Argentina-Derechos Humanos-Indignada: Efecto Araceli.. amenazas a la familia y libertad a la Bonaerense...lavaca.org

En la audiencia en la que se dirimía la libertad de los ocho acusados por el femicidio de Araceli la familia recibió amenazas de muerte. Al enterarse que quedaba detenido junto a otros cuatro hombres, Carlos Cassalz, el dueño del corralón donde trabajaba Darío Badaracco, se llevó el dedo al cuello. Otra causa que se suma a la que investiga el crimen de Araceli por el que siguen detenidos cinco hombres y fueron liberados otros tres, dos de ellos parientes del policía bonaerense implicado. 
 

Con un dedo atravesando el cuello y luego la mano como si fuera una pistola, Carlos Cassalz, uno de los cinco acusados por el crimen de Araceli Fulles que sigue detenido amenazó a la familia de la joven. Ocurrió en plena alcaldía de los Tribunales de San Martín, y motivó otra causa además de la que investiga el femicidio por el que el Cassalz sigue detenido junto a otras 4 personas. Fue el último viernes en el que el juez liberó a tres acusados, entre ellos los dos parientes del policía de bonaerense implicado.
Se sabía que la audiencia en la que se dirimía la libertad para los ocho acusados por el femicidio de Araceli no sería un trámite. Desde hace meses, la familia acompañada por el barrio y organizaciones organiza marchas en reclamo de justicia, señalando la culpabilidad de cada uno de los ocho acusados.

¿Dónde está Araceli?

Desastre fiscal

Tal cual investigamos para la MU de mayo, el femicidio de Araceli se concretó gracias a un entramado que involucra policías con gente pesada del barrio. Por encontrar distintos puntos de complicidad, Asuntos Internos de la Policía Bonaerense confirmó que separó de sus cargos a tres efectivos: el subcomisario Hernán Humbert, el oficial principal José Gabriel Herlein y el numerario Elián Ávalos, hermano de uno de los detenidos. Todos pertenecen a la comisaría 5 de San Martín, la misma en la que la familia de Araceli Funes presentó la denuncia de su desaparición.
El cuerpo de Araceli fue encontrado hace 41 días en la casa de la madre de Darío Badaracco. La orden de requisar esa casa fue dada por el juzgado al comienzo de la investigación, pero la policía dijo no haber encontrado nada. Badaracco declaró tres veces ante la fiscal Graciela López Pereyra, la última en la misma mañana del hallazgo del cuerpo, y a pesar de que resulto sospechoso, no fue retenido. Hoy es el principal sospechoso del femicidio y está detenido junto a Carlos Cassalz, dueño del corralón donde trabajaba; y los empleados de éste Marcelo Ezequiel Escobedo y Hugo Martín Cabañas.
El juez Martín Porto, en cambio, dejó libres a Marcos Ibarra y los hermanos Ávalos, acusados también de participar del crimen, haciendo caso al pedido de la fiscal Graciela López Pereyra que había dictado “falta de mérito”. La fiscal aseguró que no había ninguna prueba que vinculara a estos tres acusados con el femicidio de Araceli. La familia de la joven piensa que sí: “Emanuel Ávalos fue quien la pasa a buscar ese día a Araceli el día que desaparece”, recuerda su madre Mónica. Es decir, fue uno de los últimos que la vio con vida. Ávalos declaró en la causa que al momento en que Araceli fue asesinada él sufrió un accidente y estuvo internado 24 horas.
En la nota de MU de mayo Claudia Acuña revela la trama de hombres y negocios implicados en el femicidio de Araceli. Y cómo San Martín casi se convierte en Ciudad Juárez.
“Es un símbolo”, dice Mónica a lavaca sobre el gesto del dedo al cuello de Cassalz. ¿Un símbolo de qué? “De la causa en la que está investigado. Si vamos al caso, mi hija fue estrangulada: el tipo tiene la costumbre de hacer eso”.

