En el balotaje del 2006 Lula derrotó al candidato del PSDB
Geraldo Alckmin por más de veinte puntos: 61 a 39 por ciento. En el 2010
Dilma doblegó en la segunda vuelta al también tucano José Serra por
unos doce puntos: 56 versus el 44 por ciento. Ayer derrotó a Aécio por
apenas tres puntos: 51.6 a 48.4 por ciento. Angustiosa e incierta no
tanto por la escasa diferencia con que derrotó a su rival como por las
agónicas tres semanas de campaña en donde, por momentos, el PT aparecía
condenado a emprender un humillante regreso al llano luego de doce años
de gobierno. Y si esto estuvo a punto de ocurrir fue más a causa de
errores propios que de los méritos de su muy conservador oponente.
Como lo hemos señalado en numerosas oportunidades, los pueblos
prefieren el original a la copia. Y si el PT hizo suya -en sus grandes
líneas, aunque no en su totalidad- la agenda neoliberal de la derecha
brasileña nadie puede sorprenderse que en una coyuntura tan complicada
como la actual un significativo sector de la ciudadanía hubiera
manifestado su predisposición a votar por Aécio. Es cierto que hubo
algunas heterodoxias en la aplicación de aquella receta, la más
importante de las cuales fue la creación del programa Bolsa Familia.
Pero en lo tocante a las orientaciones económicas fundamentales la
continuidad de la tiranía del capital financiero y su reverso, la
fenomenal deuda pública del gobierno federal, unida al raquitismo de la
inversión social ( ¡aproximadamente una décima parte de lo que paga por
concepto de intereses de la deuda pública a los banqueros!), la
deliberada despolitización y desmovilización popular que marcaron la
gestión del PT desde sus inicios más el retraso en el combate a la
desigualdad y en atender a problemas como el transporte público -entre
tantos otros- que afectan al bienestar de las clases y capas populares
(en especial a sus grupos más vulnerables como los afrobrasileños, los
marginales de la ciudad y el campo, la juventud) terminaron por empujar
al PT al borde de una catastrófica derrota. Contrariamente a lo que
sostienen algunos de sus publicistas el “posneoliberalismo” todavía no
se ha asomado en el Planalto.
El alivio ofrecido por el veredicto de las urnas en el día de ayer
será de poca duración. A Dilma le esperan cuatro años durísimos, y otro
tanto se puede decir acerca de Lula, su único posible sucesor (al menos
hasta el día de hoy). Una de las lecciones más ilustrativas es la
ratificación de la verdad contenida en las enseñanzas de Maquiavelo
cuando decía que por más que se le hagan concesiones los ricos y
poderosos jamás dejarán de pensar que el gobernante es un intruso que
ilegítimamente se inmiscuye en sus negocios y en el disfrute de sus
bienes. Son, decía el florentino, insaciables, eternamente
inconformistas y siempre propensos a la conspiración y la sedición. La
tremenda ofensiva desestabilizadora lanzada en las últimas tres semanas
por los capitalistas brasileños desde la Bolsa de Valores de Sao Paulo,
por el capital financiero internacional (recordar las más que notas
arengas de The Economist, y el Wall Street Journal, entre otros) y la
potente artillería mediática de la derecha brasileña (red O Globo,
Folha, O Estado de Sao Paulo y revista Veja, principalmente) es
aleccionadora, y demuestra los equívocos en que cae un gobierno que
piensa que cediendo terreno a sus demandas logrará al fin contar si no
con la lealtad al menos con la tolerancia de los poderosos. Dilma corre
el riesgo de ser asfixiada por rivales cuya extrema belicosidad se hizo
patente en la campaña electoral y que no parecen muy dispuestos a
esperar otros cuatro años para llegar al gobierno. Por eso la hipótesis
de un “golpe institucional”, si bien muy poco probable no debería ser
descartada apriorísticamente, lo mismo que el desencadenamiento de una
feroz ofensiva desestabilizadora encaminada a poner fin a la “dictadura”
petista que según la derecha cavernícola reunida en el Club Militar
estaría “sovietizando” al Brasil. Lo ocurrido con José Manuel Zelaya en
Honduras y Fernando Lugo en Paraguay debería servir para convencer a los
escépticos de la impaciencia de los capitalistas locales y sus mentores
norteamericanos para tomar el poder por asalto ni bien las
circunstancias así lo aconsejen. Para no sucumbir ante estos grandes
factores de poder se requiere, en primer lugar, la urgente
reconstrucción del movimiento popular desmovilizado, desorganizado y
desmoralizado por el PT, algo que no podrá hacerlo sin una reorientación
del rumbo gubernamental que redefina el modelo económico, recorte los
irritantes privilegios del capital y haga que las clases y capas
populares sientan que el gobierno quiere ir más allá de un programa
asistencialista y se propone modificar de raíz la injusta estructura
económica y social del Brasil. En segundo término, luchar para llevar a
cabo una auténtica reforma política que empodere de verdad a las masas
populares y abra el camino largamente demorado de una profunda
democratización. El Congreso brasileño es una perversa trampa dominada
por el agronegocio y las oligarquías locales (253 miembros del Frente
Parlamentario de la Agroindustria, que atraviesa casi todos los
partidos, sobre un total de 513) producto del escaso impulso de la
reforma agraria tras doce años de gobierno petista y las interminables
piruetas políticas que tuvo que hacer para lograr una mayoría
parlamentaria que sólo se destraba desde la calle, jamás desde los
recintos del Legislativo. Pero para que el pueblo asuma su protagonismo y
florezcan los movimientos sociales y las fuerzas políticas que
motoricen el cambio –que ciertamente no vendrá “desde arriba”- se
requerirá tomar decisiones que efectivamente los empoderen. Ergo, una
reforma política es una necesidad vital para la gobernabilidad del nuevo
período, introduciendo institutos tales como la iniciativa popular y el
referendo revocatorio que permitirán, si es que el pueblo se organiza y
concientiza, poner coto a la dictadura de caciques y coroneles que
hacen del Congreso un baluarte de la reacción.
¿Será este el curso de acción en que se embarcará Dilma? Parece poco
probable, salvo que la irrupción de una renovada dinámica de masas
precipitada por el agravamiento de la crisis general del capitalismo y
como respuesta ante la recargada ofensiva de la derecha (discreta pero
resueltamente apoyada por Washington) altere profundamente la propensión
del estado brasileño a gestionar los asuntos públicos de espalda a su
pueblo. Esta es una vieja tradición política, de raíz profundamente
oligárquica, que procede desde la época del imperio, al promediar el
siglo diecinueve, y que ha permanecido con ligeras variantes y
esporádicas conmociones hasta el día de hoy. Nada podría ser más
necesario para garantizar la gobernabilidad de este nuevo turno del PT
que el vigoroso surgimiento de lo que Álvaro García Linera denominara
como “la potencia plebeya”, aletargada por décadas sin que el petismo se
atreviera a despertarla. Sin ese macizo protagonismo de las masas en el
estado éste quedará prisionero de los poderes fácticos tradicionales
que han venido rigiendo los destinos de Brasil desde tiempos
inmemoriales. Y su consecuencia sería desastrosa no sólo para ese país
sino para toda Nuestra América porque tanto Aécio como el bloque social y
político que él representa no bajarán los brazos y no cejarán en sus
empeños para “desacoplar” a Brasil de América Latina, liquidar a la
UNASUR y la CELAC, promover el TLC con Estados Unidos y Europa y el
ingreso a la Alianza del Pacífico y erigir un “cerco sanitario” que
aísle a Cuba, Bolivia, Ecuador y Venezuela del resto de los países de
la región. Un programa, como se comprueba a simple vista, en sintonía
con la prioridad estratégica fundamental de Estados Unidos en la
turbulenta transición geopolítica global que no es otro que regresar
América Latina y el Caribe a la condición en que se hallaban la noche
del 31 de Diciembre de 1958, en vísperas del triunfo de la revolución
cubana. Es que cuando el imperio ve peligrar sus posiciones en Medio
Oriente, en Asia Central, en Asia Pacífico e inclusive en Europa su
reflejo inmediato es reforzar el control sobre lo que tanto Fidel como
el Che caracterizaron como su retaguardia estratégica. Es decir,
nosotros. Lo hizo en la década de los setentas, cuando era socavado por
el efecto combinado de la crisis del petróleo, la estanflación y las
derrotas en Indochina, principalmente Vietnam. En aquella coyuntura su
respuesta fue instalar dictaduras militares en casi toda América Latina y
el Caribe. Y tratará de hacerlo nuevamente ahora, cuando su situación
internacional está mucho más comprometida que en aquel entonces.
vía:
http://www.kaosenlared.net/component/k2/98919-brasil-victoria-p%C3%ADrrica-y-despu%C3%A9s
jueves, 30 de octubre de 2014
Guatemala: La privatización del derecho a la energía eléctrica, impactos socioeconómicos y convulsión social creciente...... Ollantay Itzamná
El Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), en coedición con entidades ciberactoras como rebelion.org, otramerica.com, servindi.org, colarebo.wordpress.com, ccoo-euskadi.net, comunitariapress.wordpress.com, la CNOC, y las editoriales Cholsamaj y Dyskolo, publicó y socializa un resumen de la investigación participativa titulada: La privatización del derecho a la energía eléctrica. Impactos socioeconómicos y convulsión social creciente. Dicha investigación es una aproximación cuanticualitativa a los impactos socioeconómicos generados por el proceso de la privatización del subsector de la energía eléctrica en el área rural de Guatemala, en base a información recabada, en un período de dos años, en 652 comunidades indígenas y campesinas, distribuidas en 111 municipios, en 19 de los 22 departamentos del país.
A finales de la década de 1990, las corporaciones españolas IBERDROLA y UNIÓN FENOSA se adjudicaron el monopolio de la distribución de la energía eléctrica en todo el país, por 50 años, por un valor total de 620 millones de dólares. En 2010 y 2011, ambas empresas revendieron dicho negocio a la Empresa Pública de Medellín y a ENERGUATE (filial de la corporación británica ACTIS), respectivamente, nada menos que en un monto total de 1,069 millones de dólares. ¡Sólo por el acto de la reventa de dicho negocio aquellas empresas se llevaron más de 400 millones de dólares! “Nadie sabe cuánto invirtieron, ni cuánto ganaron en esos diez años las dos españolas”, indica la investigación.
En la segunda mitad de la década de los 90, el argumento neoliberal para desbaratar el monopolio público del subsector de la energía eléctrica fue: A mayor inversión privada, mayor la producción de energía eléctrica. A mayor producción de la energía eléctrica, menor el precio del kW/hr para el usuario final. Además, se prometió la electrificación total del país, modernizar y mejorar la calidad del servicio en la distribución de la energía eléctrica, y superar las pérdidas de la energía en la red de distribución.
A casi dos décadas de aquellas promesas, la mencionada investigación muestra que: “Actualmente, en Guatemala, se produce más energía eléctrica que en la década de los 90. El país tiene el segundo mercado de energía eléctrica más grande de Centro América. Pero, el precio del kW/hr de la energía subió en 212.9% en comparación a 1997.” Según la investigación, respaldada en datos estadísticos publicados por la CEPAL en 2012, Guatemala es el país con la energía eléctrica más cara de toda Centro América. Una de las más caras de toda América Latina. En países como Argentina, Suriname, Venezuela y Perú, el precio del kW/hr de electricidad decreció.
En Guatemala, más del 80% de usuarios/as en el área rural pagan, por factura mensual de electricidad, el equivalente hasta del 21% del salario mínimo establecido en el país. Comunidades rurales enteras, que no cuentan con el servicio del alumbrado público, pagan hasta el equivalente a 12.00 dólares mensuales por concepto de dicho servicio inexistente. En las ciudades las y los usuarios no pagan más del equivalente promedio a 5.00 dólares mensuales.
Para el 2011, cerca de medio millón de viviendas continuaban en tinieblas (15% de las viviendas del país). Si para 1997 se perdía el 14% de la energía en el país, para el 2011 las pérdidas no bajaban del 12% del total de la producción. La investigación también señala que el 94% de usuarios rurales indica que empeoró la calidad del servicio de la energía eléctrica.
La investigación concluye que los impactos socioeconómicos de la privatización de este subsector no sólo evidencian la mercantilización del derecho a la energía eléctrica, sino también la renuncia del Estado de Guatemala a su estratégica soberanía energética. Además, los abusos evidenciados en el área rural, por parte de la empresa distribuidora, indican la “naturalización” del racismo ya institucionalizado en el país. En el área rural, se imprimen y distribuyen arbitrarias facturas de electricidad bajo la premisa de: “El indio bruto y analfabeto, paga callado”.
En uno de sus capítulos cortos, dicho trabajo indica que el marco normativo del sector, lejos de garantizar los derechos de usuarios, protege los intereses de las empresas privadas distribuidoras al asignarles las funciones de juez y parte en la evaluación y resolución de conflictos con usuarios. Situación que generó y genera la creciente convulsión social, por momentos violenta, al no encontrar vías jurídicas de solución.
Entre 2012 y lo que va del 2014, la investigación indica nombres y apellidos de 17 usuarios/dirigentes inconformes, organizados en resistencia, asesinados. La gran mayoría de ellos/as por la represión policial-militar en protestas sociales. Se encarcelaron 97 usuarios inconformes en resistencia, pero ninguno de ellos tiene sentencia judicial. El Gobierno y ENERGUATE-ACTIS acusan de ladrones y delincuentes a usuarios organizados en resistencia. Incluso crearon una Fiscalía Especial contra el Hurto de Energía Eléctrica. Pero, no existe un solo encarcelado por el delito de hurto de fluido en el país.
No cabe duda. Esta investigación, la primera en esta materia en el país, coloca al Gobierno y a los agentes neoliberales entre la falacia y la verdad. Hasta ahora, opinadores prejuiciosos, desde los medios corporativos, fustigaban, insultaban, a indígenas y campesinos en resistencia por el derecho a la energía eléctrica, en base a creencias atávicas y desprestigios divulgados por los misioneros neoliberales. Ahora, Guatemala cuenta con un documento inicial para debatir y atreverse a resolver el conflictivo servicio de la distribución de la energía eléctrica que ensangrienta aún más a este país de raíces milenarias.
vía:
http://rebelion.org/noticia.php?id=191311
México: Entrevista con Alejandro Solalinde, cura y activista mexicano ....Este cura se armó de valentía e hizo conciencia para revelar los testimonios que le confiaron varias personas acerca de la desaparición de 43 estudiantes en México.
Este cura se armó de valentía e hizo conciencia para revelar los testimonios que le confiaron varias personas acerca de la desaparición de 43 estudiantes en México. El padre Alejandro Solalinde, que ahora pide disculpas a los familiares de los normalistas por anticipación, en Entrevista, de RT, está seguro que el principal responsable de la dramática situación del país es el propio gobierno, que “sirve al capital de EE.UU. más que a los problemas sociales”.
Brasil:Os pontos nos "i" na Amazônia...Por Lucas Matheron*, Agora Vox
"Por que o REDD favorece a expulsão dos pequenos agricultores? É preciso
entender que estamos falando de propriedades de vários milhares de
hectares cujos "proprietários" apenas conhecem uma pequena parte, e que,
em algumas, existem ocupações de pequenos agricultores que ali vivem há
muitos anos."
20.10.2014
Devido aos diversos movimentos engajados por causa das agressões cometidas contra o CIMI AO relatadas aqui [1], uma ação de peso acaba de ser decidida para pressionar o governo do Estado do Acre e, conjuntamente, o governo federal do Brasil. Com efeito, o World Rainforest Movement [2] tomou a iniciativa de uma ação direta junto ao governo alemão, para alavancar essa pressão internacional. Na carta aberta [3], os 50 signatários, distribuídos em 19 países, pedem uma intervenção junto ao governo do Acre e da Ministra encarregada da Secretaria dos Direitos Humanos na Presidência da República a fim de tomar as medidas cabíveis para garantir a segurança das pessoas do CIMI e das populações indígenas e levar a cabo as investigações necessárias.
Por Lucas Matheron*, Agora Vox
Mas por que justo a Alemanha? É porque o banco alemão KfW financia, no âmbito de um programa de proteção das florestas tropicais, um projeto-piloto no Estado do Acre [4] por um montante de 15 milhões de euros. Esse projeto faz parte de um programa específico do governo alemão, o REDD+ Early Movers [5] que visa "recompensar os pioneiros na conservação das florestas" no âmbito do programa das Nações Unidas para a Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação das florestas, o REDD [6] (Além da versão "Wiki" em inglês, tem mais informações sobre o REDD aqui [7] ou aqui [8]).
Enfim, o que traz o REDD? Dinheiro! E no contexto fundiário no Brasil, ele muda também o quadro por diversos motivos. Cito aqui dois dos mais importantes no âmbito desse artigo.
- Primeiro ele favorece os latifúndios; de fato, se anteriormente os grandes fazendeiros podiam possuir imensidões de terras sem cultivos e financeiramente improdutivas, as mesmas terras se tornam fonte de renda.
- Em segundo lugar, ele favorece a expulsão de pequenos agricultores, trava o processo de reforma agrária e vai contra os direitos fundamentais inseridos na Constituição federal, ou seja, no fim vai alimentar os conflitos.
