Colombia: Narrativas de resistencia contra la minería a gran escala...LadoB

Indígenas, afrodescendientes, sindicalistas, campesinos, estudiantes y académicos de Colombia confrontan a corporaciones como la Minera Quinchía SAS y la canadiense Seafield Resources Ltd., cuya presencia en el país detona un temor en los habitantes: el de ser desplazados forzadamente.

Edith Taborda es madre de dos hijas y pertenece a la comunidad Embera Karamba en Quinchía (estado de Risaralda) en Colombia. Además lucha contra los proyectos mineros en su territorio.

 
Desde al año 2011 su comunidad observó la presencia de compañías tales como la Minera Quinchía SAS y la canadiense Seafield Resources Ltd. en su territorio.
Al principio algunos pensaron que la llegada de estas compañías era buena pero rápidamente su opinión cambio.
El proyecto Miraflores de Seafield Resources en Quinchía pretende extraer cerca de 709,000 onzas de oro durante 14 años de acuerdo con información publicada por Mercados Mineros.
En el año 2011, la comunidad envió una carta a Seafield pidiendo remover su maquinaria de Santa Sofía, lo cual hicieron. En ese momento pareció una victoria; sin embargo, la compañía continuó con sus planes para el proyecto Miraflores porque tenían permiso del gobierno.
De acuerdo con información suministrada por la Agencia Nacional de Minería (ANM) hay 27 compañías canadienses en Colombia y estas poseen 42 títulos de cobre, plata y oro. La lista suministrada para este artículo no incluía Seafield Resources Ltd.


Inicialmente la compañía le respondió al anterior gobernador de la comunidad Embera Karamba que no había indígenas en Quinchía, sostiene Edith Taborda, y continuaron con su proyecto.
A pesar del aparente fracaso, Taborda no se dio por vencida.
Ella y su comunidad se dirigieron al Tribunal Superior de Pereira. En el año 2013 el tribunal ordenó a Seafield Resources Ltd. detener las actividades hasta que el Ministerio del Interior certificara si había o no presencia indígena en el territorio.


En 2014, el mismo tribunal ordenó que se llevara a cabo una consulta previa para el proyecto Miraflores. Seafield y la comunidad empezaron el proceso y tuvieron ocho reuniones, pero a finales de diciembre del año pasado no habían avanzado del proceso de pre-consulta explicó Edith Taborda.
Desde su elección como gobernadora de su comunidad, en el año 2012, Taborda recibió quejas acerca de la actividad minera. La principal preocupación de los habitantes es el temor a ser desplazados forzadamente.
Pero de las quejas la comunidad pasó a la acción. Para lograrlo, Elmer Agudelo jugó un rol muy importante.

Elmer, líder de la comunidad Embera Karamba, ha promovido el pensamiento crítico acerca de la minería. Jóvenes, niños, adultos y ancianos han participado en protestas y reuniones como respuesta a la presencia de las corporaciones mineras.
Elmer reflexiona sobre el impacto de la firma del acuerdo con las FARC y lo que eso implica en los territorios indígenas.

Movilización civil
 
A 338 kilómetros de distancia en Antioquia, la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conaminercol) apoyó un paro organizado por los mineros de Remedios y Segovia en septiembre del año 2016. Como resultado de la presión y las conversaciones, el día 28 de ese mes, el gobierno colombiano creó la Mesa de Negociaciones para Remedios y Segovia.
Rubén Darío Gómez es el secretario general de Conaminercol, que vela por los derechos de los mineros al trabajo y reta pacíficamente a la minera Continental Gold Inc., que tiene dos proyectos mineros en Buriticá y Berlín (Antioquia) y aspira a convertirse en el mayor productor de oro en Colombia.

Conaminercol obtuvo una victoria con respecto a esa compañía ocho subcontratos por un corto periodo de tiempo, pero no en condiciones muy favorables para los mineros.
Goméz participó en las movilizaciones nacionales organizadas por Conaminercol en el año 2015 debido al incumplimiento, por parte del gobierno, de los acuerdos que incluían el reconocimiento de la minera tradicional realizada por mineros como ellos.
Rubén no niega el impacto de su actividad en la tierra pero es contundente al señalar que no es solo responsabilidad de los mineros más pequeños. “Nosotros somos el enemigo porque disputamos el territorio y sus recursos al gran capital. Nosotros estamos en contra del modelo extractivo que es desventajoso para la economía, la agricultura, el medio ambiente y las tradiciones culturales”.
También en Antioquia, El Cinturón Ambiental de Occidente (COA) retó a Caramanta Conde Mine que fue multada, en el año 2014, por afectar el patrimonio ambiental del municipio de Caramanta.

“Solvista Gold Corp., IamGold Corporation, Angel Gold Corporation y Caramanta Conde Mine [i] SAS son las compañías canadienses que han tenido proyectos en Antioquia. Solvista ha estado allí por cinco años pero cambió su nombre lo cual hace difícil seguir sus proyectos de cerca”, dice un miembro del COA.
El COA involucra a los ciudadanos con la causa ambiental a través de vigilias, festivales y El Abrazo a la Montaña, un recorrido alrededor de la montaña que se llevó a cabo entre el 8 y 14 de agosto, del 2016. Mitos, arte, música y cultura ayudaron a divulgar el mensaje de justicia ambiental mientras caminaban.
 
Entre tanto, en Tolima otras resistencias ciudadanas se movilizan contra el proyecto La Colosa, de Anglo Gold Ashanti, compañía surafricana con 17 minas en nueve países, en Cajamarca (Tolima).
Este año se realizará una consulta popular a través de la cual los habitantes dirán Sí o No a este proyecto en su departamento, la consulta fue promovida por activistas comprometidos con esta causa.
“La consulta popular que se llevó a cabo el 28 de julio del 2013 en Piedras, (Tolima) se constituyó en la primera de su género que por una abrumadora mayoría logra parar las pretensiones de la multinacional Anglo Gold Ashanti de establecerse allí”, explica la analista de conflictos sociales y territoriales Carmen Luisa Castro.
La creatividad es protagonista en las diversas iniciativas ciudadanas contra la minería a gran escala. Así lo explica José Díaz, uno de los coordinadores del No en la Consulta Popular: “La Marcha Carnaval cuenta con la participación masiva de comunidades campesinas que llaman la atención ciudadana con “carros” adornados con comida de la despensa agrícola de Colombia; sectores indígenas, que involucran al peatón en la fiesta callejera a través de carrozas y muestras culturales; instituciones educativas, que convocan a la comunidad a disfrutar las bandas musicales y comparsas tradicionales. Además de la participación de artistas locales que garantizan un show callejero con zanqueros, payasos, disfraces, murgas, conciertos sobre ruedas y los combos barristas, que le imprimen la alegría con gritos y canticos en defensa de la vida”.

Las marchas carnaval en defensa de la vida, el agua y el territorio, son anuales y tienen como epicentro la ciudad de Ibagué, pero se realizan en otros municipios. Carmen Castro ha sido parte de ellas ayudando a movilizar personas a favor de la vida, el territorio y en contra del modelo extractivista.
En la sexta Marcha Carnaval se expresó esa nueva manera de pensar, sentir y defender el territorio con vínculos a través de la cuenca del río Coello, en el que los participantes identificaron que tienen un territorio común por su vocación agropecuaria, con una economía campesina en Cajamarca, y una agroindustrial en el plano; además que el agua es el factor del cual depende el presente y el futuro del Tolima y que sentir que nos compete, solidariamente es lo que significa defender un territorio.
“El año pasado (2016) se llevó a cabo la octava Marcha Carnaval que se convirtió en una movilización ciudadana sin precedentes. El Comité habla de 100 mil personas, lo que termina por darle a Ibagué centralidad en las luchas de resistencia contra la minería que se han venido desarrollando a lo largo y ancho del país”, sostiene Carmen.
 
Varias acciones se han aprendido de las resistencias en Santander otro estado colombiano. Entrevistados para este artículo concuerdan en que Santander, ha sido una de las más significativas del país.
Activistas santandereanos están orgullosos de una victoria mayor contra la canadiense Greystar Resources Ltd., la cual cambió su nombre a Eco Oro MInerals Corp., la negación de la licencia para su proyecto Angostura [ii] que afectaba el páramo de Santurbán [iii] el cual suministra agua a la ciudad de Bucaramanga y otras poblaciones. Ver aquí la resolución.

El mensaje para luchar contra este proyecto fue simple pero poderoso, fácil de comunicar: el impacto de la minería a gran escala en los recursos hídricos. “La experiencia de Santurbán despertó la conciencia cívica acerca de la importancia de los páramos. Esto contribuyó con un contexto positivo para la decisión final de la Corte Constitucional que falló en contra de la minería en los páramos”, explica Carlos Lozano.

Retando el modelo extractivista
 
Carlos Lozano es abogado senior de Aida Americas en Colombia. Él dice que la lucha contra Eco Oro Minerals Corp., fue una resistencia que combinó esfuerzos de los sindicatos, los colegios y los profesionales, entre otros. “Esto llamó la atención de los políticos y los medios en torno al proyecto”, agrega.
El Banco Mundial, uno de los inversores del proyecto Angostura – a través de la Corporación Financiera Internacional retiró sus inversiones y lo justificó con el siguiente pronunciamiento. “IFC evalúa constantemente sus cartera de inversiones en función de su mandato pro desarrollo y en consideración de las condiciones del mercado. Dada la decisión de Eco Oro de suspender definitivamente el proyecto Angostura, el 25 de noviembre IFC terminó su inversión en la Compañía”.
De igual manera la compañía emprendió una acción contra el Estado colombiano. “El 8 de diciembre esta compañía solicitó al Centro de Acuerdos para disputas por inversiones del Banco Mundial arbitraje contra Colombia por lo que consideran medidas arbitrarias, inconsistentes y desproporcionadas que destruyeron el valor de las inversiones en el sector minero de Colombia y privó a Eco Oro Minerals de sus derechos contenidos en el título minero, Contrato de Concesión 3452”, señala un comunicado en la página de la compañía [iv].

Varias compañías canadienses han manifestado sus intereses en los recursos de Santander. “Empresas canadienses con intereses en Santander son Auro Resources Corporation, Calvista Gold Corporation, CB GOLD INC, Continental Gold, Pacific Coal Resources (PCR), Galway Resources Holcod Ltda., Mega Uranium y en Magdalena Medio, Canacol Energy Ltd. y otros más que omito”, añade Sampayo. En el año 2009 Mining Watch Canada y Censat Agua Viva publicaron este informe sobre las multinacionales canadienses y los conflictos en el país.
Óscar Sampayo es miembro del Grupo de Estudios Extractivos, Sociales y Ambientales del Magdalena Medio(GEAM) afirma que en Santander y el Magdalena Medio se ha tenido algo de éxito gracias al componente educativo.
Las comunidades comprendieron mejor el impacto de los proyectos extractivistas en el territorio. “Nosotros contribuimos con estrategias educativas para defender los derechos y haciendo visible la flexibilidad de Colombia con compañías como Eco Oro MInerals Corp., en Santurbán y Parex Resources Inc., en Simacota. Nosotros también intentamos exponer los lazos entre los políticos y las corporaciones trasnacionales”, aclara Sampayo.
En esta corta mención de los procesos de resistencia contra la minería a gran escala -promovida por las multinacionales y las instituciones gubernamentales como “minería bien hecha”– los sindicalistas ocupan un lugar importante.

