Chile: Agustín Edwards Eastman: Una biografía desclasificada del dueño de El Mercurio....Por : Víctor Herrero

Por : Víctor Herrero 



Este extracto de la biografía de Agustín Edwards (Debate, 2014) escrita por el periodista Víctor Herrero relata uno de los episodios más desconocidos de la historia de su familia: cómo heredaron la administración de la Universidad Técnica Federico Santa María y la convirtieron en un instrumento de su holding de empresas. Hasta que en medio la efervescencia política alguien puso el ojo en la casa de estudios y se generó un escándalo que hizo que el dueño de El Mercurio perdiera este conveniente negocio.

El fin del grifo de oro

Entre las múltiples funciones y actividades que desempeñó Agustín Edwards en los años sesenta, también estaba la de ser el presidente de una universidad. Doonie encabezaba el consejo directivo de la Universidad Técnica Federico Santa María, un cargo que había heredado de su padre y que este, a su vez, había heredado del suyo. En efecto, desde su creación en 1931, la universidad siempre había estado bajo la tutela de un Agustín Edwards.
Como en otras empresas y organizaciones, Edwards se aseguró de que sus intereses estuvieran bien representados en el consejo. Así, desde fines de los años cincuenta figuraban como directores del consejo su hermano Roberto Edwards y su fiel abogado Carlos Urenda Zegers. El vicepresidente era Jorge Ross Ossa. Además, en el directorio también estaban dos personas que, debido a los estatus de la institución, habían sido escogidas por Edwards. Uno era el administrador general de la Fundación Santa María, Gustavo Olivares Cosulich, que también se desempeñaba como miembro del directorio en otras cuatro empresas de Agustín Edwards, y el rector de la universidad, Carlos Ceruti Gardeazábal.
Edwards tenía buenos motivos para ejercer un estrecho control sobre el directorio de esa universidad ubicada en Valparaíso.  Y estos no se relacionaban necesariamente con el proyecto educativo, sino con intereses financieros. A través de la Fundación Federico Santa María, Doonie controlaba  las inversiones de la universidad, las que se extendían a muchos ámbitos económicos. Una parte importante de esos dineros estaba colocada en empresas que él mismo controlaba o en las que quería lograr una mayor participación, como lo eran la CCU, la Compañía de Seguros La Chilena Consolidada, la Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar (CRAV), que era presidida por Jorge Ross Ossa, o Cementos Melón, que estaba parcialmente en manos de la familia Eastman, sus parientes políticos. El agente inversor de la universidad era el Banco de A. Edwards, el que, a su vez, también era el banco oficial para todo tipo de transacciones administrativas de la universidad, como el pago a profesores y proveedores.
El propio Jorge Ross Ossa recordó muchos años después cómo funcionaban estos vínculos:

Existía una estrecha vinculación mía con el grupo Edwards, que tenía una influencia importante en la CCU a través del Banco Edwards, el que administraba el patrimonio de la Fundación Santa María con una inversión importante en acciones de CCU […] Mi vinculación con la CCU nació de un cambio generacional en los años 1950 a raíz del fallecimiento de don Agustín Edwards Budge [cuando] don Agustín Edwards Eastman reemplazó a su padre en la presidencia de la fundación.