Nas entrelinhas, encontramos também elementos de resposta sobre os recentes acontecimentos relatados aqui [9]. Recusando-se a sair das reservas em processo de demarcação, os fazendeiros ganham tempo na espera de um maior valor para as terras que ocupam, ou mesmo na esperança de afugentar os índios dali. Resumindo, mais ainda se acrescentam as desigualdades sociais, se institucionalizam as injustiças, se reforça o poder dos poderosos.
Sem alargar demais meus comentários, é preciso esclarecer dois pontos:
- Por que o REDD favorece a expulsão dos pequenos agricultores? É preciso entender que estamos falando de propriedades de vários milhares de hectares cujos "proprietários" [10] apenas conhecem uma pequena parte, e que, em algumas, existem ocupações de pequenos agricultores que ali vivem há muitos anos. Não sendo uma ameaça para a integridade financeira do fazendeiro para o qual estes podem até vender pontualmente sua força de trabalho, eles são tolerados e acabam se tornando como seus "guardiões", apesar de estarem numa condição de servos. Nesse contexto de latifúndios, e não somente na Amazônia, observam-se casos em que os trabalhadores vivem reais condições de escravidão [11] [12]. O problema é que com o REDD, o tipo de agricultura familiar praticada por esses pequenos agricultores não é mais permitida, já que a palavra de ordem é "não se toca mais em nada". Desta forma, eles apenas têm uma escolha: sair... ou morrer.
E é o que acontece, justamente nessa região da qual fala Lindomar Padilha, região onde há conflitos com as populações ameríndias. É o que explica esse artigo [13] de dezembro de 2013, já citado num artigo anterior [14] sobre a financeirização da natureza. O projeto Purus [15], comentado nesse artigo, cobre uma superfície de 34.700 hectares, junto com as populações que ali vivem. Ele foi desenvolvido pela CarbonCo, LLC, com sede em Bethesda [16], no Maryland nos Estados Unidos, para um antigo prefeito local, portanto um político, e fazendeiro, proprietário de um vasto seringal.
- o segundo ponto é a reforma agrária, que não se faz, tornando-se um câncer na sociedade brasileira contemporânea. A Constituição federal condiciona a propriedade privada à garantia da sua função socioambiental, ou seja, seu uso racional e adaptado aos recursos naturais e ao meio ambiente, bem como uma exploração que vise tanto o bem estar do dono como dos trabalhadores. Não sendo respeitadas essas condições, a propriedade é passível de desapropriação a fins de reforma agrária; um dos motivos de desapropriação sendo, claro, a terra improdutiva. Ora, com o REDD é mágico! O que era improdutivo ontem passa a produzir hoje... E vai aí mais um empecilho no caminho da reforma agrária que arrasta seus milhares de sem-terra nas estradas do país, aguardando processos de desapropriação que, às vezes, duram anos!
Este foi um pequeno olhar sobre a parte submersa do iceberg e sobre o que motiva tantos conflitos naquela pequena região da Amazônia. Mas é preciso saber que esse projeto do Acre é um projeto-piloto que tem como ambição de ser estendido a todo o território brasileiro. Se cruzarmos isso com a reforma do Código florestal, que as manobras ruralistas conseguiram aprovar no Congresso em 2012, temos um conjunto de mecanismos que favorecem a velha oligarquia da terra e a consolida. Ao povo brasileiro resta, e cabe, de fazer valer seus direitos, ou não, e é nesse contexto que evoluem idealistas como Lindomar Padilha que nos esforçamos de apoiar na sua luta.
Notas
[1] Aqui
[2] Aqui
[3] Em inglês: aqui ou em português: aqui (pdf)
[4] Em 2012, o programa realizou sua primeira transação de compensação e de redução de emissões evitando o desmatamento criado pelo Estado do Acre, no Brasil. O programa prevê apoiar programas complementares de REDD em 2013/2014, aqui
[5] Somente em inglês: aquí (pdf)
[6] Aqui
[7] Aqui
[8] Aqui
[9] Aqui
[10] Lei de Terras 1850: Lei que "modernizou" o acesso à terra em meados do século XIX, institucionalizando a compra como único acesso à propriedade privada. Foi o início das desigualdades quanto ao direito à terra. Aqui
[11] Goiás: aqui
[12] No Distrito Federal: aqui
[13] Projetos de carbono no Acre ameaçam o direito à terra. Reporter Brasil 19/12/2013, aqui
[14] Aqui
[15] Aqui (pdf)
[16] Aqui
Publicado originalmente em francês em Agora Vox
* Lucas Matheron, é ecologista, francês de origem, radicado no Brasil há 30 anos, tradutor independente nos idiomas francês e português. Membro da Aliança RECOS (Redes de Cooperação Comunitária Sem Fronteiras) desde 1999, da qual é coordenador de comunicação para os países francófonos. www.lucas-traduction.trd.br
vía:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Os_pontos_nos_i_na_Amazonia
Ciencia-Sociedad: La sobrepoblación humana, incontenible...Ni guerras, catástrofes o epidemias pararán la expansión...Se erosiona la capacidad del planeta para sostener la vida: científicos...Steve Connor
No existe
ajuste rápidoa la bomba de tiempo demográfica, según investigación
Ni una guerra mundial ni una pandemia variarían el aumento de la población
Las medidas para reducir la fertilidad
tienen que ir de la mano con políticas orientadas a disminuir el consumo
de recursos naturales, advierten científicos
Se estima que para 2100 habrá en el orbe 25 mil millones de personas, aunque esto se basa en las tasas actuales
Steve Connor
The Independent
Si bien las medidas diseñadas para reducir la fertilidad en las partes del mundo donde el crecimiento demográfico es más rápido tendrán impacto a largo plazo, esto tiene que ir de la mano con políticas orientadas a reducir el consumo de recursos naturales, advierten.
Dos ecologistas que normalmente estudian poblaciones animales en libertad han concluido que el número actual de personas en el planeta representará uno de los problemas más desafiantes para la vida sostenible en los próximos cien años, aun si todos los países adoptaran una política draconiana de un hijo por pareja.
La población actual de la Tierra es de unos 7 mil 100 millones, y los
demógrafos estiman que este número se elevará a unos 9 mil millones
hacia 2050 y hasta 25 mil millones en 2100, aunque esto se basa en las
tasas actuales de fertilidad, las cuales se espera que caigan en las
próximas décadas.
El profesor Bradshaw declaró a The Independent que el estudio se diseñó para evaluar las cifras de población humana con la visión de un ecologista que estudia los impactos de la naturaleza sobre los animales, para determinar si factores como pandemias y guerras mundiales pudieran tener una influencia dramática en las proyecciones.
Los investigadores idearon nueve escenarios que podrían influir en la cifra de humanos este siglo, que van desde
Las medidas de control de la fertilidad mediante las políticas de planeación tendrán impacto a la larga en reducir la presión sobre los limitados recursos, pero no de inmediato, precisó.
© The Independent
Traducción: Jorge Anaya
vía:
Se estima que para 2100 habrá en el orbe 25 mil millones de personas, aunque esto se basa en las tasas actuales
Steve Connor
The Independent
La población humana está
No existe encadenadaa un aumento inexorable en este siglo y no variará con facilidad, ni siquiera por eventos apocalípticos como una tercera guerra mundial o una pandemia letal, de acuerdo con un estudio.
ajuste rápidoa la bomba de tiempo demográfica, porque el número de humanos se ha elevado a un punto en el que tiene impulso propio, que no puede ser afectado en forma significativa ni siquiera por desastres globales inimaginables, concluyen científicos.
Si bien las medidas diseñadas para reducir la fertilidad en las partes del mundo donde el crecimiento demográfico es más rápido tendrán impacto a largo plazo, esto tiene que ir de la mano con políticas orientadas a reducir el consumo de recursos naturales, advierten.
Dos ecologistas que normalmente estudian poblaciones animales en libertad han concluido que el número actual de personas en el planeta representará uno de los problemas más desafiantes para la vida sostenible en los próximos cien años, aun si todos los países adoptaran una política draconiana de un hijo por pareja.
El impulso demográfico inexorable de la población humana erosiona con rapidez el sistema de sostenimiento de vida de la Tierra, observan los profesores Corey Bradshaw, de la Universidad de Adelaida, y Barry Brook, de la Universidad de Tasmania, en un estudio publicado en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.
Tendencias de reducción de la mortalidad
Asumiendo que continúen las tendencias actuales de reducción de la mortalidad, hasta una rápida transición hacia una política planetaria de un hijo por pareja conduciría a una población similar a la actual hacia 2100, aseveran.
Incluso un evento de mortandad en masa, de 2 mil millones de muertes en una ventana hipotética a mediados del siglo XXI, produciría alrededor de 8 mil 500 millones de personas en 2100.
El profesor Bradshaw declaró a The Independent que el estudio se diseñó para evaluar las cifras de población humana con la visión de un ecologista que estudia los impactos de la naturaleza sobre los animales, para determinar si factores como pandemias y guerras mundiales pudieran tener una influencia dramática en las proyecciones.
En esencia encontramos que la población humana es tan numerosa que tiene impulso propio. Es como un auto que corre a 240 kilómetros por hora: se puede pisar el freno, pero le lleva un rato detenerse, explicó Bradshaw.
Examinamos diversos escenarios de cambio en la población humana de aquí al 2100, ajustando las tasas de fertilidad y mortalidad para determinar la gama plausible de magnitud de población hacia el final del siglo. Incluso una política de un hijo por pareja, como la de China, en todo el planeta, aplicada en el próximo siglo, o eventos de mortandad catastrófica como un conflicto global o una pandemia, darían un resultado probable de entre 5 mil y 10 mil millones de habitantes en 2100, añadió.
Los investigadores idearon nueve escenarios que podrían influir en la cifra de humanos este siglo, que van desde
actividad normalcon las tasas de fertilidad existentes hasta una improbable política de un hijo por familia en todo el mundo, o a catástrofes mundiales en las que perecen miles de millones.
Nos sorprendió que un escenario de tercera guerra mundial de cinco años, que imitaba la misma proporción de muertos de la primera y la segunda Guerras Mundiales combinadas, apenas registró un parpadeo en la trayectoria de la población humana en este siglo, comentó el profesor Brook.
Las medidas de control de la fertilidad mediante las políticas de planeación tendrán impacto a la larga en reducir la presión sobre los limitados recursos, pero no de inmediato, precisó.
Nuestros tatara-tara-taranietos podrían resultar beneficiados con esa planeación, pero no los pobladores actuales, advirtió. Simon Ross, jefe ejecutivo de la organización filantrópica Population Matters, expresó que introducir la planeación familiar moderna en el mundo en desarrollo costaría menos de 4 mil millones de dólares, que es como la tercera parte de lo que el Reino Unido destina a ayuda a países en desarrollo cada año.
Así pues, si bien la reducción de la fertilidad no es un ajuste rápido, es relativamente barato, confiable y popular con la mayoría, con efectos positivos en general, manifestó.
© The Independent
Traducción: Jorge Anaya
vía:
http://www.jornada.unam.mx/2014/10/29/ciencias/a02n1cie
miércoles, 29 de octubre de 2014
Chile: La ONU acusa a la Teletón de promover estereotipo de discapacitados como sujetos de caridad y no de derechos...por El Mostrador
El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU emitió esta semana un informe de rechazo a la Teletón en México,
por “promover estereotipos de las personas con discapacidad como
sujetos de caridad e impedir que se posicione el concepto de sujetos de
derechos” y solicitó al gobierno de Enrique Peña Nieto que diferenciara
con claridad el carácter privado de la campaña de la obligación que
tiene el Estado de rehabilitar a las personas con discapacidad. Este
hecho –afirmó el secretario ejecutivo de la Fundación Nacional de
Discapacitados (FND)–, Alejandro Hernández, abrió la puerta para que el
organismo internacional también se pronuncie contra la cruzada que
realiza desde 1978 la Fundación Teletón en Chile, con el animador Mario
Kreutzberger como cara visible.
“Luego de más de 30 años trabajando por la integración social y laboral en discapacidad, creo necesario y urgente que el mismo comité de la ONU sugiera al gobierno chileno de Michelle Bachelet, no seguir aplaudiendo la campaña que se realiza también en Chile desde 1978, herencia de un gobierno dictatorial y destructor de los Derechos Humanos. Aplaudir la Teletón es celebrar la discriminación y segregación en que viven las personas con discapacidad en nuestro país”, dijo Hernández.
A juicio del experto en discapacidad, la cruzada –que tendrá su nueva versión a fin de mes– no es más que una “campaña ruidosa que lo único que ha logrado es instalar en el inconsciente colectivo y del empresariado chileno, que ‘integrar es hacer un favor’. Este hecho impide, por ejemplo, una efectiva, adecuada y proactiva integración laboral de administrativos, técnicos y profesionales con discapacidad al mundo laboral. Prueba de esto es que solo el 0,5% de las empresas en Chile ‘se atreve’ a integrar a recurso humano con algún tipo o grado de discapacidad y más del 90% de las personas con discapacidad en edad de trabajar en Chile se encuentra cesante. Las empresas que aportan dinero a Teletón no integran debidamente a personas con discapacidad al trabajo, lo cual constituye un acto surrealista y de una profunda inconsecuencia”.
“Como experto, he escrito y hablado sobre Teletón muchas veces –hace más de una década–, señalándola como ‘el negocio del siglo’ para algunos y al mismo tiempo el mayor atropello de los derechos humanos de varios millones de ciudadanos chilenos. Hoy no puedo estar más en línea con el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y el llamado que realizan a México, el cual sin duda traspasa las fronteras mexicanas e inunda de un halo de luz y claridad a nuestros países que, inconscientes, aún subastan en la plaza pública los derechos humanos de los niños y las personas con discapacidad”, sostuvo.
Hernández asegura también que la recurrente advertencia de la Fundación Teletón –que hasta hace poco tenía entre sus directores al controlador del Grupo Penta Carlos Alberto Délano– de que el no cumplimiento de la meta de las “27 horas de amor” podría poner en riesgo el funcionamiento de los centros que atienden a no más del 0,8% de los discapacitados que viven en Chile, obedece sólo a un “chantaje emocional”.
“Yo le diría a a Teletón que corte los chantajes emocionales. Aquí la ciudadanía no requiere de chantajes emocionales, aquí la ciudadanía requiere que el Estado se ponga los pantalones”, dijo.
Lo más grave, enfatizó, es que en Chile “los escasos recursos que mantiene el Estado se los otorga a una sola organización privada, como Teletón, y por otro lado esta misma campaña recauda el dinero de todos los chilenos para sí misma. Hay que recordar que Teletón no alcanza a atender al 0,8 por ciento de la población total de las personas con discapacidad, que alcanzan más de tres millones de ciudadanos en Chile. Entonces acá hay un gran negocio, hay un gran atropello a los derechos humanos de los niños y esto no lo digo yo, esto no lo decimos desde la fundación, esto lo dice la Organización de Naciones Unidas. Nosotros como fundación hacemos eco; yo, como activista en discapacidad y experto en la materia, también hago eco de las palabras de la ONU”.
Finalmente, insistió en su llamado a que el organismo internacional “se pronuncie acerca de este atropello a los derechos humanos de las personas con discapacidad que se realiza en Chile desde el año 1978. Me extraña el silencio de la Unicef, me extraña profundamente el silencio del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), me extraña profundamente el silencio del Ministerio de Salud. Aquí el Ministerio de Salud tiene mucho que decir. Aquí estamos hablando de los derechos fundamentales, del derecho a la salud; no estamos hablando del derecho a acceder a comprar un vehículo último modelo, estamos hablando de un derecho fundamental”.
*Fuente: El Mostrador
Recomendamos leer tambien:
“Luego de más de 30 años trabajando por la integración social y laboral en discapacidad, creo necesario y urgente que el mismo comité de la ONU sugiera al gobierno chileno de Michelle Bachelet, no seguir aplaudiendo la campaña que se realiza también en Chile desde 1978, herencia de un gobierno dictatorial y destructor de los Derechos Humanos. Aplaudir la Teletón es celebrar la discriminación y segregación en que viven las personas con discapacidad en nuestro país”, dijo Hernández.
A juicio del experto en discapacidad, la cruzada –que tendrá su nueva versión a fin de mes– no es más que una “campaña ruidosa que lo único que ha logrado es instalar en el inconsciente colectivo y del empresariado chileno, que ‘integrar es hacer un favor’. Este hecho impide, por ejemplo, una efectiva, adecuada y proactiva integración laboral de administrativos, técnicos y profesionales con discapacidad al mundo laboral. Prueba de esto es que solo el 0,5% de las empresas en Chile ‘se atreve’ a integrar a recurso humano con algún tipo o grado de discapacidad y más del 90% de las personas con discapacidad en edad de trabajar en Chile se encuentra cesante. Las empresas que aportan dinero a Teletón no integran debidamente a personas con discapacidad al trabajo, lo cual constituye un acto surrealista y de una profunda inconsecuencia”.
“Como experto, he escrito y hablado sobre Teletón muchas veces –hace más de una década–, señalándola como ‘el negocio del siglo’ para algunos y al mismo tiempo el mayor atropello de los derechos humanos de varios millones de ciudadanos chilenos. Hoy no puedo estar más en línea con el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y el llamado que realizan a México, el cual sin duda traspasa las fronteras mexicanas e inunda de un halo de luz y claridad a nuestros países que, inconscientes, aún subastan en la plaza pública los derechos humanos de los niños y las personas con discapacidad”, sostuvo.
