inviabilidad de las pensiones no es ni
biológico ni demográfico. El problema es primordialmente político, es
decir, es causado por la excesiva influencia que ciertos grupos (el
capital financiero) y ciertas clases sociales (el 20% de la población
con renta superior del país) tienen sobre el Estado (sea central o
autonómico). Ahí está la raíz del problema. España tiene la suficiente
riqueza para pagar e incluso expandir las pensiones. Y sin embargo se
gasta poco en pensiones, cuando su estructura demográfica es bastante
semejante a la de la mayoría de países de un nivel de desarrollo
económico parecido. En realidad, como consecuencia del elevado nivel de
riqueza, debería gastarse mucho más en pensiones. En lugar de un 8% del
PIB (la cifra más baja de la UE-15, el grupo de países de la UE de
semejante nivel de desarrollo económico, después de Irlanda y
Luxemburgo), debería gastarse al menos lo que gastan los países en
pensiones el promedio de los países de la UE-15 (9,5%), la cual tiene
una estructura demográfica semejante con un porcentaje de la población
anciana muy parecido (18,5% de la población con 65 años o más en ambos
casos). En realidad, esta subfinanciación de las pensiones ocurre en
todas las transferencias públicas y servicios públicos del Estado del
bienestar, y ello no se debe a causas biológicas y demográficas sino a
causas políticas. Concretamente, a los escasos ingresos del Estado como
consecuencia de la excesiva y antidemocrática influencia sobre él (ya
sea central o autonómico) del 20% de renta superior del país, que paga
muchos menos impuestos que sus homólogos en la UE-15. Ahí está el
problema. El falso determinismo biológico como causa de la brecha de género
Una situación semejante a la de las pensiones ocurre con la
explicación de la brecha de género. Hemos escuchado estos días a voces
conservadoras y liberales que están explicando tal brecha como
consecuencia de un fenómeno biológico: la maternidad. Se dice que la
mujer es la que biológicamente queda embarazada y da a luz y la que,
como parte de su determinante biológico, desarrolla las labores de
maternidad. Como consecuencia de ello, “familia” en España quiere decir
“mujer”. De ahí se deduce que la maternidad es la causa del retroceso
social y laboral, explicando así, por ejemplo, la brecha de género
(incluyendo la brecha salarial) entre hombres y mujeres. Esta
explicación, ampliamente extendida en España y promovida por el mismo
establishment político-mediático que atribuye la supuesta
insostenibilidad de las pensiones a la transición demográfica,
despolitiza un hecho como lo es la “maternidad” (cómo se realiza y en
qué condiciones), que es profundamente político, es decir, que es el
resultado del contexto político que traduce relaciones de poder, y muy
en especial relaciones de poder de género y de poder de clase social.
En realidad, si la causa de la brecha salarial fuera biológica,
tendríamos que encontrar una relación entre número de infantes por mujer
en un país y tamaño de la brecha salarial. Es decir, que a mayor número
de nacimientos mayor debería ser la brecha salarial. Pues bien, los
datos no muestran esta relación. Así, los países nórdicos de Europa
(Noruega y Suecia, por ejemplo) tienen un número mayor de nacidos por
mujer fértil (1,85 y 1,88 respectivamente) que España (1,5), según los
datos de The World Fact Book, y sin embargo tienen una brecha de género,
incluyendo salarial, menor. En realidad, España tiene una de las tasas
de fertilidad más bajas de Europa y una de las mayores causas de este
diferencial se debe al contexto político (es decir, qué fuerzas
políticas han gobernado durante más tiempo en cada país, muy diferentes
en el norte que en el sur de Europa). Los países nórdicos han sido
gobernados durante la mayor parte del tiempo desde la II Guerra Mundial
por fuerzas políticas de sensibilidad socialista (alianzas de partidos
socialdemócratas con partidos comunistas y/o verdes) que han
desarrollado y llevado a cabo políticas públicas de apoyo a las
familias, facilitando la compatibilidad de las responsabilidades
familiares con el proyecto profesional de la mujer como parte de su
ideología a favor de la equidad y de la igualdad. En realidad hay
muchísimas más mujeres trabajando en el mercado de trabajo en aquellos
países (75% de media entre Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia) que
no en España (58%) y a pesar de ello el número de niños por mujer fértil
es mucho mayor en aquellos países que en España. La amplia
disponibilidad de lo que definí en su día como el 4º pilar de Bienestar
-escuelas de infancia y servicios domiciliarios- (ver mi artículo “El cuarto pilar del Estado del Bienestar”,
Público, 15.10.2009) y la corresponsabilidad en las labores familiares
con participación del hombre en tales tareas (por ejemplo, según datos
del European Institute for Gender Equality, la mujer sueca dedica 11,6
horas a la semana a cocinar y a las tareas del hogar y el hombre 8, una
diferencia de 3,6 horas) explican que el significado y las consecuencias
de la maternidad sean muy distintas en Suecia que en España, donde las
mujeres dedican 19,2 horas a la semana a cocinar y a las tareas del
hogar, por 10,6 de los hombres (una diferencia de 8,6 horas). Y es por
ello que las fuerzas conservadoras (PP) y liberales (Ciudadanos y el
PDeCAT) quieren despolitizar la discriminación contra la mujer, para
ocultar sus políticas, que hacen un daño enorme a la mujer. Es tan
sencillo como esto.