Justicia y policía en el caso Araceli: el Estado es responsable

La investigación judicial dirigida por la fiscal Graciela López Pereyra tuvo tres líneas de investigación sucesivas, según se iban desmoronando las hipótesis:

• La primera fue no hacer nada, ya que se instaló la versión de que Araceli “se había ido de gira”. Es decir, que estaba consumiendo droga.
• La segunda se activó a partir del caso Micaela y su repercusión. Ahí se instaló la hipótesis de que se había fugado tras una discusión familiar. La falsa declaración de un camionero diciendo que la había trasladado, acompañada por un muchacho y con intenciones de ir a Brasil, ayudó a consolidar esta línea.
• La tercera fue investigar a la familia de Araceli: uno por una. Era la que estaba profundizándose al momento del hallazgo del cuerpo.

Femicida suelto

Como sucede en muchos otros casos, la familia de Araceli convive en el barrio con las familias de los acusados de asesinar a su hija. “Inclusive el día primero que hicimos la marcha estuvieron en la esquina”. En algunos casos, los que están libres son los implicados directos: “Con la liberación de estos tres hombres, sí: están por el barrio”.
Sin embargo la familia de Araceli Fulles logró un acompañamiento de la mayoría de vecinos: “Todos siguen acompañando”, dice Mónica trazando un puente entre la primera marcha y la última. “La pelea: que entren de vuelta todos adentro. Puede ser que más adelante hagan ruido”.

El Estado no se mueve, la sociedad sí #AraceliTeEstamosBuscando

En ese sentido los Fulles cuentan que “no tuvimos más repercusiones” sobre las amenazas, y remarcan que, “por suerte”, el apriete ocurrió en una sede judicial. Con esa evidencia incontrastable la familia se presentó a la fiscalía para radicar otra denuncia. Y en la causa del crimen de Araceli, adelantan que apelarán por las tres liberaciones.
La marcha del 3J: “Yo no fui ni por política ni por nada: fui a estar presente para que haya ni una menos. Pensé que era mi derecho estar ahí reclamando con mi hija. Me encontré con muchas mamás, y es el mismo sufrimiento de todas las madres”.
Mónica se queda en silencio, y agrega: “También me encontré con muchas sin justicia. A veces no hay que callar. Yo, por lo menos, no me pienso callar nunca, hasta que se haga justicia por mi hija”.


vía:
 http://www.lavaca.org/notas/efecto-araceli-amenazas-a-la-familia-y-libertad-a-la-bonaerense/

México-Aguascalientes-De Amor y Lucha: El bello y necesario feminismo en las Cañadas... Marta Sánchez*....Como parte de la desinformación de lo que sucede en el país está la declaración de que las normalistas de la Escuela Rural Justo Sierra Méndez, de Cañada Honda, Aguascalientes, son delincuentes y feminazis. Quienes difunden este falso argumento pretenden justificar la movilización del aparato represor del Estado y descalificar las acciones emancipadoras de las alumnas.....QUE VIVAN LOS ESTUDIANTES........

Marta Sánchez*




Como parte de la desinformación de lo que sucede en el país está la declaración de que las normalistas de la Escuela Rural Justo Sierra Méndez, de Cañada Honda, Aguascalientes, son delincuentes y feminazis. Quienes difunden este falso argumento pretenden justificar la movilización del aparato represor del Estado y descalificar las acciones emancipadoras de las alumnas. La bella lucha de las estudiantes rurales va plasmando un feminismo necesario, un feminismo desde su experiencia de vida y su formación como Cañadas. Este feminismo es fundamentado en el imaginario socialista que dio inicio a las normales rurales y que en las normalistas cobra vida.

La gran muralista mexicana Aurora Reyes captó en lienzo el proyecto nacionalista de la época posrevolucionaria. En su más destacado mural, elaborado en 1934, Atentado a los maestros rurales, sobresale la imagen de una maestra vestida de rojo sujetada en el suelo por un cristero armado que le pone la culata del fusil en la boca. En el cuadro, Reyes revela la constante represión a las maestras y los maestros rurales. La pintora muestra que los profesores rurales no solamente representan, sino que encarnan una ideología que pone en alto el pensamiento crítico, la justicia y la equidad social. El acoso y la represión a los maestros rurales durante décadas es una lucha de clase, ideas y ahora de género.