Hernández asegura también que la recurrente advertencia de la Fundación Teletón –que hasta hace poco tenía entre sus directores al controlador del Grupo Penta Carlos Alberto Délano– de que el no cumplimiento de la meta de las “27 horas de amor” podría poner en riesgo el funcionamiento de los centros que atienden a no más del 0,8% de los discapacitados que viven en Chile, obedece sólo a un “chantaje emocional”.
“Yo le diría a a Teletón que corte los chantajes emocionales. Aquí la ciudadanía no requiere de chantajes emocionales, aquí la ciudadanía requiere que el Estado se ponga los pantalones”, dijo.
Lo más grave, enfatizó, es que en Chile “los escasos recursos que mantiene el Estado se los otorga a una sola organización privada, como Teletón, y por otro lado esta misma campaña recauda el dinero de todos los chilenos para sí misma. Hay que recordar que Teletón no alcanza a atender al 0,8 por ciento de la población total de las personas con discapacidad, que alcanzan más de tres millones de ciudadanos en Chile. Entonces acá hay un gran negocio, hay un gran atropello a los derechos humanos de los niños y esto no lo digo yo, esto no lo decimos desde la fundación, esto lo dice la Organización de Naciones Unidas. Nosotros como fundación hacemos eco; yo, como activista en discapacidad y experto en la materia, también hago eco de las palabras de la ONU”.
Finalmente, insistió en su llamado a que el organismo internacional “se pronuncie acerca de este atropello a los derechos humanos de las personas con discapacidad que se realiza en Chile desde el año 1978. Me extraña el silencio de la Unicef, me extraña profundamente el silencio del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), me extraña profundamente el silencio del Ministerio de Salud. Aquí el Ministerio de Salud tiene mucho que decir. Aquí estamos hablando de los derechos fundamentales, del derecho a la salud; no estamos hablando del derecho a acceder a comprar un vehículo último modelo, estamos hablando de un derecho fundamental”.
*Fuente: El Mostrador
Recomendamos leer tambien:
Cuba: Aquí no hay Teletón, no hay limosnas, ¡hay HUMANIDAD!, a pesar del bloqueo de más de 50 años
vía:
http://piensachile.com/2014/10/19325/
Argentina-MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUAREZ. : Despedido por oponerse a que fumiguen niños....AW
(AW)
Emanuel Garrido, Coordinador de medio ambiente de Coronel Suárez fue
despedido de su cargo por haber presentado un recurso de amparo para una
escuela de la zona que como tantas otras en todo el país están siendo
fumigadas, con las consecuencias de muerte y malformaciones ya
ampliamente investigadas y probadas.
Transcribimos
Despiden a un funcionario de Cnel. Suarez porque defiende la salud de su pueblo
COMUNICADO
Emanuel Garrido, Coordinador de medio ambiente de Coronel Suárez, deberá dejar su cargo por cumplir con su trabajo. Este 28 de octubre se realizará una audiencia pública sobre escuelas fumigadas en el Anexo de la Cámara de Diputados-piso 3 sala 5.
El municipio de Coronel Suárez es una área rural, y como en toda área rural los pobladores viven rodeados de cultivos, sus casas y escuelas, están rodeadas de cultivos. Tanto es así que también están en contacto con los agroquímicos que en ellos utilizan para matar malezas, insectos, entre otros.
Emanuel se cuestionó...
Si el veneno envenena y lo están tirando sobre chicos... ¿será eso peligroso?
¿Y será que a los chicos vale la pena cuidarlos?
A este funcionario la salud de su gente le importa en serio, y esto hace que lo miren raro en la municipalidad donde trabaja. Luego de realizar una investigación por un período de dos años, los resultados fueron alarmantes. Como consecuencia tomó la decisión de presentar un recurso de amparo solicitando la suspensión de fumigaciones con agro tóxicos en las adyacencias de una escuela, la justicia le da la razón; suspende las fumigaciones a menos de 1000 metros de la escuela. Dos horas después, quienes lo contrataban como coordinador del área de medio ambiente de la municipalidad de Coronel Suárez tuvieron una epifanía: el rey dinero se les apareció en sueños y les dijo que Emanuel no era apto para el cargo. Le comunicaron que en el lapso de 10 días iba a tener que dejarlo (el intendente, ingeniero Osvaldo Fuentes Lema, contento).
Desde Colectivo desde el pié nos solidarizamos con Emanuel Garrido y convocamos a concurrir a la audiencia pública del 28 de octubre en Anexo de la Cámara de Diputados; piso 3 sala 5
¡Basta de perseguir a los que luchan!
Colectivo DESDE EL PIE
vía:
http://www.agenciawalsh.org/fgg/d/12801-municipalidad-de-coronel-suarez.html
Transcribimos
Despiden a un funcionario de Cnel. Suarez porque defiende la salud de su pueblo
COMUNICADO
Emanuel Garrido, Coordinador de medio ambiente de Coronel Suárez, deberá dejar su cargo por cumplir con su trabajo. Este 28 de octubre se realizará una audiencia pública sobre escuelas fumigadas en el Anexo de la Cámara de Diputados-piso 3 sala 5.
El municipio de Coronel Suárez es una área rural, y como en toda área rural los pobladores viven rodeados de cultivos, sus casas y escuelas, están rodeadas de cultivos. Tanto es así que también están en contacto con los agroquímicos que en ellos utilizan para matar malezas, insectos, entre otros.
Emanuel se cuestionó...
Si el veneno envenena y lo están tirando sobre chicos... ¿será eso peligroso?
¿Y será que a los chicos vale la pena cuidarlos?
A este funcionario la salud de su gente le importa en serio, y esto hace que lo miren raro en la municipalidad donde trabaja. Luego de realizar una investigación por un período de dos años, los resultados fueron alarmantes. Como consecuencia tomó la decisión de presentar un recurso de amparo solicitando la suspensión de fumigaciones con agro tóxicos en las adyacencias de una escuela, la justicia le da la razón; suspende las fumigaciones a menos de 1000 metros de la escuela. Dos horas después, quienes lo contrataban como coordinador del área de medio ambiente de la municipalidad de Coronel Suárez tuvieron una epifanía: el rey dinero se les apareció en sueños y les dijo que Emanuel no era apto para el cargo. Le comunicaron que en el lapso de 10 días iba a tener que dejarlo (el intendente, ingeniero Osvaldo Fuentes Lema, contento).
Desde Colectivo desde el pié nos solidarizamos con Emanuel Garrido y convocamos a concurrir a la audiencia pública del 28 de octubre en Anexo de la Cámara de Diputados; piso 3 sala 5
¡Basta de perseguir a los que luchan!
Colectivo DESDE EL PIE
vía:
http://www.agenciawalsh.org/fgg/d/12801-municipalidad-de-coronel-suarez.html
Brasil: victoria pírrica y después....Escrito por Atilio A. Boron
Difícil y angustiosa victoria de Dilma en el balotaje, la más
estrecha jamás habida en la historia brasileña, según consignan varios
periódicos en sus portales.
Argentina: Lear... amenazas de muerte y una nueva represión...lavaca.org
Alrededor de 40 trabajadoras y trabajadores de la empresa
autopartista están a punto de cumplir cinco meses de acampe tras la ola
de suspensiones y despidos que comenzó en mayo. Esta semana sufrieron
dos nuevos hechos de violencia. El miércoles una patota amenazó de
muerte a los despedidos. A una de las esposas de los delegados le
dijeron que la iban a violar. El jueves, la Gendarmería Nacional volvió a
desplegar su arte: una feroz represión dejó un saldo de más de 40
manifestantes heridos. Repudios de diversos sectores sociales y
políticos.
Cinco meses.
A los trabajadores y trabajadoras de Lear nadie les tiene que explicar nada. Hace cinco meses que, a la vera del km 31 de la Panamericana, a la altura de la localidad bonaerense de General Pacheco, soportaron todo. Suspensiones, despidos, puteadas, golpizas, balas de goma, palos, represiones, ficciones de la prensa, ficciones de los funcionarios, ficciones de la empresa, acusaciones de vagos, de zurdos, de tirapiedras, manipulaciones del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), asambleas truchas, intentos de revocación de la Comisión Interna elegida con el 70 por ciento de los votos hace casi un año.
Todo eso han soportado desde el 27 mayo.
Cinco meses.
Pero la película no se detiene: esta semana sufrieron dos nuevos hechos violentos, si es que no considera violencia que alrededor de 40 familias estén acampando en la puerta la fábrica hace 150 días.
El hostigamiento es sistemático. A lo largo de estos cinco meses, las trabajadoras y los trabajadores han soportado represiones de la Bonaerense, la Federal y la Gendarmería. El currículum es extenso: embarazadas golpeadas, detenidos, causas armadas, un gendarme volador (el famoso y viralizado “carancho” que se arrojó arriba de un auto simulando un atropello), infiltrados, y al propio secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, sobrevolando el acampe en varias ocasiones. Carlos Gasparini, uno de los despedidos, fue detenido por averiguación de antecedentes por la Bonaerense cuando estaba comprando un sándwich y una gaseosa junto a su esposa en un shopping de Malvinas Argentinas. “¿A vos te gusta hacer lío, no?”, le dijo el oficial.
Las amenazas del miércoles no se detuvieron ahí. “A la esposa de uno de los delegados le dijeron que la iban a violar y la iban a matar”, dice Matu. Y acusa a la policía de haber liberado la zona.
Ese fue el principal argumento con que las despedidas y los despedidos combaten hace 150 días. Pero hay un dato: la mayoría no milita. Muy por el contrario, se politizaron a lo largo del conflicto: quieren recuperar su puesto de trabajo. Ese escenario fue el marco de una nueva represión por parte de la Gendarmería Nacional. Las imágenes lo dicen todo. Cerca de 50 detenidos, más de 10 hospitalizados (algunos debían ser operados debido a las heridas recibidas), algunos detenidos.
“Fue un escándalo lo de ayer. Esperemos que no resurja más”, dice Matu.
El delegado subraya la brutalidad de la represión. Los gendarmes disparaban a escasos metros de los manifestantes. Incluso siguieron con la Panamericana ya liberada tras el corte. La prensa calificó la acción como simples “incidentes”, mientras que Capitanich culpó a “la política artera” de “agrupaciones radicalizadas”.
En la misma sintonía se expresó el legislador porteño Pablo Ferreyra (Seamos Libres). “Mi total repudio por la represión a trabajadores, compañeros y diputados llevada adelante por la Gendarmería Nacional esta tarde en la Panamericana, producto del conflicto que la empresa Lear sostiene contra sus trabajadores. Un abrazo afectuoso y mi solidaridad”, expresó.
Por su parte, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) subrayó que la represión del jueves, “en lugar de agotar las instancias administrativas y judiciales pendientes y fortalecer las gestiones políticas del conflicto laboral, insistió con respuestas violentas y con un uso abusivo de la fuerza que resultó incluso más lesivo para la integridad de los participantes de la protesta que los operativos anteriores”.
vía:
http://www.lavaca.org/notas/lear-amenazas-de-muerte-y-una-nueva-represion/
Nathalia Gonzales Seligra. Secretaria de
derechos humanos SUTEBA Matanza. En este momento se encuentra en el
hospital. Foto: laizquierdadiario.com
A los trabajadores y trabajadoras de Lear nadie les tiene que explicar nada. Hace cinco meses que, a la vera del km 31 de la Panamericana, a la altura de la localidad bonaerense de General Pacheco, soportaron todo. Suspensiones, despidos, puteadas, golpizas, balas de goma, palos, represiones, ficciones de la prensa, ficciones de los funcionarios, ficciones de la empresa, acusaciones de vagos, de zurdos, de tirapiedras, manipulaciones del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), asambleas truchas, intentos de revocación de la Comisión Interna elegida con el 70 por ciento de los votos hace casi un año.
Todo eso han soportado desde el 27 mayo.
Cinco meses.
Pero la película no se detiene: esta semana sufrieron dos nuevos hechos violentos, si es que no considera violencia que alrededor de 40 familias estén acampando en la puerta la fábrica hace 150 días.
Trabajador de Madygraf . Foto: laizquierdadiario.com
Hecho 1: “Te vamos a violar”
Rubén Matu habla tranquilo. Uno de los cinco delegados cuyo mandato el Smata y los directivos de la empresa buscaron revocar, cuenta la amenaza que sufrieron sus compañeros y compañeras el miércoles a la madrugada. Eran cerca de las 2 de la mañana. “Entraron 5 personas. Estaban armados. Dos con fierros: armas de fuego. Y tres con cuchillos”, especificó. “Rompieron la carpa, robaron las banderas y maltrataron a los compañeros diciéndoles que los iban a matar a todos si seguíamos con esto”.El hostigamiento es sistemático. A lo largo de estos cinco meses, las trabajadoras y los trabajadores han soportado represiones de la Bonaerense, la Federal y la Gendarmería. El currículum es extenso: embarazadas golpeadas, detenidos, causas armadas, un gendarme volador (el famoso y viralizado “carancho” que se arrojó arriba de un auto simulando un atropello), infiltrados, y al propio secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, sobrevolando el acampe en varias ocasiones. Carlos Gasparini, uno de los despedidos, fue detenido por averiguación de antecedentes por la Bonaerense cuando estaba comprando un sándwich y una gaseosa junto a su esposa en un shopping de Malvinas Argentinas. “¿A vos te gusta hacer lío, no?”, le dijo el oficial.
Las amenazas del miércoles no se detuvieron ahí. “A la esposa de uno de los delegados le dijeron que la iban a violar y la iban a matar”, dice Matu. Y acusa a la policía de haber liberado la zona.
Foto: laizquierdadiario.com
Hecho 2: Palos por aquí, palos por allá
En su conferencia habitual de cada día, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que la feroz represión sobre la protesta que el jueves realizaron trabajadoras y trabajadores de Lear junto a otras organizaciones sociales y partidos políticos que apoyan los reclamos, “no” se enmarcaron en “un reclamo de los trabajadores”, sino que es un “reclamo político, organizado por agrupaciones políticas”.Ese fue el principal argumento con que las despedidas y los despedidos combaten hace 150 días. Pero hay un dato: la mayoría no milita. Muy por el contrario, se politizaron a lo largo del conflicto: quieren recuperar su puesto de trabajo. Ese escenario fue el marco de una nueva represión por parte de la Gendarmería Nacional. Las imágenes lo dicen todo. Cerca de 50 detenidos, más de 10 hospitalizados (algunos debían ser operados debido a las heridas recibidas), algunos detenidos.
“Fue un escándalo lo de ayer. Esperemos que no resurja más”, dice Matu.
El delegado subraya la brutalidad de la represión. Los gendarmes disparaban a escasos metros de los manifestantes. Incluso siguieron con la Panamericana ya liberada tras el corte. La prensa calificó la acción como simples “incidentes”, mientras que Capitanich culpó a “la política artera” de “agrupaciones radicalizadas”.
Repudios
“Desde SUTEBA manifestamos nuestro total repudio a la brutal represión realizada en el día de hoy por la Gendarmería Nacional a trabajadores que se encontraban manifestando una protesta en la Panamericana, consecuencia del conflicto producido por los responsables de la empresa LEAR S.A”, sostuvo en un comunidad el sindicato docente bonaerense.En la misma sintonía se expresó el legislador porteño Pablo Ferreyra (Seamos Libres). “Mi total repudio por la represión a trabajadores, compañeros y diputados llevada adelante por la Gendarmería Nacional esta tarde en la Panamericana, producto del conflicto que la empresa Lear sostiene contra sus trabajadores. Un abrazo afectuoso y mi solidaridad”, expresó.
Por su parte, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) subrayó que la represión del jueves, “en lugar de agotar las instancias administrativas y judiciales pendientes y fortalecer las gestiones políticas del conflicto laboral, insistió con respuestas violentas y con un uso abusivo de la fuerza que resultó incluso más lesivo para la integridad de los participantes de la protesta que los operativos anteriores”.
vía:
http://www.lavaca.org/notas/lear-amenazas-de-muerte-y-una-nueva-represion/
España- Sevilla: Ya se encuentran vigentes las multas de hasta 750 por rebuscar en la basura ...Escrito por Kaos. Andalucía
![[Lucha contra la pobreza] Sevilla: Ya se encuentran vigentes las multas de hasta 750 por rebuscar en la basura](http://www.kaosenlared.net/media/k2/items/cache/8ac05a2894b5e82aeee611e792497153_XL.jpg)
Las cosas por su nombre. Sin metáforas. ¿Qué es delito ser pobre?
Pues, claro. ¿Qué se deben sancionar a quienes hagan alarde de
necesidad? Pues, desde luego. Para eso están quienes gobiernan, quienes
legislan. Zoido pretende que la ciudad quede limpia de indeseables con
acciones que pueden espantar al turismo y generar desagrado entre las
buenas gentes que circulan por la vía pública...
... y por otro lado la oposición que chilla y eleva sus
voces en defensa de los pobres de Sevilla. Pero cuidado... no nos
dejemos engañar... Tanto el PP como el PSOE son responsables de la
desesperante situación de necesidad en la que se encuentra el pueblo (en
este caso de Sevilla), solo que juegan a que uno hace de malo y el otro
de bueno, pero como sabemos las políticas de ajuste que destrozan
constantemente el tejido social son de ambas fuerzas partidarias.