Una emboscada contra los integrantes de la Unión de cooperativas Tosepan Titataniske en la Sierra Norte de Puebla; un desalojo y la apertura de una carpeta de investigación por supuestos delitos contra habitantes de Temacapulín, en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco; un desalojo violento por la policía de los integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, que protestaban en el ejido La Aurora contra del Proyecto Chemours Laguna, que comprende la instalación y operación de una planta química dedicada a la producción de cianuro de sodio, en Gómez Palacio, Durango. Son tan sólo tres ejemplos de que la criminalización de la protesta social por parte del gobierno sigue adelante contra todos aquellos que se opongan a sus políticas de despojo y depredación de los recursos naturales.
La agresión contra los miembros de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske sucedió la noche del domingo 4 de marzo, al filo de las 19 horas, en una zona conocida como La Cumbre, cercana a las inmediaciones del entronque de la carretera Interserrana, que conecta a Cuetzalan con Teziutlán. De acuerdo con la información difundida por los afectados, un grupo no identificado que se encontraba emboscado disparó al menos en seis ocasiones contra una camioneta que regularmente ocupan los directivos de la organización, lo que hace suponer que el atentado iba dirigido contra ellos. Sólo que en esta ocasión quienes iban en la camioneta eran un promotor de la cooperativa y el chofer de la camioneta, quien resultó herido en un brazo y aun así logró conducir el vehículo hasta un taller mecánico, alejándolos de sus agresores y salvándolos de consecuencias mayores.
En relación con la agresión contra los habitantes de Temacapulín, el 6 de marzo un grupo de ellos fue citado a comparecer ante el Ministerio Público de la Fiscalía Regional Altos-sur, con sede en Tepatitlán de Morelos, acusados del delito de obstrucción a las vías de comunicación. El abogado de los imputados descubrió que los hechos por los cuales se abrió la carpeta de investigación sucedieron el 28 de febrero, cuando los habitantes de Temacapulín cerraron el paso a los camiones con los que los trabajadores estaban sacando la arena del río, despojándolos de sus recursos naturales, sin dejarles a cambio ningún beneficio, pero la carpeta se había iniciado el 6 de febrero, 22 días antes de los hechos. Tras las denuncias públicas de esta arbitrariedad, el asesor jurídico fue amenazado, por alguien que desde el anonimato le reprochaba que estuviera calentando la plaza.
El 9 de marzo, en el contexto de una protesta convocada por el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio en contra del Proyecto Chemours Laguna, el cual comprende la instalación y operación de una planta química dedicada a la producción de 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año, en el municipio de Gómez Palacio, Durango, granaderos estatales y municipales reprimieron y detuvieron a varios de los protestantes. Los hechos sucedieron alrededor de las 10 de la mañana en el Ejido La Aurora, cuando alrededor de medio millar de personas se manifestaban contra el proyecto y las autoridades que habían facilitado los permisos para el funcionamiento de la planta. Los inconformes argumentan que el cianuro de sodio es uno de los venenos más potentes del mundo que genera daños irreversibles a la salud y al ambiente, y cuya producción en la Comarca Lagunera podría afectar a los ecosistemas circundantes y poner en riesgo a las poblaciones vecinas.
