sábado, 10 de marzo de 2018

Chile: La aerolínea de Mongolia que disparó el aterrizaje de haitianos... en enero llegaron 5 mil....Ya desplazó a LAW como la principal operadora de la ruta Puerto Príncipe-Santiago...Por : Fernando Vega en Actualidad y Entrevista






Mongolian Airlines (MIAT) firmó en noviembre un acuerdo con la haitiana Sunrise Airways, gestionado por una firma chipriota, para transportar pasajeros a Chile. En enero aterrizó en Pudahuel prácticamente día por medio, trayendo a 2.542 personas. Su Boeing 767-300 es conocido en el aeropuerto como “El Coyote”, en referencia al transporte clandestino de migrantes. CIPER siguió la pista del floreciente y poco conocido negocio del traslado de haitianos desde Puerto Príncipe y Punta Cana en “charteras”, el que ha crecido al alero de la laxitud de las normas chilenas para operar en el transporte aéreo.

Casi cinco mil haitianos llegaron a Chile en enero recién pasado, marcando un fuerte incremento de 136,7% respecto del mismo mes de 2017. Y algo más de la mitad -2.542 personas- lo hizo en alguno de los 16 vuelos que en el primer mes de este año realizó desde Puerto Príncipe, la capital de Haití, un avión de Mongolian Airlines (MIAT), la aerolínea estatal de Mongolia. Un acuerdo firmado en noviembre del año pasado con la haitiana Sunrise Airways permitió a esa firma asiática convertirse en protagonista de la prácticamente descontrolada inmigración desde ese país caribeño.

Un video que se hizo viral a fines de febrero mostrando el descenso de ciudadanos haitianos desde un avión con capacidad para 300 pasajeros en una apartada zona del aeropuerto de Pudahuel, encendió la polémica pública por el explosivo aumento de la inmigración desde ese país caribeño. Fuertes protestas y brotes racistas se tomaron las redes sociales. Más allá de la irracional explosión xenófoba, el tema copó la agenda pública y planteó preguntas sobre quiénes están tras el negocio del transporte de haitianos hacia Chile.


(Fuente: Alexander Secul)

CIPER revisó los registros de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC) y descubrió un puñado de empresas “charteras” que mueven este negocio, aprovechando las laxas normas chilenas que permiten este tipo de vuelos privados. A ellas se suman aerolíneas regulares –como LAW, Copa, Avianca y Delta, entre otras–, que se han sumado a este floreciente mercado. Hasta ahora, todas las miradas se habían dirigido a LAW, pero es mucho más amplio el arco de empresas que están exprimiendo este nicho casi sin control de las autoridades.

El examen de las cifras oficiales, permitió a CIPER detectar que la empresa mongoliana, basada en Ulan Bator, es hoy el principal medio de transporte de pasajeros desde Haití a Chile. Desde fines de noviembre pasado, que el Boeing 767-300 arrendado por Sunrise Airways a la firma que controla el Estado Mongol aterriza en Santiago: ya en diciembre aparece transportando a 1.500 ciudadanos desde la capital haitiana. La aeronave es conocida entre los funcionarios del aeropuerto como “El Coyote”, en referencia a quienes transportan ilegalmente a personas a través de la frontera entre México y Estados Unidos.

En enero, Mongolian Airlines se convirtió en la líder de este mercado del que pocos hablan y aterrizó en Pudahuel prácticamente jornada por medio: los días 4, 6 ,9 ,11, 13, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30 y 31. De martes a domingo, entre las 4 y 7 de la mañana, el Boeing 767-300 se posó sobre las losas del terminal internacional de Santiago tras haber completado las casi siete horas y media de vuelo desde Puerto Príncipe.

Los registros de la JAC indican que en enero la ruta directa Puerto Príncipe-Santiago fue cubierta solo por dos aerolíneas que transportaron un total de 4.826 personas: Mongolian Airlines, que trajo 2.542 pasajeros, y la hoy aproblemada Latin American Wings (LAW), que movilizó a otros 2.284. Mientras la primera se hace del control del mercado, la segunda enfrenta una crítica situación financiera y anunció la suspensión de sus vuelos porque la PDI no está aceptando el ingreso de un alto porcentaje de sus pasajeros.

En los últimos días, tras la controversia pública por el video viralizado, la policía adoptó la práctica de revisar la veracidad de las reservas hoteleras que exhiben los pasajeros haitianos. Esta inédita política, según publicó La Tercera del martes 6 de marzo, originó que más de 200 ciudadanos haitianos no pudieran entrar al país. Los pasajeros correspondían en su gran mayoría a vuelos de LAW, aunque también afectó a la “chartera” chilena ONE y a Copa Airlines. En el aeropuerto se comentaba que Dynamic Airways y Sunrise también han debido enfrentar dificultades.

EL NEGOCIO ENTRE MONGOLIAN Y SUNRISE
El acuerdo entre Mongolian Airlines y la aerolínea haitiana fue gestándose durante el año pasado gracias a las gestiones mediadoras de la empresa global de chárteres Zela Aviation, con sede en Chipre. En noviembre se cerró el negocio, que consiste en el arriendo de la nave mongoliana con sus pilotos y tripulación (o wet-lease en jerga aeronáutica).


(Fuente: Sunrise Airways)

La firma chipriota opera como agente global de ventas para los mongoles y otras aerolíneas que vuelan entre Europa y Asia. El 5 de febrero pasado The UB Post, un diario que se publica en inglés en Ulan Bator, informó de las intenciones de Mongolian Airlines para crecer en el negocio del arriendo de aviones. Su vicepresidente N. Enkhbaatar dijo a ese medio que la aerolínea estaba aprovechando la baja temporada en su país para alquilar sus aviones a otros operadores. En ese contexto, informó que el acuerdo con Sunrise Airways era el “primer paso para que la compañía comience sus vuelos directos a Estados Unidos”, proyectados para 2020.

Mongolian Airlines opera regularmente en Asia (Beijing, Hong Kong, Seúl y Tokio) y Europa (Moscú, Berlin y Frankfurt). Sus viajes entre Haití y Chile son su primera incursión a este lado del mundo y de acuerdo con la misma publicación de The UB Post todos los trayectos los hizo con una tripulación mongola compuesta por 36 personas, entre pilotos y tripulantes. Además, el artículo comenta que el arriendo a la línea hatiana permitirá a su personal acumular más de 600 horas de experiencia de vuelos sobre el Atlántico.

Hasta 2015 aproximadamente, cualquier viaje desde Santiago a Puerto Príncipe debía realizarse vía Panamá, Miami o Nueva York. Hoy hay vuelos directos desde Haití, como los que realiza Mongolian, y Santiago es uno de los destinos que más crece. La explosión que se vivió en los últimos meses, dijeron diversas fuentes a CIPER, se debe al temor que existe entre los haitianos que ya residen en Santiago por la posibilidad de que el nuevo gobierno de Sebastián Piñera endurezca la política de inmigración.

EL ROL DE LAS “CHARTERAS”

CIPER descubrió que el uso de aerolíneas chárter para el traslado de inmigrantes se ha convertido en una práctica recurrente. Por varias razones. Una de ellas: la normativa chilena que permite entrar al país a cualquier avión que solo cumpla con requisitos de seguridad y financiamiento de un seguro para sus pasajeros y tripulantes. Esta política de “cielos abiertos” permite autorizar bajo diferentes grados de libertad los vuelos de aerolíneas de 60 países y faculta a empresas de prácticamente todo el mundo a operar en Chile con amplias facilidades. Ya sea para vuelos estacionales, regulares o programados.

Todas estas “libertades” son parte de una política de Estado que considera la apertura unilateral de los cielos como una medida que dinamiza la economía y que permite abaratar los viajes de pasajeros y el transporte de carga.


Jaime Binder, secretario general de la JAC

-En Chile cualquier operador extranjero puede solicitar autorización para realizar este tipo de vuelos, quedando sometido a la normativa nacional vigente, la cual está constituida principalmente por la Norma Aeronáutica DAN 119 de la DGAC, denominada Obtención del Certificado de Operador Aéreo (AOC). Esta norma regula la operación no regular por empresas aéreas extranjeras, distinguiendo entre aquellas aerolíneas que deseen realizar 18 o menos vuelos de este tipo dentro de un año y las que desean realizar más de 18 vuelos no regulares en el mismo período- dijo a CIPER el director de la JAC, Jaime Binder.

En el primer caso, para realizar 18 o menos vuelos, las aerolíneas deben presentar únicamente el AOC otorgado por su país de origen, sus especificaciones operativas vigentes y los seguros obligatorios. En el segundo caso, deben obtener un AOC de operador extranjero en Chile. “La JAC, de acuerdo a sus competencias legales, toma conocimiento y aprueba las pólizas o certificados de seguros que cubren los daños a ocupantes de la aeronave y a terceros en la superficie”, añadió Binder.

La Ley de Aviación Comercial de Chile (Decreto Fuerza Ley N.° 2.564 de 1979) está sustentada en los principios de libre ingreso a los mercados, libertad tarifaria, mínima intervención del Estado y liberalización de la propiedad y el control de las empresas.

Otra razón que abona la operación de las “charteras” –explican en el mercado aeronáutico– es la poca oferta de vuelos al Cono Sur que existe en Puerto Príncipe y las dificultades para utilizar su precaria infraestructura aeroportuaria. De hecho, parte importante de la inmigración haitiana a Chile proviene en los últimos meses desde el cotizado balneario turístico de Punta Cana, en la vecina República Dominicana, cuyo aeropuerto permite el arribo y despegue de aviones de todo tipo. El viaje desde la capital haitiana hasta el otro extremo de la isla toma eso sí entre 8 y 9 horas en bus y, según explican en algunas aerolíneas, los pasajes desde ese balneario a Santiago incluyen hoy el valor del tramo por tierra.

El video grabado en Pudahuel que se viralizó a fines de febrero fue una muestra clara de la predominancia de las “charteras” en el traslado de inmigrantes haitianos. El vuelo, de la aerolínea estadounidense Dynamic International Airways, con capacidad para 300 pasajeros, venía desde Punta Cana. Solo en diciembre, esta compañía –acogida a la Ley de Quiebras de Estados Unidos– trajo directamente desde Puerto Príncipe a otras 3.415 personas y a 439 desde Punta Cana.

Una tercera razón del boom de las “charteras” es el precio. Como no tienen obligación de constituirse en Chile como una aerolínea regular –con representante legal, oficinas, personal, hangares, sistemas informáticos y una serie de otras exigencias locales e internacionales–, pueden vender pasajes más baratos. Como dice el ex gerente general de una aerolínea local, en su modelo de negocio estas firmas también consideran que el boleto de vuelta raramente será usado por los pasajeros, por lo que incluyen esa ventaja en su estructura de costos. Saben que sus pasajeros vienen a quedarse.