En efecto, la universidad había sido, desde su fundación, un importante vehículo de inversiones para los Edwards. Durante décadas fue una suerte de línea de crédito permanente que les permitió usar los fondos de la inmensa herencia de Federico Santa María —un corredor de bolsa chileno que se había enriquecido a comienzos de siglo en París—, para invertirlos en todo tipo de títulos financieros y corporativos.
Pero la importancia que la universidad y la Fundación Santa María tuvieron para el imperio económico de los Edwards era desconocida en esa época. Tras casi cuarenta años de plácido dominio, todo cambió de golpe para la familia Edwards en octubre de 1967, cuando los estudiantes del plantel de Valparaíso se tomaron la casa central. «Las tomas universitarias en esa época revelaban la documentación oculta de los planteles —afirma Luis Maira, entonces un diputado de la DC que investigó a fondo el caso de la Universidad Santa María—. Eran una suerte de mecanismo de transparencia de información y, en este caso, mostraban todos los vínculos desconocidos entre los Edwards y la Universidad Santa María, el cordón umbilical que unía a ambos.»
A partir de la toma, la situación empeoró con rapidez. Las críticas a Edwards y su manejo de la universidad se hicieron cada vez más bulliciosas. Los estudiantes, parte del profesorado y muchos miembros del Congreso comenzaron a exigir el fin del predominio de los Edwards en la universidad. La delicada situación en esa universidad suponía un ataque directo al sistema nervioso central del grupo Edwards, que durante tantas décadas se había beneficiado de administrar las finanzas de la institución y asimismo la herencia de Federico Santa María. Además, para Doonie también tocaba una delicada fibra emocional. Después de todo, había sido su abuelo el que encabezó todo el proceso de erigir desde cero la universidad, aunque haya sido con el dinero de otro.
La historia de los vínculos entre los Edwards y la universidad se remontaba a una época en que esa institución de educación no era más que un anhelo del magnate Federico Santa María. En la primavera de 1919, Santa María visitó a Agustín Edwards Mac Clure en Londres, donde el abuelo de Doonie se desempeñaba  como embajador de Chile. Santa María había tratado en sus años mozos con un ya viejo Agustín Edwards Ossandón, el patriarca original del clan, del cual guardaba gratos recuerdos. Durante la conversación, que duró más de cuatro horas, Santa María le explicó a Edwards Mac Clure su idea de crear, tras su muerte, una institución técnica e industrial en su ciudad natal de Valparaíso.  Y le pidió al embajador que fuera él quien llevara a cabo esa tarea.
«Hasta ese día —escribió unos años después Edwards Mac Clure en tercera persona— no conocía al señor Santa María sino por referencias de amigos comunes y por haberse encontrado con él casualmente en una o dos ocasiones por cortos instantes.»  Más de treinta años mayor que el tercer Agustín, no está claro por qué Santa María escogió a Edwards Mac Clure. Pero una posibilidad es que le diera confianza el hecho de que este era tan o más rico que él mismo. Aunque halagado, Edwards le hizo ver el inconveniente de nombrar a una sola persona para ejecutar esa idea testamentaria y le sugirió varios nombres adicionales.
Federico Santa María falleció seis años después en París, a los ochenta años. Dos meses más tarde, en febrero de 1926, se abrió en Valparaíso su testamento. Y este reflejaba que Santa María había sido un millonario chileno atípico para su época. Profundamente anticlerical, muy liberal en su vida privada —nunca se casó, pero convivió durante décadas con la francesa Anna Guillaud—, uno de sus deseos era «levantar al proletariado de mi país [porque] es el deber de las clases pudientes contribuir al desarrollo intelectual del proletariado».
En su testamento, Santa María nombró como albaceas y ejecutores de sus disposiciones testamentarias a Agustín Edwards Mac Clure, Juan Brown, Carlos van Buren y Andrew Geddes, siendo estos últimos tres hombres los que el propio Edwards le había propuesto en sus conversaciones de 1919. En su última voluntad, el multimillonario agente de bolsa pidió que se estableciera en Valparaíso una escuela de artes y oficios y, después, un colegio de ingenieros, «poniendo al alcance del desvalido meritorio llegar al más alto grado del saber humano». Y en un fiel reflejo de su liberalismo, Santa María agregó:

En ningún caso se admitirán al internado de la escuela y del colegio alumnos de parientes pudientes, pero podrán estos matricularse en el externado de ambos establecimientos […] Siendo estas instituciones esencialmente laicas, toda instrucción religiosa queda de hecho prohibida dentro de los colegios, la que debe ser dada por sus parientes a domicilio […] Tanto la escuela de artes y oficios como el colegio de ingenieros, y toda otra institución que pudiera crearse más tarde, deben agregar a su título el nombre de JOSÉ MIGUEL CARRERA [sic], en homenaje al gran patriota que dio el primer grito de independencia en Chile.