El trasfondo de lo que sucede actualmente en la Escuela Rural Justo Sierra Méndez, de Cañada Honda, sólo puede comprenderse cabalmente recuperando esta historia y la presente realidad mexicana. Ser mujer de bajos recursos y de zona rural evoca una intersección de identidades que el gobierno se niega a preservar. Por el contrario, sus acciones incrementan la desigualdad social al negarles una educación adecuada a sus necesidades y entorno. Esto se manifiesta en la larga lucha de las Cañadas que, año tras año, se ven en la necesidad de emprender.

Año tras año las jóvenes deben movilizarse para exigir el presupuesto prometido, mejorías en las instalaciones de su escuela y apoyo para ampliar la oferta educativa. La normal rural es un espacio de educación crítica y una de las pocas vías que tienen las mujeres de las zonas rurales para remontar las carencias que padecen.

El bello y necesario feminismo de las Cañadas se expresa en su defensa del normalismo rural y de su escuela para que ésta no deje de ser una institución femenil. La autenticidad de la escuela es que es de ellas. El gobierno quiere opacar este movimiento deshaciendo su escuela; si en realidad quieren tener más alumnos, deben crear otra escuela rural mixta y dejar en paz Cañada Honda, porque es una escuela que está completa.

Trágicamente, por el sexismo en la época de Aurora Reyes, Atentado a los maestros rurales se conocía sólo por el nombre del cuadro y no por el de la pintora. Aurora Reyes, sin embargo, encontró la manera de denunciar el intento violento de ocultar la voz femenil y del feminismo al incluir en su pintura a la maestra rural sujetada y silenciada; las Cañadas de hoy en día enfrentan un sexismo más feroz.

El discurso de la SEP ubica a México en niveles de competitividad global, pero sus acciones nos indican que quiere lograr esto sin los mexicanos: 46.2 por ciento de los ciudadanos viven en un nivel de pobreza que impide poder alimentarse y educarse. Que el Estado haya querido recortar la matrícula de admisión a Cañada Honda habría significado cancelar oportunidades de educación y movilidad social de las alumnas y de la comunidad rural. Habría implicado seguir dejando atrás la mitad de la población mexicana.

Las normalistas de Cañada Honda han dicho que es el único lugar donde pueden estar y estudiar. Dan testimonio del acierto de una educación normalista con su valentía, el valorar su educación, el estar informadas de las metas del Estado hacia su escuela y oponerse razonadamente a éstas, en ser solidarias con sus alumnos y desear para ellos y todos los mexicanos una educación digna y completa. Quitarles su futuro es quitarles su campo y arma de lucha; como expresó la maestra normalista Aída Hurtado: su arma es su salón.

* Profesora de la Universidad de Carolina del Norte Wilmington y del Centro Samuel DuBois Cook de la Universidad de Duke. Su libro más reciente se titula Tethering within and beyond the failures of the State with imagination, work and love.





vía:
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/11/opinion/004a1pol

Argentina-Pueblos Originarios-Derechos Humanos: Sigo encarcelada sin pruebas, dice la argentina Milagro Sala......Mediante terror, el gobernador de Jujuy quiere destruir todos los centros comunitarios que creamos....Stella Calloni

Los nadies creamos un mundo de esperanza en Jujuy


Con la idea un vaso de leche por niño, empezamos a salvar vidas

Cuando surgió la organización de la Tupac Amaru la mayoría eran empleados públicos despedidos, entre miles de desocupados. Había injusticia y hambre a finales de los años 90. Aprendimos de todo, hasta a cortar el pelo; esto que parece tan simple nos costaba tanto...

 

 

 Stella Calloni




Buenos Aires.