CIPER comprobó que otras “charteras” de países poco familiarizados con Chile, como la sudafricana Global Aviation Operation, también han participado en el negocio del traslado de inmigrantes. Durante 2017 esta firma registró siete vuelos Puerto Príncipe-Santiago en su Airbus A320, contratados para movilizar pasajeros de Sunrise Airways. En total, transportó a 764 personas. En febrero de 2018 recibió autorización de la JAC para realizar 10 vuelos.

También se sabe en el mercado que la dominicana Dominican Wings y la lituana Avion Express estuvieron sondeando el mercado. De hecho, la firma europea realizó en 2017 un par de vuelos entre Brasil y Santiago.

Fuentes del sector aeronáutico dijeron a CIPER que los precios desde Puerto Príncipe a Santiago en chartera varían desde los $540 mil a los $639 mil, en promedio. Mientras, por el mismo tramo las aerolíneas regulares cobran desde $639 mil. Ese es el valor del pasaje en la cuestionada LAW.

El año pasado, el Ministerio del Interior presentó ante el Ministerio Público una acusación por eventual tráfico ilegal de migrantes haitianos que apuntó directamente a LAW (ver querella). Sin embargo, en la Fiscalía Centro Norte indicaron a CIPER que “la causa está en investigación con diligencias en curso y aún no sido formalizada”.

“En el negocio de Haití el principal transportador es Copa, que tiene cuatro vuelos diarios y en los cuales trae a muchos haitianos. Después hay una empresa haitiana que se llama Sunrise, hay otra empresa chilena. Avianca también (…). Yo creo que la crítica es injusta, porque no somos la única línea aérea que lo hace y no somos la que más transportamos tampoco, entonces también es medio extraño esto”, dijo a La Tercera la semana pasada el gerente general de LAW, Andrés Dulcinelli.

Otras aerolíneas regulares que traen pasajeros desde Puerto Príncipe son Copa y Delta, con escala en Panamá. American Airlines transporta a través de Miami y Avianca, vía Bogotá.

Fuentes de la PDI dicen que en las últimas semanas se ha detectado también el ingreso de ciudadanos haitianos vía Lima. Según las cifras de la JAC, Peruvian Airlines movilizó en enero pasado a 2.004 pasajeros en dos rutas (Lima–Santiago y Punta Cana–Santiago), de los cuales 1.180 viajaron hacia Chile y 767 desde Santiago hacia los dos destinos mencionados.

LOS VUELOS DE SUNRISE AIRWAYS


En el ingreso de ciudadanos haitianos a Chile, la aerolínea de ese país Sunrise Airways le cabe un rol preponderante. La firma, controlada por el millonario haitiano Philippe Bayard ha volado en diversas ocasiones a Chile precisamente como “chartera”. Esta aerolínea solicitó ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) el 2 de agosto de 2017 la obtención de un AOC como operador extranjero en Chile, trámite que se encuentra en desarrollo y cuya finalización depende de ese organismo.

En septiembre, según la plataforma de la Ley del Lobby, el propio Bayard se reunió con el embajador de Chile en Haití, Patricio Utreras, para abordar las operaciones de Sunrise Airways en Chile.


Aeropuerto de Puerto Príncipe (Fuente: elclarinweb.com)

Según fuentes del mercado, a Sunrise Airways le han parecido “desmedidas” las exigencias de seguridad de la DGAC. Pero el negocio es tan bueno que ha contratado aviones de países cuyos niveles de seguridad sí son reconocidos por las autoridades chilenas, a pesar de que cada vez que “terceriza” estaría dejando de percibir en torno al 12% del valor de cada pasaje. Ese sería el “fee” o cobro que le aplican las “charteras”, explican en el mercado.

Las cifras de la JAC muestran que en enero de 2018 Sunries solo trajo a Chile pasajeros provenientes de Lima: 294 personas. En diciembre movilizó un total de 954 pasajeros a Chile: 764 desde Puerto Príncipe a Santiago y 190 desde la capital peruana. Antes, entre el 29 de mayo y el 15 de junio de 2017 voló 18 veces como “charter” desde Puerto Príncipe a Santiago, con escala en Lima.

El martes 1 de agosto de 2017 ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el director general de Asuntos Consulares y de Inmigración de la Cancillería, Carlos Appelgren, vinculó a Sunrise Airways con las redes de tráfico de inmigrantes. “No tienen otros itinerarios y les ha ido estupendamente bien. Tanto es así, que acaba de inaugurarse hace poco más de un mes una segunda aerolínea que ya tiene dos vuelos semanales hacia Chile“, agregó en referencia también a LAW.

LOS 3.415 PASAJEROS DE DYNAMIC


Uno de los “misterios” que envuelven a los chárter es el titular del vuelo. En Chile ni la JAC ni la DGAC le preguntan a una firma de ese tipo a nombre de quién harán los traslados. Si son pasajeros propios o de otra aerolínea. Conocerlo, depende prácticamente de la buena voluntad del contratante o de la información obtenida por vías no oficiales. Es el caso de Dynamic International Airways.

La aerolínea, que actualmente tramita el permiso AOC para operar en Chile, transportó sólo en octubre del año pasado a 3.415 personas desde Puerto Príncipe a Santiago.


(Fuente: Dynamic Airways).

En noviembre pasado, la compañía acogida a reestructuración financiera bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, informó al mercado estadounidense que en adelante operaría sus dos Boeing 767 como empresa “chartera”.También anunció, según reprodujeron algunos sitios de noticias aeronáuticas, el cierre de un contrato con la agencia de viajes británica Swift Travel Services para operar un servicio regular entre Puerto Príncipe y Santiago hasta finales de marzo de este año, en cooperación con LAW.

“En diciembre del año pasado, la aerolínea Dynamic International Airways inició ante esta DGAC, el proceso para la obtención del Certificado de Operador Aéreo, el cual se encuentra en la etapa de presentación de documentación según la normativa vigente”, respondió por escrito la entidad aeronáutica a CIPER. La solicitud ingresó el 5 de diciembre de 2017 y de conseguirla podrá volar hasta 18 veces en un año calendario.

ABUSOS LABORALES Y RACISMO

Según cifras de la PDI solo en 2017 ingresaron a Chile 111.746 haitianos. El alto número ha generado controversia, choques culturales, competencia entre inmigrantes, abusos laborales, soledad y fuertes muestras de racismo.

Sobre el rechazo de numerosos haitianos, debido al endurecimiento de las políticas de la PDI en el aeropuerto, las aerolíneas deslindan responsabilidades. El gerente de operaciones de One Airlines, Miguel Durán, dijo a CIPER: “Como empresa charter, el avión nuestro fue arrendado por Global Travel en un viaje del 4 de marzo de 2018 desde República Dominicana (…) Global Travel es la empresa responsable, ya que ellos venden los tickets”.

Durán reiteró que su firma, controlada por el empresario salmonero Claudio Fischer, “no tiene counter ni relación con los pasajeros. ONE Airlines SpA. es una empresa ‘chartera’, ciento por ciento orientada al servicio de vuelos privados”. Global Travel es una compañía de capitales peruanos, cuyo dueño es el empresario de esa nacionalidad Máximo Herrera.

La mayoría de los haitianos que llegan al país en busca de una vida mejor se han ido estableciendo en Estación Central, Quilicura, Independencia y Santiago. Todas comunas donde ya hay grupos organizados de sus compatriotas. Aunque basta revisar la prensa regional para comprobar que su presencia se extiende sobre todo a las zonas rurales. Haitianas son las manos que parten las nueces que se exportan desde los campos chilenos y en la recolección de todo tipo de frutas. Por estos días se les puede ver en la vendimia.

En el campo es sabido que trabajan como temporeros superando con creces el límite legal de 15% para la mano de obra extranjera. Por lo mismo, las organizaciones empresariales están pidiendo al nuevo gobierno levantar ese umbral, ya que faltarían trabajadores en algunas áreas (vea la nota de Pulso).

Según datos de Clapes UC, si entre 2009 y 2013 los inmigrantes representaban entre el 1,3% y el 1,4% del empleo total, en 2017 alcanzaron al 2,1%. Eso equivale a cerca de 200 mil personas.

vía:http://ciperchile.cl/2018/03/06/la-aerolinea-de-mongolia-que-disparo-el-aterrizaje-de-haitianos-en-enero-llegaron-cinco-mil/

martes, 6 de marzo de 2018

Chile: Experto analiza inmigración en el país tras suspensión de vuelos de LAW hacia Haití....BioBioChile - La Red de Prensa Más Grande de Chile.

El investigador de Migración de la Universidad Central, Walter Imilar, analizó la situación migrante de Chile producto de la suspensión temporal de las rutas entre Chile y Haití de la aerolínea Latin American Wings (LAW).
Lo anterior debido al aumento de inmigración irregular. En ese sentido, la bancada de la UDI pidió al presidente electo, Sebastián Piñera, tramitar con urgencia la ley de inmigraciones.
Lee también: 62 migrantes haitianos están varados en aeropuerto esperando ser reembarcados a su país
En conversación con Podría Ser Peor, Walter explicó que en los años 90 la inmigración “comienza a tomar fuerza con procesos globales y eso implica un incremento de los flujos de poblaciones migrantes cada vez mayor”.
Además, agregó que “las migraciones actuales tienen varias características que la gente ya las conoce, son movimientos de países vecinos, por eso las primeras llegadas en los 90 son de Perú y de Bolivia (…) En relación a contexto global, todavía estamos en la mitad hacia abajo, Chile no es un país que se empiece a caracterizar a nivel mundial por la recepción de inmigración“.
Por lo mismo, mencionó que el porcentaje de inmigrantes en Chile sería bajo, “hablamos del 2,5% o 3% de la población total. En el último año el grupo migrante más importante en Chile es la población venezolana. Chile es el octavo país en recepción venezolana, por debajo de Colombia, Brasil o Argentina”.
Escucha la entrevista completa aquí: 









vía:


http://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/entrevistas/2018/03/05/experto-analiza-inmigracion-en-el-pais-tras-suspension-de-vuelos-de-law-hacia-haiti.shtml

Linux: Top 10 Best Linux Distro 2018



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Linux: Netrunner Rolling 2018.01 - See What's New



Netrunner Rolling 2018.01 is the latest release of Netrunner Linux Distributions, it first snapshot in 2018 with the latest update and some new features. As KDE-Focused Linux Distribution this relase ships with the KDE Plasma 5.11.5 as default desktop environment, including KDE Frameworks 5.41 software suites, KDE Applications 17.12, and Qt 5.10. Based on Manjaro Linux and powered by long-term support of Linux Kernel 4.14, Netrunner 2018.01 is also introducing the YaRock Qt music player for streaming online radio, KDE Discover has been pulled back into the default application set, system settings have improved and more. More details read Netrunner Rolling 2018.01 release notes : https://www.netrunner.com/netrunner-r... Download Netrunner Rolling 2018.01 : http://www.netrunner.com/download/ Support LinuxScoop on Patreon! https://patreon.com/linuxscoop Follow and Subscribe: Youtube : http://bit.ly/1LcWaHK Dailymotion : http://bit.ly/1MZbdXI Website : http://bit.ly/1MFgNlf Google+ : http://bit.ly/1NtQ2MZ Facebook : http://bit.ly/1Y86LNi Twitter : http://bit.ly/20QcCJx Tumblr : http://bit.ly/20ZgoAh