Pero, además, Santa María añadió una frase que sería crucial para el control que ejercería la familia Edwards sobre la futura universidad:

En los hechos, a los pocos años del fallecimiento de Santa María, Agustín Edwards Mac Clure era el único albacea que quedaba en pie. Juan Brown renunció a su función nada más conocerse el testamento. Andrew Geddes murió pocos meses después. Y Carlos van Buren, que había hecho carrera en el Banco de A. Edwards, falleció solo tres años después de abrirse el testamento de Santa María.

Así que gran parte de la labor de cumplir con la voluntad de Santa María recayó en el abuelo de Doonie. Fue él quien encabezó el concurso para contratar a una firma de arquitectos para construir el campus del futuro centro educacional.  Y también fue él quien comandó la búsqueda de profesores extranjeros, que era una de las disposiciones de Santa María, optando por pedagogos alemanes, que en esa época eran los más avanzados en educación técnica.
«En ningún país está mejor organizada y más desarrollada que en Alemania la enseñanza técnica —afirmó en 1929 Edwards Mac Clure—. Además, el profesorado alemán había dado ya en Chile espléndidos resultados y su carácter parecía más adaptable al medio ambiente nacional.»
En mayo de 1929 se reunió por primera vez el consejo directivo de la Fundación Santa María que los albaceas habían establecido a comienzos de 1927. Agustín Edwards Mac Clure viajó especialmente desde su exilio en París a Valparaíso para hacer su exposición. El régimen de Carlos Ibáñez no le puso inconvenientes para ello. «De los tres [albaceas] que aceptaron hacerse cargo de la tarea —comenzó Edwards Mac Clure—, solo quedo yo para dar cuenta de la labor común realizada en los tres años que han transcurrido desde que se abrió su testamento.»

Lo que llama la atención de ese primer balance son dos cosas que, después, se perpetuarían en esa institución.  La primera era que el primer directorio del consejo de la fundación estaba dominado por los intereses de Agustín Edwards Mac Clure. En efecto, él presidía el consejo y la vicepresidencia estaba en manos de su hermano Carlos Edwards Mac Clure, a quien había nombrado como albacea sucesor de Carlos van Buren. En el directorio también figuraba, como vicepresidente, un antiguo amigo suyo y compañero de diversión en el Sporting Club de Valparaíso, Nicanor Señoret Silva, a quien Edwards designó como albacea sucesor de Andrew Geddes. El primer rector fue Armando Quezada, el ex embajador chileno en Francia, y el administrador de la fundación, Gustavo Olivares, quien era hijo de un ingeniero serenense que había colaborado con los Edwards en las minas del norte en la segunda mitad del siglo xix. Además, poco tiempo después de inaugurar oficialmente las labores académicas en 1931, Edwards Mac Clure nombró a su hijo Agustín Edwards Budge como director del consejo. También contrató como asesor a Arturo Alessandri Rodríguez, el hijo mayor del León de Tarapacá, quien en los años treinta era el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. El hijo de este, Arturo Alessandri Besa, se volvió un estrecho amigo y colaborador de Doonie, y hasta hoy su bufete de abogados se encarga de varios temas legales de Agustín Edwards Eastman. Y otro asesor era Enrique Costabal Zegers, un ingeniero civil especializado en aeronáutica que era profesor en la Escuela de Artes y Oficios de Santiago. Este era el padre de Juan Costabal, el futuro socio de Doonie en Ladeco.
El segundo aspecto fue que, después de saldar las deudas del testamentario y pagar los impuestos a la herencia, Agustín Edwards Mac Clure decidió invertir gran parte de la fortuna de Federico Santa María en empresas en las que él mismo tenía un interés. El balance general de la fundación al 15 de marzo de 1929 mostraba que cerca del 70 por ciento de la herencia de Santa María se invirtió en títulos y acciones en los que el abuelo de Doonie tenía intereses directos o buscaba obtener una mayor participación para lograr un asiento en el directorio. Por ejemplo, del total de 54 millones depesos de esa época que la Fundación Santa María había invertido, 9,6 millones fueron a parar a la CCU; 475.000 a Cementos El Melón; 4,3 millones a la Compañía Industrial; 5,7 millones a la CRAV; 2,6 millones a la Compañía de Seguros La Chilena Consolidada, y 1,8 millones a la Sociedad Imprenta y Litografía Universo, inversión que le permitió a Edwards Mac Clure tomar el control de esa empresa editorial.