Hace algunos años, Francisco Ramírez denunció el impacto negativo de las mineras canadienses en Colombia. Así explicaba Ramírez a su auditorio internacional lo que ha ocurrido:

En la actualidad, Ramírez es miembro de Funtramiexco, Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos y Químicos, de las Industrias Extractivas, Transportadoras y similares en Colombia.
Él es responsable de las acciones legales internacionales contra las corporaciones y pertenece al Movimiento Nacional de Víctimas de las Corporaciones Multinacionales y Trasnacionales (MNVC).
Ramírez explica algunos de los objetivos de los sindicalistas en cuanto al tema minero y los recursos naturales del país. Estos objetivos incluyen la nacionalización de los recursos, el desarrollo sostenible y la inclusión de las necesidades de las comunidades en diferentes proyectos de desarrollo. “Incluso como sindicato hemos propuesto cerrar algunas minas y trasladar esos trabajadores al sector de la infraestructura”, sostiene.
Después de 20 años de actividad sindicalista Francisco Ramírez continúa retando a las multinacionales y Edith Taborda gobernadora Embera Karamba hace lo mismo en su amada comunidad en Risaralda.
Estos procesos de resistencia civil se han mantenido en el tiempo gracias a la organización, la educación popular y los mensajes divulgados con variados discursos.
 
Alejandro Pulido, investigador social radicado en Bogotá, reflexiona acerca de las narrativas de resistencia. “El primer discurso es un discurso ambiental. Sin embargo, no hay discusión acerca del acceso y disputa de los recursos; el segundo discurso es acerca de la lucha de los indígenas, afrocolombianos y las comunidades campesinas por su derecho al territorio; un tercero, de los sindicatos acerca de las condiciones laborales y un cuarto discurso, el de los académicos, cuestionando el modelo económico, las bajas ganancias de la minería, algunos promoviendo la nacionalización de la minería. Es interesante como muchas veces estas narrativas no dialogan (…) Pero es claro que el modelo extractivista está creando una nueva guerra por el agua, una nueva guerra está emergiendo”, enfatiza pulido.

 
Nota para el cuadro: En el siguiente cuadro se encuentran relacionadas las 27 empresas que al 30 de junio de 2016 aparecen listadas en la bolsa de Toronto TSX/TSXV con presencia en Colombia, la mayoría de ellas están relacionadas con proyectos de oro, plata y cobre.
En total estas 27 empresas poseen 42 títulos mineros vigentes, distribuidos de la siguiente manera:

	Empresas TSX/TSXV	TITULOS VIGENTES
1	B2Gold Corp.	0
2	Continental Gold Inc.	19
3	Red Eagle Mining Corporation	10
4	Gran Colombia Gold Corp.	0
5	Cordoba Minerals Corp.	0
6	Atico Mining Corporation	0
7	CB Gold Inc.	0
8	Lara Exploration Ltd.	0
9	Eco Oro Minerals Corp.	0
10	Rio Novo Gold Inc.	0
11	Antioquia Gold Inc.	9
12	Rugby Mining Limited	0
13	Batero Gold Corp.	0
14	Salazar Resources Limited	0
15	Galway Gold Inc.	0
16	U3O8 Corp.	0
17	Miranda Gold Corp.	1
18	Angel Gold Corp.	0
19	Bellhaven Copper & Gold Inc.	0
20	Fura Emeralds Inc.	0
21	Colombian Mines Corporation	1
22	Equitorial Exploration Corp.	1
23	Arctic Star Exploration Corp.	0
24	Tesoro Minerals Corp.	0
25	Bandera Gold Ltd.	0
26	Colombia Crest Gold Corp.	0
27	Tolima Gold Inc.	1
TOTAL TÍTULOS VIGENTES		42

Notas
[i] Corantioquia suspende actividades de minera canadiense en Caramanta, aquí
[ii] Ver aquí
[iii] Ver aquí
[iv] Ver aquí
Fuente: LadoB



vía:
 http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Colombia_Narrativas_de_resistencia_contra_la_mineria_a_gran_escala

España: Abuso policial en Zaragoza...Multan a una pareja de 400€ por estar sentados en la acera conversando.....Por 400 por sentarse

La Unidad de Apoyo Operativo (UAPO) de la Policía Local de Zaragoza interpuso una multa de 200€ por falta grave a dos personas por el simple hecho de estar sentadas en una acera.

Los hechos ocurrieron la noche del 6 al 7 de enero en la calle Ricardo Lozano Monzón de la capital aragonesa. Según Tamara Marzo, una de las persona sancionadas “Estábamos sentados en la acera con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en la calzada, tal y como nos hemos sentado todos miles de veces, charlando tranquilamente, sin beber, sin chillar, sin montar follón.”

A la 1:45 un furgón de la unidad UAPO pasó y les conminó a subir los pies a la acera, ya que según su versión, estaban obstaculizando el paso de los vehículos. Las dos personas obedecieron la orden sin mediar palabra y una vez el furgón hubo arrancado y dado que no pasaba ningún vehículo, volvieron a su posición original. Minutos después el mismo furgón volvía a aparecer y varios agentes bajaron del mismo para rodearles y pedirles la documentación. Al devolvérsela les entregaron sendas multas tipificadas como falta grave y con una multa que asciende a los 400€ entre las dos.

“No salíamos de nuestro asombro y es imposible de entender. Una multa de 400€ a dos personas que no estábamos haciendo absolutamente nada, que en todo momento respondimos a las órdenes de los agentes y que únicamente volvimos a colocarnos como estábamos una vez que dejamos de ser un supuesto obstáculo, como cualquier persona a la que se le pide paso.” Declara Carlos García, otro de los sancionados.

Las dos personas afectadas ya han interpuesto un recurso y bajo el lema “si nos multan por sentarnos… nos levantaremos”, han comenzado una campaña de visibilización del abuso policial que supone su caso y otros parecidos que se han venido dando en los últimos meses. Un blog, colocación de huchas de apoyo en varios bares de la ciudad, un vermut solidario y una intensa campaña en medios de comunicación y redes sociales con el hastag #400porsentarse, son algunas de las acciones que piensan llevar a cabo.

https://400porsentarse.wordpress.com


vía:
  http://kaosenlared.net/abuso-policial-en-zaragoza-multan-a-una-pareja-de-400e-por-estar-sentados-en-la-acera-conversando/

México: El mito de la Unidad Nacional.... Ricardo Orozco

Ricardo Orozco

Rebelión

De manera tardía, justo cuando la fatalidad de la presidencia de Donald Trump ya se presentaba inaplazable para el gobierno mexicano, éste decidió que la mejor manera de hacer frente al discurso racial de aquel era fomentar un movimiento de Unidad Nacional que, apelando al rescate, fortalecimiento y promoción de lo mejor de la cultura mexicana, de las ancestrales raíces mesoamericanas que dan fundamento a la cosmovisión de la sociedad que gobierna y, del consumo mercantil de lo hecho en México permitiera, entre otras cosas, mantener los niveles de crecimiento económico y construir un frente común de defensa ante el rechazo del American Way of life.

Por supuesto, al recurrir a estas estrategias, el gobierno invisibiliza todos esos años en los que el desprecio por la unidad de las Naciones que confluyen en el territorio era la moneda de uso corriente en su trato con ellas. Y pretende que la sociedad, además, olvide cada momento en el que las reivindicaciones populares fueron rechazadas justo por medio de un discurso que las catalogó como un peligro para la estabilidad social, una amenaza al interés supremo de la nación y a su derecho inalienable de ejercer la gobernabilidad del país. Niega, en consecuencia, una larga historia —en permanente retorno— de ojos ciegos y oídos sordos a las necesidades más básicas de sus gobernados; en los cuales prefirió ver algo menos que la fuerza laboral encargada de (re)producir la acumulación de capital de una clase acotada.

El interés nacional —y su unidad— no es nuevo en la historia contemporánea de México. Desde los años veinte, en el momento en el que el partido hegemónico se arrogó el derecho de estructurar el sistema político mexicano (cuyo control la guerra civil de comienzos del siglo XX sólo desplazó de manos de unos aristócratas a otros), el interés superior del Estado-nacional fue discurrido en torno a la necesidad de reprimir movimientos campesinos, obreros, estudiantiles, religiosos, feministas, etc.; toda vez que atentaban con diluir la identidad de la sociedad. Años más tarde, y hasta el momento presente, ese mismo discurso permitió implantar una doctrina permanente de explotación, sujeción y desposesión material de los individuos y las colectividades.

En este sentido, tanto el hecho fundacional como el leitmotiv de la unidad nacional —y de su interés— es la explícita negación de la heterogeneidad de identidades culturales que se conglomeran dentro de los márgenes territoriales del aparato estatal, la eliminación de las resistencias y la sujeción de las expresiones contestatarias al curso de su gobernabilidad; que no es otro que el mantener estable una estructura social polarizada, que permita la trasferencia de los excedentes materiales producidos, es decir, la concentración y la acumulación de capital.

De ahí que recurrir, en este momento, al argumento de una Nación unida ante la adversidad resulte hipócrita. Porque inclusive, más allá de negar esta historia y de suponer que en México sólo existe una Nación (la que se identifica con la raison d'etat vigente), pretende vender la idea de que en esta ocasión su instrumentación será canalizada hacia el enemigo exterior, en lugar de atentar en contra del cuerpo social interno. Pero además, porque presupone que si todos los mexicanos se unen con el objetivo de blindar al país ante el racismo estadounidense, de inmediato todas las contradicciones, los problemas institucionales y los conflictos sociales que aquejan en lo interno serán superadas, sólo por el actuar voluntarioso de un fervor patriótico.

Y la cuestión es que el discurso gubernamental no está sólo en su empresa nacionalista. La cara patética de la moneda es que la masa social se sumó sin chistar a la iniciativa. Y lo hizo sin siquiera poner en tela de juicio los mecanismos mediante los cuales el gobierno pretende hacer frente al rechazo estadounidense. Basta con observar que es esa masa, la misma que debe su posición de clase a una razón gubernamental ensimismada en su objetivo de mimetizarse con el American way of life, la primera en defender, de un lado, la autoidentificación comunitaria a través de una foto de la bandera mexicana en sus redes virtuales; y del otro, la sustitución de la burguesía extranjera por la nacional en la actividad productivo/consuntiva.

La primera de estas acciones, no sobra señalarlo, peca de mediocridad en el momento en que da por hecho que la praxis social, es decir, la intervención directa en la (re)configuración de la concritud comunitaria, debe ser sustituida por una armonía simbólica que exalte el carácter prístino de las raíces culturales —esas que, hoy personificadas por las Naciones indígenas, no trascienden de ser el vestigio presente de un pasado bárbaro y premoderno ya superado; raíces a las que el ciudadano de la modernidad, en el momento mismo de vanagloriarse de su pasado, les exige su adaptación a las formas social-organizativas de la Gran Civilización.

La segunda lo hace por su enajenación, toda vez que recurre a un instrumental que en nada difiere de aquel que pretende negar. Y es que, en efecto, consumir lo hecho en México, fortalecer al empresariado mexicano (porque por supuesto no se está promoviendo el consumo de la producción artesanal, sino la manufactura estandarizada), lejos de cambiar la correlación de fuerzas internas o de resolver cualquiera de los canales que amplían y profundizan la explotación laboral, en particular, y la sujeción social, en general; exige de los individuos una sumisión total, al margen y a pesar del colonialismo interno mexicano, porque el enemigo exterior se supone más agresivo, nocivo y amenazador que cualquier deficiencia institucional.