Linux: KaOS 2018.01 - See What's New



KaOS 2018.01 is the latest release of KDE-focused Linux distro, KaoS Linux. This release features latest packages for the Plasma Desktop, includes Frameworks 5.42.0, Plasma 5.11.5, KDE Applications 17.12.1. All built on Qt 5.10.0. Also ships ships with an alternative desktop enviornment to KDE Plasma, called Liquidshell, which is a lightweight environment that's still in development at the moment of writing. KaOS 2018.01 powered by the latest Linux 4.14.14 kernel built with Retpoline support. Intel and AMD microcode firmware updates are also present. KaOS 2018.01 release notes : https://kaosx.us/news/2018/kaos01/ Download KaOS 2018.01 : https://kaosx.us/download Support LinuxScoop on Patreon! https://patreon.com/linuxscoop Follow and Subscribe: Youtube : http://bit.ly/1LcWaHK Dailymotion : http://bit.ly/1MZbdXI Website : http://bit.ly/1MFgNlf Google+ : http://bit.ly/1NtQ2MZ Facebook : http://bit.ly/1Y86LNi Instagram : http://bit.ly/2GXJJ8O Twitter : http://bit.ly/20QcCJx Tumblr : http://bit.ly/20ZgoAh

Chile: Denuncian maltrato a 62 haitianos en el Aeropuerto de Santiago...El Ciudadano




Acusan que estarían sin posibilidad de bañarse y comiendo sólo galletas

marzo 5, 2018

A través de un comunicado, la plataforma de organizaciones haitianas en conjunto con la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, han denunciado que la Policía de Investigaciones (PDI) tiene detenidos ilegalmente a 62 haitianos en el Aeropuerto de Santiago desde el pasado martes en la mañana. Según denuncian, los detenidos estarían sin posibilidad de bañarse, durmiendo en sillas y comiendo sólo galletas.

Entre los detenidos hay 18 mujeres y 44 hombres, quienes informan que los mantienen sentados en una banca, donde deben permanecer, inclusive en las noches. El no poder asearse les ha provocado un alto grado de desesperación y temor, en lo que consideran, un trato completamente cruel e inhumano.

En el comunicado, se puede leer cómo las organizaciones expresan su tristeza. “No es un secreto para nadie que los haitianos en Chile viven discriminaciones constantes, no precisamente porque son inmigrantes, sino porque son negros. Los hacen trabajar en condiciones inhumanas”, señalaron.

Además, agregan que “hace ya varias semanas estas agresiones se transforman en ataques por las redes sociales, refiriéndose a nosotros como si fuéramos personas podridas, reclaman una ‘importación de pobreza’, declaran que somos primitivos, sin educación, que ‘estamos echando a perder la bella raza chilena’”.

Además, recuerdan episodios de xenofobia que han tenido que vivir en nuestro país. “En plena calle de Santiago están colocando pancartas en basureros con fotos de monos para hacernos sentir que somos monos y basura, con mensajes indicando que ‘los haitianos no son bienvenidos’. Creen que al tratarnos de monos, de negros feos y de salvajes, nos van a molestar. Gran error, porque si hay un pueblo orgulloso de ser negros somos nosotros”, indican.

Hay que destacar que durante febrero, desconocidos pegaron adhesivos con mensajes claros que señalan que los inmigrantes haitianos no son bienvenidos en el país.

El Ciudadano

vía:
https://www.elciudadano.cl/chile/denuncian-maltrato-62-haitianos-aeropuerto-santiago/03/05/

Sociedad: Dos minutos antes del apocalipsis.... Silvia Ribeiro

Silvia Ribeiro
La Jornada




El 25 de enero de 2018, un grupo internacional de reconocidos expertos y científicos del Boletín de Científicos Atómicos

(BCA) –cuyos colaboradores incluyen a 15 Premios Nobel– adelantó el reloj del apocalipsis global para quedar a sólo dos minutos de la medianoche, hora que representa simbólicamente el fin de la humanidad.

Según el comunicado de este grupo, la hora dramática en que nos encontramos se debe al recrudecimiento de la amenaza de guerra nuclear, a la falta de acción frente al cambio climático y a los riesgos que implica el uso y abuso de nuevas tecnologías, incluyendo informática y biología sintética.

El Boletín de Científicos Atómicos se fundó en 1945, a iniciativa de científicos de la Universidad de Chicago que habían participado en el Proyecto Manhattan del gobierno de Estados Unidos para desarrollar armas atómicas. El boletín comenzó con su Reloj del Juicio Final dos años después, para trasmitir gráficamente el peligro nuclear y alertar sobre la vulnerabilidad de la humanidad frente al riesgo que significan las armas nucleares.

El reloj del apocalipsis no había estado tan cerca de la catástrofe global desde 1953, en el auge de la guerra fría. Ahora es gracias a las bravatas de Donald Trump, su decisión de invertir en más armas nucleares y la respuesta de los países con cada vez más potencia nuclear a los que desafía, como Corea del Norte, China y Rusia. Sin duda, tener a un personaje tan absurdo como Trump con posibilidad de apretar el botón nuclear –que nos afectará a todos– es una amenaza de alto calibre.

El grupo también menciona como un factor decisivo hacia la catástrofe el avance del cambio climático. Critica las políticas de la administración Trump para incrementar la explotación de petróleo, carbón y gas, al tiempo que se retira del Acuerdo de París sobre cambio climático. Pese a los negadores del cambio climático que votaron a Trump y están en su gobierno, los datos científicos muestran que todos los años más calientes desde que se empezaron a medir las temperaturas en 1800 –menos uno en la década de 1990– han ocurrido en el siglo XXI.

Como resultado, el Caribe y parte de Norteamérica han sufrido catástrofes sin precedentes debido a la violencia de los huracanes. El hielo del Ártico ha estado en su mínimo histórico por tres años seguidos, rompiendo récord cada año. Estados Unidos ha sufrido incendios forestales devastadores a partir de sequías extremas. Pero no sólo ese gobierno contribuye a la situación. La meta del Acuerdo de París de no exceder 2 grados de aumento de la temperatura global no se podrá cumplir con los compromisos voluntarios de los países más contaminantes, que nos encaminan a un aumento de entre 3 y 4 grados.

El BCA asegura que es eminentemente alcanzable y económicamente viable no sobrepasar los 2 grados centígrados, con decisiones políticas de reducción y apoyo económico a los países empobrecidos, para apoyar desarrollos con bajas emisiones de carbono.

Entre los tres mayores factores de riesgo global, el BAC alerta también sobre la falta de control y uso malintencionado de nuevas tecnologías informáticas y biológicas. Incluye el uso de tecnologías de información para minar la confianza pública en los procesos democráticos y en la ciencia. Alerta además sobre los riesgos de nuevas biotecnologías, como el uso de la tecnología CRISPR-Cas 9 para crear organismos que representan un riesgo potencial de seguridad global.

Esto alude a los organismos transgénicos con impulsores genéticos (gene drives, en inglés), que están diseñados para diseminarse agresivamente en la naturaleza con el objetivo de extinguir especies enteras. Naciones Unidas ya identificó esta tecnología como potencial arma biológica con posibles repercusiones globales, aunque la Fundación Gates, su financiador, asegura que es para eliminar plagas. Pero el principal financiador de investigación sobre esta tecnología es el Ejército de Estados Unidos. También empresas como Monsanto y DuPont están interesadas en esa tecnología. Paradójicamente, al mismo tiempo que el grupo de científicos alertaba al mundo sobre los riesgos de estas tecnologías, la Comisión de Bioseguridad de Brasil, publicó una nueva normativa, que lo convierte en el primer país del mundo que considera liberar esta tecnología de alto peligro.

El grupo de expertos del BCA afirma que como el avance de las manecillas del reloj no es automático, sino producto de hechos y voluntades políticas, la humanidad también puede ejercer otras voluntades para regresarlas. Por ejemplo: a contrapelo de los que escalan la amenaza nuclear, la Asamblea de Naciones Unidas acordó en julio de 2017 establecer un Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares, legalmente vinculante y con vistas a su eliminación total. Como en tantos otros temas, fue un mensaje claro de lo que quieren la vasta mayoría de países y habitantes del planeta.

En el caso de la biología sintética y los impulsores genéticos, 160 organizaciones campesinas, ambientalistas, sindicales e indígenas llamaron a finales de 2016 al Convenio de Diversidad Biológica (CBD) a instaurar una moratoria a esa tecnología, con vistas a su prohibición total. La Fundación Gates usó ingentes cantidades de dinero para impedir que esa moratoria se adoptara. Pero en diciembre 2017, un grupo de expertos bajo el Convenio de Diversidad Biológica emitió un reporte crítico que recupera la necesidad de extrema precaución, el cual será próximamente considerado.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2018/02/03/opinion/019a1eco


vía:
  http://www.rebelion.org/noticia.php?id=238639

Chile: Una nueva amenaza en el Biobío... minería de tierras raras en Penco...resumen.cl.


resumen.cl.... La instalación de proyectos mineros en la Cordillera de la Costa de la región del Biobío es una amenaza inminente para cerca de un millón de personas que habitan la zona, ya degradada por otros rubros extractivos de recursos naturales y la propia actividad urbana. En la comuna de Penco, justo en los cerros detrás de la ciudad y desde donde fluyen los esteros hacia la zona poblada pretende instalarse una faena de extracción de minerales denominados “tierras raras” que son ampliamente cotizadas por las potencias del primer mundo y que pese a propagar discurso innovador y propagandístico, podrían dejar graves consecuencias en nuestra zona al alimentar crecientes y vertiginosos nuevos rubros tecnológicos.



En la comuna de Penco ya se encuentra instalada una singular empresa minera. Ésta se encuentra investigando unos minerales que actualmente no se extraen en Chile. De hecho existen muy pocos países en el mundo que los explotan. Debido a su baja abundancia relativa en la corteza terrestre es que se han denominado “tierras raras”.






Planta piloto “El Cabrito” en la comuna de Penco





Las denominadas “tierras raras” es el nombre con el que se suele llamar un grupo de 17 elementos químicos, entre los que se cuentan 15 elementos del grupo lantánidos: lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio, además de escandio e itrio.