Esta es la noticia, la reproducimos a contonuación:
Multas de hasta 750 euros por rebuscar en la basura
Después de que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicase el pasado 9 de octubre la nueva ordenanza de limpieza pública y gestión de residuos del Ayuntamiento de Sevilla ha entrado en vigor este martes.
La nueva ordenanza sanciona como infracción leve la “manipulación, extracción o rebusca de los residuos una vez puestos a disposición de los servicios municipales“. La ordenanza, recogida por Europa Press, contempla multas de entre 90 y 750 euros para las infracciones tipificadas como leves, toda vez que diversas voces se han alzado contra el castigo a quienes hurgan en los contenedores de basura señalando un supuesto ensañamiento con quienes sufren la pobreza. El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, alega por su parte que “la manipulación de basura siempre ha estado prohibida”. “La rebusca provoca ensuciamiento de la vía pública, robo indiscriminado de papel y cartón, y rotura de contenedores, con el consiguiente gasto para las arcas municipales”, enfatizaba.
QUIEN TIENE 700€ SE VA AL SÚPER
El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, ha asegurado que “repugna” que el Ayuntamiento, gobernado por Juan Ignacio Zoido, trate de multar con hasta 700 euros a “personas que hurgan en la basura como consecuencia de una necesidad vital” en base a la nueva ordenanza de limpieza pública y gestión de residuos, que modifica el régimen sancionador por la manipulación de los contenedores de basura y la extracción de residuos.
En rueda de prensa, Espadas ha dejado claro que la multa “no es la solución para las personas que por necesidad buscan en la basura para encontrar alimento” y recuerda que esto no es comparable a aquellas personas que generan problemas de mobiliario urbano o que vuelcan contenedores para ensuciar una calle, estando “bien multadas” en estos últimos casos.
Así, señala que llama la atención que el Ayuntamiento esté queriendo multar a personas que hurgan en la basura como consecuencia “de una necesidad vital”, algo ante lo que la sanción “no es la solución”, ya que “si esa persona tuviera 700 euros los emplearía en buscar alimento en el supermercado y no en ese contenedor”. De este modo, recalca que se trata de analizar dónde están esas personas, si acuden recurrentemente a esos puntos y “atenderlos desde los servicios sociales para darles otras soluciones”.
“Es tan absurdo como multar a 20.000 gorrillas para recaudar un dos por ciento. Parece que se mata moscas a cañonazos cuando se endurece la norma ante la detección de un mayor número de personas que busca en los contenedores para buscar alimento”, lamenta.
ACEITES USADOS
Por otra parte, el contrato adjudicado por Lipasam a Biouniversal S.L. para la recogida, transporte, gestión intermedia y final del aceite vegetal usado procedente de hogares, bares, restaurantes e instituciones de Sevilla capital, se encuadra en la nueva ordenanza de limpieza pública y gestión de residuos, que entre otras cosas reserva a una concesión administrativa del Consistorio la recogida de aceites de cocina usados y las grasas del sector de la hostelería.
Este aspecto concreto cosechó el recelo de la patronal de la hostelería, porque obliga a todos los negocios del sector, los bares y los restaurantes, a entregar gratuitamente sus aceites de cocina usados y sus grasas a Biouniversal S.L., toda vez que hasta ahora, estos establecimientos vendían libremente estos residuos a empresas del sector del tratamiento y reciclaje de aceites y grasas, obteniendo así un ingreso económico al desprenderse de este residuo.
La Asociación de Gestores de Residuos de Aceites y Grasas Comestibles (Geregras), en ese sentido, se opone también a este modelo del sistema de recogida de aceites de cocina usados al avisar de que el mismo se sitúa en contra del principio de libre competencia del mercado, lo que ha llevado a la organización empresarial a emprender acciones legales y denunciar el asunto ante la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía.
MIL CONTENEDORES
Recientemente, de cualquier modo, arrancaba la instalación de los primeros contenedores del sistema de recogida de aceites de cocina usados merced al contrato adjudicado a Biouniversal S.L.
Y es que este sistema contempla la instalación de un total de mil contenedores de recogida de aceites de cocina usados por toda la ciudad. Se trata de contenedores “inteligentes” y con medidas de “autoprotección”, pues los mismos están equipados con varios sensores y un módulo de comunicación que, mediante tecnología M2M, permitirá a la empresa gestora de este servicio conocer aspectos como el grado de llenado o carga de cada contenedor o percatarse de un mal uso del mismo e incluso de los actos vandálicos. Igualmente, este modelo de contenedor cuenta con medidas de autoprotección, como una válvula anti retorno, que impide vertidos de aceite en el caso de que el contenedor sea volcado.
El sistema se completa, además, con “recipientes domésticos” especialmente diseñados para la transferencia de los aceites de cocina usados desde los hogares hasta los contenedores, –si bien será posible usar envases de otro tipo–, y un servicio de recogida del aceite depositado en los contenedores a través de “camiones cisterna” equipados con un mecanismo de “succión”. Los recipientes domésticos, por cierto, serán gratuitos y podrán ser recogidos en las sedes de los distritos o los centros cívicos, toda vez que el Ayuntamiento prevé una campaña informativa en los distritos para difundir su uso.
http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/multas-de-hasta-750-euros-por-rebuscar-en-la-basura/
via:
http://www.kaosenlared.net/component/k2/98968-lucha-contra-la-pobreza-sevilla-ya-se-encuentran-vigentes-las-multas-de-hasta-750-por-rebuscar-en-la-basura
Esta es la noticia, la reproducimos a contonuación:
Multas de hasta 750 euros por rebuscar en la basura
Después de que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicase el pasado 9 de octubre la nueva ordenanza de limpieza pública y gestión de residuos del Ayuntamiento de Sevilla ha entrado en vigor este martes.
La nueva ordenanza sanciona como infracción leve la “manipulación, extracción o rebusca de los residuos una vez puestos a disposición de los servicios municipales“. La ordenanza, recogida por Europa Press, contempla multas de entre 90 y 750 euros para las infracciones tipificadas como leves, toda vez que diversas voces se han alzado contra el castigo a quienes hurgan en los contenedores de basura señalando un supuesto ensañamiento con quienes sufren la pobreza. El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, alega por su parte que “la manipulación de basura siempre ha estado prohibida”. “La rebusca provoca ensuciamiento de la vía pública, robo indiscriminado de papel y cartón, y rotura de contenedores, con el consiguiente gasto para las arcas municipales”, enfatizaba.
QUIEN TIENE 700€ SE VA AL SÚPER
El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, ha asegurado que “repugna” que el Ayuntamiento, gobernado por Juan Ignacio Zoido, trate de multar con hasta 700 euros a “personas que hurgan en la basura como consecuencia de una necesidad vital” en base a la nueva ordenanza de limpieza pública y gestión de residuos, que modifica el régimen sancionador por la manipulación de los contenedores de basura y la extracción de residuos.
En rueda de prensa, Espadas ha dejado claro que la multa “no es la solución para las personas que por necesidad buscan en la basura para encontrar alimento” y recuerda que esto no es comparable a aquellas personas que generan problemas de mobiliario urbano o que vuelcan contenedores para ensuciar una calle, estando “bien multadas” en estos últimos casos.
Así, señala que llama la atención que el Ayuntamiento esté queriendo multar a personas que hurgan en la basura como consecuencia “de una necesidad vital”, algo ante lo que la sanción “no es la solución”, ya que “si esa persona tuviera 700 euros los emplearía en buscar alimento en el supermercado y no en ese contenedor”. De este modo, recalca que se trata de analizar dónde están esas personas, si acuden recurrentemente a esos puntos y “atenderlos desde los servicios sociales para darles otras soluciones”.
“Es tan absurdo como multar a 20.000 gorrillas para recaudar un dos por ciento. Parece que se mata moscas a cañonazos cuando se endurece la norma ante la detección de un mayor número de personas que busca en los contenedores para buscar alimento”, lamenta.
ACEITES USADOS
Por otra parte, el contrato adjudicado por Lipasam a Biouniversal S.L. para la recogida, transporte, gestión intermedia y final del aceite vegetal usado procedente de hogares, bares, restaurantes e instituciones de Sevilla capital, se encuadra en la nueva ordenanza de limpieza pública y gestión de residuos, que entre otras cosas reserva a una concesión administrativa del Consistorio la recogida de aceites de cocina usados y las grasas del sector de la hostelería.
Este aspecto concreto cosechó el recelo de la patronal de la hostelería, porque obliga a todos los negocios del sector, los bares y los restaurantes, a entregar gratuitamente sus aceites de cocina usados y sus grasas a Biouniversal S.L., toda vez que hasta ahora, estos establecimientos vendían libremente estos residuos a empresas del sector del tratamiento y reciclaje de aceites y grasas, obteniendo así un ingreso económico al desprenderse de este residuo.
La Asociación de Gestores de Residuos de Aceites y Grasas Comestibles (Geregras), en ese sentido, se opone también a este modelo del sistema de recogida de aceites de cocina usados al avisar de que el mismo se sitúa en contra del principio de libre competencia del mercado, lo que ha llevado a la organización empresarial a emprender acciones legales y denunciar el asunto ante la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía.
MIL CONTENEDORES
Recientemente, de cualquier modo, arrancaba la instalación de los primeros contenedores del sistema de recogida de aceites de cocina usados merced al contrato adjudicado a Biouniversal S.L.
Y es que este sistema contempla la instalación de un total de mil contenedores de recogida de aceites de cocina usados por toda la ciudad. Se trata de contenedores “inteligentes” y con medidas de “autoprotección”, pues los mismos están equipados con varios sensores y un módulo de comunicación que, mediante tecnología M2M, permitirá a la empresa gestora de este servicio conocer aspectos como el grado de llenado o carga de cada contenedor o percatarse de un mal uso del mismo e incluso de los actos vandálicos. Igualmente, este modelo de contenedor cuenta con medidas de autoprotección, como una válvula anti retorno, que impide vertidos de aceite en el caso de que el contenedor sea volcado.
El sistema se completa, además, con “recipientes domésticos” especialmente diseñados para la transferencia de los aceites de cocina usados desde los hogares hasta los contenedores, –si bien será posible usar envases de otro tipo–, y un servicio de recogida del aceite depositado en los contenedores a través de “camiones cisterna” equipados con un mecanismo de “succión”. Los recipientes domésticos, por cierto, serán gratuitos y podrán ser recogidos en las sedes de los distritos o los centros cívicos, toda vez que el Ayuntamiento prevé una campaña informativa en los distritos para difundir su uso.
http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/multas-de-hasta-750-euros-por-rebuscar-en-la-basura/
via:
http://www.kaosenlared.net/component/k2/98968-lucha-contra-la-pobreza-sevilla-ya-se-encuentran-vigentes-las-multas-de-hasta-750-por-rebuscar-en-la-basura
Bolivia 1 vs Coca Cola 0... Alfredo Serrano Mancilla
CELAG
Muchos presumen de afirmar que la economía nada tiene que ver con la política. Insisten en explicar la economía como una ciencia exacta, ingenieril, en la que un conjunto de herramientas técnicas, casi por arte de magia, y a veces por inexplicables carambolas neutrales, acaban definiendo el modo más eficaz de organizar una sociedad. Hablar de política cuando se discute de economía parece una blasfemia para esos acérrimos defensores del paradigma hegemónico. Así la economía la presentan como una cuestión de expertos en la que el pueblo, y por tanto la política, poco tiene que opinar.
El tiempo de la pos política, como dice Chantal Mouffe, se pretende imponer desde aquellos que procuran evadir la disputa política cada vez que toca discutir en torno a asuntos sociales de máxima importancia. Menos mal que luego la realidad refuta esta absurda tesis y siempre se acaba demostrando que la política atraviesa a la economía. Como no puede ser de otra forma, no hay debate económico si éste no se hace desde la confrontación política.
Han pasado ya unos días y ahora ya se puede contar sin estrés electoral. El órdago de la Coca Cola contra el gobierno de Evo Morales, justo antes de las elecciones del pasado domingo 12 de Octubre, es un buen ejemplo para explicar cómo la política se convierte en una variable clave para entender qué sucede en términos económicos. De manera muy “curiosa” (las comillas son comillas irónicas), Coca Cola a pocos días de la gran cita democrática, decide subir el precio de todos los productos de su marca en un país donde el control del precios es una religión muy efectiva y apoyada por la mayoría de la población.
Así, de repente, la más trasnacional de las transnacionales considera que los costes de sus productos han aumentado y es justamente en plena jornada de reflexión electoral el momento más oportuno para provocar un aumento de los precios en productos que son ampliamente consumidos por el pueblo boliviano.
En el gobierno del MAS, la lucha contra la inflación es objetivo prioritario y así se demuestra en su efectiva política de control de precios, de monitoreo diario sobre muchísimos productos de la cesta básica para los bolivianos. Este proceso de cambio entiende que la inflación es literalmente una cuestión de puja distributiva, de lucha entre el poder de mercado de unos pocos (que busca la máxima tasa de ganancia) y el poder popular de la mayoría social (que no desea perder poder adquisitivo).
La inflación es una ecuación política y no un valor salido de una coctelera de variables técnicas. Así es como Evo Morales y los suyos concibe esta arma de destrucción masiva del siglo XXI. Y por ello su gobierno puede presumir de una economía en continuo crecimiento, con fuerte protagonismo de las políticas sociales redistributivas, con una inflación controlada y compensada sobradamente por la mejora de las condiciones de vida salariales de la ciudadanía.
Este éxito en política económica no es casual, sino que se deriva de concebir que la lucha contra la inflación solo se puede realizar desde la recuperación de la soberanía en política económica. Coca Cola se confundió de época, y creyó que aún estaba en la era neoliberal, pensando que podía incrementar los precios como si la libertad de mercado fuera más importante que la justicia social para los bolivianos. Y no.
El gobierno boliviano dio una lección magistral de economía política impidiendo que Coca Cola abusara de su posición de mercado para afectar a la vida cotidiana de los bolivianos, y más si esto se producía a tan poco tiempo de votar en unas elecciones. La ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, no dejó lugar a dudas en su reacción: “esto es un acto político”; “Coca-Cola no encontró la mejor manera de lastimar este momento iniciando un proceso de incremento de precios”; “la compañía cae en un acto abiertamente político y de atentado contra el bolsillo de los bolivianos, ya que lanza esta medida dos días antes de las elecciones”.
Tan contundente como eficaz la posición de la ministra y del Presidente que no permitieron este intento de golpe de mercado que pretendía contaminar el ambiente para que la oposición pescara electoralmente en río revuelto. El ejecutivo empleó sus facultades legales y políticas para suspender este incremento de precios; obligó a los directivos de Coca Cola a dar explicaciones; les hizo retroceder; y además declaró que a partir de entonces las gaseosas también estarán dentro del monitoreo diario de precios. Así la inflación, para este gobierno, nunca podrá ser concebida como un ser paranormal que tiene vida propia pero sin nombres ni apellidos. No. En esta Bolivia, la inflación se controla con medidas acertadas económicas pero siempre desde la política, identificando quién es quién, y qué tipo de intereses tiene cada uno.
Recuperar la soberanía en política económica es entender precisamente que sólo puede haber otra economía justa y humanista si ésta se implementa desde una posición política independiente. El gobierno de Evo Morales lo ha demostrado, y la victoria frente a la Coca Cola es una muestra más de este camino arduo pero fructuoso.
Así es como se explica que Evo Morales tenga el apoyo que tiene en las urnas porque no promete lo que no cumple; porque la soberanía no es eufemismo de nada, sino realmente constituye el principio político básico para llevar a cabo una política económica muy acertada. Coca Cola antes de querer usar su poder de mercado, se lo pensará dos veces porque enfrente tiene un proceso liderado por un Presidente que sabe perfectamente usar su poder político, electoral, social y popular.
Fuente: http://www.celag.org/bolivia-1-vs-coca-cola-0-por-alfredo-serrano-mancilla/
vía:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=191198&titular=bolivia-1-vs-coca-cola-0-
Colombia: Ley de baldíos: negocio redondo tras la conquista de la última frontera agrícola...Prensa Rural.
"Ante la persistencia del gobierno en presentar reformas en contra de
esas conquistas históricas de las que habla la Corte, se hace cada vez
más patente la necesidad de una reorganización del movimiento agrario,
tan golpeado durante décadas. Santos parece no haber aprendido nada de
los paros del año pasado y sigue usando su capital político de espaldas a
las exigencias del campesinado y en contravía de lo que viene
negociando en La Habana."
Por Aura Bolívar Jaime y Sergio Chaparro Hernández / Martes 21 de octubre de 2014
El sociólogo Alfredo Molano, estudioso como pocos del trasegar de los campesinos por la geografía nacional, cuenta muchas historias del país rural que son, en realidad, una sola.
Se trata de la historia de la ocupación del territorio en Colombia. Refiriéndose a la Arauca de los años cincuenta (la de Guadalupe Salcedo) Molano señala cómo, después de que los campesinos se asentaron en territorios inhóspitos con algún apoyo estatal: “la colonización fue abandonada a su propia dinámica y los colonos cayeron, poco a poco, en un endeudamiento crónico. La valorización del suelo y la bancarrota de los colonos dispararon la compra de predios por terratenientes que venían a la zaga de los campesinos. Las colonizaciones dirigidas se transformaron, por la mera lógica del mercado, en latifundios ganaderos o en empresas agrícolas”.