Lejanas geográficamente y protagonizadas por actores sociales diversos, la criminalización de la protesta social guarda muchos rasgos en común. En los tres casos se trata de organizaciones y movimientos sociales que resisten la instalación de megaproyectos en sus territorios y el despojo de sus recursos naturales; las dos primeras con décadas de resistencia. Esa podría ser una razón que explicara la agresión. Pero puede ser otra: enrarecer el panorama político, sembrando el miedo entre la sociedad para que aquellos que piensan se inmovilicen y no salgan a votar en las elecciones de julio próximo. No hay que olvidar que antes de ellos reprimieron a los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota, en el estado de Guerrero, al Comité de Defensa de los Derechos Indígenas de la Sierra Sur, en Oaxaca, y a otros que no se conocen. En todos los casos mencionados la táctica utilizada es la misma.
La situación de la araucaria araucana preocupa al pueblo mapuche pewenche de los lof
de Curarrehue, Santa Bárbara y Lonquimay. A principios de 2016,
guardaparques de la Corporación Nacional Forestal reportaron sequedad
inusual y repentina en hojas y ramas de ejemplares adultos y jóvenes.
Se cree que los responsables serían hongos, el cambio climático, y la
cada vez más aguda escasez de agua. Según la Conaf, el 93% del bosque
adulto de araucarias tiene algún grado de afectación, y la mortandad de
ejemplares es del 8%.
Para investigadores de la Universidad de la Frontera -ver PF 887-, la grave situación que vive la araucaria o pewen
“se debe a los estragos causados por los incendios forestales; la
sustitución del bosque nativo y la invasión del monocultivo, en
especial pino insigne y eucaliptusglobulus; la extensión de los periodos de sequía, causada por el cambio climático, y la recolección indiscriminada del piñón (o nguilliu, en mapudungún), por turistas y forasteros de las comunidades pewenche”.
La araucaria araucana puede alcanzar 50 metros de altura. De
corteza gruesa y rugosa, y hojas perennes, es de las especies más
longevas del mundo: puede superar los 1.500 años. En Chile se halla el
75% de la población total de la especie nativa de Chile y Argentina, en
las cordilleras de los Andes y de Nahuelbuta. Sus bosques han sido
extensamente intervenidos por explotaciones forestales.
En Chile, el área de ocupación corresponde a 2.611 kilómetros
cuadrados, la mayoría bosques protegidos en territorio pewenche, dentro
de parques y reservas. De las 7.453 hectáreas de bosques costeros, solo
2.537 se encuentran protegidas en el Parque Nacional Nahuelbuta. Según
Environment Programme World Conservation Monitoring Centre, que
utilizó imágenes satelitales, el bosque nativo -incluyendo las
araucarias- está desapareciendo. En efecto, desde 1977, el 64% ha
desaparecido. De acuerdo a World Wildlife Fund, los bosques que no
están dentro de las áreas protegidas “pertenecen a privados y se
encuentran alterados principalmente por la extracción de semillas,
incendios, explotaciones madereras, ramoneo y sustitución”. Durante
2001 y 2002, miles de hectáreas de bosques de araucaria sufrieron
incendios en el sur de Chile. Sobre 8.300 hectáreas de bosque nativo se
quemaron. En el Parque Nacional Conguillío se incendiaron 1.600
hectáreas de bosques de araucaria araucana, algunas de dos mil años.
Bosques Sin Forestales puntualiza que en la Reserva Nacional China
Muerta -que posee 12.825 hectáreas-, según bomberos y lugareños, la
realidad del incendio de 2015 se estimó en más de 10.000 hectáreas.
China Muerta tenía la mayor reserva de araucarias milenarias. Denuncian
que Conaf la mantenía “abandonada y sin resguardo”. INCENDIOS Y RECALIFICACION
Joaquín Meliñir, hijo del lonko Ricardo Meliñir, de
Quinquén, denuncia que su comunidad ha perdido “miles de hectáreas de
bosque nativo por incendios”, recordando, “acciones inescrupulosas, por
particulares y colonos que han incendiado bosques para reemplazarlos
por pinos”. En el verano de 2017 devastadores incendios destruyeron más
de 460.000 hectáreas, registrando la más intensa y destructiva
temporada, que incluyeron tormentas de fuego que dieron origen a
incendios capaces de impactar en la atmósfera.