En la cárcel de Alto Comedero, en la provincia de Jujuy, mil 516 kilómetros al noroeste de esta capital, Milagro Sala, dirigente de la organización social Tupac Amaru y diputada del Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur), continúa arbitrariamente detenida desde el 16 de enero de 2016, sin que el gobernador Gerardo Morales, de la oficialista Alianza Cambiemos, haya respondido a miles de reclamos que llegan desde todos los lugares del mundo, de parlamentos e instituciones como la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.

Está detenida por la política de persecución asumida por el gobernador en una provincia de características feudales, donde la justicia es y ha sido manejada por los grandes terratenientes y dueños de ingenios y en este caso abiertamente por el ejecutivo provincial. En esa prisión se violan todas las reglas para humillar y doblegar a Sala y a otras compañeras detenidas junto con ella y sembrar el miedo en la población.

Así lo denuncia la propia Milagro Sala en una entrevista telefónica con La Jornada, estrictamente controlada para no hablar más de diez minutos. Milagro está en la lucha desde los 14 años, cuando se enteró de que había sido abandonada y adoptada por una familia de clase media, pero no pudo perdonarles que le hubieran mentido sobre su origen. Se fue de su casa entonces.

Su historia en las calles de la soledad y el abandono, que eligió junto a tantos otros niños de pueblos originarios, los más olvidados entre los olvidados, como ella misma dice, fue dura, tumultuosa. Fue presa alguna vez, pero ella quería conocer de raíz lo que se vivía en ese mundo oscuro y despiadado de la exclusión total y allí nació su espíritu de lucha, que nunca la abandonó.

Esa historia conmovedora la llevó a conocer al peronismo, grabado como un tiempo de justicia social en la memoria de los pueblos más perdidos de la región, y que se iba transmitiendo oralmente y persistiendo a través del tiempo.

Toda eso que viví fue parte de lo que me alentó y nos alentó, cuando a finales de los años 90, con miles de despedidos y con una pobreza extrema, decidimos que había que comenzar con algo. Como prioridad pensamos que un vaso de leche por niño podía comenzar a salvar muchas vidas. Y de allí fuimos por más, por lograr la comida para los más golpeados por la situación. Esto se dice rápido, pero hay que ganar cada espacio, cada paso en medio de muchas dificultades.

Milagro Sala estuvo afiliada a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Realizó todos los trabajos posibles, lustró zapatos, vendió frutas, lo que fuera, hasta lograr un empleo.

Del profundo dolor de no saber quién era en realidad y llorando a escondidas muchas veces en la mayor desolación, se fue haciendo cada vez más fuerte. Así fue creciendo esa pequeña guerrera, como la llamó alguien en su momento, cuando surgió la organización de la Tupac Amaru. La mayoría eran empleados públicos desocupados y otros miles sin trabajo y sin esperanzas. Había injusticia y hambre en Jujuy, como mostraban las cifras de esos años de finales de los 90, cuando el país comenzaba a caerse.

Ni siquiera la gente se podía mover de sus barrios. Nosotros inventamos de todo; hasta aprendimos a cortar el pelo para los que iban a buscar trabajo. Necesitaban presentarse bien. Todo eso que parece tan simple nos costaba tanto a nosotros, dice.

Ella cree que, como sucede ahora, en esos momentos en Jujuy se probó, como en un laboratorio, hasta dónde podía un pueblo aguantar el hambre con cifras hasta de 60 por ciento de desocupados.

Nosotros hacíamos lo que podíamos con donaciones entre pobres. Era lo que alcanzara para comer algo. De todo esto surgieron luego los centros y comedores comunitarios. Llegamos a instalar roperos para juntar ropa y que al menos tuvieran que ponerse los casi desnudos en esos tiempos tan duros. Todo era una pelea, para conseguir planes de ayuda, de trabajo. Comunitariamente podíamos hacerlo mejor, luchábamos por la comida y para hacerlo con justicia creamos centros de distribución. Así empezamos paso por paso, relata.

Hubo personajes inolvidables, como el dirigente sindical Germán Abdala y su sueño de cooperativas. Para Milagro eso fue clave, para avanzar hacia una mayor justicia y defensa de los pueblos olvidados. Muchos sectores políticos nos habían destruido la vida.