Más adelante, Molano nos recuerda que las frustraciones de los campesinos han sido similares en distintos confines del país, bien sea por efecto del mercado o de la violencia:
“Esta historia no ha sido vivida sólo en los llanos y las selvas del piedemonte oriental. En el Magdalena Medio, en Caquetá, en Córdoba y Sucre, en el Perijá, en el Urabá, en el Catatumbo, la derrota de la economía campesina de colonización ha dado lugar siempre a la concentración latifundista de la tierra. Sucedió también en la gran mayoría de proyectos de reforma agraria del Incora. Hoy todas esas tierras —que apenas sumaron un millón de hectáreas tituladas— están en unas pocas manos. El paramilitarismo y el narcotráfico han hecho lo mismo que los terratenientes y comerciantes tradicionales, sólo que lo han hecho de manera más violenta y más rápida: cinco millones de hectáreas son hoy de la mafia”.
“Cada territorio de colonización es pues un cementerio de ilusiones” decía el primer Informe Nacional de Desarrollo Humano en 2003. Para ese entonces dicho informe, cuyo título reflejaba con esperanza la convicción de que el conflicto armado era un complejo callejón que, no obstante, podía tener salida, planteaba como una de sus propuestas para atender el problema agrario la necesidad de “cerrar la frontera agraria que no haya sido intervenida y consolidar los frentes colonizadores mediante la creación de reservas campesinas”.
Desde esa fecha el campesinado ha perdido, por la acción de los armados y el abandono estatal, buena parte de las tierras que había conquistado abriendo monte. Pese a ello, los gobiernos no han culminado al día de hoy uno solo de los procesos de constitución de zonas de reserva campesina (ZRC) que varias comunidades han planteado desde la publicación del informe. De hecho Santos ha incumplido la promesa de su primer mandato de constituir una ZRC en los Montes de María. Por su parte, los empresarios han concentrado tierras en zonas ya colonizadas y han logrado expandirse a nuevas fronteras, a veces recurriendo a “estrategias sofisticadas” para pasar por encima de las normas que impedían la concentración de tierras, como ocurrió en la Altillanura, y sobre las cuales existen buenos argumentos para pensar que se hizo un uso abusivo del derecho que podría llevar a declarar la nulidad de estas compras. No obstante, ante el primer obstáculo que encontraron en su ánimo acumulador - un artículo de la Ley 160 de 1994 que les impedía hacerse con más de una Unidad Agrícola Familiar de predios que inicialmente hubiesen sido baldíos adjudicados a campesinos- los gobiernos han emprendido ágiles intentos para resolverles el problema. La última expresión de esa actitud diligente es la radicación del proyecto de Ley 133 de 2014 en la Cámara de Representantes.
¿Qué dice el proyecto del Gobierno?
El proyecto radicado por el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, pues al parecer el Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri decidió declararse impedido por las denuncias de Wilson Arias por indebida adjudicación y concentración de baldíos que involucran a sus familiares, plantea cuatro puntos fundamentales:
1. La creación de la figura de Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRE) en áreas geográficas con baja densidad poblacional, altos costos de adaptación productiva, elevados niveles de pobreza, déficit de infraestructura y cuyas características resulten inapropiadas para desarrollar unidades de producción familiar. Estas zonas serán determinadas por la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria –UPRA- (art.1). La exposición de motivos deja claro que la figura está pensada para la Altillanura, aunque podría extenderse a otras zonas (¿estará pensando el gobierno en la periferia a la que quiere llevar "el desarrollo" en el posconflicto y que puede incluir las seis millones de hectáreas de las que ya habla el Superintendente?). En estos territorios los denominados “gestores de proyectos asociativos” podrán someter a aprobación del Ministerio de Agricultura proyectos que cumplan una serie de requisitos mínimos de participación de los campesinos (art. 4 y 5), a cambio de lo cual recibirán una serie de estímulos del gobierno (art 6).
2. La eliminación de la prohibición del artículo 72 de la Ley 160 de 1994 de acumular en cabeza de un solo propietario más de una UAF de predios que inicialmente hayan sido adjudicados como baldíos para los “gestores de proyectos asociativos” en las ZIDRE (art.9). En plata blanca, esto quiere decir que las concentraciones de tierra por las que se ha cuestionado a empresas como Riopaila, Cargill, Mónica Semillas o a sociedades controladas por las familias Sarmiento Angulo o Uribe Moreno, serían permitidas de aquí en adelante, siempre y cuando se les consulte a los dueños originales de los predios sobre su interés en participar en un proyecto dentro de las ZIDRE y se cree un mecanismo para que los campesinos accedan, en un plazo de dos años, al 15% de las tierras del proyecto que excedan una UAF (art. 10). A los campesinos que se desprendan de sus títulos se los excluye de programas de dotación de tierras por un período de 15 años.
3. El establecimiento de una excepción para la regla de que los baldíos solo deben ser entregados a campesinos sin tierra (par. 2, art. 67, y arts. 71 y 72 de la Ley 160 de 1994) para el caso de las ZIDRE. En estas zonas el proyecto establece que las empresas agrícolas, forestales o ganaderas podrán solicitar al INCODER la entrega de baldíos en concesión, o cualquier otra modalidad contractual no traslaticia de dominio –es decir, en la cual no haya transferencia de propiedad- (art. 7). Este punto resulta particularmente llamativo teniendo en cuenta que hace apenas tres meses Santos firmó la Ley 1728 de 2014 en la que se reiteraba la idea de que los baldíos eran adjudicables exclusivamente a familias pobres.
4. La creación del Fondo de Desarrollo Rural y Económico (FDRE), como una cuenta especial del INCODER, que se alimentará con los recursos obtenidos por lo que el Estado reciba por los contratos de concesión de baldíos. Los recursos del FDRE se invertirán en los proyectos autorizados en las ZIDRE. El negocio aquí es redondo: los empresarios pagan unos recursos por obtener baldíos en concesión (no en propiedad, lo cual seguramente los eximirá del impuesto predial y afectará los ingresos de los municipios), pero la plata que el Estado recaude por “arrendar” los baldíos se destinará a inversiones que favorezcan los proyectos propuestos por los empresarios. Ni siquiera las empresas mineras reciben un trato tan generoso: es como si, por ejemplo, lo que pagara la Drummond por concepto de canon minero, se lo devolviera la Agencia Nacional de Minería a través de subsidios para financiar los procesos de extracción del carbón en las minas del Cesar.
Dos puntos problemáticos
Sin pretender ser exhaustivos, aquí se señalarán dos aspectos del proyecto que nos parecen problemáticos por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia:
1. Es una medida regresiva para garantizar el acceso a la tierra de los trabajadores agrarios.
Desde la expedición de la Constitución Política de 1991 el Estado adquirió el deber de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios (Artículo 64). Los puntos 2 y 3 del proyecto conducen a la acumulación de la propiedad o el uso de tierra que hoy está destinada a los trabajadores agrícolas, en personas que no tienen la condición de sujetos de reforma agraria, es decir, personas que ya tienen tierras y que no se encuentran en situación de pobreza y marginalidad.
Dicha propuesta es sumamente grave teniendo en cuenta que, como lo ha reconocido la Corte Constitucional en Sentencia T-488 de 2014, Colombia es uno de los países con más alta concentración en la propiedad rural en el mundo, situación que se ha agravado por la falta de información sobre los baldíos que tiene la nación (lo cual ha facilitado que se los roben mediante procesos ilegales de prescripción adquisitiva), por una política de adjudicación de baldíos que promueve la fragmentación o excesiva concentración de tierras (el 1,11% de los baldíos entregados representa casi el 40% del área adjudicada), y por la falta de voluntad o incapacidad del Estado para hacer cumplir las normas agrarias. La lectura de la Sentencia T-488 de 2014 debería ser una razón suficiente para que el Gobierno desista de la idea.
Es claro que el proyecto de ley implica un retroceso en la posibilidad de acceder progresivamente a la propiedad de la tierra por parte de los trabajadores agrarios, en tanto los baldíos exclusivamente destinados a ellos, serán ahora parte de la bolsa que deberán compartir con grandes propietarios, que estarán legalmente autorizados para concentrar la propiedad o el uso de dichos territorios. En esa medida se limitará aún más el acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra, no solo por cuanto muchos predios serán entregados en concesión a los proyectos asociativos (muy probablemente por largos períodos de tiempo), sino además porque debido a las inversiones que se hagan sobre estos predios, la posibilidad de adquirirlos con posterioridad por los campesinos se verá anulada. El retroceso es patente teniendo en cuenta que si bien el proyecto reconoce que en otras zonas del país, como es el caso de Nariño, debería haber una economía basada en la pequeña y mediana propiedad, no se ha hecho nada para desconcentrar la tierra en esas otras regiones. La propia Corte Constitucional reconoce, en la sentencia previamente citada, que los resultados de la política de reforma agraria son precarios.
Ahora, si bien la Corte Constitucional ha admitido la posibilidad de que el legislativo adopte medidas regresivas en materia de derechos sociales –como es el caso del acceso a la tierra-, solo puede hacerlo en caso de que hayan sido cuidadosamente estudiadas, resulten necesarias, proporcionales y estén plenamente justificadas, de conformidad con el principio constitucional de progresividad. En gracia de discusión uno podría aceptar que en las ZIDRE flexibilizar las restricciones a la concentración de la propiedad, pese a ser una medida regresiva para garantizar el acceso a la tierra a los trabajadores agrarios, podría generar fuentes de ingreso para los trabajadores del campo vinculados a los proyectos que allí se desarrollen (postulado de por sí dudoso, como se explicará más adelante). Pero esa opción sólo resultaría constitucionalmente admisible si el Estado no tuviera otra alternativa, y ya hubiese ensayado otras fórmulas menos lesivas del derecho, como un ambicioso programa de reforma agraria en otras regiones, lo cual no ha ocurrido. Pero además, la medida no resulta proporcional porque implica un recorte injustificable en las posibilidades de acceso a la tierra por parte de los campesinos. Justamente, por la incapacidad de mostrar que la eliminación de los límites existentes a la concentración de baldíos adjudicados era una medida necesaria, proporcional y plenamente justificada, es que la Corte Constitucional declaró inexequible en sentencia C-644 de 2012 el primer intento del Gobierno Santos de eliminar estas restricciones.
En síntesis, dado que aún no se ha garantizado la democratización y desconcentración de la propiedad en otras zonas del país, el proyecto de ley, tal y como está concebido, representa un retroceso inadmisible en materia del acceso a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios porque permite la concentración de su uso por parte de empresarios en las ZIDRE, en vez de facilitar su democratización. Aunque el proyecto puede basarse en propósitos constitucionalmente “legítimos”, el costo que trae en términos de concentración de la tierra es muy alto y es groseramente regresivo, lo que puede dar lugar a su inconstitucionalidad.
2. El proyecto pretende implementar un modelo agroindustrial donde lo ancho es para los empresarios y lo angosto para los campesinos.
El modelo que el proyecto de ley plantea desarrollar en las ZIDRES es muy similar al de la empresa INDUPALMA, el cual ya ha sido implementado por el exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde en la vereda El Aceitico en Puerto Carreño y en otras zonas del país. De hecho la figura del “gestor logístico” parece muy similar a la que cumplía INDUCAUCHO, la “operadora logística” del proyecto liderado por Lizarralde en el Vichada, y cuestionado también en un informe de la Contraloría sobre el tema de baldíos.
En este modelo la inversión se costea a través de subsidios estatales que financiamos los contribuyentes o por medio de recursos de la cooperación internacional. Así ocurrió en el proyecto de INDUPALMA en Sabana de Torres (Santander), donde se estima que 12.021 millones, equivalentes al 33,6% de la inversión, fueron financiados con subsidios del Estado o recursos de cooperación. El resto lo asumen los asociados al proyecto, varios de ellos campesinos, por la vía del crédito. En el caso de la vereda el Aceitico, la inversión pública se destinó a la región solo cuando llegaron los empresarios aliados. De hecho a la exministra de Educación María Fernanda Campo, exesposa de Lizarralde y socia del proyecto con su hijo y sus hermanos (que empresas solicitaron subsidios mediante otras empresas), le tocó declararse impedida para decidir si el Ministerio trasladaba un internado y construía un colegio nuevo justo en la vereda donde la empresa estaba desarrollando el proyecto. Los contratos de operación que firma el operador logístico con los campesinos restringen la competencia pues el operador se convierte en un monopolio para venderles los insumos a los campesinos y en un monopsonio para comprarles su producción, imponiendo precios en ambos casos.
De esta forma: 1) el costo de la inversión se le traslada al resto de la sociedad, 2) el riesgo lo asumen los campesinos por la vía del endeudamiento y 3) los beneficios se aseguran por la severa restricción a la competencia que le permite al operador imponer precios de venta de insumos y compra del producto, con el agravante de que 4) el dueño de la tierra debe pagar una cuota de los ingresos brutos por la administración logística del predio. Es el modelo gana-gana, no porque necesariamente ganen ambos, sino porque el operador gana de cualquier modo, pierdan o ganen los campesinos. En palabras de sus artífices se trata de “la reforma agraria hecha por los empresarios”.
En este aspecto el proyecto de Ley parece coincidir en la misma premisa del exjefe paramilitar Vicente Castaño, planteada en una entrevista en Semana, de que para impulsar el desarrollo de las regiones había que sacar a los campesinos y llevar a los ricos, pues solo así llegaría la inversión estatal. “Desafortunadamente las instituciones del Estado sólo le caminan a esas cosas cuando están los ricos. Hay que llevar ricos a todas las regiones del país y esa es una de las misiones que tienen todos los comandantes” decía Castaño.
En efecto, la exposición de motivos del proyecto no da ninguna clase de respaldo técnico a la idea de que en la Altillanura, o en otras zonas del país, las unidades productivas campesinas son inviables. Al parecer estamos aquí ante una especie de profecía autocumplida: el gobierno cree que a los campesinos solos NO les puede ir bien en la Altillanura, no hace nada para que les vaya bien y en efecto les termina yendo muy mal por ese abandono. Luego plantea como algo necesario para desarrollar la región la entrada de los empresarios aliados, a los cuales sí les vuelca todo el apoyo estatal. Bajo esta lógica, cifras tan preocupantes como las reveladas hace poco por la Misión Rural de que la pobreza en el campo es tres veces mayor que en las ciudades, en vez de significar un apoyo decidido al desarrollo de territorios campesinos autónomos, como hasta ahora no ha ocurrido, se convierten en la justificación de que los campesinos no pueden salir adelante sino asociándose con los empresarios.
Todo indica que Castaño conocía muy bien la lógica con la que funciona el Estado.
La movilización es el camino
En la Sentencia T-488 de 2014, la Corte Constitucional nos enseña sobre un deber ineludible del juez constitucional que, en realidad, debería extenderse a toda la ciudadanía interesada en defender la Constitución. Dice la Corte
“[…] cuando la visión de la política agraria se aparta de su objetivo primordial, relegando los campesinos a un segundo plano para priorizar a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras con capacidad jurídica y económica, tal y como ocurrió con los proyectos de desarrollo agropecuario o forestal impulsados por la Ley 1450 de 2011, es deber del juez constitucional defender los intereses de las comunidades campesinas y las conquistas históricas a favor de los sectores marginados”
Ante la persistencia del gobierno en presentar reformas en contra de esas conquistas históricas de las que habla la Corte, se hace cada vez más patente la necesidad de una reorganización del movimiento agrario, tan golpeado durante décadas. Santos parece no haber aprendido nada de los paros del año pasado y sigue usando su capital político de espaldas a las exigencias del campesinado y en contravía de lo que viene negociando en La Habana. El mismo día que instalaba la mesa única con la Cumbre Agraria anunciaba la radicación del proyecto de ley. Bajo estas circunstancias la movilización, y el apoyo solidario de otros sectores de la sociedad a las agendas construidas por el movimiento campesino y étnico en defensa de una territorialidad acorde con sus propios criterios, se vislumbran como el camino a seguir.
Para que algún día el campesinado puede llegar a tener, con autonomía y sin violencias, una oportunidad en estas tierras.
Fuente: Prensa Rural
via:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Colombia_Ley_de_baldios_negocio_redondo_tras_la_conquista_de_la_ultima_frontera_agricola
El sociólogo Alfredo Molano, estudioso como pocos del trasegar de los campesinos por la geografía nacional, cuenta muchas historias del país rural que son, en realidad, una sola.
Se trata de la historia de la ocupación del territorio en Colombia. Refiriéndose a la Arauca de los años cincuenta (la de Guadalupe Salcedo) Molano señala cómo, después de que los campesinos se asentaron en territorios inhóspitos con algún apoyo estatal: “la colonización fue abandonada a su propia dinámica y los colonos cayeron, poco a poco, en un endeudamiento crónico. La valorización del suelo y la bancarrota de los colonos dispararon la compra de predios por terratenientes que venían a la zaga de los campesinos. Las colonizaciones dirigidas se transformaron, por la mera lógica del mercado, en latifundios ganaderos o en empresas agrícolas”.