Estos minerales se han vuelto indispensables para el desarrollo de nuevas tecnologías marcadas por aplicaciones cibernéticas, desarrollo creciente de la inteligencia artificial, nuevos materiales para dispositivos bélicos por parte del complejo militar-industrial y de programas espaciales de las potencias imperialistas, tales como aleaciones para fuselaje de aeronaves y vehículos espaciales, o sistemas de guías de misiles y aviones no tripulados (drones). Algunas aplicaciones civiles incluyen el desarrollo de microprocesadores, dispositivos de almacenamiento eléctrico e información digital, el desarrollo de energías eólica, solar, vehículos medicina alópata, smartphones, cámaras digitales, televisores LED, baterías recargables, entre otras.

La denominación tierras raras puede inducir a la idea de una existencia escasa en la corteza terrestre, cuando, en realidad algunos elementos son muy abundantes, pero es muy poco común encontrarlos en una forma pura, aunque haya depósitos de ellos en todo el mundo.

Si bien muchas de las aplicaciones derivadas de la extracción de tierras raras han sido descritas como ambientalmente “sostenibles” en comparación a las catastróficas consecuencias de la economía basada en combustibles fósiles, su utilización masiva que se proyecta para las próximas décadas también podría generar impactos de diverso tipo en los ecosistemas y la forma de vida humana. Como sea, esta transición hacia una utilización mayoritaria de tecnologías basadas en tierras raras está reconfigurando y redefiniendo la economía capitalista global.









Proyecto minero El Cabrito: Puntapié para la transformación radical de la costa del Biobío

El primer proyecto minero de este ambicioso plan que podría transformar para siempre la costa de nuestra región es el denominado “El Cabrito” y planea instalarse en la comuna de Penco. La empresa denominada “Biolantánidos” busca ejecutar la construcción y operación de una faena minera y una planta de procesamiento de arcillas iónicas ricas en tierras raras en los cerros al oriente de la ciudad de Penco.

El proyecto es propiedad del grupo financiero Larraín Vial a través de la empresa Minería Activa. Su representante legal Arturo Albornoz Wegertseder en representación de la empresa Rare Earth Extraction UNO o (REE UNO por sus siglas en inglés).

Este proyecto recibió financiación por el Programa Fénix, unos fondos que buscaban potenciar la exploración minera y que fueron creados en 2011 por CORFO. El fondo de inversión Lantánidos (Inversiones Mineras S.A.) benefició a la empresa REE Uno Spa, con un monto de inversión de 4.828.401 dólares.







Ya en abril de 2017 la empresa estadounidense Rare Earth Salts había solicitado el envío de 500 toneladas anuales, lo que corresponde a un tercio de la capacidad de producción del proyecto El Cabrito, según informó el sitio web Aminera.



Proyecto El Cabrito: Rechazada su Declaración de Impacto Ambiental por el SEA

Desde 2011 hasta ahora, la empresa había estado realizando previamente actividades de preparación y prospección minera en toda la zona costera de la provincia de Concepción, mediante exploración superficial, pozos exploratorios y pruebas metalúrgicas.




Contenedores junto a la planta piloto “El Cabrito” en la comuna de Penco. Al fondo se aprecia la cercana costa de Lirquén.



Inicialmente la empresa había presentado un proyecto que fue desistido por la propia minera en mayo de 2016. En enero de ese mismo año, el primer proyecto de planta de extracción de Tierras Raras – El Cabrito también fue desistido en febrero.

En julio de 2016 la empresa presentó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que fue rechazada en agosto del mismo año por el Servicio de Evaluación Ambiental

La resolución del SEA había señalado que “con la información presentada en la DIA del Proyecto, no es posible descartar que producto de las obras y/o acciones del mismo, éste no genere efectos adversos significativos sobre la calidad química del suelo producto de la disposición de material de descarte minero o en otras matrices ambientales como agua superficial o subterránea”. De esta forma el SEA puso termino anticipado a la evaluación considerando que se requiere la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

Según declaró el director de proyectos de la empresa Arturo Albornoz a Aminera, el Estudio de Impacto Ambiental se presentaría a mediados de 2018 y por lo tanto “si se aprueba, en un año se pondría a funcionar la planta, así que el primer envío debería ser a mediados de 2019”.







Extracción de la poca agua disponible en la zona, pérdida de suelos y desechos radioactivos



El proyecto que consiste en la extracción del mineral a cielo abierto y con remoción de terreno superficial, por medio de excavadoras también realizaría su traslado en camiones mediante caminos internos hacia una planta de procesamiento en la misma zona, lo que implicaría la pérdida de una amplia superficie de suelos, la que podría incluso extenderse hacia otras zonas de las comunas de Penco, Tomé, Florida y Concepción, entre otras.

Retroexcavadoras realizarían la remoción del suelo ya degradado en la zona causa de sucesivas rotaciones de plantaciones forestales, causando su pérdida definitiva. El SEA había señalado que para obtener 400 gramos de mineral se requeriría una toneladas de suelo extraído, y con la empresa pretendiendo procesar hasta 210 toneladas por hora de mineral para obtener entre 500 y 700 toneladas anuales del producto final, se proyecta una extracción de tierra de 29.939.000 toneladas, durante la vida útil del proyecto estimada en 16 años.


La superficie intervenida por el proyecto serían inicialmente 205 hectáreas, distribuidas en 12 zonas de extracción correspondientes a 116 hectáreas y 3 zonas de disposición que corresponden a 58 hectáreas. Junto a esto la empresa proyecta, caminos internos (24 hectáreas), un bypass de la Ruta O-390 (2,3 hectáreas), además de su planta de procesamiento (4 hectáreas) e instalación de faenas (0,3 hectáreas). El área total de intervención fue cifrada por el SEA en 304 hectáreas. El proyecto considera además 3 accesos a partir del camino público Ruta O-390, que conecta la ciudad de Penco con el sector de Agua Amarilla.

El proyecto además considera la extracción de agua de los esteros El Cabrito y Penco “en una cantidad de 35 m3/hora de agua fresca, desde ambos esteros conjuntamente o indistintamente” Para la captación de esta agua la empresa buscaría construir 2 bocatomas para luego almacenarla en una cámara de carga, e impulsarla por medio de bombas hacia su propia planta de procesamiento que pretenden construir en el lugar.

Pese a que el proyecto pretende extraer agua de estos esteros no presentó en su Declaración de Impacto Ambiental inicial ningún tipo de información acerca del estado y afectación de las especies asociadas a los cursos de agua ni el efecto que causará la disminución del caudal de los esteros en las condiciones del ecosistema. Por lo tanto, es probable que ahora la empresa pueda haber realizado ese estudio a través de una consultora en la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental que debería ser presentado e ingresado a evaluación ambiental este 2018.

El SEA además advierte sobre la posibilidad de contaminación radioactiva destacando que el proyecto “no presenta antecedentes técnicos que permitan descartar la presencia de otros contaminantes en el mineral agotado el que será dispuesto en las quebradas, que producto de la extracción minera puedan ser liberados al medio, tales como sustancias radiactivas (Uranio, Torio, u otras), las que a consecuencia de la actividad de extracción, pudiesen aparecer en el material agotado, u otros que antes no estaban disponibles o lo estaban en forma muy limitada”

Junto a esto, el material agotado en el proceso industrial pretende ser depositado en las propias quebradas de la zona, sin realizar ningún tipo de impermeabilización, con lo cual las lluvias podrían llevar este material hacia la ciudad de Penco o las zonas habitadas en el borde periurbano. El SEA indicó que “el titular no presenta la información necesaria para evaluar el impacto de los residuos, en este caso, el material agotado, sobre las características químicas del suelo donde se dispondrá este material, así como también impactos a otras matrices ambientales tales como las aguas superficiales y/ subterráneas presentes en el área de influencia del Proyecto, las cuales pudiesen verse afectadas producto del arrastre de dichos contaminantes a otras áreas, especialmente aguas abajo de las quebradas utilizadas como depósito de arcillas procesadas remanentes” indicó en su resolución.

Esta falencia en el proyecto podría ser subsanada con un plan de residuos incluido en una próxima versión del proyecto. Sin embargo, la escasa fiscalización y el frecuentemente raquítico cumplimiento de los permisos otorgados por la institucionalidad ambiental a las empresas extractivas podría poner en alto riesgo a la población. Es una apuesta demasiado peligrosa confiar en el nuevo discurso de la “sostenibilidad” empresarial que por definición esta hecha para impulsarse a si misma económicamente, con el menor costo posible y en detrimiento de la población local que podría sufrir los impactos socioambientales y la ilusión de puestos de trabajo de dudosa calidad y escasa continuidad en el tiempo.




Planta piloto “El Cabrito” en la comuna de Penco. Fuente: biolantanidos.com





El SEA además advirtió de un potencial conflicto interempresarial con Forestal Arauco (Grupo Angelini) con un área del bosque nativo remanente en la zona a los ciclos de explotación de monocultivo que dominan la zona. El SEA indicó que Forestal Arauco posee un parche de bosque nativo denominado “Queules de Tomé y Penco”, dentro del Predio Coihueco y del área de influencia del proyecto. Junto a este bosque nativo, el proyecto minero pretende emplazar un camino llamado “Bypass Ruta O-390” donde podrían afectar a árboles nativos como el Queule.





El avance de amenazas mineras en la Cordillera de la Costa del Biobío y Arauco

Hace algunos años, empresarios como Leonardo Farkas intentaron instalar este tipo de mineras en el sector del lago Lleu-Lleu teniendo fuerte oposición de comunidades mapuche que finalmente lograron que la empresa aparentemente declinara sus pretensiones en el año 2011.

Sin embargo algunos años después, y bajo un profundo silencio y hermetismo, la empresa Biolantanidos en asociación con Minería Activa logró realizar esta serie de trabajos y perforaciones mineras en Penco que han terminado con éxito y se han traducido en la construcción de la planta “El Cabrito”, ubicada en el fundo del mismo nombre. Lo que habría llamado la atención de los empresarios y científicos del proyecto, fue la similitud de las tierras arcillosas del sur de China, principal productor de tierras raras en el mundo, y las que se pueden encontrar en la cordillera de la costa chilena, por ejemplo en los cerros de Penco. Pero comunas como Florida, Tomé y otras adyacentes a la Cordillera de la Costa igualmente podrían estar amenazadas por la explotación de estos elementos.




El grupo Larraín Vial, poderoso grupo económico involucrado en el denominado “Caso Cascadas” posee inversiones en los sectores bursátil, de administradoras de fondos de pensiones, rubro agroindustrial, forestal, inmobiliario, minero y energético. Foto: Edificio del Grupo Larraín Vial en Santiago. Fuente: La Tercera.







Este proyecto minero, que además ha contado con respaldo académico de la Universidad de Concepción (UdeC), ha sido ambiguo al establecer si su planta en Penco es para usos investigativos o productivos. En su sitio web señalan que su planta de pruebas metalúrgicas “no tiene fines comerciales, sino que investigativos, de aplicación y/o comprobación tecnológica, la cual permitirá a la empresa obtener información valiosísima sobre esta nueva industria con miras a la creación de la primera Planta Comercial”.