Así pues, hoy, en México, el empresariado juega a ser burguesía nacional, responsable con sus consumidores y sensible a sus necesidades, pese a que por años se ha dedicado a extraer y acumular el excedente de riqueza producido de la mano del capital estadounidense, al amparo del TLCAN. El gobierno federal juega a que diversifica sus relaciones diplomáticas y comerciales con el mundo —e imagina que puede ser el Estados Unidos latinoamericano de Sudamérica y el Gran Caribe. La clase política se vanagloria en sus discursos pomposos, revestidos de formas cortesanas, correcciones políticas y solemnidad, para acusar al imperialismo yanqui ante la sociedad de la que ella misma vive, parasitariamente. Los medios de comunicación se regodean en su capacidad de adoctrinamiento social para fomentar una imagen homogénea de patrioterismo, recurriendo a cada argumento falaz del que es capaz de valerse. La academia se elogia a sí misma en sus coloquios, seminarios y conferencias en donde pretende ser crítica al status quo que por décadas ha defendido mediante su siempre más importante necesidad de reproducir el conocimiento universal y ganar su aceptación en la geopolítica del Saber. Y las clases medias, que hasta ahora sólo viven para (re)producir la estética de la blanquitud estadounidense, para mimetizarse con el consumismo estadounidense y replicar en suelo mexicano el American way of… suplican porque no muera el liberalismo, porque el liberalismo es todo lo que conocen, pese a no saber nada de él.

Hoy, en México, la salida se perfila a calcar el discurso de Donald Trump para hacer frente a éste. Y la sociedad, en lugar de aceptar su responsabilidad en la construcción de lo político —más allá de la política formal—, en vez de asumir su capacidad de modificar su propia configuración comunitaria, sus relaciones productivas/consuntivas y sus canales culturales señala implacable al enemigo externo; lo condena al tiempo que exculpa, que se postra condescendiente con sus propia explotación, con su colonialismo interno. Y lo hace, indolente, ante una historia que no cesa de repetirse, porque cree que lo único que cabe realizar es un conjunto de reformas legales y un par de ajustes consuntivos que sean más o menos justos con los sectores medios.

De ahí que la ofensa que causa el muro fronterizo no sea apriorística, por la pretensión estadounidense de que los mexicanos lo paguen (o lo construyan), porque atente en contra del derecho de movilidad, porque suponga una afectación irreversible a los ecosistemas de la zona o porque no sea un gesto amistoso. El muro es ofensivo sólo porque le recuerda a quienes quieren conseguir el estilo de vida estadounidense, a quienes desean con fervor pertenecer a la Gran Civilización, al primer mundo —y dejar atrás el mundo bárbaro, incivilizado, pobre y en vías de desarrollo— que ellos simplemente no son parte de esa blanquitud, por mucho que intenten mimetizarse con ella. Así, el muro es el símbolo que lo mismo niega a esos sujetos el American Dream que les recuerda esa esencia irrenunciable de su Ser que los hace ajenos al modernismo anglosajón.

¿Qué decir de una sociedad cuyo mayor trauma existencial resultó ser el que se le privara de acceder al Edén, ese mismo Edén que para aceptar a cualquiera exige la adopción de una particular forma de interpretar la realidad, un irrepetible modo de Ser en el mundo? ¿Qué decir de esa misma sociedad cuando es ella la que, al verse negada de su Edén, se obliga a sí misma a aceptar los resabios que fue capaz de mimetizar, bajo el argumento de la unidad nacional?

Publicado originalmente en: https://columnamx.blogspot.mx/2017/01/el-mito-de-la-unidad-nacional.html


vía:
http://rebelion.org/noticia.php?id=222368

Perú: Decreto PPK vulneraría derecho al territorio de pueblos indígenas | Servindi

Decreto Legislativo 1333 crea el Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizado (APIP) que puede afectar territorios indígenas debido a que el 72,7% de los pueblos indígenas no tiene cómo acreditar su derecho de propiedad. El APIP ejercerá competencias reguladas por la Ley 30230, cuestionada por inconstitucional.

Servindi, 1 de febrero, 2017.- Un nuevo análisis realizado por la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) evidencia un potencial perjuicio a los territorios de los pueblos indígenas tras publicarse el Decreto Legislativo 1333, para la simplificación del acceso a predios para proyectos de inversión priorizados.

Y es que bajo la figura del "interés nacional" dicha norma regulará los proyectos presentes y futuros que determinan el Gobierno nacional y los gobiernos regionales, y cuya principal traba sea el acceso oportuno a predios.

El DL 1333 crea el "Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizado” (APIP), cuya tarea es sanear a nombre del Estado la propiedad de todos los predios requeridos para un proyecto.

El APIP dependerá de Proinversión, institución que ahora pertenece al Ministerio de Economía y Financas (MEF) y tendrá una vigencia de 3 años que puede ser extendida. Entre las obras a priorizar se encuentran las señaladas en la Ley 30025.
Grave riesgo

Según lo advierte DAR preocupa que en el afán de agilizar las inversiones se ponga en grave riesgo el derecho al territorio de las poblaciones, especialmente, las comunidades indígenas comprendidas dentro del área de influencia directa o indirecta de los proyectos de inversión.

Recuerda que el 72,7% (5483) de los pueblos indígenas, organizados en 6069 comunidades campesinas y 1469 comunidades nativas en todo el país, no tiene cómo acreditar de manera irrefutable su derecho de propiedad.

El saneamiento del territorio es una prioridad en la agenda de los pueblos indígenas del Perú, pues en la actualidad existe una demanda en alrededor de 20 millones de hectáreas de territorios indígenas, tal como señala la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Se trata, de manera específica, de 676 comunidades nativas por titular, 279 comunidades nativas por ampliar y 421 comunidades nativas que han solicitado reconocimiento y titulación sin respuesta.
Pretenden reubicar poblaciones

La norma, además, señala que el APIP se encargará de reubicar a las poblaciones, una atribución excesiva que en el caso particular de los pueblos indígenas requiere de procesos de consulta previa y del consentimiento libre, previo e informado de estas poblaciones-

De no ser así no solo se vulneraría el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sino también la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El DL 1333 se implementará según el Título III de la Ley 30230, norma como conocida por "paquetazo antiambiental", frente al cual la sociedad civil interpuso una demanda de inconstitucionalidad con el respaldo de más de 10 mil fimas ciudadanes.

La Ley 30230 es acusada de vulnerar los derechos al territorio de los pueblos indígenas, debido a que permite al Estado, mediante “procedimientos especiales”, entregar tierras a proyectos de inversión, en la ubicación y cantidad que estos requieran para sus actividades, ignorando los derechos de propiedad que asisten a sus propietarios legítimos.

Acceda a estos y otros #HallazgosDAR y el informe preparado por DAR haciendo clic en el siguiente enlace:

- D. L. N° 1333: Decreto Legislativo para la simplificación del acceso a predios para proyectos de inversión priorizados.


vía:
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/31/01/2017/hallazgosdar-se-vulnerarian-derecho-al-territorio-de-pueblos

México - Chapingo: Combatir a Trump con producción de alimentos nacionales, cero importaciones y creación de mercados regionales

Sergio Barrales Domínguez sostiene “las amenazas de Donald Trump son una gran oportunidad para ‘prescindir de la comida norteamericana’, impulsar el mercado interno y la producción alimentaria nacional. Sólo hace falta voluntad política y dejar de lado las presiones extranjeras.


“Las amenazas de Donald Trump son una gran oportunidad para ‘prescindir de la comida norteamericana’, impulsar el mercado interno y la producción alimentaria nacional. Sólo hace falta voluntad política y dejar de lado las presiones extranjeras” declaró el rector de la Universidad Autónoma Chapingo (UACH), Sergio Barrales Domínguez en conferencia de prensa acompañado de investigadores de la casa de estudios, quienes se pronunciaron por sacar la agricultura nacional del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN).

“Hace falta recuperar la autoestima del campesino. Producir barato es posible así como dejar de dar ‘mochilas, bultos de cemento y Procampo’ pues muestra de lo anterior explicó el investigador Juan Rafael Sánchez Bravo es el programa de Chapingo que enseña al campesino a cosechar agua de lluvia en las comunidades más marginales del país para la siembra y consumo humano . Para la UACH, el campesino es “sujeto de cambio y no objeto” enfatizaron los ponentes.

Alertó Barrales Domínguez sobre una debacle en la soberanía alimentaria y el acceso a alimentos de calidad por falta de producción nacional, carencia de empleo, falta de ingreso bien remunerado y exceso en importación de granos básicos, hortalizas y oleaginosas de dudosa procedencia, por lo que “la UACH está lista para participar en la renegociación del TLCAN, en la elaboración de políticas públicas a favor del campo y la creación de mercados locales y regionales de alimentos para cerrarle el paso a los intermediarios y abaratar el costo de los mismos”.

Tras hablar de más de 56 proyectos del Programa Especial de Extensionismo y Vinculación Universitaria, también presentó el Rector dos estrategias aplicables en el medio rural para la producción alimentaria como es la cosecha de agua de lluvia para la siembra y consumo humano, así como la producción de alimentos con biofertilizantes y uso de dispositivos ahorradores de combustibles que encabezan los investigadores Juan Rafael Sánchez Bravo y Gerardo Noriega Altamirano. Pedro Ponce Javana, Subdirector de Servicio y Extensión de la UACH coincidió con los conferencistas de que urge dejar de lado la visión gubernamental de que la agricultura es “sólo negocio” cuando ésta debe ser considerada como un sector estratégico para el país.

“En México se come pero no se nutre; se importa el 30 por ciento del frijol, el 50 por ciento de trigo, el 80 por ciento se arroz y más de 17 millones de toneladas de maíz amarillo sin considerar frutas, hortalizas y oleaginosas así como alimentos procesados.

Si bien el Estado puede asegurar que existe seguridad alimentaria en el país porque hay disponibilidad de alimentos en el anaquel de centros comerciales y mercados, difícilmente puede sostener que todos sus habitantes se alimentan pues al carecer de ingresos, la ingesta de carbohidratos por persona supera el 70 por ciento mientras que las proteínas y vitaminas quedan relegadas de ahí que estemos en una alerta sanitaria por diabetes y obesidad además de cifras constantes de desnutrición” concluyeron el rector y los investigadores de Chapingo.

Fuente y foto: Desinformémonos

vía:

  http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Mexico_-_Chapingo_Combatir_a_Trump_con_produccion_de_alimentos_nacionales_cero_importaciones_y_creacion_de_mercados_regionales

Venezuela: Una dicotomía que inmoviliza… y saltos al vacío que se repiten y aburren...

Aram Aharonian

Rebelión

Es difícil obviar el estado (¿será terminal?) del diálogo entre gobierno y oposición en Venezuela. El divorcio político parece oficializarse con el retiro opositor, que en un comunicado desechó la propuesta de los mediadores y lo calificó de “experimento cerrado que no se volverá a abrir”, y abogó por una nueva negociación (¿con lo que llaman la comunidad internacional?) y más protestas para exigir la realización de elecciones.

La socióloga y analista de medios Maryclén Stelling afirma que el país requiere recontextualizadores, suerte de anfibios políticos que interpreten desapasionadamente la compleja realidad nacional; faciliten la comunicación y el entendimiento recíproco entre los bandos políticos; promuevan la construcción y el acatamiento de reglas comunes y el reconocimiento de estructuras políticas subyacentes en oposición a la dicotomía prevaleciente: amigo-enemigo.

Para el politólogo Leopoldo Puchi, los eventos de mayor importancia previstos para este año, desde el punto de vista político, son las elecciones de gobernadores y las de alcaldes. En lo económico, se anuncia una recuperación de los precios del petróleo, lo que aliviaría la situación del país, pero se desconoce si se concretarán cambios en las políticas macroeconómicas.

Y, en el plano internacional, está todavía por despejarse la incógnita sobre la línea que adoptará Donald Trump con relación a Venezuela, y viceversa.

Mientras, monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), totalmente alineada con la oposición, denunció un intento de “amedrentamiento” para afectar a los sacerdotes por su posición frente al gobierno. “Pareciera que se trata de eventos preparados para causar amedrentamiento a la Iglesia Católica, que ha tenido una posición muy clara frente al gobierno señalando las dificultades y problemas y la crisis que vive el país”, afirmó durante una entrevista radial concedida al secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba.

¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, y que sigue exigiendo diálogo, pese a la posición de la CEV, partidaria de una rebelión social que conduzca a un derrocamiento militar del gobierno, bajo el modelo de insurgencia utilizado el 23 de enero de 1958?

¿Preparando la sucesión?

Todo hace indicar que el presidente Nicolás Maduro comenzará a compartir funciones con Tarek El Aissami, de 42 años, designado por él como vicepresidente ejecutivo el 4 de enero pasado. Para los analistas, es una forma de ir preparando a su –al menos candidato a- sucesor.

Por decreto, Maduro, pasó 14 de las atribuciones presidenciales a El Aissami: efectuar traspasos presupuestarios entre ministerios, rectificar presupuestos ministeriales, prorrogar la supresión o liquidación de entidades estatales, designar viceministros, dictar decretos de expropiación, liquidar entes descentralizados, aprobar puntos de cuenta ministeriales y dictar decretos autorizados previamente por Maduro.

También quedó facultado para aprobar jubilaciones especiales, responder a puntos de cuenta de entes descentralizados, declarar la insubsistencia de presupuestos ministeriales y exonerar parcialmente el Impuesto al Valor Agregado o el Impuesto sobre la Renta a sectores estratégicos.

El frente económico

La prensa hegemónica internacional insistía hace un año en la inminente caída chavismo, después de un 2015 con 185% de inflación y una estrepitosa derrota electoral en el que la oposición se adueñó casi por completo del poder legislativo, lo que los estimuló a subir la apuesta de sacar de la presidencia a Nicolás Maduro en los primeros seis meses del año por cualquier vía: golpe de estado clásico, insurrección civil, reforma constitucional.

Pero nada de eso pasó, en buena parte por las torpezas de la derecha, entre ellas la no activación del referéndum revocatorio en los lapsos establecidos en la Constitución. Y así, con anuncios sobre la “inminente” caída del “régimen”, 2016 cerró con Maduro en el poder y una MUD desgastada entre su militancia, sin credibilidad ante el resto del país y sin unidad real visible entre su dirigencia.

Para el sociólogo y exministro de Economía Luis Salas, el principal frente de disputa política en el año 2017 seguirá siendo el económico, pues aún quedan batallas que desde el gobierno no se han ganado (abastecimiento, precios, tipo de cambio, entre otras). “El oposicionismo repetirá en 2017 la receta de 2016, ayudada por el metabolismo social de puja distributiva y la inercia especulativa tras los cuatro años de guerra económica”, señala.

Mientras, el gobierno anuncia que profundizará su plan de 2016: activar los llamados Motores Productivos, pero contando ahora con la ayuda de la recuperación del ingreso petrolero tras los acuerdos de reducción de cuotas entre los países productores. Obviamente, la activación productiva depende necesariamente de la existencia de un mercado dinámico con suficiente capacidad de absorción por la vía de la demanda, que actualmente no existe.

Si bien el gobierno comprende que debe activar y recuperar el mercado interno, lo que está en duda es si tendrá capacidad para convencer de ello a los empresarios, “prisioneros de sus prejuicios políticos, cálculo egoísta y expectativas negativas, así como del peso de los monopolios y oligopolios trasnacionalizados que aprovechan la coyuntura para fortalecer sus posiciones de dominio, aplastando la competencia de la pequeña y mediana empresa así como cualquier otra forma de emprendimiento económico alternativo social, comunal, socialista o popular”, señala Salas..

Y deberá armonizar la política económica, ya que la política de precios no puede reñirse con la cambiaria, ni la productiva, ni la fiscal, y ver hasta qué punto será efectivo en atacar las bases sobre las cuales se monta la llamada guerra económica. “No es suficiente defenderse de la misma, es el momento de contraatacar. Del desenlace de estos dilemas dependerá la suerte del chavismo, y sin duda, la del país hacia el futuro”, dice el exministro.

Dialogar es de a dos

Hay muchos ejemplos de diálogos más complejos en el mundo, como la paz en Vietnam, en Irlanda de del Norte o en Colombia. “El problema de Venezuela es que hay una oposición que no entiende, en realidad no quiere entender. Los políticos sabios aprendemos de nuestras derrotas, los políticos escasos no aprenden de sus victorias”, señala el excanciller venezolano Roy Chaderton.

La variopinta coalición opositora consideró necesario elaborar otro texto, en el que las organizaciones políticas y la sociedad civil planteen a la comunidad internacional sus demandas y propuestas para “la restitución del hilo constitucional y el retorno de la democracia”.

La autollamada Mesa de Unidad Democrática (MUD) señaló que la estrategia de calentar la calle busca que los venezolanos puedan ejercer el voto en las elecciones de gobernadores y alcaldes y concertar el necesario adelanto de elecciones presidenciales. Lo extraño es que la presidenta del Consejo Nacional Electoral hace más de dos meses informó que habría elecciones de gobernadores a finales del primer semestre de 2017 y de alcaldes para finales de este mismo año.

El solo hecho de que a estas alturas estemos discutiendo si habrá o no elecciones regionales, o si éstas convienen como estrategia política es una barbaridad, señala el director de la encuestadora Datanálisis y guionista de la oposición. “Las elecciones no son un comodín que se realiza cuando conviene a alguna de las partes. Son la expresión básica de la democracia y están concebidas como un derecho y una obligación”, añade.

Para León, quien viene fallando desde hace más de una década en sus predicciones, resulta evidente que, independientemente de la fractura severa en el liderazgo opositor y la desmotivación causada por las sobreexpectativas de cambio incumplidas el año pasado, el gobierno perdería en este momento cualquier elección, “pues desmotivación y desconexión no tienen nada que ver con el deseo mayoritario de cambio que tiene la población venezolana y que se expresaría, sin duda, en cualquier proceso electoral”.

Ernesto Samper, secretario general saliente de Unasur, destaca que los actores políticos de Venezuela están negociando sin dialogar: “Los espacios de confianza que abrió el diálogo, y sobre todo la erradicación de la violencia como una forma de lucha política, fueron un avance. Las dos cosas permitieron una mayor convivencia”.

“La oposición venezolana tiene una sucesión de ejemplos de grandes victorias locales y regionales a los largo de 17 años con este CNE, sin embargo, confunden sus objetivos, discutibles y negociables, con la necesidad del diálogo. Le ponen condiciones al diálogo, que normalmente no las tienen, ya que las partes acuerdan sentarse en torno a una mesa y de allí evolucionan hacia negaciones y finalmente hacia acuerdos. Esa es la experiencia histórica universal”, recuerda Chaderton.

“Todo lo niegan de antemano y sin embargo se sentaron en la mesa de diálogo más de una vez. La oposición no tiene otra salida, salvo la violenta y en eso también han fracaso repetidamente”, advierte el excanciller, y sigue: “salvo alguna excepción, la oposición en Venezuela está dirigida por novatos. Entonces la polémica o las políticas se dividen entre las posiciones de Maduro y las de los inmaduros”.

¿Y a mi quién me defiende?

Venezuela no cuenta con una verdadera oposición. En la crisis, hay una responsabilidad evidente de parte de la oposición: no ha cumplido con su función específica de control, de la denuncia institucional, de crear condiciones para competir en el terreno electoral.

“La venezolana es una oposición que se organizó -a partir de la derrota que le infligió Hugo Chávez en 1998- en torno a la revancha, al odio, al rechazo a ultranza del proyecto que logró amplio apoyo popular en comicios que se efectuaron con las reglas del puntofijismo. Durante 18 años su mensaje persiste en exaltar, no los valores de la lucha cívica y democrática, sino los antivalores del golpismo, de la asonada en connivencia con factores internacionales”, señala el ex vicepresidente José Vicente Rangel.

En la otra vereda, el “bolivarianismo” compite homologando irracionales conductas de la oposición: sectarismo, desviaciones ultristas, e, incluso, perversas prácticas corruptas. Allí siempre se debatieron tendencias de la apertura y las que se oponen, hay quienes consideran que la existencia de la oposición es un riesgo, y los que plantean que es urgente para el proyecto una oposición colocada a derecho, crítica, pero respetuosa de la institucionalidad democrática.

Hoy, los facilitadores extranjeros del diálogo parecieran estar estimulando a los factores democráticos de la oposición a organizarse y a actuar, lo que equivale a generar estabilidad, a garantizar que la gestión de gobierno cuente con críticos que impidan funestas desviaciones.

En Venezuela, y a pesar de lo que recite del papa Francisco, la Iglesia Católica funciona como partido político, estimulando tensiones en el seno de una sociedad plural, multirreligiosa, y convirtiéndose en guionista de la oposición. Mientras, los medios de comunicación, que también operan como partidos políticos, desorientan a la opinión pública tratando de crear imaginarios colectivos que le han hecho perder credibilidad ante la ciudadanía

Los saltos al vacío y sin red de la dirigencia opositora hace perder credibilidad al sector. El 6 de enero de 2016, como regalo de Reyes, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup anunció que en seis meses Maduro sería desalojado de la presidencia. Un año después el nuevo presidente, Julio Borges, anunció el abandono del cargo de Maduro, sin base constitucional ni posibilidad de ejecutar tal decisión.

Y la unidad sigue resquebrajándose, ante las apetencias personales de los dirigentes. Henrique Capriles Radonski, dos veces frustrado candidato presidencial y aún gobernador del estado Miranda, dejará atrás el partido conservador Primero Justicia –ante sus divergencias con Julio Borges- para conformar una nueva agrupación, “La fuerza del cambio”.

Luis Vicente León advirtió que “la Asamblea Nacional no está en capacidad de ejecutar sus acciones. Se equivocan quienes creen que el presidente Maduro no gobierna”.

Otros dos factores: una, la oposición ha demostrado que carece de capacidad para convocar el pueblo a la calle (la marcha del 23 de enero también fue un fracaso). Esta fue la primera protesta opositora de 2017, pues en octubre del año pasado se suspendieron las actividades de calle al activarse el diálogo con el gobierno, con los mediadores internacionales. Y, además, no cuenta con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para aventuras golpistas, después de la experiencia del golpe del 2002, donde varios oficiales perdieron sus carreras.

En el ámbito político, la correlación de fuerzas continúa siendo de un equilibrio inclinado hacia el gobierno. No es fácil que prospere la estrategia de rebelión de calle y alzamiento militar y es difícil que el Presidente sea eyectado del poder antes de finalizar el período constitucional. El terreno en el que sí se ha debilitado el gobierno es el electoral, como consecuencia de la escasez, la inflación y la inseguridad, lo que brinda oportunidades a la oposición, que por su parte tiene miedo a aprovecharlas.

Maryclén Stelling dice que como en aquel bolero del desamor, la oposición canta: “la puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer, dejaste abandonada la ilusión, que había en mi corazón por ti”.


vía:
http://rebelion.org/noticia.php?id=222379

Perú: Huaycos, desastres y derecho de vivienda ...Por Antonio Peña Jumpa*...Servindi

¿Cuál es la causa principal por la que se producen los desastres con daños materiales y muertes tras los huaycos en las quebradas del Perú?

Desde un enfoque humano y social la causa principal se encuentra en la necesidad de vivienda de la familia o personas que ocupan una zona de riesgo. Al no tener dónde vivir, por la migración o por los altos costos de viviendas seguras,  o al estar muy incómodos en el lugar previo que vivían (por la extensión de su familia nuclear), estas familias o personas pasan a ocupar lugares vulnerables a los huaycos.
Esto significa que la causa principal del desastre tras los huaycos no se encuentran ni en la lluvias –hoy temporalmente torrenciales-, ni en el desconocimiento por las propias familias o población de los lugares de riesgo. Las lluvias y los huaycos son fenómenos físicos que normalmente ocurren en distintos grados durante el verano costeño, y las rutas de los huaycos o zonas riesgosas también son conocidas en forma normal por los vecinos del lugar.