Además, el balance revelaba que la fundación le debía algo más de medio millón pesos al Banco de A. Edwards. En una gimnasia contable que hoy en día no sería muy común, también registró como pasivo una donación de 2,2 millones que el propio Edwards Mac Clure le hizo a la fundación.
Según Ricardo Nazer, que es uno de los historiadores que más ha investigado y escrito sobre la fortuna del clan Edwards en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la enorme herencia de Federico Santa María fue un «verdadero salvavidas para los Edwards, ya que les permitió acceder a un fondo de inversión inmenso y así ganar directorios por doquier».  Es decir, al igual que la lógica financiera que aplicó la familia en el siglo XIX, el clan no creaba empresas propiamente tales, sino que invertía en compañías existentes y trataba de hacerse con el control mayoritario de estas.
Además, la herencia de Santa María llegó a manos de los Edwards en un momento oportuno. La Gran Depresión de los años treinta sorprendió al clan en un paulatino desfinanciamiento, provocado por el costoso estilo de vida de varios de sus numerosos herederos, e inversiones financieras fallidas de los Agustines, como la apuesta por el salitre en momentos en que ese mineral ya estaba en plena decadencia.
A la muerte del abuelo, el padre de Doonie heredó el cargo de presidente de la Universidad Federico Santa María. Fiel a su carácter retraído, el nuevo Edwards al mando siguió con las cosas tal como estaban. Probablemente, el mayor aporte que hizo Agustín Edwards Budge fue componer el nuevo himno de la universidad en 1956, pocos meses antes de fallecer.
Sin embargo, Doonie era mucho más ambicioso que su padre. También él había heredado el cargo, pero quería dejar su huella. La primera gran oportunidad para intervenir en los asuntos de la universidad llegó en 1958, cuando el rector Francisco Cereceda, que había desempeñado su cargo desde 1936, fue llamado por el recién electo Jorge Alessandri Rodríguez para asumir el Ministerio de Educación. Eso le dio la oportunidad de nombrar al nuevo rector. El consejo directivo optó por Carlos Ceruti, un ingeniero mecánico de cuarenta años que se había graduado en el propio establecimiento. Probablemente fue una sugerencia de Jorge Ross Ossa, que había trabajado con Ceruti en varios proyectos en Valparaíso y Viña del Mar.
El perfil de Ceruti calzaba plenamente con el proyecto modernizador que el poderoso triángulo de Edwards, Ross y Urenda tenía en mente, y que se podía resumir en una simple idea: había que acercar la universidad al mundo de la empresa privada. Tras graduarse en 1940, Ceruti se había desempeñado como ingeniero en la Compañía de Gas de Valparaíso, en la que la familia Edwards poseía acciones hacía casi un siglo y en la que el padre de Doonie había sido miembro del directorio. Después cofundó la firma de ingenieros Edwards, Ceruti y Compañía, la que se dedicaba a la fabricación de aparatos mecánicos y montajes de equipos industriales. Aunque no era un académico, el perfil de Ceruti calzaba con la idea de Edwards de tener a alguien a la cabeza de la universidad que apreciara el vínculo entre el mundo universitario y el mundo productivo.
El diagnóstico que compartían los hombres a cargo de la Universidad Santa María era que las universidades tradicionales, en especial las estatales, estaban demasiado encerradas en su mundo académico, y que solo se dedicaban a impartir las profesiones liberales, por lo que contribuían poco al desarrollo económico del país. «Es absurdo seguir pretendiendo formar solo a humanistas abstractos en países como los nuestros», afirmó en una ocasión el rector Ceruti.
El propio Agustín Edwards delineó por primera vez estas ideas en un discurso que dio en diciembre de 1961, con motivo de la ceremonia de clausura del año académico:

En años anteriores […] planteamos algunos de los problemas que detienen el progreso industrial, entre los cuales el más sobresaliente es la carencia de personal especializado […] La cuestión álgida es la falta de material humano adecuado, no tanto por las condiciones de inteligencia, intuición y rendimiento de nuestra raza, que todos reconocen, como por la desarticulación que ha existido durante largos años en el proceso educativo y la falta de conexiones entre este proceso y las metas de desarrollo que debemos alcanzar.