Incendios forestales han afectado a las reservas Conguillío,
Malleco, Tolhuaca, China Muerta, Vilucura y Tracura, consumiendo miles
de hectáreas de bosque nativo. Según la Conaf, el incendio más grave
afectó a China Muerta, involucrando una superficie de 6.599 hectáreas:
más del 50% de la reserva. Imágenes satelitales del Laboratorio de
Teledetección Satelital del Departamento de Ciencias Físicas de la Ufro
revelaron el punto exacto donde se iniciaron las llamas el 14 de marzo
de 2015, determinando que el incendio fue intencional. Considerando
las evidencias de los incendios, se generan muchas interrogantes. En
zonas donde hay alto interés minero como Lonko Tiukem, camino a Icalma,
donde la Minera Lonco pretende extraer oro y cobre. Las araucarias
aparecen como un impedimento para estas explotaciones. También Magasa
-forestal de Mario García Sabugal-, continúa expandiendo sus
plantaciones de pinos y eucaliptus en la precordillera de Cunco y
Melipeuco. Muchos dudan de los incendios que han afectado a araucarias y
bosque nativo, y que parecen relacionados con intereses mineros y
forestales. En La Araucanía, el 25% de la superficie está cubierta por
plantaciones de pinos y eucaliptus, reemplazando bosque nativo, de
propiedad de CMPC, Forestal Mininco, del grupo Matte, y Forestal Arauco,
del grupo Angelini y AntarChile.
En octubre, la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) indicó que “es urgente identificar
el agente causante de la enfermedad que está matando a la araucaria”,
advirtiendo que está “en riesgo de devastación (…) Está por
determinarse si es un agente introducido o nativo propiciado por cambios
ambientales. No hay indicios de que pueda amainar y, si continúa así,
tendrá como consecuencia la devastación de una especie emblemática a
nivel mundial”.
Eduardo Cayul Puel, lonko de Mitrauquén, y presidente
de la Asociación Trawün Lonko de Lonquimay, dice que el pueblo pewenche
está “en absoluto desacuerdo” con la propuesta de un grupo de
académicos y científicos de la Ufro de reclasificar la araucaria de
“vulnerable” a “peligro de extinción”. “No queremos que nos sigan
pisoteando. Las comunidades mapuchepewenche son las que viven de y con
las araucarias, y si se declara en peligro de extinción, nos
perjudicará. No lo aceptaremos”, dice.
Según David Jouannet, director para La Araucanía de Conaf, las
araucarias mantendrán su categoría de vulnerable tras la decisión del
Comité de Clasificación de Especies, que espera la ratificación del
Comité de Ministros. Las propuestas deberán pasar por un periodo de
participación ciudadana, en el cual se podrían incorporar nuevos
antecedentes: “El comité de especialistas evaluó los antecedentes para
una probable reclasificación y, según los criterios establecidos de la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, concluyeron
que el árbol endémico no cambiará de categoría. Los especialistas
decidieron, dada la condición de mayor vulnerabilidad de la población
costera de araucarias, separar las especies de la cordillera de
Nahuelbuta, de 20.000 hectáreas aproximadas, y clasificarlas ‘en
peligro’; y las araucarias de la cordillera de Los Andes, que registran
un promedio de 300.000 hectáreas, mantenerlas en condición de
‘vulnerables’”. LONQUIMAY Y EL PEWEN
Lonquimay es la comuna que más superficie de araucarias posee.
Según Eduardo Cayul, su Asociación representa a todas las comunidades
mapuche pewenche de Lonquimay: “Alrededor de 16, organizadas por lof –territorios.
Rechazamos la reclasificación, pues no hemos sido consultados. Hoy
estamos informados de cuáles son las formas de trato a través del
Convenio 169 de la OIT. Nosotros estamos dispuestos a seguir
trabajando, luchando, y no bajar la mano en este tema de las araucarias.
Como mapuches, también tenemos nuestros saberes. No queremos que se
declare en veda el piñón, sí que se proteja la araucaria. Pero no que
lo haga una empresa o una institución del Estado sin que nos tome en
cuenta. Queremos conversar con las autoridades y ponernos de acuerdo en
cómo proteger. Nosotros hemos protegido nuestro árbol sagrado toda la
vida, y no solamente el árbol, también nuestro territorio, y todo lo
que nuestra cosmovisión cuida. Nadie nos puede enseñar cómo cuidar el pewen. Somos quienes más sabemos de eso. Nuestros ancestros nos enseñaron cómo cuidar la naturaleza y ése es nuestro trabajo”.