Contenedores junto a la planta piloto “El Cabrito” en la comuna de Penco



La pretensión de la empresa BioLantanidos es transformarse en uno de los productores mundiales de estos elementos, acarreando una gran demanda y por ende una gran presión en la zona. “Este proceso ya fue probado en una planta piloto de escala industrial y la alta eficiencia obtenida del proceso nos permite competir con los mayores productores de China.” señalaron.





Minerales geoestratégicos.



En 2010, China, que concentraba el 95% de la producción mundial de “tierras raras”, cortó las exportaciones de estos minerales hacia su país vecino Japón luego de un incidente entre la guardia costera japonesa y un barco pesquero chino. Aunque el incidente fue breve, no dejó de llamar la atención internacional al demostrar que la potencia asiática podía dejar sin estos estratégicos elementos a los productores de tecnología de punta en la actualidad.

Cabe destacar que China no solo es conocida a nivel mundial por ser la principal productora de Lantanidos, sino que también por los enormes costos socioambientales que tiene la extracción y procesamiento de las Tierras Raras. Un ejemplo concreto y espeluznante es la ciudad de Baotou en donde existe un lago llamado del mismo nombre. El lago es una masa de líquido negro y barro radiactivo en donde paran todos los desechos de la industria. Aunque la empresa chilena haya promocionado un método diferente de extracción y esté experimentando con éste en laboratorios y centros de investigación, la flexibilización y aplicación masiva de esta eventual técnica podría representar una desoladora amenaza para la región del Biobío si una industria así se instalara de forma definitiva.






Lago Baotou, Mongolia Interior, República Popular China. Foto: Captura Youtube





Estados Unidos, quizás el país más amenazado frente a China mientras sus economías libran batalla por hegemonizar el capitalismo global, se encuentra alerta para acaparar suministros de estos minerales considerando que las tierras raras se han hecho indispensables para el desarrollo armamentístico. Quizás un ejemplo vistoso de esta preocupación es el lanzamiento hace algunos años del libro de ficción, Rare Mettle (Temple ‘Raro’), de la escritora norteamericana Ann Bridges. La escritora Licenciada en Ciencias de la Universidad de Stanford, intenta abordar en su novela un posible escenario de embargo de Tierras Raras por parte de China al país anglosajón produciendo graves problemas para el Estado y las empresas privadas.

Frente a este escenario económico y político es que existe interés internacional por generar otras fuentes de suministro además de China, la cual prácticamente había mantenido el monopolio de la producción de estos elementos a nivel mundial. Y es ahí cuando un país minero y periférico como Chile podría adquirir importancia. Un país que por un lado tiene experiencia, profesionales, mano de obra barata y desarrollo técnico para explotar en el campo de la minería, y además se encuentra ubicado en la periferia de la órbita de influencia estadounidense, susceptible para el desarrollo de industrias extractivistas altamente nocivas que en países del denominado primer mundo probablemente no se permitirían.





Promoción de capitalismo verde

La empresa ubicada en Penco, sin embargo, afirma que han desarrollado procesos industriales mucho menos contaminantes que en China a través de una nueva tecnología llamada CCLP (Close Continuous Leaching Process), la cual, según la empresa es “un proceso innovador que permite el procesamiento de arcillas con el fin de extraer óxidos de Lantánidos de forma continua, económica y sostenible”.

Por su parte, la población local desconfía del concepto de minería sostenible, debido a que se ha documentado que este rubro se caracteriza por trastornos radicales en el ambiente, dejando grandes volúmenes de basura y relaves, que sobreutiliza y contamina el agua y además genera una serie de problemas ambientales y de salud a la población colindante. Cabe precisar que el proyecto minero de “El Cabrito” se ubica únicamente a 3 kilómetros de los centros poblados de Penco haciendo aún más crítica la posible intervención y contaminación en la comuna.






Bahía de Concepción vista desde Penco



Autoridades locales se casan rápidamente con el nuevo método, otorgándole un respaldo sin conocer en profundidad su operación. Y sin considerar que únicamente la empresa conoce el método con precisión, dejando en incertidumbre no solamente a la población sino incluso a instituciones ambientales. Según señaló el alcalde de Penco Víctor Hugo Figueroa (DC) a Diario y Radio Uchile: “Se está inventando una modalidad distinta, por lo tanto, cualquier persona que se va a oponer yo lo invito a que conozca el modelo chilensis de extracción de este mineral. Cualquier crítica sin conocer el modelo es una crítica que no tiene fundamento. Yo la aceptaría de alguien que haya conocido la planta, que haya conocido el mecanismo y que emita un informe respecto del daño ambiental” señaló el edil.

Por otra parte, la Doctora Lilian Velásquez, experta en hidrometalurgia de la Universidad de Santiago señaló a Radio y Diario Uchile los diferentes procesos que se podrían abordar, dependiendo de qué elementos se encuentren en las tierras de la región del Bío-Bio. Según señaló la académica el proceso a abordar “depende de la clasificaciones frente a cómo se van a procesar estos 17 elementos químicos que contienen las tierras raras, por ejemplo, las clasificadas como monacita se pueden tratar a altas temperaturas o procesar con soda cáustica. El problema es que contienen elementos como el uranio y el torio, los que son radioactivos, algo altamente riesgoso para la vida”.

Los impactos que podrían generarse de darse la explotación, tal como plantea la profesora Lilian Velásquez son “primero remoción de terreno, porque esto se haría a cielo abierto, se utilizarían componentes químicos y esos productos podrían ser sulfato de amonio, cloruro de sodio y que obviamente después de la extracción o durante la extracción, se van a generar gases residuales,por lo tanto deben existir regulaciones para este tipo de operaciones”.

Hablar de minería sustentable o sostenible es una contradicción, a pesar de que las empresas mineras estén acuñando estos conceptos y experimentando con nuevas tecnologías. Estos conceptos sirven únicamente para designar la mantención en el tiempo de los beneficios económicos y el alargamiento de la vida de los proyectos mineros, o sencillamente sirven a las empresas para poner nombre al “crecimiento económico sostenido”. Es impensable que la minería sea un proceso sostenible si se funda en la premisa de la extracción y explotación de recursos finitos que además necesitan procesos industriales complejos y contaminantes en distintos niveles de su producción.

Este 2018 será ingresado a evaluación ambiental el Estudio de Impacto Ambiental que la minera encargó a su consultora ambiental, y que buscará convencer a autoridades y ciudadanos sobre una supuesta inocuidad de este nuevo experimento con el territorio.




Parte de las zonas afectadas por el proyecto en Penco y Lirquén



En un país históricamente modelado por las necesidades de la economía capitalista global, en donde el puesto viene dado por su condición de país periférico y ex colonia, garante de la exportación de materias primas baratas y poco procesadas, no llama la atención la aparición de estos nuevos negocios que reconfigurarían el panorama productivo internacional, trasladando parte de la megaminería chilena al centro-sur del país. Frente a una zona altamente degradada, en donde la escasez hídrica, la pérdida de suelos y el monopolio del uso de estos por las empresas forestales en la Cordillera de la Costa dejan las tierras poco aptas para otros procesos productivos, la minería acecha con sus colmillos de vampiro para succionar dolorosamente las últimas gotas de vida del cuello de una región altamente explotada y con escasa autonomía alimentaria y productiva. Ahora, nuevos procesos industriales y extractivos podrían alimentar futuros negocios tanto o más descarnados y con escalofriantes posibilidades de expansión.




Vía:
https://resumen.cl/articulos/una-nueva-amenaza-biobio-mineria-tierras-raras-penco

México-Pueblos Originarios-Transnacionales:Trasnacional Almaden Minerals “borra” indígenas para evadir consulta.... Autor: Nancy Flores

Representantes de Almaden Minerals aseguran a Contralínea que en Ixtacamaxtitlán, Puebla, no hay comunidades originarias, por lo que su proyecto de explotación de oro no requiere consulta. “Maliciosamente”, opositores se ostentan como indígenas, señalan. No obstante, cinco instituciones federales documentan que ahí habitan nahuas


El proyecto de instalación de una unidad para la explotación de oro y plata en Ixtacamaxtitlán, Puebla, promovido por Almaden Minerals, eludirá pedir el consentimiento de los pueblos originarios, con el supuesto argumento de que “no existen”.
Sin embargo, cinco instituciones del gobierno federal documentan lo contrario. Una de ellas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), específicamente advierte que en las zonas afectadas por el Proyecto Tuligtic o Ixtaca, sí hay indígenas.
Su oficio DFP/1835/14 –del que se tiene copia– revela que incluso en Santa María Zotoltepec, donde se establecería físicamente la unidad minera, habitan nahuas.
 “Te doy la noticia fundada, motivada y comprobada de que no hay comunidad indígena en la zona. Estamos fuera de las comunidades indígenas”, afirma Juan Pablo Gudiño Gual, doctor en derecho constitucional por la Universidad Marista y exdirector general adjunto de Igualdad y Derechos Humanos de la Semarnat.
Dicha conclusión, explica, deriva de la primera fase de la evaluación de impacto social que realiza en la zona GMI Consulting, empresa de la que ahora es director jurídico y que asesora a la canadiense Almaden Minerals.
Según Gudiño Gual, se trata de una metodología cualitativa con inmersiones sociológicas y antropológicas “para ver si en esas comunidades aledañas al proyecto, que son como 10, existen comunidades indígenas. Y resulta que en ninguna de las áreas de influencia, ni en la zona directa ni en la indirecta, existen”.

La “noticia” que este asesor da a Contralínea contrasta con el oficio DFP/1835/14, emitido por la Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales en respuesta a una solicitud hecha por la propia trasnacional Almaden Minerals.
Y es que  en él la Semarnat claramente apunta: “El proyecto que nos ocupa [exploración Ixtaca III] incide sobre territorio en el que habitan comunidades indígenas de las localidades de Zacatepec, Vista Hermosa de Lázaro Cárdenas, Tuligtig (San Miguel), Santa María Zotoltepec y Xiuquenta, municipio de Ixtacamaxtitlán, en Puebla”.
Agrega que “de conformidad a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT para pueblos indígenas y tribales existe una medida administrativa susceptible de afectarles directamente, por lo que en cumplimiento al Convenio referido se requiere llevar a cabo la consulta a los pueblos indígenas antes mencionados”.
Y advierte: “durante el periodo legal de respuesta a este procedimiento administrativo, la promovente no evidenció ante esta delegación federal de la Semarnat la realización de dicha consulta a través de las autoridades competentes para su cumplimiento”.
Dicho oficio data del 22 de mayo de 2014 y está dirigido a Marcial Chávez Quinto, representante legal de Minera Gavilán, una de las tres filiales con las que Almaden Minerals opera en la zona.
Las argucias legales de la empresa no sólo habrían servido para determinar que en la zona de influencia no hay indígenas, sino también para “recortar” las concesiones y, con ello, evadir la suspensión provisional de un juicio de amparo interpuesto por la indígena comunidad de Tecoltemi contra ese proyecto.