Más adelante, Molano nos recuerda que las frustraciones de los campesinos han sido similares en distintos confines del país, bien sea por efecto del mercado o de la violencia:
“Esta historia no ha sido vivida sólo en los llanos y las selvas del piedemonte oriental. En el Magdalena Medio, en Caquetá, en Córdoba y Sucre, en el Perijá, en el Urabá, en el Catatumbo, la derrota de la economía campesina de colonización ha dado lugar siempre a la concentración latifundista de la tierra. Sucedió también en la gran mayoría de proyectos de reforma agraria del Incora. Hoy todas esas tierras —que apenas sumaron un millón de hectáreas tituladas— están en unas pocas manos. El paramilitarismo y el narcotráfico han hecho lo mismo que los terratenientes y comerciantes tradicionales, sólo que lo han hecho de manera más violenta y más rápida: cinco millones de hectáreas son hoy de la mafia”.
“Cada territorio de colonización es pues un cementerio de ilusiones” decía el primer Informe Nacional de Desarrollo Humano en 2003. Para ese entonces dicho informe, cuyo título reflejaba con esperanza la convicción de que el conflicto armado era un complejo callejón que, no obstante, podía tener salida, planteaba como una de sus propuestas para atender el problema agrario la necesidad de “cerrar la frontera agraria que no haya sido intervenida y consolidar los frentes colonizadores mediante la creación de reservas campesinas”.
Desde esa fecha el campesinado ha perdido, por la acción de los armados y el abandono estatal, buena parte de las tierras que había conquistado abriendo monte. Pese a ello, los gobiernos no han culminado al día de hoy uno solo de los procesos de constitución de zonas de reserva campesina (ZRC) que varias comunidades han planteado desde la publicación del informe. De hecho Santos ha incumplido la promesa de su primer mandato de constituir una ZRC en los Montes de María. Por su parte, los empresarios han concentrado tierras en zonas ya colonizadas y han logrado expandirse a nuevas fronteras, a veces recurriendo a “estrategias sofisticadas” para pasar por encima de las normas que impedían la concentración de tierras, como ocurrió en la Altillanura, y sobre las cuales existen buenos argumentos para pensar que se hizo un uso abusivo del derecho que podría llevar a declarar la nulidad de estas compras. No obstante, ante el primer obstáculo que encontraron en su ánimo acumulador - un artículo de la Ley 160 de 1994 que les impedía hacerse con más de una Unidad Agrícola Familiar de predios que inicialmente hubiesen sido baldíos adjudicados a campesinos- los gobiernos han emprendido ágiles intentos para resolverles el problema. La última expresión de esa actitud diligente es la radicación del proyecto de Ley 133 de 2014 en la Cámara de Representantes.
¿Qué dice el proyecto del Gobierno?
El proyecto radicado por el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, pues al parecer el Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri decidió declararse impedido por las denuncias de Wilson Arias por indebida adjudicación y concentración de baldíos que involucran a sus familiares, plantea cuatro puntos fundamentales:
1. La creación de la figura de Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRE) en áreas geográficas con baja densidad poblacional, altos costos de adaptación productiva, elevados niveles de pobreza, déficit de infraestructura y cuyas características resulten inapropiadas para desarrollar unidades de producción familiar. Estas zonas serán determinadas por la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria –UPRA- (art.1). La exposición de motivos deja claro que la figura está pensada para la Altillanura, aunque podría extenderse a otras zonas (¿estará pensando el gobierno en la periferia a la que quiere llevar "el desarrollo" en el posconflicto y que puede incluir las seis millones de hectáreas de las que ya habla el Superintendente?). En estos territorios los denominados “gestores de proyectos asociativos” podrán someter a aprobación del Ministerio de Agricultura proyectos que cumplan una serie de requisitos mínimos de participación de los campesinos (art. 4 y 5), a cambio de lo cual recibirán una serie de estímulos del gobierno (art 6).
2. La eliminación de la prohibición del artículo 72 de la Ley 160 de 1994 de acumular en cabeza de un solo propietario más de una UAF de predios que inicialmente hayan sido adjudicados como baldíos para los “gestores de proyectos asociativos” en las ZIDRE (art.9). En plata blanca, esto quiere decir que las concentraciones de tierra por las que se ha cuestionado a empresas como Riopaila, Cargill, Mónica Semillas o a sociedades controladas por las familias Sarmiento Angulo o Uribe Moreno, serían permitidas de aquí en adelante, siempre y cuando se les consulte a los dueños originales de los predios sobre su interés en participar en un proyecto dentro de las ZIDRE y se cree un mecanismo para que los campesinos accedan, en un plazo de dos años, al 15% de las tierras del proyecto que excedan una UAF (art. 10). A los campesinos que se desprendan de sus títulos se los excluye de programas de dotación de tierras por un período de 15 años.
3. El establecimiento de una excepción para la regla de que los baldíos solo deben ser entregados a campesinos sin tierra (par. 2, art. 67, y arts. 71 y 72 de la Ley 160 de 1994) para el caso de las ZIDRE. En estas zonas el proyecto establece que las empresas agrícolas, forestales o ganaderas podrán solicitar al INCODER la entrega de baldíos en concesión, o cualquier otra modalidad contractual no traslaticia de dominio –es decir, en la cual no haya transferencia de propiedad- (art. 7). Este punto resulta particularmente llamativo teniendo en cuenta que hace apenas tres meses Santos firmó la Ley 1728 de 2014 en la que se reiteraba la idea de que los baldíos eran adjudicables exclusivamente a familias pobres.
4. La creación del Fondo de Desarrollo Rural y Económico (FDRE), como una cuenta especial del INCODER, que se alimentará con los recursos obtenidos por lo que el Estado reciba por los contratos de concesión de baldíos. Los recursos del FDRE se invertirán en los proyectos autorizados en las ZIDRE. El negocio aquí es redondo: los empresarios pagan unos recursos por obtener baldíos en concesión (no en propiedad, lo cual seguramente los eximirá del impuesto predial y afectará los ingresos de los municipios), pero la plata que el Estado recaude por “arrendar” los baldíos se destinará a inversiones que favorezcan los proyectos propuestos por los empresarios. Ni siquiera las empresas mineras reciben un trato tan generoso: es como si, por ejemplo, lo que pagara la Drummond por concepto de canon minero, se lo devolviera la Agencia Nacional de Minería a través de subsidios para financiar los procesos de extracción del carbón en las minas del Cesar.
Dos puntos problemáticos
Sin pretender ser exhaustivos, aquí se señalarán dos aspectos del proyecto que nos parecen problemáticos por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia:
1. Es una medida regresiva para garantizar el acceso a la tierra de los trabajadores agrarios.
Desde la expedición de la Constitución Política de 1991 el Estado adquirió el deber de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios (Artículo 64). Los puntos 2 y 3 del proyecto conducen a la acumulación de la propiedad o el uso de tierra que hoy está destinada a los trabajadores agrícolas, en personas que no tienen la condición de sujetos de reforma agraria, es decir, personas que ya tienen tierras y que no se encuentran en situación de pobreza y marginalidad.
Dicha propuesta es sumamente grave teniendo en cuenta que, como lo ha reconocido la Corte Constitucional en Sentencia T-488 de 2014, Colombia es uno de los países con más alta concentración en la propiedad rural en el mundo, situación que se ha agravado por la falta de información sobre los baldíos que tiene la nación (lo cual ha facilitado que se los roben mediante procesos ilegales de prescripción adquisitiva), por una política de adjudicación de baldíos que promueve la fragmentación o excesiva concentración de tierras (el 1,11% de los baldíos entregados representa casi el 40% del área adjudicada), y por la falta de voluntad o incapacidad del Estado para hacer cumplir las normas agrarias. La lectura de la Sentencia T-488 de 2014 debería ser una razón suficiente para que el Gobierno desista de la idea.
Es claro que el proyecto de ley implica un retroceso en la posibilidad de acceder progresivamente a la propiedad de la tierra por parte de los trabajadores agrarios, en tanto los baldíos exclusivamente destinados a ellos, serán ahora parte de la bolsa que deberán compartir con grandes propietarios, que estarán legalmente autorizados para concentrar la propiedad o el uso de dichos territorios. En esa medida se limitará aún más el acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra, no solo por cuanto muchos predios serán entregados en concesión a los proyectos asociativos (muy probablemente por largos períodos de tiempo), sino además porque debido a las inversiones que se hagan sobre estos predios, la posibilidad de adquirirlos con posterioridad por los campesinos se verá anulada. El retroceso es patente teniendo en cuenta que si bien el proyecto reconoce que en otras zonas del país, como es el caso de Nariño, debería haber una economía basada en la pequeña y mediana propiedad, no se ha hecho nada para desconcentrar la tierra en esas otras regiones. La propia Corte Constitucional reconoce, en la sentencia previamente citada, que los resultados de la política de reforma agraria son precarios.
Ahora, si bien la Corte Constitucional ha admitido la posibilidad de que el legislativo adopte medidas regresivas en materia de derechos sociales –como es el caso del acceso a la tierra-, solo puede hacerlo en caso de que hayan sido cuidadosamente estudiadas, resulten necesarias, proporcionales y estén plenamente justificadas, de conformidad con el principio constitucional de progresividad. En gracia de discusión uno podría aceptar que en las ZIDRE flexibilizar las restricciones a la concentración de la propiedad, pese a ser una medida regresiva para garantizar el acceso a la tierra a los trabajadores agrarios, podría generar fuentes de ingreso para los trabajadores del campo vinculados a los proyectos que allí se desarrollen (postulado de por sí dudoso, como se explicará más adelante). Pero esa opción sólo resultaría constitucionalmente admisible si el Estado no tuviera otra alternativa, y ya hubiese ensayado otras fórmulas menos lesivas del derecho, como un ambicioso programa de reforma agraria en otras regiones, lo cual no ha ocurrido. Pero además, la medida no resulta proporcional porque implica un recorte injustificable en las posibilidades de acceso a la tierra por parte de los campesinos. Justamente, por la incapacidad de mostrar que la eliminación de los límites existentes a la concentración de baldíos adjudicados era una medida necesaria, proporcional y plenamente justificada, es que la Corte Constitucional declaró inexequible en sentencia C-644 de 2012 el primer intento del Gobierno Santos de eliminar estas restricciones.
En síntesis, dado que aún no se ha garantizado la democratización y desconcentración de la propiedad en otras zonas del país, el proyecto de ley, tal y como está concebido, representa un retroceso inadmisible en materia del acceso a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios porque permite la concentración de su uso por parte de empresarios en las ZIDRE, en vez de facilitar su democratización. Aunque el proyecto puede basarse en propósitos constitucionalmente “legítimos”, el costo que trae en términos de concentración de la tierra es muy alto y es groseramente regresivo, lo que puede dar lugar a su inconstitucionalidad.
2. El proyecto pretende implementar un modelo agroindustrial donde lo ancho es para los empresarios y lo angosto para los campesinos.
El modelo que el proyecto de ley plantea desarrollar en las ZIDRES es muy similar al de la empresa INDUPALMA, el cual ya ha sido implementado por el exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde en la vereda El Aceitico en Puerto Carreño y en otras zonas del país. De hecho la figura del “gestor logístico” parece muy similar a la que cumplía INDUCAUCHO, la “operadora logística” del proyecto liderado por Lizarralde en el Vichada, y cuestionado también en un informe de la Contraloría sobre el tema de baldíos.
En este modelo la inversión se costea a través de subsidios estatales que financiamos los contribuyentes o por medio de recursos de la cooperación internacional. Así ocurrió en el proyecto de INDUPALMA en Sabana de Torres (Santander), donde se estima que 12.021 millones, equivalentes al 33,6% de la inversión, fueron financiados con subsidios del Estado o recursos de cooperación. El resto lo asumen los asociados al proyecto, varios de ellos campesinos, por la vía del crédito. En el caso de la vereda el Aceitico, la inversión pública se destinó a la región solo cuando llegaron los empresarios aliados. De hecho a la exministra de Educación María Fernanda Campo, exesposa de Lizarralde y socia del proyecto con su hijo y sus hermanos (que empresas solicitaron subsidios mediante otras empresas), le tocó declararse impedida para decidir si el Ministerio trasladaba un internado y construía un colegio nuevo justo en la vereda donde la empresa estaba desarrollando el proyecto. Los contratos de operación que firma el operador logístico con los campesinos restringen la competencia pues el operador se convierte en un monopolio para venderles los insumos a los campesinos y en un monopsonio para comprarles su producción, imponiendo precios en ambos casos.
De esta forma: 1) el costo de la inversión se le traslada al resto de la sociedad, 2) el riesgo lo asumen los campesinos por la vía del endeudamiento y 3) los beneficios se aseguran por la severa restricción a la competencia que le permite al operador imponer precios de venta de insumos y compra del producto, con el agravante de que 4) el dueño de la tierra debe pagar una cuota de los ingresos brutos por la administración logística del predio. Es el modelo gana-gana, no porque necesariamente ganen ambos, sino porque el operador gana de cualquier modo, pierdan o ganen los campesinos. En palabras de sus artífices se trata de “la reforma agraria hecha por los empresarios”.
En este aspecto el proyecto de Ley parece coincidir en la misma premisa del exjefe paramilitar Vicente Castaño, planteada en una entrevista en Semana, de que para impulsar el desarrollo de las regiones había que sacar a los campesinos y llevar a los ricos, pues solo así llegaría la inversión estatal. “Desafortunadamente las instituciones del Estado sólo le caminan a esas cosas cuando están los ricos. Hay que llevar ricos a todas las regiones del país y esa es una de las misiones que tienen todos los comandantes” decía Castaño.
En efecto, la exposición de motivos del proyecto no da ninguna clase de respaldo técnico a la idea de que en la Altillanura, o en otras zonas del país, las unidades productivas campesinas son inviables. Al parecer estamos aquí ante una especie de profecía autocumplida: el gobierno cree que a los campesinos solos NO les puede ir bien en la Altillanura, no hace nada para que les vaya bien y en efecto les termina yendo muy mal por ese abandono. Luego plantea como algo necesario para desarrollar la región la entrada de los empresarios aliados, a los cuales sí les vuelca todo el apoyo estatal. Bajo esta lógica, cifras tan preocupantes como las reveladas hace poco por la Misión Rural de que la pobreza en el campo es tres veces mayor que en las ciudades, en vez de significar un apoyo decidido al desarrollo de territorios campesinos autónomos, como hasta ahora no ha ocurrido, se convierten en la justificación de que los campesinos no pueden salir adelante sino asociándose con los empresarios.
Todo indica que Castaño conocía muy bien la lógica con la que funciona el Estado.
La movilización es el camino
En la Sentencia T-488 de 2014, la Corte Constitucional nos enseña sobre un deber ineludible del juez constitucional que, en realidad, debería extenderse a toda la ciudadanía interesada en defender la Constitución. Dice la Corte
“[…] cuando la visión de la política agraria se aparta de su objetivo primordial, relegando los campesinos a un segundo plano para priorizar a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras con capacidad jurídica y económica, tal y como ocurrió con los proyectos de desarrollo agropecuario o forestal impulsados por la Ley 1450 de 2011, es deber del juez constitucional defender los intereses de las comunidades campesinas y las conquistas históricas a favor de los sectores marginados”
Ante la persistencia del gobierno en presentar reformas en contra de esas conquistas históricas de las que habla la Corte, se hace cada vez más patente la necesidad de una reorganización del movimiento agrario, tan golpeado durante décadas. Santos parece no haber aprendido nada de los paros del año pasado y sigue usando su capital político de espaldas a las exigencias del campesinado y en contravía de lo que viene negociando en La Habana. El mismo día que instalaba la mesa única con la Cumbre Agraria anunciaba la radicación del proyecto de ley. Bajo estas circunstancias la movilización, y el apoyo solidario de otros sectores de la sociedad a las agendas construidas por el movimiento campesino y étnico en defensa de una territorialidad acorde con sus propios criterios, se vislumbran como el camino a seguir.
Para que algún día el campesinado puede llegar a tener, con autonomía y sin violencias, una oportunidad en estas tierras.
Fuente: Prensa Rural
via:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Colombia_Ley_de_baldios_negocio_redondo_tras_la_conquista_de_la_ultima_frontera_agricola
Argentina: MULTISECTORIAL CIPOLLETTI ..Repudio a la impunidad estatal y persecución de luchadores sociales....AW
(AW)
organizaciones integrantes de la Multisectorial denuncian un nuevo
avance en la criminalización de la protesta social, en Rio Negro. El
mismo día, “La Justicia” deja impune la muerte de Atahualpa Martínez,
absolviendo a todos los imputados, judicializa a luchadores.
Transcribimos
URGENTE: NUEVO ATAQUE DEL GOBIERNO DE WERETILNECK A LOS LUCHADORES
25 de octubre de 2014
En el día de ayer, los integrantes la Multisectorial de Cipolletti realizamos una denuncia pública en las puertas del Juzgado Penal de la ciudad de Cipolletti por la impunidad a 8 años de la desaparición y asesinato de Otoño Uriarte (todos los imputados fueron sobreseídos y se pretende cerrar la causa). Tomamos otros casos impunes, como las desapariciones en democracia de Daniel Solano y Carlos Painevil, y la liberación de abusadores como Fabián Villanueva (matón y mano derecha del gobernador) y Carlos Mesa (el maestro abusador del jardín de infantes Nº 85) y escrachamos al pedófilo Gabriel Reyes. Estuvieron presentes en la acción, acompañándonos, el padre de Sergio Ávalos, Ofelia Villar y familiares de Carlos Painevil.