Agrega Eduardo Cayul: “Para proteger no se debe dañar. Vivimos y
conversamos con la naturaleza, las autoridades chilenas no entienden
eso. Para nosotros, no hay que cortar un pewen, nunca, no se
utiliza para nada, es sagrado. Hubo un tiempo en que se arrasó y
explotó indiscriminadamente, entre 1930 y 1970, a través de empresas
privadas, pero fue ordenado por el Estado. Probablemente ahí donde se
explotaron araucarias hay algún problema de crecimiento o de renovales,
pero en las comunidades no existe ese problema de regeneración. En el
lugar donde yo vivo no se están secando las araucarias.
Donde hay plantaciones exóticas, sí tienen problemas, y podría
ser porque las forestales consumen mucha agua… A las comunidades
también llegaron con engaños, a plantar árboles que hoy están
afectando, porque se están secando las aguas de los territorios. Una
araucaria para crecer necesita armonía de parte del humano en el
territorio, no dañarle su entorno. Si hay otros árboles, que ojalá
todos crezcan en forma natural… Mi comunidad se llama Francisco Cayul,
en Mitrauquén, nos dedicamos a la pequeña crianza de corderos, vacunos y
cabras. Empresas han intentado entrar, haciendo estudios, pero sin
consultarnos. Hemos tenido problemas con un parque eólico, y salimos a
defendernos pues no permitiremos que destruyan nuestro territorio.
Buscan producir energía eléctrica, pero sin dejarle nada a la comunidad
salvo contaminación, bosques destruidos y agua robada. Tenemos derechos
como pewenche, el pewen es nuestro, ancestralmente. Vivimos
de la recolección, y cuando científicos dicen que se recolecta
indiscriminadamente, no es así. Discrepamos que se responsabilice al
pueblo pewenche por el estado del pewen. El uso no maderero de los bosques de araucarias los pewenche lo hemos realizado desde tiempos ancestrales, aprovechando el nguelliu, la semilla, como base fundamental de nuestra dieta”.
La propuesta de calificación cita un estudio de campo realizado
en Lonquimay en 2014, que concluye que la localidad que presenta mayor
cantidad de plántulas incorporadas de un año a otro es Quinquén, que
además presenta la menor carga animal y de recolección de piñones por
hectárea: el porcentaje de semillas que quedan en el bosque a partir de
la temporada anterior y que germina, fluctúa entre 1% en Mallín del
Treile y Cruzaco, y un 3%, en Quinquén. “Si bien son cifras que generan
preocupación, hay que aclarar ciertos elementos, desde la realidad y
conocimiento pewenche: respecto de la regeneración del pewen, a pesar de que el mundo científico indique que el pewen
llega a una edad madura y empieza a producir semillas después de los
50 años, basado en la observación y en la transmisión de conocimiento
de una generación a otra, se puede indicar que es en menos tiempo, 25 ó
30 años. Además, el pueblo pewenche sabe del ürkütun o descanso de los pewenentu (bosques de pewen), ya que hay épocas, cada tres o cuatro años, aproximadamente, cuando los pewenes no dan frutos, y descansan, siendo este un ciclo natural. Aunque la araucaria produce cerca de cien kilos de piñón o nguelliu,
no todas las semillas germinan ya que existen distintas etapas de
maduración, que son determinadas por factores ambientales. Las más
fuertes se regeneran, germinan y crecen como plantas jóvenes en la
época llamada konal puken, donde se producen los nuevos pichike pewen.
El resto de los piñones, si no se recolectan, se secan y no se
regeneran. Ejemplo de lo anterior es lo observado en China Muerta, que
luego del incendio que la afectó, fue bombardeada con una gran cantidad
de piñones, de los cuales, casi ninguno germinó”.
Sobre el consumo que hace la fauna silvestre, los pewenche saben que “existe el yalyal,
que es la interacción con roedores que recolectan y guardan piñones,
haciendo rumas, siendo estos mismos montones los que pueden regenerar
una araucaria”. Respecto de la fauna exótica, especialmente el ganado,
“que son señalados como ávidos consumidores de piñón, lo primero que
hay que indicar es que la población pewenche en décadas anteriores
poseía una mayor poblaciones de ganado doméstico que en la actualidad,
además de poseer y ocupar mayores extensiones de tierra que las que
ocupa actualmente. Los pewenche poseen el conocimiento propio para
hacer compatible la crianza de ganado con la protección del pewen.
Es por eso que en épocas de recolección de piñones se apartan los
animales, actividad que se mantiene y se exige hasta el día hoy, por lo
que el consumo que se realiza por nuestro ganado es mínimo”, informa
Eduardo Cayul.