El problema central es la necesidad de vivienda o el derecho de vivienda que fuerza a una familia migrante o extendida a ocupar una zona de riesgo. Es una necesidad, pero curiosamente no necesariamente irracional. Como el huayco es temporal y no circula siempre por el mismo lugar, las familias necesitadas de vivienda se ven más convencidas (conscientes) de ocupar dichas zonas.
Entonces, la necesidad de vivienda se presenta como un problema humano y social que en países como el nuestro se materializa ocupando zonas riesgosas o vulnerables a fenómenos como los huaycos. Es más, esta necesidad ha conducido a que la vivienda se constituya en un derecho fundamental regulado en las Constituciones Políticas de 1979 y 1993.


¿Qué alternativas de solución corresponde aplicar a la causa humana y social de la vivienda en zonas de riesgo para prevenir los desastres tras los huaycos? La respuesta también es humana y social: entender y actuar al lado de las familias o personas que ocupan las zonas de riesgo.
En el caso de las familias migrantes, por ejemplo, es urgente comprender por qué migran. ¿Por qué dejan su lugar de origen prefiriendo ocupar una zona de riesgo? Comprendiendo estos intereses, se podrá atacar la causa de la migración y de la ocupación riesgosa.
En el caso de familias del lugar que se consolidan y extienden, cabe comprender por qué no tienen otro lugar donde vivir. ¿Por qué no se consolida el ascenso social familiar local, muy propio del desarrollo económico, que pudo permitir la construcción y ocupación de nuevas viviendas seguras? Igualmente, al comprender estas limitaciones sociales y económicas, se podrá atacar la causa de la falta de progreso local y de la ocupación riesgosa.

En suma, la causa principal que produce los desastres tras los huaycos, tiene tras de sí una necesidad humana y social reconocida como Derecho de Vivienda.

Ambos ejemplos son generales y complejos. Ambos dependen de políticas públicas de la autoridad local, regional y nacional. Sin embargo, también podemos sumar medidas concretas que desde la localidad vulnerable se pueden trabajar:


1. Empoderar (incluyendo organizar) a la población local para que delimite, proteja y controle sus zonas de riesgo.
2. Construir bajo el liderazgo de la población local y en forma comunitaria las obras públicas necesarias para prevenir y mitigar los desastres producidos por los huaycos.
3. Elaborar proyectos de vivienda, con participación de la población local, que favorezca a las familias en necesidad.
En suma, la causa principal que produce los desastres tras los huaycos, tiene tras de sí una necesidad humana y social reconocida como Derecho de Vivienda. Al ser un derecho fundamental, las autoridades del Estado están doblemente obligadas a comprender y atender a las familias necesitadas, pero, ante todo, es la propia población local la que tiene el derecho y obligación de prever y controlar la aplicación de ese derecho en sus zonas de riesgo. El derecho a la vivienda es prioritario, pero se limita ante los desastres que ocurren tras fenómenos naturales como los huaycos.
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*Antonio Peña Jumpa es profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado, magister en Ciencias Sociales, PhD. in Laws.

vía:
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/01/02/2017/huaycos-desastres-y-derecho-de-vivienda

Argentina: Vanesa Orieta, ocho años sin Luciano...“Nuestros pibes hoy no tienen derechos”...

lavaca.org



Este sábado se conmemora un nuevo aniversario de la muerte y desaparición del joven de 16 años, símbolo de la brutalidad policial y judicial y las violaciones cometidas por el Estado en democracia. Será una movilización desde General Paz y Mosconi hasta el barrio 12 de Octubre. Vanesa Orieta, su hermana, sintetiza las principales consignas de la actividad: el “No a la baja” de la edad de imputabilidad, la construcción de una agenda propia y por qué hay que hablar de represión estatal y no de violencia institucional.

El 31 de enero se cumple el octavo aniversario de la muerte y desaparición de Luciano Arruga, el joven de 16 años que se ha convertido -a través de la organización y movilización de sus familiares y amigos- en símbolo contemporáneo de la brutalidad policial y judicial y las violaciones a los derechos humanos en democracia por parte del Estado argentino. Como cada enero, este sábado se convoca a una marcha desde General Paz y Mosconi hasta la plaza que lleva su nombre, en el barrio 12 de Octubre, en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. La convocatoria es a las 15 horas y la movilización partirá a las 17. Habrá bandas de rap y el micrófono abierto para que cualquier familiar víctima de las violaciones del Estado pueda acercarse y hablar.

En diálogo con lavaca, Vanesa Orieta, hermana de Luciano, sintetiza la consigna principal de la jornada: “No es violencia institucional: es represión estatal. Por un lado pedimos saber toda la verdad sobre lo que ocurrió con Luciano: mantenemos la denuncia por su muerte y desaparición y la responsabilidad de la policía en este caso. Por otro lado, una de las cosas que plantearemos es no mezclar la represión estatal dentro de un gran marco de violencias institucionales que sufren los jóvenes a diario. Por eso nuestra consigna y es importante marcarla: desde el momento en que nacen, los niños, las niñas y los adolescentes sufren diferentes tipos de violencias. Pero también sabemos que hay una forma muy particular de violencia, bien planeada, desde los sectores de poder, que incluye a medios masivos de comunicación y funcionarios políticos y judiciales, que empezó hace mucho, instalando la idea del pibe peligroso, que son los pibes de nuestros barrios”.

La construcción de la impunidad

La movilización tendrá como destino la plaza Luciano Arruga, en el barrio 12 de Octubre. En ese barrio Luciano fue detenido ilegalmente y transportado en un patrullero hasta un destacamento que no podía retener personas, mucho menos un menor, a tan solo unas cuadras de su casa. Allí estuvo privado ilegalmente de su libertad desde las 11 hasta las 19 horas del 22 de septiembre de 2008, según dictaminó el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Matanza que en mayo del 2015, cuando condenó por torturas a 10 años de prisión a Julio Diego Torales, el oficial principal a cargo de la dependencia policial que convalidó esa detención arbitraria.

La última vez que lo vieron con vida fue en ese mismo destacamento el 31 de enero de 2009.

Cinco años y ocho meses después la lucha de su familia -hábeas corpus mediante- logró encontrarlo. Se enfrentaron cara a cara con la ingeniería social de la impunidad: Luciano “cruzó” a las 3.21 de la madrugada del 31 de enero con ropa que no era de él por un lugar inaccesible de la General Paz “desesperado, como si estuviera escapando de algo”. Fue atropellado, murió en el Hospital Santojanni -donde su familia fue a preguntar si había ingresado un joven y le respondieron que no-, lo derivaron al Cuerpo Médico Forense y fue enterrado como NN en el Cementerio de Chacarita. El circuito revela cuál fue la trama de encubrimiento de uno de los casos más resonantes de nuestra democracia. Las prendas nunca aparecieron, y un testigo declaró ante el Juzgado Federal de Morón (donde se tramita la causa) que vio desde la autopista una camioneta doble cabina de la Bonaerense con las luces bajas. Estaba sobre la colectora de la General Paz. “No fue un accidente”, resalta Vanesa.

En el medio, y a lo largo de todos estos años, una fiscal que derivó la investigación en la propia Bonaerense denunciada (Roxana Castelli), otra fiscal que pidió “pinchar” los teléfonos de la propia familia (Celia Cejas) y un juez que lo convalidó (Gustavo Banco). Sobre estos tres funcionarios pesa un pedido de jury político.

Vanesa: “Seguimos esperando que avance”.

La agenda basura

Vanesa Orieta sabe que esta actividad llega en un contexto en el cual desde el Gobierno se impulsa la baja de punibilidad de los 16 a los 14 años. El debate es promovido desde las corporaciones mediáticas, pese al fuerte rechazo de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos. Esa discusión será una de las consignas de la movilización. “Decir ´No a la baja´ tiene relación directa con la causa de Luciano: él se negó a salir a robar para la policía y se negó cuando tenía 16 años. Todo eso repercutió en su vida de tal manera que terminó en detenciones y su posterior desaparición. La sociedad tiene bien claro dónde está el delito concentrado. Saben que no lo manejan chiquilines de 14 o 16 años. El tema es que sería conmocionar a la sociedad decir que esos negocios son controlados por las fuerzas policiales, es decir, los que deberían generar la seguridad”.

Vanesa habla de pelear la agenda mediática.

“Siempre estamos corriendo atrás para tratar de explicar que lo que los medios intentan instalar no es más que una mentira y que la realidad es pensar profundamente cuáles son las situaciones que sufren nuestros jóvenes con anterioridad a un episodio violento, cuyo porcentaje es ínfimo. Desde hace tiempo en nuestras actividades proponemos un lazo bien fuerte entre familiares en lucha y medios comunitarios. Ahí tenemos que empezar a creernos todos el rol que ocupamos, y también la capacidad y la fuerza que tiene nuestra palabra. Nosotros no hablamos de odio, no balbuceamos palabras sin sentido. Somos responsables y nuestro mensaje tiene que ver con defender la vida. Ante eso me parece que hay que dejar de correr detrás de la agenda basura que proponen los medios comerciales, distinguir los objetivos que queremos cumplir y, en función de eso, generar nuestra propia agenda comunicacional”.

Las palabras y las cosas

Vanesa aclara que la alianza Cambiemos no es el primer gobierno que intenta instalar este debate. “Es un círculo que conocemos: después viene la criminalización de los barrios, el control por parte de diversas fuerzas policiales y el aumento de casos de gatillo fácil y de pobres encerrados en todo el país. Hoy tenemos decenas de miles de pobres encerrados, más de 5 mil casos de gatillo fácil y más de 200 desapariciones forzadas. Estas cifras son las que hablan de un plan estratégico. Hoy es este sector, pero mañana va a comenzar a atacar a otros. Ya estamos viendo que ocurre. Puede ser de forma indirecta o directa, como cuando reprimen a trabajadores por defender sus fuentes de trabajo. Pero la represión está instalada”.

Por eso, subraya Vanesa, hay que hablar con otras palabras.

“Me molesta la suavización de los términos. No es lo mismo hablar de violencia institucional y que todo quede en una misma bolsa de diferentes violencias, que hablar de represión estatal. Tampoco es lo mismo en causas judiciales. Porque cuando decís represión estatal, cuando hablás de gatillo fácil y desaparición forzada, hablás de responsabilidades, no sólo materiales, sino también políticas y judiciales. Entonces nos perdemos el foco del asunto, nos perdemos la gravedad de denunciar la represión estatal y la empezamos a mezclar en un combo de violencias, que también hay que denunciarlas. Pero hay que entender que nuestros pibes hoy no tienen derechos. Y si estamos hablando de que los pibes no comen ni acceden a la educación, que es un derecho fundamental que consta en la Constitución, tenemos que ver qué forma de responsabilidad le cabe a cada uno de los gobiernos. Nadie piensa en llevar al banquillo a los funcionarios porque los pibes no comen”.