De lograrse estas pretensiones, se violentarán la ley mexicana y convenios internacionales en materia de derechos humanos, en especial el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que obliga a los Estados parte a consultar a las comunidades indígenas, consideran expertos consultados.

 “Borrar” a los indígenas

La presunta violación no es de ahora ni de hace 4 años. Por más de 16 años, Almaden Minerals ha explorado el potencial minero de Ixtacamaxtitlán sin obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades originarias involucradas.
La abogada Itzel Silva, del no gubernamental Centro de Investigación y Análisis Fundar, asegura que no sólo se trata de consultar: para que entren este tipo de proyectos tendría que haber una autorización por parte de la comunidad originaria.
La empresa, sin embargo, insiste en su argumento. El doctor en derecho Gudiño Gual asegura que en la zona afectada sólo se encontró a una mujer indígena de 70 años, “a la que ya se le olvidó la lengua”.
Pero la lengua no es el criterio que para este jurista determina si hay o no comunidades originarias, sea para éste o cualquier otro proyecto que su empresa GMI Consulting asesore.
“Vas [a la zona], haces un diagnóstico, una inmersión social, [y] te das cuenta que no hay autoridad indígena. Sí hay gente que habla lengua indígena pero eso no los hace ser indígenas [sic]: tienen que tener autoridad, usos y costumbres, unidades culturales y sociales y que sus autoridades emitan actos dentro de sus usos y costumbres para que sean indígenas. Eso no lo digo yo, lo dice el [Convenio] 169 [de la OIT] y la Constitución.”

El Artículo 2 constitucional refiere que “la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas”, elemento que Gudiño Gual omite citar.
El experto tampoco refiere las consideraciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al respecto: “No existe una definición precisa de ‘pueblos indígenas’ en el derecho internacional, y la posición prevaleciente indica que dicha definición no es necesaria para efectos de proteger sus derechos humanos”.
Para la CIDH, “dada la inmensa diversidad de los pueblos indígenas de las Américas y del resto del mundo, una definición estricta y cerrada siempre correrá el riesgo de ser demasiado amplia o demasiado restrictiva”.
Más aún, contrario al planteamiento de Gudiño Gual, para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía la lengua sí determina el origen étnico: sus variables usadas en censos y encuestas son la “condición de habla de lengua indígena” y la “adscripción o pertenencia étnica”.
Pero el asesor de Almaden Minerals –que en su perfil laboral se describe como “quien diseñó y aplicó el primer protocolo de consulta indígena en materia ambiental en México”– insiste: “No hay comunidades indígenas. No existen”.
—¿Es decir que nunca se les va a consultar? –se le cuestiona.
—No hay indígenas en la zona.
—Por eso, ¿la respuesta es no?
—La respuesta es que vamos a consultar cuando haya indígenas. [Y] no hay indígenas. No hay pueblos ni comunidades indígenas, [entonces] no tienes a quién consultar.

Julieta Lamberti, doctora en ciencia social por el Colegio de México, considera que “la empresa está tomando un criterio muy restrictivo acerca de cómo se definen las poblaciones indígenas, que incluso es contrario al artículo segundo de la Constitución mexicana y al Convenio 169 de la OIT”.
En ambos, el criterio para definir si una población es indígena es básicamente la autoadscripción del pueblo, indica la investigadora del no gubernamental Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación.

Evadir la consulta

La postura de Almaden Minerals parece inamovible. El abogado Alberto Vázquez, socio del bufete Servicios Legales, SC, y apoderado legal de Minera Gorrión –otra de las filiales de la canadiense–, asegura que la evaluación de impacto social de GMI Consulting –aún en proceso– no es la única evidencia con la que cuentan.
“Con base en las leyes federales y estatales, que son las que regulan este tema, [la empresa] se acercó a consultar a la Comisión de Derechos Indígenas [sic] y al municipio de Ixtacamaxtitlán, porque nosotros no somos quién para decir si hay o no hay [indígenas].”
Sin mostrar las pruebas, asegura: “Tenemos oficios confirmando la inexistencia. No es algo que nosotros hayamos determinado porque, independientemente de la consulta a un experto en la materia, hemos procurado hacer las cosas en forma correcta y tenemos respuesta de las autoridades respecto de la no existencia de comunidades indígenas en el municipio de Ixtacamaxtitlán, que es donde se ubica el Proyecto Ixtaca”.
Esos supuestos oficios chocarían no sólo contra la evaluación de la Semarnat, sino también contra datos oficiales del Inegi, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).

Ejemplo de ello es el Catálogo de localidades indígenas 2010 que publican en conjunto la Cdi y el Inegi, donde apunta que incluso en Santa María Zotoltepec hasta un 40 por ciento de la población es indígena nahua.
Esto se debe a que esa población se asume indígena, explica la doctora Lamberti. “Cuando se les pregunta a los habitantes de Ixtacamaxtitlán si se consideran indígenas responden que sí, y de ahí la Cdi toma el número de porcentaje de población indígena en el municipio. Y eso la empresa no lo toma en cuenta, por eso se niega a hacer la consulta”.
El Catálogo de las lenguas indígenas nacionales: variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas del Inali también contrasta con la versión de la empresa. Este documento señala que en Ixtacamaxtitlán son 63 las comunidades hablantes del Náhuatl, entre las que incluye a Santa María Zotoltepec.
Las otras comunidades que cita como hablantes de ese idioma originario son: Acoculco (Alcaparra), Analco (Chancuagco), Capolictic, Capuluapan de las Aguas, Cristalaco, Cruz de León, Cuahuigtic, Cuatexmola, Chaucingo Atezquilla, Chaucingo Tiloxtoc, Chipilo (Cuatexmola), El Cebollero, El Jardín Ocojala, El Mirador, El Sabinal (San Pedro), Escuinapa, Guadalupe, Huixcolotla, Iliyucan, Ixtacamaxtitlán, Jalacingo (Jalacingo Texas), La Unión Ejido Mexcaltepec, Lagunilla Pedernales, Las Barrancas, Las Huertillas, Mexcaltepec, Minatitlán, Minillas, Ocotla, Octapa, Oyametepec, Plan de Guadalupe, Plan de la Flor, Ranchitos, Rancho Viejo, , Solinco, Tagcotepec, Tatempango, Tateno, Tatoxcac, Tecoltemi, Tenamigtic, Tenextepecuaco, Tentzoncuahuigtic, Tepecuahuixco (El Llanete), Tepexoxuca, Texocuictic, Texocuixpan, Tlacuela, Tlajomulco, Tlalmotolo, Tlanana (Atecoxco), Tlaxcalancingo, Tonalapa, Tuligtic (San Miguel), Vista Hermosa de Morelos, Xalcomulco, Xocoxiutla, Xonacatla, Xopanac y Zaragoza.
Finalmente, la Sedesol considera a ese municipio poblano como de carácter indígena en sus estadísticas “Microrregiones”, que consignan la situación socioeconómica de los municipios. Además, el propio gobierno de Puebla reconoce en sus documentos oficiales que en la zona habitan nahuas.
Es falso que no existan indígenas, señala Diana Pérez Rivera, abogada del no gubernamental Consejo Tiyat Tlali. “De las 10 comunidades que forman el área de impacto directo del proyecto, nueve aparecen en el Catálogo de localidades indígenas del Inegi, que también es publicado por la Cdi”.

La experta en derechos humanos constata con su propia experiencia que son indígenas, pues como parte del Consejo Tiyat Tlali ha trabajado en el lugar y conoce directamente a la población.
Junto con Fundar, dicho Consejo acompaña el juicio de amparo de Tecoltemi contra la minera canadiense. Según los representantes de Almaden Minerals, ésta sería la única comunidad originaria pero ya “está fuera” del área de impacto.
De acuerdo con la abogada Pérez Rivera, oficialmente se reconoce que en Ixtacamaxtitlán la presencia de población indígena es alta, y son unos 6 mil 200 habitantes nahuas en el municipio.

Potencial de oro

El momento para que Almaden Minerals declare la inexistencia de comunidades originarias no podría ser mejor para sus intereses. Según la propia empresa, el depósito de oro y plata Ixtaca –descubierto en 2010– “hoy cuenta con un recurso medido e indicado, avalado por la regulación N.I.43-101, de aproximadamente 93 millones de toneladas con una ley promedio de 0.55 g/t Au [oro] y 32 g/t Ag [plata], con un total de 1.65M de onzas de oro y 96.7M de onzas de plata”.
El geólogo Daniel Santamaría Tovar, vicepresidente de la filial Minera Gorrión, dice a Contralínea que al inicio eran dos concesiones de 14 mil hectáreas en total. “Durante 16 años hemos hecho exploración en esas concesiones y hemos encontrado que el depósito de oro y plata se localiza en 120 hectáreas; 120 de 14 mil es un porcentaje muy bajo”.
Sin embargo, advierte que aún no se puede hablar de la fase de explotación. “Un proyecto minero puede durar hasta 30 años en exploración. Para convertirte en un proyecto de explotación tienen que pasar muchos elementos técnicos. No es llegar con una retroexcavadora y sacarlo. Es un proceso muy complicado científicamente hablando: hay muchos estudios de ingeniería que se tienen que cumplir para poder presentar un manifiesto de impacto ambiental. Pero ni siquiera estoy en ese momento ahora”.

Sin duda, la instalación de la unidad sí está en la mira de la empresa. Alberto Vázquez, representante legal de Minera Gorrión, lo confirma: “No es fácil establecer una mina; no se encuentra todos los días, y aquí llevamos 16 años explorando y en ese tiempo la empresa no ha recibido un peso a cambio: se financia porque obviamente hay un interés de generar un recurso económico”.
Y agrega: “Sí hay una expectativa: se busca establecer una unidad minera en un estado que no tiene esa experiencia y, por qué no, ser ésa la mejor mina de México”.

Negar la consulta por todas las vías

El doctor Gudiño Gual evade decir explícitamente lo que a todas luces es el objetivo: “La consulta no la hacen los particulares, viene del Convenio 169 de la OIT y está a cargo del Estado mexicano. Entonces la pregunta de si no se les va a consultar no la puedo contestar yo. Lo que puedo decir es que no hay sujeto de consulta”.
Informes de la Secretaría de Economía revelan que el Estado mexicano nunca movió un dedo para cumplir con este mandato constitucional e internacional. En las respuestas a las solicitudes ciudadanas de información 0001000165214 y 0001000006815, señala que su Dirección General de Regulación Minera, a través de la Dirección de Cartografía y Concesiones Mineras, no tiene constancias de haber realizado consultas a los ejidos indígenas de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, antes de emitir los títulos.
Para abordar el tema se solicitó la versión de Economía, a través de la Dirección General de Comunicación Social que encabeza Óscar Ignorosa, sin que al cierre de esta edición se haya recibido respuesta.