Según la revista científica Applied Geography, entre
1973 y 2008 han desaparecido alrededor de 275.000 hectáreas, es decir,
cerca de un 50 por ciento del bosque nativo. Según la Ufro en ese mismo
periodo las plantaciones exóticas aumentaron en 366.000 hectáreas,
casi un 2.000 por ciento. No es producto de la casualidad. Obedece a
políticas públicas que han fomentado las plantaciones forestales,
principalmente exóticas, gracias al Decreto Ley 701, de 1974, de
subsidio a las forestales. ARNALDO PEREZ GUERRA En Melipeuco y Temuco (Publicado en “Punto Final”, edición Nº 894, 9 de marzo 2018).
Mais um crime envolvendo grandes mineradoras acontece em Minas Gerais e afeta a bacia do Rio Doce. Desta vez, o maior mineroduto do mundo, da empresa Anglo American, rompeu e provocou a contaminação do Ribeirão Santo Antônio no município de Santo Antônio do Grama, interrompendo o abastecimento de água para milhares de pessoas.
O mineroduto, que possui uma extensão de 525 km e corta 32 municípios, é uma estrutura do Projeto Minas-Rio que transporta o minério extraído em Conceição do Mato Dentro (MG) até o Porto Açu em São João da Barra (RJ). O empreendimento, desde as obras para a sua instalação, tem causado graves danos socioambientais na região, com destruição e contaminação de cursos d’água, secamento de nascentes, problemas sociais com a perda dos territórios por comunidades tradicionais, problemas de saúde aos moradores, aumento da violência, ameaças e criminalização de lideranças.
A Anglo American é uma multinacional com vasta histórico de sistemáticas violações de direitos humanos em todas as regiões do mundo onde atua. A construção do mineroduto do projeto Minas-Rio, por exemplo, foi alvo de diversas denúncias, incluindo autuações do Ministério Público do Trabalho por trabalhadores em situação análoga à escravidão nas obras. E mesmo após sua finalização em 2014 vários problemas continuaram sem resolução, como o drama de centenas de famílias que tiveram suas fontes de água destruídas e as casas rachadas com os tremores provocados pelo bombeamento do minério. A água utilizada pelo mineroduto é captada no Rio do Peixe em Dom Joaquim, município em que a população passou a sofrer cotidianamente com a falta de água. Ainda assim, a empresa não reconhece os danos causados nessa cidade. E o empreendimento da Anglo American está situado na bacia do Rio Doce, então qualquer problema neste projeto causará, novamente, danos ao Rio Doce, já tão massacrado pelo crime da Samarco. Será que a pluma do rompimento de ontem do mineroduto chegará ao Rio Doce? É importante toda a sociedade estar atenta.
Os moradores de Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim e todas as demais cidades cortadas pelo mineroduto Minas-Rio vivem imersas às contradições inerentes do modelo mineral adotado pelo Estado brasileiro. Tanta riqueza escoada e tanta pobreza nos territórios. Esta é uma realidade vivenciada na pele por cada cidade minerada ou atravessada pelos modais de escoamento da logística mineral no Brasil. Em Minas Gerais temos 4 minerodutos construídos e mais 4 projetados para serem implementados. O mineroduto da Anglo é atualmente o único em operação, porque os 3 da Samarco estão paralisados desde o crime do rompimento da barragem Fundão em Mariana no dia 5 de novembro de 2015. Se somarmos a quantidade de água que seria utilizada pelos oito empreendimentos chegaremos a um volume suficiente para abastecer a capital mineira, Belo Horizonte. Ou seja, o Estado tem entregue nossas águas para que grandes corporações da mineração saqueiam nossos minérios.
Atualmente o Minas-Rio é o maior projeto minerário em expansão no estado de Minas Gerais, e um dos maiores do Brasil. Em 26 de janeiro de 2018 a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de MG concedeu a Licença Prévia (LP) concomitante à Licença de Instalação (LI) para a “Etapa 3”, através da Câmara Temática de Mineração. Esta expansão garantirá à empresa um aumento significativo da exploração mineral no território. Para isto, a mineradora ampliará o triplo do tamanho da cava onde explora o minério de ferro e fará o alteamento da barragem de rejeitos, que chegará a um volume 7 vezes maior que a barragem de Fundão que rompeu em Mariana.