Avanzar con los pies

¿Cómo está hoy la causa que investiga la desaparición y muerte de Luciano? Responde Vanesa: “La causa está en proceso de instrucción. No hay ningún procesado, y tiene el mismo curso que tienen todas las causas donde se responsabilizan a las fuerzas de seguridad. La realidad es que uno no tiene claridad para saber dónde va dirigida. Uno le pone la fuerza que tiene, pero estos procesos son muy lentos y tortuosos. Necesitamos que no se siga pensando siempre que sea la familia o los amigos los que tengan siempre que declarar, hay que empezar a jugarse más en la investigación judicial. Pedir la presencia de quien era intendente de La Matanza en ese momento, Fernando Espinoza, y que cuente cómo se inauguró el destacamento, qué control había. Lo mismo con Daniel Scioli, entonces gobernador de la provincia. Para mantener una desaparición existen responsabilidades de diversas instituciones del Estado. Sí: hay responsables materiales. Son los policías, y hay que investigar su accionar esa madrugada, cómo llega Luciano a la colectora de la General Paz, con qué métodos lo obligan a cruzar por ese lugar para que pierda la vida, pero siempre estamos ubicando los mismos sujetos y no nos corremos de ahí. Hay un montón de accionares, como los del Hospital Santojanni, la morgue; es una causa muy compleja que requiere de un análisis en términos de cómo se logra la desaparición forzada de una persona. Y ahí hay una clara metodología: la policía ha visto la posibilidad de que ese cuerpo tenga un recorrido sin ninguna alarma y pueda quedar bien definida la desaparición. Eso nos desgasta. Esto es la impunidad, lo que mantiene las desapariciones forzadas, las injusticias. Y marchar tiene que ver con todo esto. Es decir: ‘Ustedes sigan generando la impunidad, nosotros seguimos avanzando en nuestra organización y lucha´”.

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vía:
  http://www.lavaca.org/notas/vanesa-arruga-y-ocho-anos-sin-luciano-nuestros-pibes-hoy-no-tienen-derechos/

 lavaca es una cooperativa de trabajo que edita ésta página web, el periódico mensual Mu, produce el programa Decí Mu y varios micros radiales. Además, dicta una Cátedra de comunicación y varios cursos y talleres. También trabajamos en Mu Punto de Encuentro, nuestro bar.

 Todas las notas de lavaca pueden ser reproducidas libremente, total o parcialmente, aunque agradeceríamos que citaran la fuente.

Chile: En Chile, no hay límites para el abuso y la arbitrariedad...por CODEHS

INFORME POLITICO

LA SITUACIÓN INTERNACIONAL

Comencemos este informe reiterando nuestra afirmación formulada en ocasiones anteriores: el modo de producción capitalista MPK impera sin contrapesos a lo largo y ancho del planeta con las salvedades de rigor establecidas para cada uno de los centros mundiales que se han organizado luego del derrumbe de la URSS y que hoy disputan entre sí la hegemonía planetaria.

En cada uno de esos centros mundiales las clases y fracciones de clase dominantes han organizado un Bloque en el Poder que hegemoniza una de las tres grandes fracciones en que se divide la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo (a saber, industria, comercio y banca), más o menos en la forma que se expone a continuación:

1) El Bloque en el Poder dentro del conjunto que integra USA, Europa y Japón se encuentra hegemonizado por la banca que actúa en estrecha alianza con el comercio;

2) El Bloque en el Poder de Rusia e India, es hegemonizado, igualmente por la banca que actúa, a diferencia del anterior, en estrecha alianza con la industria, relegando a un tercer lugar al comercio; y,

3) El Bloque en el Poder en China, hegemonizado por la burocracia estatal, en donde pueden distinguirse los sectores de la banca (que es estatal) y de la industria (también estatal), que actúan en estrecha alianza con el sector privado industrial.

Podemos, pues, concluir que el Bloque en el Poder a nivel planetario se encuentra claramente hegemonizado por la banca que, en ciertos casos, se presenta ligada a la fracción industrial del capital y, en otros, a su fracción comercial.

Esta estructura planetaria se reproduce a nivel regional en donde también vemos que la fracción hegemónica del capital se encuentra, indiscutiblemente, en manos de la banca con las diferentes variables que implica la alianza: a veces, en estrecha alianza con el capital industrial; a veces, con el capital comercial.

LA SITUACION REGIONAL

Por consiguiente, no debe sorprender que ese modelo se reproduzca en Latinoamérica donde coexisten sistemas que mantienen rasgos bastante particulares, como los que exhiben Venezuela y Cuba, países cuyas estructuras de Bloque en el Poder es posible compararlas con la que existe en China. En Latinoamérica se da una exquisita variedad de modelos que, sin apartarse de los parámetros comunes a toda la región, da cuenta de las diferencias que se producen a pesar de la proximidad continental. Están, también, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, países en los cuales la forma de composición del Bloque en el Poder parece propia de Rusia o de la India, y finalmente Colombia, Perú, Paraguay, Chile, Puerto Rico, Panamá, Uruguay, Costa Rica que intentan aplicar la forma de acumular del neoliberalismo lo más pura posible, abriéndose a todas las exigencias del capital. Bajo los nuevos gobiernos de Macri y Temer, Argentina y Brasil comienzan, respectivamente, a transitar por la vía de establecer un Bloque en el Poder en donde la banca considere como aliados principales a los sectores industriales, con las dificultades propias de las crisis que experimentan: Brasil, más que Argentina, es la zona a la cual han trasladado sus fábricas los capitales industriales europeos.

El caso de México merece una consideración especial pues dicha formación social, en atención a la estrecha ligazón que la une a Estados Unidos, funciona como parte de ‘Norteamérica’ junto a ese país y a Canadá.

No vamos a insistir en el hecho que un modo de producción MP actúa de la misma manera que un ‘modelo’ o forma de acumular. Ambos reproducen formas de comportarse y de actuar: las crisis políticas y culturales no constituyen una casualidad sino la consecuencia de un modelo que, luego de aplicarse, evidencia graves desajustes. Sin embargo, al igual que el MPK, los modelos o formas de acumular no desaparecen sino hasta que otro lo reemplaza. Pueden ser corregidos, enmendados, o reformados, pero jamás abolidos si no existe aquel que ha de relevarlo. Nuestro convencimiento es que el modelo de economía social de mercado no resuelve hoy los graves desajustes que experimenta el SKM por lo que requiere ser abolido y reemplazado por otro; pero, como ya lo expresáramos más atrás, eso no ocurrirá mientras no exista otro que lo reemplace. De manera que probablemente el modelo continuará vigente durante un largo tiempo; pero durante ese período ha de comenzar a experimentar drásticos cambios que, incluso, pueden hacer variar su naturaleza.

Si hay algo que identifica al imperio sin contrapeso del MPK en la generalidad de las formaciones sociales planetarias es la crisis política (corrupción) que afecta a las representaciones políticas como forma que adopta la reproducción de la avaricia de las empresas. No parece necesario insistir en las causas de este fenómeno, siempre presente en el MPK, aunque intensificado bajo la forma de acumular denominada ‘economía social de mercado’.

LA SITUACION NACIONAL

El Bloque en el Poder planetario se reproduce en la estructura que adopta el Bloque en el Poder regional y éste, en el local o nacional; por regla general. La hegemonía debe ser la misma, o, al menos, similar. En Chile la hegemonía en la conducción de ese Bloque la tiene la banca en estrecha alianza con la fracción comercial de la clase de los compradores de fuerza de trabajo. Este reordenamiento se produjo durante la dictadura consolidándose bajo los gobiernos post dictatoriales, como consecuencia de la aplicación literal de la nueva forma de acumular. Por razones de ‘economía’ (y rigurosa aplicación de la ‘teoría del juego’) se formaron dos grandes alianzas políticas que comenzaron a autodenominarse, con evidente regocijo de los medios de comunicación que buscan la existencia de dicotomías para simplificar su mensaje, ‘izquierda’ y ‘derecha’. Chile se asimiló, así, a Europa y Estados Unidos, regiones en donde la contienda política se resuelve en el juego alterno de dos grandes conglomerados que se atribuyen el carácter de ‘izquierda’ y ‘derecha’. Ese es el campo en donde se libra la lucha política.

En ese campo, los partidos que decían representar los intereses de las clases y fracciones de clase dominadas fueron asumiendo crecientemente el interés de las clases y fracciones de clase dominantes; la generalidad de su militancia se vio envuelta en escándalos, apropiaciones ilícitas, estafas, tráfico de influencias y otras figuras delictivas que ha sido bastante difícil de configurar en los pocos casos que tales desbordes han sido llevados ante los tribunales. Y si se pretendiera ejercer justicia sobre tales conductas, los casos son tantos que, al simple observador no le quedaría sino preguntar, como Lot al Altísimo:

“Señor, y si hubiese sólo un justo en Sodoma, ¿la perdonarías?”

Este fenómeno no afecta sólo a los sectores políticos de ‘izquierda’; por el contrario, se da mayoritariamente en los de ‘derecha’. Sin embargo, resulta doloroso para quienes han creído en la honestidad de los ‘defensores’ de las clases y fracciones de clase dominadas verlos involucrados en tales desvergüenzas como es natural que lo hagan los sectores dominantes como parte de su forma de vida.

Un hecho interesante en este comportamiento cuasi delictual de la representación política de las clases y fracciones de clase (dominantes y dominadas) es la nula importancia que han dado a los principios morales o éticos, al extremo de no considerarlos en absoluto en el debate ocasionado con ocasión de tales prácticas. No existe principio moral o ético alguno que se respete. Hablar de moral o de ética es hablar de algo que pudo existir en un pasado tan remoto que ya nadie recuerda. Puesto que la corrupción no es un delito (es decir, no ha sido configurada como tal por ley alguna) poco o nada importa ser corrupto; por tanto, a pocos les preocupa que se cometan actos de corrupción. Sólo son considerados aquellos que pueden ser llevados a los tribunales de justicia bajo la acusación de haberse cometido un presunto delito.

Chile salió de una dictadura hace muy poco. Los eslóganes que repiten las organizaciones de Derechos Humanos acerca de un ‘Nunca más’ parecen haber sido escritos sobre el agua. La impunidad sigue vigente; numerosos agentes de la DINA y CNI siguen libres. De los casi 1500 desaparecidos sólo han sido encontrados poco menos de 200. Y la crueldad sigue viva en el alma de las clases dominantes, con la tolerancia de los medios de comunicación y de las autoridades. ¿Necesitamos recordar aquí el espantoso crimen del hijo del presidente de RN Carlos Larraín cuando atropelló y dejó desangrarse a un pobre campesino sobre una cerca de alambre de púas?[1]

El Parlamento no sólo ha mostrado el lado corrupto de muchos de sus integrantes: también ha evidenciado su poca o nula voluntad de resolver los problemas de las grandes mayorías. Un ejemplo basta para demostrar esta afirmación: las Superintendencias, reorganizadas bajo la dictadura, están impedidas de aplicar sanciones que no sean multas a los organismos que están bajo su supervigilancia. Algunas de ellas (como la de Bancos) son pagadas por las mismas instituciones que supervigilan. No existe intento alguno por parte de los legisladores de corregir esos vicios y dotar de facultades suficientes a esos institutos. Por el contrario: es el descaro de los parlamentarios lo que impera, la mayoría de ellos pícaros o truhanes. A propósito de la ley que permitirá la elección de los intendentes, Jorge Navarrete nos cuenta un hecho insólito ocurrido recientemente y protagonizado por un grupo de representantes de la Cámara de Diputados. Escuchémosle:

“Después de que inexplicablemente el Gobierno les había concedido la posibilidad de que pudieran postular a estas elecciones de representación popular —manteniendo los cargos que tienen en el Congreso—, cuestión que afortunadamente fue rechazada en el Senado, ahora se les ocurrió negociar una ‘excepción constitucional’, por esta vez y sólo para la próxima elección, que les permita exclusivamente a ellos gozar de este sorprendente privilegio. Pero atentos a lo siguiente: ¡incluso volviendo a ejercer sus cargos de parlamentarios si es que fueran derrotados en la elección de intendentes! […] Estamos ante un severo problema cuando el principal enemigo de la política son algunos de sus más conspicuos protagonistas”[2].

Chile es un país en donde impera la ley del más fuerte; existen vecinos que se han tomado calles y parques infantiles sin que las Municipalidades u otro organismo público puedan recuperarlas para la comunidad, guerras entre pescadores porque nadie resuelve sus problemas de extracción de mariscos, en fin.