Investigación de Almaden, primera en México

El geólogo Santamaría Tovar asegura que la investigación contratada a Gudiño Gual “se hizo pensando en el hecho de que la empresa debe respetar todo lo que tengamos que cumplir. Si se tiene que cumplir con un manifiesto de impacto ambiental, lo vamos a hacer; y hasta hemos hecho de más, como la evaluación de impacto social”.

Por su parte, Gudiño Gual y Alberto Vázquez aseguran que Almaden Minerals es la primera empresa en México que realiza una evaluación de este tipo. Evaluación que, sin embargo, sería contraria a los derechos humanos de los pueblos originarios.
“Nos gusta que se hagan las cosas bien. Estamos abiertos, la empresa siempre ha estado abierta a un diálogo transparente y serio. Hay empresas buenas y malas, periodistas buenos y no tan buenos; eso no lo podemos evitar, va a existir siempre”, asegura el abogado Alberto Vázquez.
La descalificación no se reduce al trabajo periodístico, se extiende a las organizaciones no gubernamentales: “Para una ONG es muy sencillo hablar y no probar. Es muy fácil decir: yo soy el bueno y ellos los malos, y que no se les consulta a las comunidades indígenas cuando en términos de los convenios internacionales existe esta obligación para determinados casos. Finalmente la empresa lleva a cabo un trabajo de investigación muy serio, de confirmación con autoridades de los tres niveles de gobierno para verificar y confirmar cuál es la situación en la que estamos parados”.
El doctor Gudiño Gual aporta sus propias reprobaciones, al señalar que muchas organizaciones “tienen intereses económicos muy perversos” y por eso dicen “grandes mentiras”.
“Aquí no hubo nada de consulta previa. Es uno de los derechos que se han violentando. Cuando la gente se dio cuenta pues ya estaban las concesiones. La empresa y otros actores dicen que el permiso ya lo ha dado el gobierno federal y las comunidades ya no pueden hacer nada”, señala Alejandro Marreros, opositor al proyecto.
Por ello, indica, “le estamos exigiendo al gobierno que garantice nuestros derechos, los derechos de la población que habita en estas comunidades. También le exigimos que cancele estas concesiones y el proyecto minero por toda la amenaza que representa”.

La unidad minera que planea la empresa emplea el modelo extractivo a cielo abierto, considerado como el más contaminante y que mayores afectaciones genera tanto a la salud como al medio ambiente. No obstante, el abogado Vázquez asegura que la industria ha evolucionado y ahora es “amable” con el planeta.
“A estas alturas, con más de 16 años de trabajo en la zona, la consulta ya no sería ni previa, ni libre, ni informada”, señala la doctora Julieta Lamberti. “La empresa siempre va a estar en esa irregularidad”.

Almaden Minerals busca dejar sin materia juicio contra Ley Minera

Tecoltemi, comunidad indígena que se han amparado contra el proyecto minero, se asumen como pueblo originario de forma maliciosa, considera uno de los representantes de Almaden Minerals.
“Hay un ejido indígena que está en contra y [asegura que] está siendo apartado. Te lo confirmo ahora, es el ejido Tecoltemi, que presentó incluso un amparo en contra de la afectación que puede generar el proyecto para sus tierras, que además de ostentarse equivocadamente, bueno, no equivocadamente sino maliciosamente [sic] como comunidad indígena en el amparo, está a 10 kilómetros de las 120 hectáreas del proyecto”, señala el abogado Alberto Vázquez, apoderado legal de Minera Gorrión.
Luego matiza: “Sí estaba dentro de las concesiones de las 14 mil hectáreas. [Pero] ya no, porque la empresa se desiste de esas concesiones para garantizar a ese ejido”.
La abogada Itzel Silva, de la no gubernamental Fundar, advierte que ese desistimiento no es a favor de la comunidad, sino en contra. Es una argucia legal para que no se discuta el fondo del asunto: los artículos de la Ley Minera que violan los derechos indígenas y ejidales.

El juicio de amparo, refiere, fue contra las dos concesiones: Cerro Grande y Cerro Grande II; y se presentó en abril de 2015. Desde entonces, Fundar y el Consejo Tiyat Tlali acompañan a la comunidad indígena en este proceso judicial.
 “Cuando presentamos el amparo se utilizaron argumentos de protección para pueblos indígenas y núcleos agrarios y ejidales, alegando violaciones al derecho a la consulta y al consentimiento, así como la violación al derecho a la tierra y al territorio.
 “El Estado está obligado a respetar y a proteger el derecho reconocido a nivel internacional de los pueblos al uso, disfrute, propiedad, posesión de la tierra y sus recursos.”
Por ello, el equipo legal solicitó suspender las dos concesiones y todo lo que tuviera que ver con ellas. Por el carácter ejidal de Tecoltemi, se les concedió la suspensión de plano de manera inmediata, para evitar la afectación a los derechos del núcleo agrario.
Ello implica que no se haga ningún acto derivado de las concesiones, incluyendo la exploración y la explotación, señala la abogada. Agrega que la empresa tampoco puede llevar a cabo ningún acto, convenio o contrato sobre las concesiones.
 “No se podía hacer ninguna inscripción de ningún acto legal que pretendiera hacer la empresa y esto es importante, porque las empresas mineras primero exploran y luego venden”. La decisión judicial, indica, fue notificada a la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía.

No obstante, desde 2015 la empresa ha buscado evadir el juicio, considera la abogada de Fundar. Pero no sólo ha habido resistencia de Almaden Minerals, sino también de la Secretaría de Economía. Y es que ésta se inconformó ante un Tribunal Colegiado en contra del fallo a favor de los indígenas de Tecoltemi, aunque perdió.

La argucia legal para librarse del juicio

Inconforme con la suspensión, en julio de ese año la trasnacional pidió a Economía que redujera las concesiones. “Que las cortara como si fuera un pastel, y que emitiera nuevos títulos respecto de los pedacitos en los que se había dividido, para desistirse de los dos que afectaban Tecoltemi”. Algo permitido por la ley, explica Silva.
—¿No lo impedía el amparo?
—Sí. En realidad, Economía no contestó y la empresa alegó que eso era una afirmativa ficta, es decir que en automático se entendía que le daba la razón, le otorgaba el recorte y los nuevos títulos. Por eso, un año después le informa a Economía por escrito que se desiste de las dos nuevas concesiones que quedaron en el territorio de Tecoltemi. Eso le permite quitarse el juicio de amparo y seguir haciendo actividad minera en el resto del municipio.
 “Para nosotros hay una suspensión. Y, de hecho, al principio cuando la empresa pidió que se redujeran las concesiones, Economía le dijo que esa suspensión le impide inscribir o hacer cualquier acto sobre las concesiones. Entonces la empresa presentó recursos de impugnación ante un juzgado de amparo y tras uno de esos recursos se falla que sí hay un exceso en el cumplimiento de la suspensión por parte de Economía, porque ante la reducción y el desistimiento se deja de afectar a Tecoltemi”.
Dicha resolución ordenó a Economía resolver las solicitudes de Almaden Minerals. Para el 30 de mayo de 2017, la Dirección General de Minas autorizó a la empresa todo lo requerido.
Los abogados de Tecoltemi objetaron esa resolución, “porque la empresa lo que quiere hacer en realidad es dejar sin materia el juicio, cuando sí hubo violaciones para la comunidad. Las concesiones mineras originales se otorgaron sin consulta ni consentimiento y en violación a otros derechos, como a la tierra y el territorio. El Estado mexicano sí violó derechos colectivos y derechos derivados del carácter agrario”.
—¿Qué pasa si queda sin materia?
—Se acaba el juicio. De esta manera la empresa se quita de encima el problema de no poder hacer actos sobre las concesiones. Ésta fue su estrategia para quitarse el juicio de encima y no salir de todo el territorio.
La abogada Itzel Silva agrega que no sólo es evadir el juicio de amparo, sino también que se profundice en el tema.
 “Además de las dos concesiones, impugnamos varios artículos de la Ley Minera que son inconstitucionales y contrarios a tratados internacionales: hay artículos que dan prioridad a la actividad minera sobre cualquier otro uso del territorio.”
Y es que, advierte, si no hay acto concreto en aplicación de la Ley Minera, es decir, si no hay concesiones aplicadas a la comunidad, no se puede discutir el fondo.
Nancy Flores

Vía:
http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/02/22/trasnacional-almaden-minerals-borra-indigenas-evadir-consulta/

Brasil: Plataforma #ChegaDeAgrotóxicos convoca sociedade a se mobilizar neste 2018

A saúde da população não pode virar moeda de troca entre governo e ruralistas! Compartilhe a plataforma #ChegaDeAgrotóxicos com amigos e familiares e vamos trazer mais força para nossa luta!
Da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida
Encerramos um ano difícil e iniciamos outro de grandes decisões importantes para o Brasil. Uma grande ruptura institucional no país refletiu no fortalecimento ainda maior do setor do agronegócio. O Pacote do Veneno é um exemplo dessa correlação de forças.
Por outro lado, com todos os obstáculos postos demos um passo extremamente importante na direção da unidade para se fazer a resistência necessária e propor alternativas saudáveis para a sociedade e para o meio ambiente. O lançamento da Plataforma #ChegaDeAgrotóxicos, em março de 2017, sem dúvidas, é uma forte resposta da sociedade organizada aos alarmantes dados sobre o uso de agrotóxicos no Brasil, que coloca o país no primeiro lugar em matéria de consumo dessas substâncias no mundo.
O ano se inicia com as manchetes de jornal denunciando os ruralistas vendendo seus votos favoráveis a Reforma da Previdência em troca da flexibilização da lei de agrotóxicos no Brasil e aprovação do Pacote do Veneno. No dia 1º de fevereiro, o ministro da agricultura, Blairo Maggi se reuniu com a Monsanto, com a Anvisa e com a deputada Teresa Cristina, presidenta da comissão especial onde tramita o PL 6299, representante do Pacote do Veneno. Fica evidente para a população a quais interesses a produção de alimentos com agrotóxicos dessa maneira desmedida serve, às grandes transnacionais.
A saúde da população não pode virar moeda de troca entre governo e ruralistas!
Em 2018 temos a tarefa de seguir mobilizados, sempre dialogando sobre o tema dos agrotóxicos, além de continuar cobrando por uma legislação que proteja a saúde da população e o meio ambiente, representada muito bem pelaPolítica Nacional de Redução dos Agrotóxicos, a PNaRA. A PNaRA, uma alternativa construída pela sociedade civil organizada, já é um projeto de lei aceito pelo Congresso Nacional e espera a instalação de uma comissão especial para que seja analisada, e faremos de tudo para pauta-la no debate eleitoral.
Precisaremos também seguir firmes no combate a qualquer proposta ou medida que implique em retrocessos para a sociedade, facilitando a comercialização e uso de venenos no Brasil, na contramão da defesa de uma alimentação saudável.
Não será um ano fácil, mas ainda teremos boas oportunidades para ampliarmos nossa articulação e fortalecermos nossa luta. Compartilhe a plataforma #ChegaDeAgrotóxicos com amigos e familiares e vamos trazer mais força para nossa luta!
Ótimo 2018 para cada um@ de nós.
Associação Brasileira de Agroecologia – ABA
Associação Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO
Articulação Nacional e Agroecologia – ANA
ACT Promoção da Saúde
Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável
Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida
Central Única dos Trabalhadores – CUT
FIAN Brasil
Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar – FBSSAN
Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos
Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz
Greenpeace
Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC
Slow Food Brasil
Via Campesina Brasil
Fuente: MST

via:
  http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Campanas_y_Acciones/Brasil_Plataforma_ChegaDeAgrotoxicos_convoca_sociedade_a_se_mobilizar_neste_2018