Mesmo após o maior crime socioambiental do país, o rompimento da barragem Fundão da Samarco/Vale/BHP Billiton, das inúmeras denúncias internacionais, e de recomendações expedidas pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual, o Estado de MG concedeu a licença para a Anglo American. A expansão coloca ainda mais em risco as 400 famílias que estão logo abaixo da barragem de rejeitos, na área de auto-salvamento. Prejudicará ainda mais a vida de todas as comunidades que vivem nos municípios do entorno do empreendimento. A concessão dessa licença foi concedida de forma arbitrária, sem participação popular e sem que a empresa resolvesse os graves problemas acumulados das etapas e anos anteriores. Importante frisar que a ampliação da extração terá como consequência direta o aumento do volume de polpa de minério de ferro que é transportada pelo mineroduto, o que gera mais pressão no seu funcionamento e maiores riscos de novas rupturas.
O rompimento do mineroduto da Anglo American em Santo Antônio do Grama revela à toda sociedade brasileira, mais uma vez, que esse modelo de mineração sob hegemonia do grande capital e a serviço de interesses alheios ao povo brasileiro não servem à nação e deve ser negado e combatido veementemente pelo conjunto da sociedade. Só não foi mais trágico o ocorrido porque o rompimento aconteceu em uma área rural do município, em lugar distante de casas e criações dos moradores da região.
Diante desse episódio o MAM denuncia e exige que a Anglo American seja responsabilizada pela pelos danos causados em Santo Antônio do Grama e nos cursos d’água atingidos, e que realize todas as medidas necessárias para garantir o direito ao abastecimento hídrico de qualidade à população impactada. Além disso, reiteramos reivindicações já apresentadas ao Estado anteriormente em relação ao empreendimento Minas-Rio, são elas:
– Suspensão da licença e paralisação das obras da Etapa 3 do Projeto Minas Rio até que todos os problemas e impactos causados pelas etapas anteriores e pelo mineroduto sejam resolvidos;
– Reassentamento das comunidades de Passa Sete, Água Quente e São José do Jassém, que residem na área de auto salvamento da barragem de rejeitos do Projeto Minas Rio;
– Revogação dos decretos que declaram de utilidade pública os minerodutos em processo de licenciamento ambiental no território do estado;
– Impedimento e proibição de instalação de novos minerodutos no estado de Minas Gerais.
El Estado mexicano está totalmente rebasado. En materia de espionaje
todo está fuera de control. El gobierno federal y los gobiernos de las
entidades de la República son incapaces de siquiera detectar –ya no
digamos prevenir o evitar– el espionaje que, fuera de la ley, realizan
servidores públicos de los tres niveles de gobierno y empresarios.
No se trata de los viejos seguimientos físicos que aún se hacen a
determinados personajes. El espionaje de hoy es total, permanente e
invade todos los aspectos de la vida de las personas: familiar, laboral,
académico, lúdico, de negocios, cultural, de pareja. Se trata del
espionaje digital. Puede dirigirse contra cualquier persona.
Uno podría suponer que es el Estado el que detenta el monopolio de la
capacidad de intervenir comunicaciones digitales. No es así. Menos en
México, donde el fenómeno ha tomado tintes grotescos. Basta con
consultar los dispositivos de espionaje del mercado que, sin ningún tipo
de restricciones, se venden a quienes lo solicitan.
“Conozca y recupere de cualquier Iphone y smartphone: Whats App, llamadas en tiempo real, uso de redes, e mails, redes sociales, ubicación gps, mensajes, contactos, llamadas, toda la información en memoria y mucho más.”
“Espionaje integral de computadoras. El más completo, mejor y más pequeño keylogger
del mundo. Disponible en USB y PS/2, tamaño micro; función Fecha-Hora;
con internet inalámbrico; funciona para Mac, Windows, Linux. Sólo
conéctelo y espíe. No requiere ningún software ni controladores.”
Los anuncios se cuelgan como si se tratara de la venta de útiles escolares o comida. De hecho, el servicio es a la carta.
Todo depende de cuánto pueda gastar el cliente y qué actividades de
espionaje desee realizar. No hay restricción alguna. Cualquiera puede
comprar los equipos y los servicios.
Si hasta hace algunos años estos equipos se vendían tímidamente en
algunas calles del centro de la Ciudad de México (la de mayor fama es la
del Eje Central Lázaro Cárdenas, dentro y en las inmediaciones de la
Plaza de la Computación), hoy el comercio es totalmente abierto, cínico.
Los pagos incluso pueden concretarse en bancos y tiendas de
autoservicio y esperar el equipo cómodamente en casa.