Las instituciones estatales tampoco funcionan; tampoco las promesas presidenciales ni de los ministros ni de los parlamentarios. Chile es un país que se caracteriza porque nadie cumple su palabra. Es grave la situación de la Presidenta quien, tras el escándalo en que se ha visto involucrada (caso Caval), ha dejado de funcionar como debe hacerlo todo Primer Mandatario. Las pocas veces que se la ve es porque asiste a simposiums internacionales, a inaugurar obras, a conversar con los niños en las escuelas o a reclamar que todos los que critican al Gobierno son ‘machistas’ empedernidos y que no la respetan porque es mujer. Este ‘vacío de poder’ es peligroso. La política es un campo en donde la inactividad de uno es suplida por la actividad del adversario. La torpe interpelación de la Sociedad de Fomento Fabril SOFOFA a través de un inserto en ‘El Mercurio’ y ‘La Tercera’ en donde urgen al Gobierno hacer respetar la Constitución en la región de Gualmapu (Araucanía) es un ejemplo de lo que puede resultar de la inactividad del Ejecutivo; del mismo modo, la respuesta (insolente, por cierto) del flamante nuevo presidente de las AFP Andrés Santa Cruz defendiendo el sistema de pensiones heredado de la dictadura, y las declaraciones del presidente del gremio de los transportistas de carga Sergio Pérez coincidiendo con las declaraciones de la SOFOFA. No es menos extraño el atentado en contra del presidente de la Corporación del Cobre CODELCO Óscar Landarretche, cometido el día 13 del presente. Este clima enrarecido puede transformarse en un clima de subversión.

EL PANORAMA ELECTORAL

En estas condiciones, lo único que parece interesar, en el plano de la escena política nacional, son las próximas elecciones de 2017, paradojalmente, el único campo que poco o nada interesa a la comunidad nacional cuya abstención en las últimas elecciones municipales batió el record amenazando las futuras presidenciales y parlamentarias, hecho que, por lo demás, es necesario tener presente.

Hasta el momento, es posible que en ese campo eleccionario se presenten tres alternativas que serían:
La de Nueva Mayoría o Concertación;
La de Chile Vamos; y
La del Frente Amplio.

Examinemos brevemente lo que podría ocurrir en esas alternativas.

La primera alternativa se encuentra dominada por las estadísticas que señalan como la mejor opción al senador independiente ligado al PR Alejandro Guillier. No se le ve futuro a la campaña de Ricardo Lagos; mucho menos a la de José Miguel Insulza. Sin embargo, en el sector de la Nueva Mayoría (ex Concertación) existen buenos manipuladores de opinión y grandes intereses que defender. No sería raro que Ricardo Lagos, un hombre a quien el empresariado adora, fuese elegido como candidato de los tres partidos más importantes que son el PPD, el PS y la DC en virtud de ‘movidas’ al interior de esas colectividades; de hecho, el sábado 14 del presente fue proclamado oficialmente por el partido que fundara, el partido Por la Democracia PPD. Si así ocurriera, la opción de Guillier se desvanecería como por encanto, pues no cuenta con el apoyo de los movimientos sociales aglutinados más bien en torno al Frente Amplio que aún no elige su candidato. El problema del Frente Amplio es que debe atraer a todos esos potenciales votantes que, en la elección municipal, se abstuvieron; y aquellos no son pocos. En esa situación, la competencia se le hará difícil pues los partidos organizados en torno a la Nueva Mayoría (‘izquierda’) y Chile Vamos (‘derecha’) ya han mostrado su potencial. La esperanza para el Frente Amplio es, repetimos, la colaboración de los que se abstienen.

Alejandro Guillier se encuentra atado al PRSD y a una serie de personajes que buscan nuclearse en torno suyo pero con discutible pasado: uno de ellos es Patricio Tombolini; otro, Aurora Williams, actual ministra de Minería. Incluso, personajes que han renegado de la ‘izquierda’ como Pepe Auth, figuran entre los adherentes a su candidatura; también diputados con negro pasado mapucista como Rodrigo González, ex intendente de Valparaíso o Tucapel Jiménez que, junto con Juan Pablo Letelier, Isabel Allende y otros, está siendo demandado por un grupo de abogados que exigen den cuenta de los dineros que llegaron de Europa para ser entregados a las víctimas de la dictadura. El refrán que dice ‘Dime con quién andas y te diré quién eres’ puede pasarle la cuenta al candidato, como asimismo sus declaraciones en torno a buscar acuerdos con la representación natural de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo (‘Chile Vamos’). Si Guillier ha aceptado esos requiebros amorosos con ‘lastres políticos’ en tanto asegura su posición dentro del pacto ‘Nueva Mayoría’ y está dispuesto a librarse de ellos una vez se consolide aquella, bien; igualmente si las declaraciones de llegar a acuerdos con la ‘derecha’ han sido hechas sólo por cortesía. Si ello no es así, las cosas se complicarán de sobremanera para el candidato.

Hay un hecho, sin embargo, que puede empañar esa candidatura: Guillier no tiene, aparentemente, una lista de parlamentarios que lo va a acompañar. Si no la tiene (aparentemente) es porque verdaderamente no la tiene; también, porque la tiene y aquella no ha hecho pública su existencia. Si así ha sucedido, eso significa que alguien la confeccionó; ese alguien puede ser alguno o algunos de sus asesores o el propio PRSD. Se sabe que ya el PS trabaja afanosamente en confeccionar la suya, así como el PPD y la DC e, incluso, el Frente Amplio. La pregunta es: ¿cómo podría cumplir Alejandro Guillier con su programa si no cuenta con un Parlamento proclive a su gestión? Lo primero que hizo Michelle Bachelet una vez que aceptó ser la candidata de Nueva Mayoría en 2013 fue confeccionar esa lista con un slogan que decía ‘Un Parlamento para Michelle’, obteniendo más del 50% de los escaños que necesitaba para realizar las reformas, oportunidad que desperdició.

En torno a la candidatura de Sebastián Piñera, en representación del conglomerado Chile Vamos, hay posibilidades ciertas tanto que decline como que acepte ser candidato de esa coalición. Las dudas se dan en torno a los negocios hechos por una de sus empresas en Perú en tanto se debatía en la Corte Internacional de La Haya el diferendo marítimo con ese país en donde Chile perdió una parte considerable de su mar territorial. Informaciones procedentes de Perú señalan que, con posterioridad a ese hecho y luego de haberse asignado a Perú el mar territorial que Chile explotaba como suyo, la pesca de atún por parte de las empresas pesqueras peruanas se ha elevado ostensiblemente y se espera que en breve suba de 20 mil toneladas anuales a 36 mil. Según el ministro peruano de la Producción Bruno Giuffra:

“Ahora estamos aprovechando un mar donde antes no teníamos la oportunidad de pescar. Se debe reconocer el trabajo diplomático hecho y ahora tenemos los frutos con el esfuerzo del sector privado”[3].

La acción de Piñera ¿fue, desde el punto de vista ético/moral —ya que no es posible calificarla de ese modo desde el punto de vista penal—, una acción equiparable al delito de ‘traición a la Patria’ que sólo cometen los uniformados, de acuerdo con el Código de Justicia Militar? Este escenario se vería profundamente alterado si Piñera decide no participar en las elecciones porque las encuestas no dan como un candidato competitivo a Manuel José Ossandón.

Y en torno al Frente Amplio, hay aún mucho paño que cortar. No existe aún decisión de ese conglomerado acerca de numerosos temas y también se echan de menos debates relativos a las personas que podrían desempeñar determinadas funciones, entre ellas, la del propio candidato a la Presidencia de la República. Algunos movimientos sociales se han ido integrando a este referente y comienzan a figurar nombres como los de la periodista Beatríz Sánchez, Gustavo Ruz, Cristián Cuevas (galardonado con el premio ‘Clotario Blest’ por el CODEHS), Luis Messina (de la organización ‘No + AFP’), Carlos Ruiz, en fin. A este grupo han adherido varias organizaciones políticas pequeñas entre ellas Poder Ciudadano, un grupo de Izquierda Ciudadana, el partido Humanista, en fin.

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y SINDICALES

Tal vez el nulo resultado de las huelgas emprendidas durante el año pasado en donde los trabajadores recibieron, al término del conflicto, menos de lo que había sido la primera proposición de la empresa (SODIMAC y ANEF) y el dramático caso de los mineros encerrados en una mina de carbón de Curanilahue pueda dar una idea de lo que sucede con esas estructuras sociales. No hay ayuda del aparato estatal al desarrollo de las organizaciones sociales o sindicales si es que éstas no se subordinan a la línea política impuesta por el pacto Nueva Mayoría. La Central Unitaria de Trabajadores —y su más grande filial, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales ANEF (creada por Clotario Blest), y el Colegio de Profesores— ha sido la más fiel expresión de esa subordinación del movimiento sindical al interés político del Estado. Los conflictos internos que conmueven a esas organizaciones dan cuenta de la magnitud de sus contradicciones. Paralelamente a ello, y paradojalmente, la incorporación de los trabajadores al mundo sindical creció, el año que recién termina, en un 20%, hecho que puede deberse a la irrupción del Movimiento ‘No + AFP’, detonante de nuevas protestas callejeras que, por una parte, eclipsó inicialmente a los movimientos estudiantiles de 2011 y contribuyó eficazmente al desarrollo del sindicalismo.

Una situación que tiende a agravarse es el conflicto con los pueblos originarios que tienden a agravarse como resistencia a las formas culturales que ha impuesto el modelo de economía social de mercado que todo lo mercantiliza. Unos pocos ejemplos pueden bastar: los empresarios desean desarrollar el turismo en la isla de Pascua instalando hoteles de lujo contra la voluntad de los pascuenses que solamente desean estar tranquilos en su tierra; lo mismo con los mapuches cuya reivindicación más sentida es la recuperación de sus tierras y la posibilidad de hablar su lengua de origen, el mapudungún. Inexplicablemente, existe un silencio de muerte acerca del verdadero conflicto que existe en Gualmapu (Araucanía) con las empresas forestales. Nadie, con la honrosa excepción del diputado Gabriel Boric, recuerda que los orígenes del conflicto están directamente relacionados con la compra que hizo la dictadura de sus tierras a los mapuches y su posterior concesión a las actuales empresas madereras. De acuerdo a lo expresado por Boric:

“La pelea por los territorios afecta a los territorios de Matte y Angelini […] en la práctica, para darle una solución, hay que afectar los intereses de las familias más poderosas de Chile. Los intereses de estas familias, al tocarlos, afecta las relaciones que tienen con el vínculo político”[4].

DERECHOS HUMANOS

Sobre los derechos humanos, algo hemos explicado. Sin embargo, es grave que no exista acuerdo entre las organizaciones en cuanto a una serie de problemas que no se han resuelto y parece difícil que se resuelvan por la defensa corporativa que realizan los partidos y sus militantes del Gobierno. La generalidad de las organizaciones están controladas por militantes de partidos cuya única finalidad es poner la institución al servicio del Gobierno y no de sus integrantes. Por eso no hay solución al problema de los exonerados, de los ex presos políticos, de los familiares de los detenidos desaparecidos, de los familiares de los detenidos ejecutados, en fin. Por lo mismo, es difícil suponer que esas organizaciones van a pronunciarse sobre casos que ocurren en Chile y que son un tanto ajenos a sus objetivos; menos, aún, respecto de los casos que suceden en Latinoamérica como lo es el asesinato de Berta Cáceres. O lo que sucede con el pueblo Kitu Kara de Ecuador.