Venezuela: A 5 años de su partida... La plena vigencia del espíritu de Hugo Chávez | El Ciudadano






EDITORIALHace media década "el Comandante" partió de este mundo. Desde entonces, Latinoamérica ha cambiado para mal. Podemos atribuir estos males a la crisis capitalista, pero se trata básicamente de una nueva reacción de las oligarquías ante los procesos de cambio social, como sucede en Honduras, Brasil, y como buscan en Venezuela. Bajo este escenario -hoy neoliberal y conservador- está la base, viva, expectante. Están los pueblos y el pensamiento, emancipador y revolucionario, está el pensamiento vivo de Hugo Chávez.

marzo 5, 2018

Este 5 de marzo se cumplen cinco años de la partida de Hugo Chávez. Una fecha simbólica, que desde entonces coincide, o es también un efecto, de un proceso de regresión en Latinoamérica a épocas que todos pensábamos superadas. En sólo cinco años, como si su ausencia hubiese dejado el terreno abierto, la reacción de las oligarquías y los intereses corporativos no sólo ha anclado los procesos de liberación de los pueblos, sino que ha reinstalado estrategias del capital y de los poderes hegemónicos propias de los peores años del siglo pasado.

La partida de Hugo Chávez, decimos, coincide y es efecto de un proceso de regresión política y social no observada en la región desde finales del siglo pasado. Por un lado, coincide con un periodo, ya bastante largo, de crisis capitalista y caída de los precios de las materias primas que exporta la región. En el caso del petróleo venezolano, éste ha caído a menos de la mitad de su valor de tiempos del comandante Chávez, sin duda hoy con consecuencias perjudiciales.

Pero es la reacción extrema de las oligarquías y los poderes hegemónicos el fenómeno que refleja y caracteriza estos últimos años. Desde la partida de Chávez, la oposición venezolana nuevamente asume, en realidad transparenta, su verdadero rostro golpista y fascista. Ante la incapacidad de vencer en las urnas al presidente Nicolás Maduro, esta oposición -financiada desde Miami y Washington y apoyada por todas las vías posibles por neoliberales y conservadores del planeta y especialmente desde la región-, activa campañas políticas que buscan, de forma evidente, la desestabilización como estrategia para acceder violentamente al poder.

La actual reacción de las derechas y los poderes de toda laya puede compararse sin riesgos con aquella de finales del siglo pasado. Tras la Revolución Cubana se expande en la región el pensamiento de izquierda de liberación. Un proceso que abarca a prácticamente toda la región durante las décadas siguientes, que se cierra con violencias desatadas desde Washington y ejecutadas con odio y saña por los ejércitos regionales adoctrinados en la siniestra Escuela de las Américas.



La actual reacción de las derechas y las oligarquías, aun cuando no tiene la perversión ni violencia sistemática de entonces, que costó la vida a cientos de miles de dirigentes y civiles, se ha perfeccionado con herramientas de alta tecnología, con el control total de los medios de comunicación, con mecanismos para fraude y engaño político, con la compra de funcionarios y parlamentarios. Con la mentira, el consumo, el desarrollo de la falsa conciencia.

Venezuela está asediada por todas las manos y extensiones del poder corporativo y financiero global. Es víctima de un perverso bloqueo económico, similar al de Cuba y al que sufrió hace más de 40 años el gobierno de Salvador Allende. El poder hegemónico, aun cuando transforme sus mecanismos, mantiene intactos sus intereses e intenciones. En 40 años cambian sus modos de operación, pero no sus objetivos.

La reacción al progresismo, a las intenciones de emancipación social y política de los pueblos, a los procesos de integración regional impulsados con enorme éxito por Hugo Chávez y los entonces gobiernos progresistas, es hoy brutal. El auge de las derechas en la región, con el apoyo por cierto desde Washington a las oligarquías -como se puede observar, por ejemplo, en el cotidiano trabajo de la OEA o en fraudes electorales o golpes blandos, como en Honduras recientemente o en Brasil-, no da tregua.

Pese a ello, es posible prever que su permanencia será muy breve e inestable. En los hechos, las condiciones sembradas por Chávez y extendidas por todos los gobiernos progresistas e izquierdas de Latinoamérica, desde Rafael Correa a Evo Morales, desde Lula da Silva a Cristina Kirchner, siguen presentes en la conciencia de cientos de miles de organizaciones y representantes territoriales. El pensamiento antioligárquico, antiimperialista, de integración de los pueblos, el ideario socialista que marcó nuestra historia desde los procesos de independencia hasta proyectos de liberación como el de Salvador Allende, Fidel Castro, Hugo Chávez o Evo Morales, sigue plenamente vigente.

Este 5 de marzo conmemoramos los cinco años de su partida. Su legado sigue plenamente vigente, presente y con una enorme proyección de futuro.

El Ciudadano

vía:
https://www.elciudadano.cl/editorial/5-anos-partida-la-plena-vigencia-del-espiritu-hugo-chavez/03/05/

Argentina: Cuando la cancha canta....¿De dónde vienen los cantos futboleros contra Mauricio Macri? ¿Ocurren por el fútbol o por la política? ¿Qué dicen quienes lo cantaron? ¿Es cierto que lo arrancaron las barras? ....Por Ariel Scher* para lavaca.org

¿De dónde vienen los cantos futboleros contra Mauricio Macri? ¿Ocurren por el fútbol o por la política? ¿Qué dicen quienes lo cantaron? ¿Es cierto que lo arrancaron las barras? Entre tanto ruido mediático, Ariel Scher indaga estos interrogantes con teoría, historia y voces. Los antecedentes contra Onganía, las dictaduras uruguayas y argentinas, e incluso los antecedentes contra Macri. Los libros que analizan el tema de la trampa de la apolitización del fútbol y cómo es que “el opio de los pueblos” puede convertirse en una forma -más- de rebeldía. La nota completa

Guatemala: Las multinacionales hacen presas y presos...por Gustavo Duch



"30 kilómetros del curso del río Cahabón está preso en el interior de un canal afectando su vida y la del territorio que bañaba. También, desde hace unas semanas, está preso el maestro de escuela Bernardo Caal por liderar la lucha contra este delito medioambiental que afecta directamente a casi 30 mil personas del pueblo q’eqchi."




Desde que nació era libre. Cada día recorría 195 kilómetros en una ruta sinuosa desde el altiplano central de Guatemala hasta llegar al mar. Pero desde el 2012 lo tienen encerrado y domesticado. 30 kilómetros del curso del río Cahabón está preso en el interior de un canal afectando su vida y la del territorio que bañaba. También, desde hace unas semanas, está preso el maestro de escuela Bernardo Caal por liderar la lucha contra este delito medioambiental que afecta directamente a casi 30 mil personas del pueblo q’eqchi. “Soy un preso político que se encuentra en esta situación por denunciar el secuestro de los ríos, por declarar que los están matando, por dar a conocer el saqueo del territorio del pueblo Q’eqchi’ -denunció Bernardo cuando le detuvieron.

Como explica Greenpeace en un reciente informe, el caso de la canalización del río Cahabón para proyectos hidroeléctricos -cuya electricidad generada se exporta a terceros países- es un claro ejemplo del tipo de expolio que en los últimos años está dándose para seguir en una dinámica colonizadora que tiene más de 500 años de historia. Si entonces los metales preciosos o los frutos tropicales se robaban por la fuerza de las armas o engañando con espejitos de colores, en la actualidad es la impunidad de las multinacionales extranjeras el caballo de troya que les permite acceder y vaciar las riquezas de lugares vírgenes y naturales.

Los proyectos de canalización y las presas en el río Cahabón los promueve la empresa guatemalteca Corporación Multinacional Inversiones (CMI) que no ha tenido en cuenta los tratados de los pueblos indígenas firmados por Guatemala que obliga a procesos consultivos. Ni ha llevado a cabo suficientes evaluaciones de impacto ambiental. La empresa que está realizando buena parte de todas estas obras es la empresa española Cobra que cuando se le pregunta por sus responsabilidades se justifica diciendo que ellos son unos simples subcontratados, que las responsabilidades son de CMI.



Un ardid con muchas ganancias: las multinacionales extranjeras como Cobra, cobran pero no pagan impuestos; no compensan a las victimas de sus proyectos; e incluso, pueden demandar a los Estados si estos toman decisiones que afecten negativamente a sus intereses. Sumemos a estos mecanismos el más macabro de todos, la persecución que no deja de crecer de líderes como Bernardo, Berta Cáceres y tantas otras personas que arriesgan su vida para defender, frente a los intereses económicos de grandes multinacionales, los ríos que sustentan a sus comunidades.

La empresa Cobra es una de las principales filiales del sector de la construcción del Grupo ACS. ACS es una de las mayores empresas del estado español. El consejero delegado de ACS es Florentino Pérez, al que se le calcula un patrimonio de casi 2.000 millones de euros.

– Ojalá – como una vez me dijo Luz María Abreu, una amiga dominicana – llegue pronto el día que los ríos recuperen sus cauces. Y la vida vuelva a fluir.

Apoyar a Bernardo aquí: Alianza por la Solidaridad

Por Gustavo Duch

vía:
  http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Campanas_y_Acciones/Guatemala_Las_multinacionales_hacen_presas_y_presos

México: Vargas Llosa.. Lacayo de la Economía Neoliberal - Noroña [Videocolumna]




Mundo: OMC; colapso de charla, ¿Es esto el final de OMC?



Cuando se creó la Organización Mundial del Comercio (OMC) se suponía que debía unir a los gobiernos a través de políticas comerciales que beneficiasen a todos. No solo no se han logrado los resultados deseados, sino que esta entidad se ha echado a perder con la llegada al poder de Donald Trump. El peligro que enfrenta la OMC, considerado por algunos como una crisis de identidad, es el enfoque de nuestro programa de esta semana. https://www.youtube.com/user/hispantv...

Argentina: Las Escuchas de Cristina...La calle le Gano a Macri...LPQTP


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