En el día de hoy nos enteramos por medio de los diarios de la región de que por este motivo la fiscalía obrará de oficio imputando a integrantes de la multisectorial por el delito de “daño agravado”, en relación al escrache realizado en las paredes del edificio, recientemente “blanqueadas” para borrar tantos años de impunidad.
Justamente hoy, el mismo día en el que se dan a conocer las acciones de persecución política mediante la judicialización de la protesta social a miembros de esta multisectorial, la justicia corrupta rionegrina deja impune la muerte de Atahualpa Martínez a 6 años de su asesinato, absolviendo a todos los imputados.
Es evidente la clara complicidad entre el poder judicial y el ejecutivo de la provincia, que como única respuesta a la manifestación del día de ayer y a los familiares de las víctimas, amenaza, intimida e intenta criminalizar la protesta.
Los abajo firmantes expresamos nuestro enérgico repudio a esta nueva maniobra del gobierno de Weretilneck de intentar acallar las voces de la protesta popular en búsqueda de una verdadera justicia.
• ¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL!
• ¡BASTA DE IMPUNIDAD!
Comisión Directiva UnTER CIPOLLETTI – SINDICATO CERAMISTA - ATE Río Negro - CTA Cipolletti - SECRETARÍA DE GÉNERO Y DD HH DE ATEN PROVINCIAL – SECRETARA DE GÉNERO ATEN CAPITAL – CENTRO DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN – CONDUCCIÓN CENTRO DE ESTUDIANTES DE HUMANIDADES (JUS) - MULTISECTORIAL CONTRA LA REPRESIÓN DE NEUQUÉN - MULTISECTORIAL DE MUJERES DE CIPOLLETTI - ACTIVAR - ANGÉLICA ACOSTA DE ZAINUCO - LUIS VIRGILIO SÁNCHEZ DE GREMIAL DE ABOGADOS - FAMILIA ÁVALOS – FAMILIA PAINEVIL - ELY HERNÁNDEZ – FAMILIAS CONTRA EL ABUSADOR VILLANUEVA - ANGÉLICA LAGUNAS, DIPUTADA PROVINCIAL NQN I.S. EN EL FIT -CUERPO DE DELEGADOS DE DESARROLLO SOCIAL CIPOLLETTI EN ATE – CONVOCATORIA POR LA LIBERACIÓN NACIONAL Y SOCIAL EN SEGUNDA INDEPENDENCIA – MOVIMIENTO POPULAR LA DIGNIDAD – FRENTE NACIONAL PUEBLO UNIDO – BARRIO OBRERO – FORO POR LA TIERRA Y LA VIVIENDA – MUJERES AHORA ES CUANDO – MOVIMIENTO DE MUJERES EN LUCHA – AGRUPACIÓN CLASISTA DE TRABAJADORES DE LA FRUTA Y EL HIELO DE RÍO NEGRO – FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN– DOCENTES EN ENCUENTRO PARA CAMBIAR LA UNCo – JUNTAS Y A LA IZQUIERDA DE RÍO NEGRO Y NEUQUÉN – CEPA Regional Comahue – EL ANDÉN SOCIAL Y CULTURAL – GRUPO DE MUJERES EN LUCHA DEL MPLD – PATRIA GRANDE – ASAMBLEA PERMANENTE DEL COMAHUE POR EL AGUA – GRUPO DE APOYO CON LA COMUNIDAD WINKUL NEWEN - AGRUP. DOCENTE FRENTE EN CIPO - TRIBUNA DOCENTE – RAÚL GODOY DE PARTIDO DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS - CONVERGENCIA SOCIALISTA - PARTIDO OBRERO - MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES - PARTIDO DE LA CAUSA OBRERA.
vía:
http://www.agenciawalsh.org/fgg/j-p/12803-multisectorial-cipolletti.html
Transcribimos
URGENTE: NUEVO ATAQUE DEL GOBIERNO DE WERETILNECK A LOS LUCHADORES
25 de octubre de 2014
En el día de ayer, los integrantes la Multisectorial de Cipolletti realizamos una denuncia pública en las puertas del Juzgado Penal de la ciudad de Cipolletti por la impunidad a 8 años de la desaparición y asesinato de Otoño Uriarte (todos los imputados fueron sobreseídos y se pretende cerrar la causa). Tomamos otros casos impunes, como las desapariciones en democracia de Daniel Solano y Carlos Painevil, y la liberación de abusadores como Fabián Villanueva (matón y mano derecha del gobernador) y Carlos Mesa (el maestro abusador del jardín de infantes Nº 85) y escrachamos al pedófilo Gabriel Reyes. Estuvieron presentes en la acción, acompañándonos, el padre de Sergio Ávalos, Ofelia Villar y familiares de Carlos Painevil.
En el día de hoy nos enteramos por medio de los diarios de la región de que por este motivo la fiscalía obrará de oficio imputando a integrantes de la multisectorial por el delito de “daño agravado”, en relación al escrache realizado en las paredes del edificio, recientemente “blanqueadas” para borrar tantos años de impunidad.
Justamente hoy, el mismo día en el que se dan a conocer las acciones de persecución política mediante la judicialización de la protesta social a miembros de esta multisectorial, la justicia corrupta rionegrina deja impune la muerte de Atahualpa Martínez a 6 años de su asesinato, absolviendo a todos los imputados.
Es evidente la clara complicidad entre el poder judicial y el ejecutivo de la provincia, que como única respuesta a la manifestación del día de ayer y a los familiares de las víctimas, amenaza, intimida e intenta criminalizar la protesta.
Los abajo firmantes expresamos nuestro enérgico repudio a esta nueva maniobra del gobierno de Weretilneck de intentar acallar las voces de la protesta popular en búsqueda de una verdadera justicia.
• ¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL!
• ¡BASTA DE IMPUNIDAD!
Comisión Directiva UnTER CIPOLLETTI – SINDICATO CERAMISTA - ATE Río Negro - CTA Cipolletti - SECRETARÍA DE GÉNERO Y DD HH DE ATEN PROVINCIAL – SECRETARA DE GÉNERO ATEN CAPITAL – CENTRO DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN – CONDUCCIÓN CENTRO DE ESTUDIANTES DE HUMANIDADES (JUS) - MULTISECTORIAL CONTRA LA REPRESIÓN DE NEUQUÉN - MULTISECTORIAL DE MUJERES DE CIPOLLETTI - ACTIVAR - ANGÉLICA ACOSTA DE ZAINUCO - LUIS VIRGILIO SÁNCHEZ DE GREMIAL DE ABOGADOS - FAMILIA ÁVALOS – FAMILIA PAINEVIL - ELY HERNÁNDEZ – FAMILIAS CONTRA EL ABUSADOR VILLANUEVA - ANGÉLICA LAGUNAS, DIPUTADA PROVINCIAL NQN I.S. EN EL FIT -CUERPO DE DELEGADOS DE DESARROLLO SOCIAL CIPOLLETTI EN ATE – CONVOCATORIA POR LA LIBERACIÓN NACIONAL Y SOCIAL EN SEGUNDA INDEPENDENCIA – MOVIMIENTO POPULAR LA DIGNIDAD – FRENTE NACIONAL PUEBLO UNIDO – BARRIO OBRERO – FORO POR LA TIERRA Y LA VIVIENDA – MUJERES AHORA ES CUANDO – MOVIMIENTO DE MUJERES EN LUCHA – AGRUPACIÓN CLASISTA DE TRABAJADORES DE LA FRUTA Y EL HIELO DE RÍO NEGRO – FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN– DOCENTES EN ENCUENTRO PARA CAMBIAR LA UNCo – JUNTAS Y A LA IZQUIERDA DE RÍO NEGRO Y NEUQUÉN – CEPA Regional Comahue – EL ANDÉN SOCIAL Y CULTURAL – GRUPO DE MUJERES EN LUCHA DEL MPLD – PATRIA GRANDE – ASAMBLEA PERMANENTE DEL COMAHUE POR EL AGUA – GRUPO DE APOYO CON LA COMUNIDAD WINKUL NEWEN - AGRUP. DOCENTE FRENTE EN CIPO - TRIBUNA DOCENTE – RAÚL GODOY DE PARTIDO DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS - CONVERGENCIA SOCIALISTA - PARTIDO OBRERO - MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES - PARTIDO DE LA CAUSA OBRERA.
vía:
http://www.agenciawalsh.org/fgg/j-p/12803-multisectorial-cipolletti.html
México: un estado fallido planificado...lavaca.org
El Estado se ha convertido en una institución criminal donde se
fusionan el narco y los políticos para controlar la sociedad. Un Estado fallido
que ha sido construido en las dos últimas décadas para evitar la mayor
pesadilla de las elites: una segunda revolución mexicana. Por Raúl
Zibechi desde Puebla (México).
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, grita María Ester Contreras, mientras veinte puños en alto corean la consigna sobre el estrado de la Universidad Iberoamericana de Puebla, al recibir el premio Tata Vasco en nombre del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), por su trabajo contra las desapariciones forzadas. La escena es sobrecogedora, ya que los familiares, casi todas madres o hermanas, no pueden contener llantos y lágrimas cada vez que hablan en público en el XI Foro de Derechos Humanos.
Nada que ver con la genealogía de las desapariciones que conocemos en el Cono Sur. En México no se trata de reprimir, desaparecer y torturar militantes sino algo mucho más complejo y terrible. Una madre relató la desaparición de su hijo, un ingeniero en comunicaciones que trabajaba para IBM, secuestrado por el narco para forzarlo a construir una red de comunicaciones a su servicio. “Le puede tocar a cualquiera”, advierte, diciendo que toda la sociedad está en la mira y que, por lo tanto, nadie debería permanecer ajeno.
Fundem nace en 2009, en Coahuila, y ha logrado reunir a más de 120 familias que buscan a 423 personas desaparecidas, que a su vez trabajan con la Red Verdad y Justicia, que busca a 300 migrantes centroamericanos desaparecidos en territorio mexicano. “Daños colaterales” los llamó el expresidente Felipe Calderón, tratando de minimizar la tragedia de las desapariciones. “Son seres que nunca tuvieron que haber desaparecido”, replica Contreras.
PEOR QUE EL ESTADO ISLÁMICO
Un comunicado de Fundem, con motivo de la Tercera Marcha de la Dignidad celebrada en mayo, destaca que “según la Secretaría de Gobernación, hasta febrero de 2013, se contaban 26.121 personas desaparecidas”, desde que Calderón declaró la “guerra al narcotráfico” en 2006. En mayo de 2013, Christof Heyns, relator especial de ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas dijo que el gobierno reconoció 102.696 homicidios en el sexenio de Calderón (un promedio de 1.426 víctimas por mes). Pero en marzo pasado, tras 14 meses del actual gobierno de Peña Nieto, el semanario Zeta contabilizaba 23.640 homicidios (1.688 al mes).
La cadena informativa Al Jazeera difundió un análisis donde se comparan las muertes provocadas por el Estado Islámico (EI) con las masacres del narco mexicano. En Irak, en 2014, el EI ha acabado con la vida de 9.000 civiles, en tanto el número de víctimas de carteles mexicanos en 2013 sobrepasó las 16.000 (Russia Today, 21 de octubre de 2014). Los carteles llevan a cabo cientos decapitaciones todos los años. Han llegado a desmembrar y mutilar los cuerpos de las víctimas, para después exponerlos para atemorizar a la población. “Con el mismo propósito, los carteles también atacan a niños y mujeres, y, al igual que el EI, publican las imágenes gráficas de sus delitos en las redes sociales”.
Muchos medios de comunicación han sido silenciados a través de sobornos o intimidaciones y desde 2006 los carteles han sido responsables del asesinato de 57 periodistas. El Estado Islámico asesinó dos estadounidenses, cuyos casos ganaron los grandes medios, pero pocos saben que los carteles mexicanos asesinaron 293 ciudadanos estadounidenses entre 2007 y 2010.
La pregunta no es, no debe ser, quiénes son más sanguinarios, sino porqué. Desde que sabemos que Al Qaeda y el Estado Islámico han sido creados por la inteligencia estadounidense, bien vale la pregunta sobre quiénes están detrás del narcotráfico.
Diversos estudios y artículos periodísticos de investigación destacan la fusión entre autoridades estatales y narcos en México. La revista Proceso destaca en su última edición que “desde el primer trimestre de 2013 el gobierno federal fue alertado por un grupo de legisladores, activistas sociales y funcionarios federales acerca del grado de penetración del crimen organizado en las áreas de seguridad de varios municipios de Guerrero”, sin obtener la menor repuesta (Proceso, 19 de octubre de 2014).
Analizando los vínculos detrás de la reciente masacre de los estudiantes de Ayotzinapa (seis muertos y 43 desaparecidos), el periodista Luis Hernández Navarro concluye que el hecho “ha destapado la cloaca de la narcopolítica guerrerense” (La Jornada, 21 de octubre de 2014). En ella participan miembros de todos los partidos, incluyendo al centro izquierda del PRD, donde militaba el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, directamente implicado en la masacre.
Raúl Vera fue obispo en San Cristóbal de las Casas cuando la jerarquía decidió apartar de esa ciudad a Samuel Ruiz. Pero Vera siguió el mismo camino de su antecesor y ahora ejerce en Saltillo, la ciudad del estado de Coahuila de donde provienen varias madres que integran Fundem. Ellas no tienen local propio y re reúnen en el Centro Diocesano para los Derechos Humanos. El obispo y las madres trabajan codo a codo.
En 1996 Vera denunció la masacre de Acteal, donde 45 indígenas tzotziles fueron asesinados mientras oraban en una iglesia de la comunidad, en el estado de Chiapas, entre ellas 16 niños y adolescentes y 20 mujeres. Pese a que la masacre fue perpetrada por paramilitares opuestos al EZLN, el gobierno intentó presentarlo como un conflicto étnico.
CONTROLAR LA SOCIEDAD
Por su larga experiencia, sostiene que la masacre de Ayotzinapa, “es un mensajito al pueblo, es decirnos: vean de lo que somos capaces”, como sucedió en San Salvador Atenco en 2006, cuando militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que participaban en La Otra Campaña zapatista, fueron brutalmente reprimidos con un saldo de dos muertos, más de 200 detenidos, 26 de ellas violadas. El gobernador a cargo del entuerto era Enrique Peña Nieto, el actual presidente.
Esos “mensajes” se repiten una y otra vez en la política mexicana. El padre Alejandro Solalinde, quien participó en el Foro de Derechos Humanos, coordina la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano y dirige un alberque para migrantes que pasan por México hacia Estados Unidos, asegura que recibió información de que los estudiantes fueron quemados vivos. Luego de ser ametrallados, los heridos fueron quemados, como le relataron policías que participaron en los sucesos y “reventaron por conciencia” (Proceso, 19 de octubre de 2014).
Si el modo de asesinar revela un claro mensaje mafioso, deben develarse los objetivos, hacia quiénes apuntan y porqué. La respuesta viene de la mano del obispo Vera. Destaca la íntima relación entre los carteles y las estructuras política, judicial y financiera del Estado, al punto que es imposible saber dónde comienza uno y acaba el otro. Constatar esa realidad lo lleva a asegurar que los dirigentes de su país “son el crimen organizado” y que, por lo tanto, “no estamos en democracia” (Proceso, 12 de octubre de 2014).
Pero el obispo enfoca su reflexión hacia un punto neurálgico que permite desatar el nudo. “El crimen organizado ha ayudado al control de la sociedad y por eso es socio de la clase política. Ellos han conseguido que el pueblo no se organice, no crezca”. Palabras más o menos, es lo mismo que ha señalado el subcomandante Marcos.
Por último, no se trata de una confluencia casual sino de una estrategia. Uno de sus constructores sobre el terreno, es el general Oscar Naranjo, quien fue uno de los más destacados “arquitectos de la actual narcodemocracia colombiana” bajo el gobierno de Alvaro Uribe, como lo denunciara Carlos Fazio (La Jornada, 30 de junio de 2012). Naranjo, un protegido de la DEA y “producto de exportación” de Estados Unidos para la región, se convirtió en asesor del gobierno de Peña Nieto.
Fazio destaca una información de The Washington Post donde el rotativo asegura que “siete mil policías y militares mexicanos fueron entrenados por asesores colombianos”. No hace falta hacer volar la imaginación para descubrir dónde se comenzó a fabricar el Estado fallido mexicano.