En 2001, cuando el país se hundió en la crisis económica más grande de la historia, un país vendido y saqueado, la tragedia social fue más que dura en Jujuy.

Cuando en 2003 Néstor Kirchner llegó al gobierno con un discurso distinto y comenzó a hablarnos a nosotros, los silenciados y olvidados, comenzamos a esperanzarnos con planes superadores. Pedimos planes de trabajo y pensamos que debíamos formar cooperativas de construcción y comenzamos a trabajar en eso. En esos momentos no imaginábamos que íbamos a lograr construir 10 mil viviendas, y trabajaban familias enteras con los materiales que habíamos logrado comprar. Fuimos creando barrios con centros de salud, buscamos médicos y enfermeras que se agregaron al proyecto. Abrimos varias pequeñas fábricas textiles atendidas por cooperativas. También para hacer los bloques de cemento y cañerías. Y luego empezamos a construir hospitales. Todo lo hacíamos nosotros. Era increíble lo que podíamos hacer todos juntos administrando el dinero para que alcanzara para todo, expone. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) el apoyo continuó para desarrollar uno de los proyectos sociales más importantes del país.


Milagro Sala, líder social presa en la provincia argentina de Jujuy, tras un juicio plagado de irregularidadesFoto tomada de Facebook Comité
Liberación de Milagro Sala

Creamos el primer centro integral para niños discapacitados, lo que no existía en Jujuy, y menos para los pobres. Pensamos en barrios con casas bonitas, con plazas, lugares de recreo, parque de diversiones y hasta piletas (albercas) climatizadas, algo que un niño pobre de Jujuy no había visto en su vida. Jamás había existido algo así para el pueblo... hasta un parque acuático; ¿por qué no podíamos tener derecho a eso, que pudimos construir con nuestras propias manos, en colectividad, con idea de comunidad? Estábamos trabajando cada vez con mayor fuerza y durante el pasado gobierno avanzamos muchísimo y hasta nos tomaban de ejemplo.

Lo logrado por la Tupac Amaru era único en el país y en el mundo.

El arquitecto Jaime Sorín, ex decano de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, entrevistado en Página 12 reflexionó sobre la ciudad construida por la Tupac Amaru y sostiene que especialistas europeos que visitaron el lugar lo vieron como posible modelo de ciudad poscapitalista por el entramado de casas con escuela, centro comunitario, centro de salud y parque acuático que tiene como mirador el templo Kalasasaya.

Milagro Sala recuerda que vinieron desde Francia y otros países, porque nosotros pensamos en barrios con belleza, donde las casas no fueran un lugar para dormir solamente, sino para crear comunidades en conjunto. Los documentales se vieron en muchos países como una recuperación de la dignidad, del pasado indígena, del color, de la vida y de la justicia para los que nunca la habían conocido.

Ese fue el pecado capital de esta dirigente con una fuerza extraordinaria y una sabiduría ancestral en su discurso. Por eso la votó el pueblo como diputada del Parlasur.

Me detuvieron cuando el pueblo se vio atacado de un día a otro; querían disolver las cooperativas, por eso acamparon pacíficamente en protesta ante la casa de gobierno. Me detuvieron como instigadora a la violencia, cuando no se hacía nada más que un sentada pacífica. El gobernador nos odia y no lo disimula. No sólo me hicieron un juicio en el cual no probaron nada, y me condenaron sin causa y sin pruebas a tres años, sino que me comenzaron a inventar acusaciones. Cada mes aparecen con nuevas causas, sin pruebas.

Su esposo estuvo detenido y sus hijos son perseguidos, así como los trabajadores de la Tupac Amaru. En diciembre pasado Nelson Cardozo, de 21 años, sobrino del militante de Tupac Amaru Alberto Cardozo, fue asesinado en la cárcel. Fue en venganza porque tanto el joven como su tío se negaron a declarar contra Sala, como les exigía el gobierno.