LAS ELECCIONES DE USA Y SU REPERCUSIÓN EN CHILE

En este escenario, se producen las elecciones de USA que, miradas desde un ángulo diferente, parecen inducir a estimar que la forma de acumular denominada ‘economía social de mercado’ camina con pasos apresurados hacia su completa y total abolición. Lo que sucede en USA no es una excepción a lo que ocurre en otras regiones del orbe; los cambios en la escena política europea también inducen a pensar lo mismo respecto de lo que sucede en el viejo continente. Hay molestias en todas las naciones ricas que ven desaparecer sus empresas; y molestias en la población que no tiene dónde trabajar pues si bien es cierto que, como consecuencia de ello se presenta una creciente cesantía, la solución que se ha pensado dar al problema (el sueldo ciudadano) no parece ser la más adecuada. No hay que olvidar que es el trabajo lo que une al ser humano con la comunidad y lo pone al día en los avances tecnológicos; no su aislamiento a través de proporcionarle una suma de dinero como podría suceder de aplicarse, pura y simplemente, la propuesta del sueldo ciudadano.

Trump no ha sido electo por casualidad. Representa la molestia de la comunidad norteamericana que se ve privada de sus fuentes de trabajo y ve morir sus industrias; consecuentemente, a ciudades antes prósperas. Representa, por lo mismo, los intereses de la industria nacional, lo que Nikos Poulantzas, el malogrado teórico griego-francés, denominara ‘burguesía interna’. Las exigencias de terminar con el traslado de las industrias automotoras a México no se han formulado sino en esa dirección. USA se da el lujo de tener ciudades y pueblos fantasmas cuyas actividades industriales han terminado abruptamente, y hoy carecen de habitantes. Por lo mismo, Trump representa, en suma, al empresariado que ha sido marginado de su participación en el Bloque en el Poder de ese país y reclama su derecho a ejercerla.

Por lo mismo, nos parece que los cambios que puedan producirse en USA en torno a la aplicación de la forma de acumular actualmente vigente pueden alcanzar a otras latitudes, en nuestro caso, Chile[5]. Y es posible que se transforme en un verdadero regalo para quienes van a optar por dar la lucha en la escena política nacional pues cualquiera que sea el nuevo presidente, éste tendrá en sus manos la posibilidad de introducir reformas al sistema político de la mano a lo que hace el presidente de USA. En palabras más directas, la asunción de Trump puede constituir para Chile un retorno al industrialismo que bastante falta hace en el país e, incluso, una posibilidad de romper el fatalismo que implica estar realizando actividades vinculadas a unas ventajas comparativas definidas por la dictadura pinochetista. En este sentido, y a pesar del bochorno de la muñeca en la premiación de ASEXMA, en la escena política nacional y a propósito de las elecciones presidenciales a realizarse este año, no nos parece descabellado que la representación espuria de las clases dominadas intente llegar a acuerdos con esa organización y, en especial, con Roberto Fantuzzi, e, incluso, formar una alianza política con esos sectores.

No nos olvidemos, sin embargo, que las fuerzas conservadoras están vivas y, a pesar de no tener otra alternativa que ofrecer de cambios que no sea la perpetuación del sistema pinochetista, pueden malograr cualquier intento que se quiera realizar en relación a una profundización decidida e irreversible de las reformas que el país requiere.

CONCLUSIONES

La crisis se ha propagado por toda la sociedad. Personajes conocidos ya por sus dudosas reputaciones como Fulvio Rossi, Carlos Ominami, Carlos Larraín, Jovino Novoa, Ernesto Tironi, Enrique Correa, siguen siendo entrevistados por los medios de comunicación y continúan dando opiniones acerca de lo que es necesario hacer en y por este país. Incluso, un hombre de negocios bastante discutibles como Sebastián Piñera y otro que, si bien no los hace directamente, permite a la familia de su mujer hacer esos negocios con el Estado como Ricardo Lagos, se presentan impúdicamente en el carácter de candidatos por excelencia a la presidencia de la República. No hay límites para el abuso y la arbitrariedad. La absoluta carencia de principios éticos en las relaciones sociales nos hace exigir, hoy más que nunca, de nuestra organización un rol más activo en la vida del país. Creada en 1970 por Clotario Blest para defender los derechos humanos, amagados por la policía política del freísmo, tiene en la figura de su fundador una reserva ético/moral de proporciones que le permite alzar su voz ante la corrupción generalizada que amenaza minar los basamentos de nuestra sociedad. Y esa labor es urgente realizarla.

Santiago, enero de 2017

Notas:

[1] Cuando se realizaron las marchas de 2011, Carlos Larraín criticó a los jóvenes que reclamaban la gratuidad de la educación llamándolos ‘inútiles subversivos’.

[2] Navarrete, Jorge: “Saltando sobre el piano”, ‘La Tercera’, 15 de enero de 2017, pág.6.

[3] Vera, Ignacio: “Gobierno peruano: Se han pescado 1000 toneladas de atún en zona marítima ganada a Chile”, ‘El Mostrador’, 11 de enero de 2017.

[4] Redacción: “Boric: ‘Para solucionar conflicto mapuche hay que afectar intereses de Matte y Angelini’”, ‘El Mostrador’, 03 de enero de 2017.

[5] En este sentido, nos parece interesante la posición del economista norteamericano Vikram Mansharamani que considera esa posibilidad con el triunfo de Trump. Véase el artículo de Lorena Tasca: “Vikram Mansharamani, el experto en burbujas financieras que considera que la llegada de Trump al poder puede ser bueno para el mundo”, ‘El Líbero’, 10.01.17.



vía:http://piensachile.com/2017/02/chile-no-limites-abuso-la-arbitrariedad/

Chile: El Luchín' en acción

En un día los especialistas rusos completado tres vuelos y han arrojado126 toneladas de agua para impedir que las llamas llegaran hasta la localidad chilena de Navidad.
Más información aquí: https://es.rt.com/4xfz

México: Peña... ¿Orgulloso de ser Mexicano? Miente otra vez - Fernández Noroña

Estados Unidos-Pueblos Originarios: “Me temo que quiere matarnos”: líder sioux sobre Trump......./ Amy Goodman y Denis Moynihan/ Democracy Now

Ciudad de México | Desinformémonos. Desde que asumió el cargo, y ya no solo a través de Twitter, el presidente Donald J. Trump no ha dejado de emitir órdenes ejecutivas y memorandos presidenciales. El martes, sus pronunciamientos se refirieron a los oleoductos Keystone XL y Dakota Access. Ambos proyectos fueron rechazados o retrasados por el gobierno de Barack Obama, tras grandes protestas de la población en ambos casos. Ahora, con las acciones del gobierno de Trump, respaldadas por un Congreso servil con mayoría republicana, los megaproyectos de combustibles fósiles están recibiendo luz verde otra vez.

Sin embargo, se necesita algo más que la acción veloz de la pluma de Trump para sofocar la vigorosa resistencia a estos dos oleoductos y al creciente movimiento mundial que demanda medidas urgentes para combatir el cambio climático.

El oleoducto Dakota Access (DAPL, por su sigla en inglés) es un proyecto de 1.770 kilómetros de extensión, valuado en 3.800 millones de dólares, que tiene como objetivo transportar petróleo obtenido mediante fracturación hidráulica desde los yacimientos petroleros de Bakken, en Dakota del Norte, pasando por Dakota del Sur y Iowa hasta Illinois, donde se conectaría con otro oleoducto para trasladar el petróleo al golfo de México.

Los opositores al oleoducto Dakota Access temen que una ruptura del oleoducto pueda envenenar el río Missouri, que abastece de agua potable a 17 millones de personas. El núcleo base de la oposición se encuentra en los campamentos instalados dentro de la Reserva Siux de Standing Rock y sus alrededores, donde está planificado que el oleoducto cruce por debajo del río.

El proyecto del oleoducto Keystone XL (KXL) propone transportar los combustibles fósiles más sucios del mundo, arenas alquitranadas, desde Alberta, Canadá pasando por la frontera hacia Estados Unidos, también culminando en el golfo de México. El 6 de noviembre de 2015, tras cinco años de protestas contra el KXL, el presidente Barack Obama declaró que el oleoducto “no era de interés nacional para Estados Unidos”, y acabó definitivamente con el proyecto. El 5 de diciembre de 2016, en una segunda victoria para los ambientalistas de base, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense le negó el permiso a la propietaria del Dakota Access para perforar debajo del río Missouri, lo que detuvo ese proyecto de oleoducto.

“La orden ejecutiva de Trump sobre el oleoducto Dakota Access viola la ley y los tratados tribales. Tomaremos medidas legales”, dijo el jefe de la tribu siux de Standing Rock, David Archambault II, en un comunicado de prensa. “Crear otro Flint no hará a Estados Unidos grande otra vez”. El memorando presidencial de Trump sobre el Dakota Access instruye al secretario del Ejército a “evaluar y aprobar de forma expedita… las solicitudes de aprobación para construir y poner en funcionamiento el oleoducto Dakota Access”. El mismo tipo de redacción se puede ver en el memo respecto al oleoducto Keystone XL, dirigido al secretario del Ejército, así como a los secretarios de Estado y del Interior. La persona designada por Trump para el cargo de secretario de Estado, Rex Tillerson, anteriormente fue director ejecutivo de ExxonMobil, una empresa que cosecharía enormes ganancias mediante la explotación del petróleo de las arenas alquitranadas canadienses. El nominado de Trump para el puesto de secretario de Energía y ex gobernador de Texas, Rick Perry, poco tiempo atrás integraba la junta de la empresa Energy Transfer Partners, propietaria del Dakota Access.

La orden ejecutiva de Trump titulada “Acelerar las evaluaciones ambientales y aprobaciones para proyectos de infraestructura de alta prioridad”, emitida junto con los dos memorándums, incluye la declaración de que “muy a menudo, los proyectos de infraestructura en Estados Unidos han sido retrasados de forma rutinaria y excesiva por los procesos y procedimientos de las agencias”. Junto con un cuarto memo que exige –sin tener fuerza de ley– que los proyectos de construcción y reparación de oleoductos “usen materiales y equipos producidos en Estados Unidos”, esta oleada de decretos prepara el terreno para el resurgimiento acelerado de ambos oleoductos.
Winona LaDuke, activista indígena estadounidense y directora ejecutiva del grupo “Honor the Earth”, dijo en una entrevista en Democracy Now!: “Es prácticamente una declaración de guerra contra todos nosotros aquí, no solo contra los pueblos indígenas sino contra cualquier persona que desee beber agua. [Trump] definitivamente quiere forzar la construcción de estos oleoductos como sea”.

Bobbi Jean Three Legs, miembro de la nación sioux de Standing Rock, comenzó las protestas contra el Dakota Access antes del surgimiento del primer campamento de resistencia el pasado mes de abril. La joven, de 24 años de edad, ayudó a dirigir una carrera con relevo de 3200 kilómetros para los jóvenes indígenas, desde el campamento Sacred Stone en Cannon Ball, Dakota del Norte hasta Washington DC, con el objetivo de atraer la atención a su lucha contra el oleoducto. Su principio básico es “El agua es vida” o, en lengua lakota, “Mni Wiconi”. Bobbi declaró en Democracy Now!: “[Trump] está despertando a mucha gente. Ahora mucha gente realmente le está prestando atención al cambio climático. No vamos a retroceder jamás”.

A Bobbi Jean Three Legs y Winona LaDuke les preocupa el aumento de la violencia por parte de la policía y la Guardia Nacional. Bobbi describió la situación: “Aún estamos sufriendo brutalidad policial. Reprimen a la gente con gas. Les disparan. Nuestra hermana Red Fawn sigue en la cárcel. Más de 600 personas han sido arrestadas al momento, y esta cifra sigue aumentando”. Los ojos de Bobbi Jean se llenan de lágrimas mientras habla. “Ahora mismo les pido a todos los jóvenes del país que nos apoyen. Les pido a todas las personas del mundo que nos apoyen, dondequiera que estén… Me temo que quieren matarnos”.


vía:
https://desinformemonos.org/me-temo-quiere-matarnos-lider-sioux-trump/

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