Pero hay más. “El gobierno de Estados Unidos ha ayudado a algunos cárteles a través de la Operación Rápido y Furioso”, por la cual “involuntariamente” dos mil armas fueron a parar a manos de los narcos, recuerda la página antiwar.com. Es posible, reflexionan sitios dedicados al análisis estratégico como el europeo dedefensa.org, que el caos mexicano sea favorecido por la creciente parálisis de Washington y la cacofonía que emiten sus diversos y contradictorios servicios. Sin embargo, todo indica que hay algo deliberado. Que pueda volverse boomerang a través de su extensa y porosa frontera, tampoco debería ponerse en duda.
vía:
http://www.lavaca.org/notas/mexico-un-estado-fallido-planificado/
Todas las notas de lavaca pueden ser reproducidas libremente, total o parcialmente, aunque agradeceríamos que citaran la fuente.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, grita María Ester Contreras, mientras veinte puños en alto corean la consigna sobre el estrado de la Universidad Iberoamericana de Puebla, al recibir el premio Tata Vasco en nombre del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), por su trabajo contra las desapariciones forzadas. La escena es sobrecogedora, ya que los familiares, casi todas madres o hermanas, no pueden contener llantos y lágrimas cada vez que hablan en público en el XI Foro de Derechos Humanos.
Nada que ver con la genealogía de las desapariciones que conocemos en el Cono Sur. En México no se trata de reprimir, desaparecer y torturar militantes sino algo mucho más complejo y terrible. Una madre relató la desaparición de su hijo, un ingeniero en comunicaciones que trabajaba para IBM, secuestrado por el narco para forzarlo a construir una red de comunicaciones a su servicio. “Le puede tocar a cualquiera”, advierte, diciendo que toda la sociedad está en la mira y que, por lo tanto, nadie debería permanecer ajeno.
Fundem nace en 2009, en Coahuila, y ha logrado reunir a más de 120 familias que buscan a 423 personas desaparecidas, que a su vez trabajan con la Red Verdad y Justicia, que busca a 300 migrantes centroamericanos desaparecidos en territorio mexicano. “Daños colaterales” los llamó el expresidente Felipe Calderón, tratando de minimizar la tragedia de las desapariciones. “Son seres que nunca tuvieron que haber desaparecido”, replica Contreras.
PEOR QUE EL ESTADO ISLÁMICO
Un comunicado de Fundem, con motivo de la Tercera Marcha de la Dignidad celebrada en mayo, destaca que “según la Secretaría de Gobernación, hasta febrero de 2013, se contaban 26.121 personas desaparecidas”, desde que Calderón declaró la “guerra al narcotráfico” en 2006. En mayo de 2013, Christof Heyns, relator especial de ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas dijo que el gobierno reconoció 102.696 homicidios en el sexenio de Calderón (un promedio de 1.426 víctimas por mes). Pero en marzo pasado, tras 14 meses del actual gobierno de Peña Nieto, el semanario Zeta contabilizaba 23.640 homicidios (1.688 al mes).
La cadena informativa Al Jazeera difundió un análisis donde se comparan las muertes provocadas por el Estado Islámico (EI) con las masacres del narco mexicano. En Irak, en 2014, el EI ha acabado con la vida de 9.000 civiles, en tanto el número de víctimas de carteles mexicanos en 2013 sobrepasó las 16.000 (Russia Today, 21 de octubre de 2014). Los carteles llevan a cabo cientos decapitaciones todos los años. Han llegado a desmembrar y mutilar los cuerpos de las víctimas, para después exponerlos para atemorizar a la población. “Con el mismo propósito, los carteles también atacan a niños y mujeres, y, al igual que el EI, publican las imágenes gráficas de sus delitos en las redes sociales”.
Muchos medios de comunicación han sido silenciados a través de sobornos o intimidaciones y desde 2006 los carteles han sido responsables del asesinato de 57 periodistas. El Estado Islámico asesinó dos estadounidenses, cuyos casos ganaron los grandes medios, pero pocos saben que los carteles mexicanos asesinaron 293 ciudadanos estadounidenses entre 2007 y 2010.
La pregunta no es, no debe ser, quiénes son más sanguinarios, sino porqué. Desde que sabemos que Al Qaeda y el Estado Islámico han sido creados por la inteligencia estadounidense, bien vale la pregunta sobre quiénes están detrás del narcotráfico.
Diversos estudios y artículos periodísticos de investigación destacan la fusión entre autoridades estatales y narcos en México. La revista Proceso destaca en su última edición que “desde el primer trimestre de 2013 el gobierno federal fue alertado por un grupo de legisladores, activistas sociales y funcionarios federales acerca del grado de penetración del crimen organizado en las áreas de seguridad de varios municipios de Guerrero”, sin obtener la menor repuesta (Proceso, 19 de octubre de 2014).
Analizando los vínculos detrás de la reciente masacre de los estudiantes de Ayotzinapa (seis muertos y 43 desaparecidos), el periodista Luis Hernández Navarro concluye que el hecho “ha destapado la cloaca de la narcopolítica guerrerense” (La Jornada, 21 de octubre de 2014). En ella participan miembros de todos los partidos, incluyendo al centro izquierda del PRD, donde militaba el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, directamente implicado en la masacre.
Raúl Vera fue obispo en San Cristóbal de las Casas cuando la jerarquía decidió apartar de esa ciudad a Samuel Ruiz. Pero Vera siguió el mismo camino de su antecesor y ahora ejerce en Saltillo, la ciudad del estado de Coahuila de donde provienen varias madres que integran Fundem. Ellas no tienen local propio y re reúnen en el Centro Diocesano para los Derechos Humanos. El obispo y las madres trabajan codo a codo.
En 1996 Vera denunció la masacre de Acteal, donde 45 indígenas tzotziles fueron asesinados mientras oraban en una iglesia de la comunidad, en el estado de Chiapas, entre ellas 16 niños y adolescentes y 20 mujeres. Pese a que la masacre fue perpetrada por paramilitares opuestos al EZLN, el gobierno intentó presentarlo como un conflicto étnico.
CONTROLAR LA SOCIEDAD
Por su larga experiencia, sostiene que la masacre de Ayotzinapa, “es un mensajito al pueblo, es decirnos: vean de lo que somos capaces”, como sucedió en San Salvador Atenco en 2006, cuando militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que participaban en La Otra Campaña zapatista, fueron brutalmente reprimidos con un saldo de dos muertos, más de 200 detenidos, 26 de ellas violadas. El gobernador a cargo del entuerto era Enrique Peña Nieto, el actual presidente.
Esos “mensajes” se repiten una y otra vez en la política mexicana. El padre Alejandro Solalinde, quien participó en el Foro de Derechos Humanos, coordina la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano y dirige un alberque para migrantes que pasan por México hacia Estados Unidos, asegura que recibió información de que los estudiantes fueron quemados vivos. Luego de ser ametrallados, los heridos fueron quemados, como le relataron policías que participaron en los sucesos y “reventaron por conciencia” (Proceso, 19 de octubre de 2014).
Si el modo de asesinar revela un claro mensaje mafioso, deben develarse los objetivos, hacia quiénes apuntan y porqué. La respuesta viene de la mano del obispo Vera. Destaca la íntima relación entre los carteles y las estructuras política, judicial y financiera del Estado, al punto que es imposible saber dónde comienza uno y acaba el otro. Constatar esa realidad lo lleva a asegurar que los dirigentes de su país “son el crimen organizado” y que, por lo tanto, “no estamos en democracia” (Proceso, 12 de octubre de 2014).
Pero el obispo enfoca su reflexión hacia un punto neurálgico que permite desatar el nudo. “El crimen organizado ha ayudado al control de la sociedad y por eso es socio de la clase política. Ellos han conseguido que el pueblo no se organice, no crezca”. Palabras más o menos, es lo mismo que ha señalado el subcomandante Marcos.
Por último, no se trata de una confluencia casual sino de una estrategia. Uno de sus constructores sobre el terreno, es el general Oscar Naranjo, quien fue uno de los más destacados “arquitectos de la actual narcodemocracia colombiana” bajo el gobierno de Alvaro Uribe, como lo denunciara Carlos Fazio (La Jornada, 30 de junio de 2012). Naranjo, un protegido de la DEA y “producto de exportación” de Estados Unidos para la región, se convirtió en asesor del gobierno de Peña Nieto.
Fazio destaca una información de The Washington Post donde el rotativo asegura que “siete mil policías y militares mexicanos fueron entrenados por asesores colombianos”. No hace falta hacer volar la imaginación para descubrir dónde se comenzó a fabricar el Estado fallido mexicano.
Pero hay más. “El gobierno de Estados Unidos ha ayudado a algunos cárteles a través de la Operación Rápido y Furioso”, por la cual “involuntariamente” dos mil armas fueron a parar a manos de los narcos, recuerda la página antiwar.com. Es posible, reflexionan sitios dedicados al análisis estratégico como el europeo dedefensa.org, que el caos mexicano sea favorecido por la creciente parálisis de Washington y la cacofonía que emiten sus diversos y contradictorios servicios. Sin embargo, todo indica que hay algo deliberado. Que pueda volverse boomerang a través de su extensa y porosa frontera, tampoco debería ponerse en duda.
vía:
http://www.lavaca.org/notas/mexico-un-estado-fallido-planificado/
Todas las notas de lavaca pueden ser reproducidas libremente, total o parcialmente, aunque agradeceríamos que citaran la fuente.
Argentina: Hienas......Por Alfredo Grande
(APe).- Hace varios años, mi hijo menor Federico se extasió con la película El Rey León. Superados los prejuicios de que al ser un producto del Imperio Disney necesariamente era reaccionario, me encontré con una metáfora potente de la contradicción insalvable que en la cultura represora hay entre legitimidad y legalidad. Escribí en esos tiempos “El Rey León y la Ética del Traidor” publicado en mi primer libro(1). No es un dato menor que el que asesina al verdadero rey es su hermano desplazado de la sucesión por el nacimiento del primogénito. Las razones por las cuales el león es considerado en rey de la selva son varias. A mi criterio, la más sustentable es que es el que menos trabaja y sus pasatiempos preferidos son: dormir, comer, reproducirse. Quizás con eso sea suficiente para ser rey, a la luz de los ejemplos que conocemos. Las hienas son por el contrario, algo así como el lumpenaje de los carnívoros.
A pesar de tener condiciones suficientes para la caza, pasarán a la posteridad como animales carroñeros. Entre hienas y buitres hay mucho personal. En el film, son las hienas las
que
secundan al león traidor para asesinar al verdadero rey. Creo que esta
historia tiene un fundante que debe ser rescatado: cuando lo legítimo es
interpelado por legalidades fraudulentas, sea contra el rey león o
contra la lucha popular, el combate es necesario. Un hermano traidor, un
compañero o un militante traidor, siempre podrá más que mil valientes,
como enseñara Zitarrosa.Siempre será necesario tener a las hienas que harán el trabajo sucio, apretarán los gatillos fáciles y facilitarán el ordenamiento jurídico que permita conseguir el vellocino de oro de la impunidad estructural. Hienas sobran y tienen la claridad suficiente para darse cuenta que los partidos pasan y el Poder queda. No todo pasa, mal que le pese al vicario de la dictadura, el maese Grondona. Las hienas son funcionales a los poderes de turno, no importa cuánto duren los turnos ni que orientación tengan los poderes.
Son oficialistas por convicción, porque siempre habrá algún oficialismo entre nosotros. Hay hienas mas simpáticas que otras, más populares que otras, algunas roban para la corona, otras roban coronas, no dejan de hacer culto a la familia nombrando parientes en cuanto cargo público aparezca, cobran sueldos muy altos para decidir cuán miserables serán los sueldos de los demás, al traicionarse a sí mismos no sienten remordimiento alguno por traicionar a los demás, hacen del dogma y el pensamiento único razón de estado, nada les importa el estado de nauseas que generan, confunden la fidelidad con la lealtad y la lealtad con obsecuencia, no sufren ninguna consecuencia de tantas obsecuencias cruzadas, y sostienen a rajatabla el refrán represor: a rey muerto (o asesinado) rey puesto ( o impuesto).
Si como sentencia la cultura represora, yerba mala nunca muere, no deja de ser cierto que yerba buena no siempre crece. El sectarismo, el mesianismo y el iluminismo de las izquierdas mucho han contribuido a su crecimiento y al mismo tiempo a su dispersión. Frentes unidos más por el espanto que por el amor. Derrotismo y triunfalismo en dosis cambiantes, han dejado el 80% del electorado en manos de las orquestas reaccionarias, con pequeñas variaciones sobre el mismo tema.
El alucinatorio policlasista es patrimonio cultural de los dos partidos mayoritarios: PJ y UCR. A pesar de la evidencia de que piquete y cacerola la lucha no es una sola, la maldita clase media sigue siendo horizonte alcanzable para los humildes, y biombo necesario para los acaudalados. No hay peor country que el mental. La cabeza no piensa donde los pies pisan, a pesar de la advertencia de Paulo Freire.
La publicidad, opio y lisérgico de los pueblos, cumple con todos los mandatos de la cultura represora: alucinar y delirar. Argentina nos incluye pero en espacios bien diferentes. Las hienas que producen en forma constante “falsa conciencia”, alejan, distancias, dislocan al sujeto de su materialidad cotidiana y, digitalización mediante, le construye una disneylandia privada y accesible. La industria del entretenimiento es el triunfo sobre ajenas batallas y la derrota de las batallas cercanas. La crueldad de las hienas no les impide sostener el tabú de la violencia, proponiendo una paz que es solamente la tregua necesaria para que el exterminio y el saqueo no tengan resistencia.
La propuesta de la sensatez y racionalidad ciudadana es acomodarse a la izquierda de la derecha para impedir que la derecha de la derecha, tan cercana al fascismo, pueda reinar otra vez como en décadas pasadas. ¿A quién le importa recordar que muchas hienas de los 90 con sus fauces neoliberales son maquilladas como herbívoros progresistas defensores de los derechos humanos del pasado? Aunque en ese pasado que abominan, nada hicieron ni dijeron para enfrentar al exterminio y la barbarie cívico militar que hoy dicen abominar. La impunidad de las hienas es estructural. No es un efecto ni una consecuencia. Es una premisa. Y todo el esfuerzo está dirigido a sostener el reino de la impunidad al menos hasta que la muerte nos separe. Masacres impunes que son olvidadas porque nuevas masacres impunes.
Las hienas en democracia son tan feroces y despiadadas como las hienas en dictadura. Aunque la hiena se vista de seda, hiena se queda. Por eso es necesario pensar que el Terrorismo de Estado se continúa con lo que denomino el Estado Terrorista. Una de las dos caras del Estado de Derecho. La otra cara es el Estado Benefactor.
El Terror en democracia tiene mil caras y seguramente Luciano Arruga, los extranjeros indocumentados que serán los primeros orejones del tarro de la justicia clasista y reaccionaria, los presos políticos, los niños y niñas con hambre y sin niñez, han visto de cerca muchas de esos rostros. Lo Benefactor también funciona como una forma de banalizar el Terror. Las víctimas de la masacre de Cromagnon, de la estación de tren de Once, los pueblos originarios y sentenciados, saben por dolorosa experiencia individual y colectiva que lo benefactor pasa pero el terror queda.
La subjetividad aterrorizada es una forma de organización individual, vincular y social. Las hienas lo saben. Y lo perfeccionan. Con prisa y sin pausa. Una convicción es necesaria. Toda política de consensuar con hienas es suicida. Hasta las más simpáticas e inteligentes son depredadoras. Y buscarán asociarse a cualquier traidor para ampliar su poder en reinados de la bondad por fuera y de la crueldad por dentro. Ministerio de Bienestar Social para criar a las hienas de la triple A. Ese experimento sigue activo. El plan cóndor tiene su continuidad. No es con ninguna derecha trasvestida que podremos enfrentarla.
Las izquierdas, en unión, combatiendo no al capital pero si al capitalismo, son garante histórico y político del combate permanente contra todas las formas de la cultura represora. Y todas las hienas que utiliza como gendarmes. No es casual que a una hiena que supo boxear la in-justicia le bajó la condena. Podremos soportar dar un paso atrás, a condición de aprender a dar, por lo menos, dos pasos adelante.
“Fernando Esteche, que está en la cárcel por escrachar a Sobisch, quien ordenó matar al maestro Fuentealba en el 2007, no tiene 3 millones de euros y deberá permanecer sin libertad seis meses más por escrachar a Rato, el que robó a su país y al mundo entero en ejercicio de sus funciones” (Liga Argentina por los Derechos del Hombre).
“Hoy, como nadie quería pero todos intuíamos, apareció muerto Luciano Arruga. Muerto no, ASESINADO por las fuerzas represivas que este gobierno en 11 años no pudo purgar y, por el contrario, multiplicaron su accionar contra el pueblo en las sombras, con el "emblema" del gatillo fácil que es récord en esta dékada arrasada”. (Gustavo Robles. Partido Comunista de los Trabajadores).
“Desde el medio no dependiente Queda la Palabra (anterior colectivo Premio Nacional de DD.HH. 2005 en España por sus acciones en la Valla de Ceuta y Melilla) lanzamos esta denuncia pública ante la grave operación policial llamada "Mos Maiorum" (costumbre de los ancestros) para realizar redadas a la "caza" del inmigrante "sin papeles". (Gerardo Duré. Coordinación Seminario Formación Teológica).
(1) “El Edipo después de El Edipo: del psicoanálisis aplicado al psicoanálisis implicado” (Topía Editorial. 1996)
vía:
http://pelotadetrapo.org.ar/hienas.html
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse a
Entradas
Comentarios
Datos personales
- raymond
- Malas noticias en los periòdicos, asesinatos, enfermedad, pobreza, dolor, injusticias, discriminaciòn, guerras, lo grave es que nos parece normal.
Ecologia2