El juicio en el que la condenaron por tres años está plagado de irregularidades. El único testigo que la acusó, por una protesta donde militantes de otra organización arrojaron huevos contra el entonces senador Gerardo Morales en 2009, es empleado de éste y se comprobó que recibió dinero por su testimonio. Sala no estaba en el lugar y no tiene nada que ver con el hecho. Más aún, una diputada jujeña intentó suicidarse porque fue obligada a acusar a Sala, amenazada con que iban a matar a su hijo.

Quieren destruirlo todo, porque esto es un mal ejemplo para ellos, que nos quieren de rodillas. Ahora nos quitaron cuatro escuelas que estaban funcionando muy bien, como lo pudieron ver los que llegaron hasta Jujuy. Es un mal ejemplo que centenares de personas como nosotros, los nadies, pudimos crear un mundo de esperanzas, pudimos demostrar que se pueden cumplir los sueños. Lo que hicimos y construimos en Jujuy fue un sueño hecho realidad. Esa realidad les molesta. Quieren destruir también las casas y sembrar el terror. Lo peor es lo que están haciendo a las cooperativas, están dejando sin trabajo a miles de familias. Es el regreso de una gran injusticia. Por eso reaccioné uno de esos días cuando me avisaron de otras acusaciones falsas; intenté clavarme una tijera. Pensé en todo lo que estaban pasando los compañeros, pero luego reaccioné. Pedí perdón a todos por ese momento de flaqueza. Miles de personas en el mundo nos están acompañando. Nuestra verdad está en todas partes. Y está filmada la historia y esos pueblos que por un tiempo fueron felices por primera vez en su vida, los más olvidados. Sólo quiero decir gracias a los pueblos y a todos aquellos empeñados en terminar con esta injusticia. Condenada sin pruebas , me inventan cada mes una o dos causas. Nadie cree en la justicia en Jujuy, y en el país está pasando lo mismo. Digo gracias a la solidaridad que es lo que nos alienta y nos da la dignidad necesaria para resistir, conluye.



vía:
http://www.jornada.unam.mx/2017/03/20/mundo/024e1mun

Argentina: Vanesa Orieta, ocho años sin Luciano...“Nuestros pibes hoy no tienen derechos”...

lavaca.org



Este sábado se conmemora un nuevo aniversario de la muerte y desaparición del joven de 16 años, símbolo de la brutalidad policial y judicial y las violaciones cometidas por el Estado en democracia. Será una movilización desde General Paz y Mosconi hasta el barrio 12 de Octubre. Vanesa Orieta, su hermana, sintetiza las principales consignas de la actividad: el “No a la baja” de la edad de imputabilidad, la construcción de una agenda propia y por qué hay que hablar de represión estatal y no de violencia institucional.

El 31 de enero se cumple el octavo aniversario de la muerte y desaparición de Luciano Arruga, el joven de 16 años que se ha convertido -a través de la organización y movilización de sus familiares y amigos- en símbolo contemporáneo de la brutalidad policial y judicial y las violaciones a los derechos humanos en democracia por parte del Estado argentino. Como cada enero, este sábado se convoca a una marcha desde General Paz y Mosconi hasta la plaza que lleva su nombre, en el barrio 12 de Octubre, en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. La convocatoria es a las 15 horas y la movilización partirá a las 17. Habrá bandas de rap y el micrófono abierto para que cualquier familiar víctima de las violaciones del Estado pueda acercarse y hablar.

En diálogo con lavaca, Vanesa Orieta, hermana de Luciano, sintetiza la consigna principal de la jornada: “No es violencia institucional: es represión estatal. Por un lado pedimos saber toda la verdad sobre lo que ocurrió con Luciano: mantenemos la denuncia por su muerte y desaparición y la responsabilidad de la policía en este caso. Por otro lado, una de las cosas que plantearemos es no mezclar la represión estatal dentro de un gran marco de violencias institucionales que sufren los jóvenes a diario. Por eso nuestra consigna y es importante marcarla: desde el momento en que nacen, los niños, las niñas y los adolescentes sufren diferentes tipos de violencias. Pero también sabemos que hay una forma muy particular de violencia, bien planeada, desde los sectores de poder, que incluye a medios masivos de comunicación y funcionarios políticos y judiciales, que empezó hace mucho, instalando la idea del pibe peligroso, que son los pibes de nuestros barrios”.