El número de empresas que se dedican a comercializar este tipo de
equipos y a proveer estos servicios es indeterminado. El asunto es que
estas actividades terminan por representar un riesgo para la privacidad y
la seguridad de las personas y también de las instituciones. A diario
actores individuales adquieren la capacidad de afectar potencialmente la
seguridad pública y, en algunos casos, la seguridad nacional. ¿Cuántos
de estos equipos acaban en manos de políticos que buscan desprestigiar y
aplastar a un rival? ¿Cuántos en las de empresarios que buscan sacar
ventajas frente a sus competidores o beneficiarse ilegalmente de
información privilegiada? ¿Cuántos en las de los cárteles del
narcotráfico y otras expresiones de la delincuencia organizada?
Se trata ya de un fenómeno generalizado que viene a trastocar aún más
el funcionamiento de los sistemas político, financiero y económico de
México.
Los gobiernos de los estados, lejos de combatir estas actividades,
participan de manera entusiasta. Contratan “servicios de inteligencia”
que facturan bajo cualquier concepto.
Es un asunto de negligencia e incapacidad. Pero no sólo. También es
un asunto de legislación. Las propias leyes no contemplan esta nueva
realidad y para nada regulan estas actividades. Es verdad que prohíben
el espionaje entre particulares y también el que se realiza por parte de
agentes del Estado si no es autorizado por un juez; pero fácilmente se
les puede burlar.
Tan sencillo es adquirir los equipos y tan alta es la demanda que se ha consolidado un mercado en auge, con una diversidad de software
y programas informáticos para la intervención de computadoras y
teléfonos inteligentes. Con esa información se crean perfiles de
conducta, actividades, tendencias e intereses de las personas espiadas,
secretos industriales, contraseñas, códigos de acceso a cuentas
privadas…
El asunto es que en el Código Penal Federal se establece como grave
delito la comisión de espionaje. Pero no sanciona a quienes venden o
compran equipos o servicios destinados al espionaje. Un sinsentido. Por
ello México se ha convertido en uno de los mayores compradores de equipo
espía. El vacío legal es evidente.
En el Senado de la República se encuentra una iniciativa con proyecto
de decreto para reformar diversas disposiciones del Código Penal
Federal, todas en materia de seguridad cibernética. Fue presentada por
el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, quien es integrante de la
Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, presidente de la Comisión de
Reforma del Estado y secretario de, entre otras, la Comisión de
Justicia.
A decir del legislador, el objetivo de esta iniciativa es que “el
Estado mexicano desincentive esta práctica creciente en nuestro país”.
Se busca que no sólo se castigue el espionaje sino la venta, compra y
posesión de equipos que lo hacen posible.
Los intereses que se oponen a cancelar estas actividades ya son
poderosos. Y mientras más pase el tiempo, adquirirán mayor poder aún. El
Gran Hermano, de George Orwel palidece frente a la multitud de hermanos vigilantes, cínicos e impunes.
Zósimo Camacho
En el Ecuador la minería se anuncia con perspectivas trágicas. Según el mapa de Ambar, linked open data portal, hay concesiones mineras, por ahora, en 20 de las 24 provincias de nuestro país. Más del 15% del territorio está concesionado.
Decenas de miles de personas han colapsado el Paseo de Gràcia de
Barcelona en defensa de Carles Puigdemont. Convocados por la ANC y
Òmnium Cultural, se han sumado también representantes políticos de todos
los partidos y entidades independentistas. Se hacen llamamientos a
favor de investir a Puigdemont como president de la Generalitat, por la
libertad de los presos políticos y por la huelga general.
nuestra
enseñanza es la ternura. Decimos siempre que con ella venceremos, pero
otra vez lo real de esta existencia cruel nos pega sin piedad. El
adoctrinamiento público de condecoraciones presidenciales se llevó
puesto a otro más. Otro más, pero único: Facundo. De 12 años. Tucumano y
futbolero.
Unas 100.000 personas han participado esta
mañana en la manifestación de Barcelona convocada por la Marea
Pensionista (30.000 participantes según la Guardia urbana) para exigir
la revalorización de las pensiones según el IPC y por pensiones públicas
dignas. La movilización forma parte de la jornada estatal de lucha organizada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, que agrupa a mareas y colectivos de pensionistas de todos los territorios el Estado, con acciones de protesta en más de 150 ciudades que han dado continuidad a las masivas movilizaciones del pasado 22 de febrero.
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