La construcción de la impunidad

La movilización tendrá como destino la plaza Luciano Arruga, en el barrio 12 de Octubre. En ese barrio Luciano fue detenido ilegalmente y transportado en un patrullero hasta un destacamento que no podía retener personas, mucho menos un menor, a tan solo unas cuadras de su casa. Allí estuvo privado ilegalmente de su libertad desde las 11 hasta las 19 horas del 22 de septiembre de 2008, según dictaminó el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Matanza que en mayo del 2015, cuando condenó por torturas a 10 años de prisión a Julio Diego Torales, el oficial principal a cargo de la dependencia policial que convalidó esa detención arbitraria.

La última vez que lo vieron con vida fue en ese mismo destacamento el 31 de enero de 2009.

Cinco años y ocho meses después la lucha de su familia -hábeas corpus mediante- logró encontrarlo. Se enfrentaron cara a cara con la ingeniería social de la impunidad: Luciano “cruzó” a las 3.21 de la madrugada del 31 de enero con ropa que no era de él por un lugar inaccesible de la General Paz “desesperado, como si estuviera escapando de algo”. Fue atropellado, murió en el Hospital Santojanni -donde su familia fue a preguntar si había ingresado un joven y le respondieron que no-, lo derivaron al Cuerpo Médico Forense y fue enterrado como NN en el Cementerio de Chacarita. El circuito revela cuál fue la trama de encubrimiento de uno de los casos más resonantes de nuestra democracia. Las prendas nunca aparecieron, y un testigo declaró ante el Juzgado Federal de Morón (donde se tramita la causa) que vio desde la autopista una camioneta doble cabina de la Bonaerense con las luces bajas. Estaba sobre la colectora de la General Paz. “No fue un accidente”, resalta Vanesa.

En el medio, y a lo largo de todos estos años, una fiscal que derivó la investigación en la propia Bonaerense denunciada (Roxana Castelli), otra fiscal que pidió “pinchar” los teléfonos de la propia familia (Celia Cejas) y un juez que lo convalidó (Gustavo Banco). Sobre estos tres funcionarios pesa un pedido de jury político.

Vanesa: “Seguimos esperando que avance”.

La agenda basura

Vanesa Orieta sabe que esta actividad llega en un contexto en el cual desde el Gobierno se impulsa la baja de punibilidad de los 16 a los 14 años. El debate es promovido desde las corporaciones mediáticas, pese al fuerte rechazo de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos. Esa discusión será una de las consignas de la movilización. “Decir ´No a la baja´ tiene relación directa con la causa de Luciano: él se negó a salir a robar para la policía y se negó cuando tenía 16 años. Todo eso repercutió en su vida de tal manera que terminó en detenciones y su posterior desaparición. La sociedad tiene bien claro dónde está el delito concentrado. Saben que no lo manejan chiquilines de 14 o 16 años. El tema es que sería conmocionar a la sociedad decir que esos negocios son controlados por las fuerzas policiales, es decir, los que deberían generar la seguridad”.

Vanesa habla de pelear la agenda mediática.

“Siempre estamos corriendo atrás para tratar de explicar que lo que los medios intentan instalar no es más que una mentira y que la realidad es pensar profundamente cuáles son las situaciones que sufren nuestros jóvenes con anterioridad a un episodio violento, cuyo porcentaje es ínfimo. Desde hace tiempo en nuestras actividades proponemos un lazo bien fuerte entre familiares en lucha y medios comunitarios. Ahí tenemos que empezar a creernos todos el rol que ocupamos, y también la capacidad y la fuerza que tiene nuestra palabra. Nosotros no hablamos de odio, no balbuceamos palabras sin sentido. Somos responsables y nuestro mensaje tiene que ver con defender la vida. Ante eso me parece que hay que dejar de correr detrás de la agenda basura que proponen los medios comerciales, distinguir los objetivos que queremos cumplir y, en función de eso, generar nuestra propia agenda comunicacional”.

Las palabras y las cosas

Vanesa aclara que la alianza Cambiemos no es el primer gobierno que intenta instalar este debate. “Es un círculo que conocemos: después viene la criminalización de los barrios, el control por parte de diversas fuerzas policiales y el aumento de casos de gatillo fácil y de pobres encerrados en todo el país. Hoy tenemos decenas de miles de pobres encerrados, más de 5 mil casos de gatillo fácil y más de 200 desapariciones forzadas. Estas cifras son las que hablan de un plan estratégico. Hoy es este sector, pero mañana va a comenzar a atacar a otros. Ya estamos viendo que ocurre. Puede ser de forma indirecta o directa, como cuando reprimen a trabajadores por defender sus fuentes de trabajo. Pero la represión está instalada”.

Por eso, subraya Vanesa, hay que hablar con otras palabras.

“Me molesta la suavización de los términos. No es lo mismo hablar de violencia institucional y que todo quede en una misma bolsa de diferentes violencias, que hablar de represión estatal. Tampoco es lo mismo en causas judiciales. Porque cuando decís represión estatal, cuando hablás de gatillo fácil y desaparición forzada, hablás de responsabilidades, no sólo materiales, sino también políticas y judiciales. Entonces nos perdemos el foco del asunto, nos perdemos la gravedad de denunciar la represión estatal y la empezamos a mezclar en un combo de violencias, que también hay que denunciarlas. Pero hay que entender que nuestros pibes hoy no tienen derechos. Y si estamos hablando de que los pibes no comen ni acceden a la educación, que es un derecho fundamental que consta en la Constitución, tenemos que ver qué forma de responsabilidad le cabe a cada uno de los gobiernos. Nadie piensa en llevar al banquillo a los funcionarios porque los pibes no comen”.

Avanzar con los pies

¿Cómo está hoy la causa que investiga la desaparición y muerte de Luciano? Responde Vanesa: “La causa está en proceso de instrucción. No hay ningún procesado, y tiene el mismo curso que tienen todas las causas donde se responsabilizan a las fuerzas de seguridad. La realidad es que uno no tiene claridad para saber dónde va dirigida. Uno le pone la fuerza que tiene, pero estos procesos son muy lentos y tortuosos. Necesitamos que no se siga pensando siempre que sea la familia o los amigos los que tengan siempre que declarar, hay que empezar a jugarse más en la investigación judicial. Pedir la presencia de quien era intendente de La Matanza en ese momento, Fernando Espinoza, y que cuente cómo se inauguró el destacamento, qué control había. Lo mismo con Daniel Scioli, entonces gobernador de la provincia. Para mantener una desaparición existen responsabilidades de diversas instituciones del Estado. Sí: hay responsables materiales. Son los policías, y hay que investigar su accionar esa madrugada, cómo llega Luciano a la colectora de la General Paz, con qué métodos lo obligan a cruzar por ese lugar para que pierda la vida, pero siempre estamos ubicando los mismos sujetos y no nos corremos de ahí. Hay un montón de accionares, como los del Hospital Santojanni, la morgue; es una causa muy compleja que requiere de un análisis en términos de cómo se logra la desaparición forzada de una persona. Y ahí hay una clara metodología: la policía ha visto la posibilidad de que ese cuerpo tenga un recorrido sin ninguna alarma y pueda quedar bien definida la desaparición. Eso nos desgasta. Esto es la impunidad, lo que mantiene las desapariciones forzadas, las injusticias. Y marchar tiene que ver con todo esto. Es decir: ‘Ustedes sigan generando la impunidad, nosotros seguimos avanzando en nuestra organización y lucha´”.

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vía:
  http://www.lavaca.org/notas/vanesa-arruga-y-ocho-anos-sin-luciano-nuestros-pibes-hoy-no-tienen-derechos/

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De amor y lucha : Javier Àlvarez - Las Casas de Cartòn