Un año después, Edwards y el rector Ceruti se embarcaron en un publicitado viaje de estudios que llevó a quince altos dirigentes universitarios y empresariales chilenos a México y Estados Unidos, con el fin de «estudiar las relaciones entre las universidades y la industria, [y] discutir la organización y los propósitos de las escuelas profesionales, en especial las de administración de empresas y de ingeniería industrial».  En la delegación chilena estaban Juan Gómez Millas, rector de la Universidad de Chile; monseñor Alfredo Silva, rector de la Universidad Católica de Santiago, y José Piñera, el representante de la Corfo y padre del futuro presidente chileno. La gira fue auspiciada por el Consejo de Rectores, que en esa época agrupaba a las siete universidades  existentes en el país, el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), fundado en 1953, y por la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos (Usaid). Entre las instituciones que visitó la delegación chilena estaban el Instituto Tecnológico de Monterrey, las universidades de California, Stanford, Harvard y Yale, el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), las fundaciones Rockefeller y Ford, y la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.
Al final de la estadía en Estados Unidos, la delegación chilena fue recibida en la oficina oval por el presidente John F. Kennedy.
Era el 2 de marzo a las 3.25 de la tarde. Una foto de ese encuentro muestra a un joven Edwards deambulando con actitud distraída detrás del mandatario norteamericano.
Tras ver en terreno la estrecha colaboración científica y de investigación que existía entre la educación superior y el mundo productivo en Estados Unidos, Agustín Edwards y Carlos Ceruti retornaron a Chile más convencidos que nunca de la necesidad de realizar un importante giro hacia la empresa. La falta de personas calificadas para ingresar al mundo de las empresas era, a juicio de ellos, una situación alarmante que incluso podría frenar el desarrollo económico del país.
El diagnóstico no era del todo errado. En efecto, en esa época la educación técnico-profesional en Chile era bastante escasa. A nivel de educación superior, solo la Universidad Técnica Federico Santa María y la Universidad Técnica del Estado, que se había creado en 1947 al fusionar más de una decena de escuelas técnicas e industriales de todo el país, tenían como foco educar a técnicos e ingenieros para las industrias nacionales. El propio Gobierno de Frei se hizo cargo de esta carencia. En 1966, la Corfo creó el Instituto Nacional de Capacitación (Inacap), que contó con el apoyo financiero de varios gobiernos europeos.
En una conferencia para empresarios latinoamericanos que se realizó en marzo de 1964, el rector de la Universidad Santa María hizo una larga exposición titulada «La educación  y la empresa privada». En esta, Carlos Ceruti hizo un llamado a favor de una mayor interacción entre el mundo de la industria y el de la enseñanza.
«La iniciativa privada debe asumir sin tardanza la parte que le corresponde en el proceso educativo y formativo de nuestros países para suplir los vacíos que presentará todavía por muchos años la educación pública estatal», afirmó el rector y, acto seguido, lanzó un desafío ante los más de cien empresarios presentes. «Ante estos problemas, ¿por qué no usar, entonces, como escuelas las propias fábricas y las propias empresas productoras?  Allí están los talleres, las máquinas, las herramientas.»
Y eso era, en efecto, lo que la Universidad Técnica Federico Santa María ya estaba haciendo. En 1964, la Escuela de Artes y Oficios de la universidad contaba con trece escuelas industriales instaladas en distintas empresas, desde mineras en Iquique hasta lecheras en Osorno. Algunas de estas empresas pertenecían a Agustín Edwards. Las llamadas «escuelas satélite» de la universidad funcionaban, por ejemplo, en una fábrica de la CCU en Limache, en los talleres de prensa de El Mercurio S.A.P. y editorial Lord Cochrane en Santiago, en una fábrica de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones en Laja, en una planta de la CRAV en Penco, en las labores de cabotaje de la Compañía Sudamericana de Vapores en Valparaíso, en algunas plantas textiles de la familia Yarur en Santiago, y en la Cooperativa Agrícola y Lechera de Osorno.
Además, a partir de 1963, la universidad recibió asesorías de un grupo de ejecutivos de grandes empresas chilenas. En varias de ellas, Jorge Ross Ossa desempeñaba un papel clave. Como ingeniero químico y director en varias empresas industriales y mineras, Ross Ossa fue uno de los grandes impulsores de esta política educativa. La labor de este grupo de ejecutivos, en el cual también participó Hernán Cubillos, era buscar formas de estrechar aún más los lazos con el mundo de la producción privada. Una idea, por ejemplo, fue que las universidades hicieran y financiaran investigaciones que fueran pertinentes a las necesidades de las empresas.
Pese a estar en casi una veintena de directorios de empresas y asociaciones, Agustín Edwards se daba el tiempo de llevar personalmente algunos asuntos de la universidad. En especial, aquellos que tenían que ver con las relaciones internacionales.  Así, el 21 de febrero de 1963, por ejemplo, le escribió una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Mora, contándole que el consejo directivo de la universidad había creado una beca internacional y que «es la idea de este consejo que sea la propia Organización de Estados Americanos quien proponga candidatos idóneos de cualquier país miembro». La beca era en honor a Juan Marín Rojas, un reconocido médico, profesor universitario y escritor chileno, que había fallecido unas semanas antes.
La gestión de Ceruti y la activa participación de Agustín Edwards en el diseño de ese nuevo modelo educacional fue generando, con los años, un fuerte resentimiento al interior de la universidad. En un documento elaborado en 1970, después de la reforma universitaria, la secretaría general de la Universidad Federico Santa María hizo un breve recuento de los años en los que Doonie estuvo al mando:

Elemento de fundamental importancia en este período es la participación del grupo Edwards, que [hasta 1958] había tenido un papel más bien pasivo de mera administración financiera, en virtud de sus vinculaciones legales con la institución. Con el cambio de dirección se produjo una injerencia decisiva de dicho grupo en la planificación global y la dirección general de la universidad en términos de largo plazo.

Mientras el consejo directivo empujaba cada vez más por estos cambios, al interior de la institución se estaban incubando tres elementos que, al fusionarse en 1967, hicieron volar por los aires el proyecto educativo de Agustín Edwards.
El primero era que este enfoque de enseñanza, que hoy en día se ha extendido por gran parte del sistema de educación superior del país, causó resquemores en amplios sectores de la sociedad chilena de la época. Muchos temieron que este modelo educacional pusiera a la universidad al servicio de las empresas privadas y de sus propios intereses y necesidades.  Y estos no necesariamente coincidían con el desarrollo nacional y el «bien común», que eran grandes aspiraciones en esa década. El joven diputado democratacristiano Luis Maira, que había sido elegido en 1965 a los veinticuatro años de edad, denunció en octubre de 1967 que «no es posible que este tipo de universidad técnica sirva el interés de un pequeño grupo de capitalistas, ya que su tarea es garantizar el desarrollo chileno».
El senador del Partido Comunista Volodia Teitelboim se sumó a esta crítica, denunciando que «el clan Edwards gobierna, maneja y negocia con las disposiciones testamentarias de don Federico Santa María».
El ambiente en el Congreso a fines de los años sesenta era abiertamente hostil a los grandes grupos económicos y muy sensible al tema de la educación. En la elección parlamentaria de 1965, más de una decena de jóvenes menores de treinta años había ingresado al Congreso. Y entre ellos estaban varios ex dirigentes universitarios, como Luis Maira (ex presidente de la FECH), Pedro Urra (ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción), Guido Castilla (ex presidente de los estudiantes de la Universidad Técnica del Estado), entre otros.
Dentro de la propia Universidad Federico Santa María surgieron cada vez más voces que se quejaban de que la institución era administrada como una empresa. Por ejemplo, muchos profesores tenían contratos anuales, que eran susceptibles de ser revocados. Aunque hoy es una práctica bastante común, en esa época era vista como un atentado en contra de la dignidad académica. De hecho, en marzo de 1967 hubo un movimiento docente en la universidad que amenazó con una renuncia masiva de profesores. La protesta exigía mejoras salariales y de condiciones laborales, además de reclamar por una mayor dignidad académica. En efecto, como parte del plan de modernización impulsado por Ceruti y Edwards, desde mediados de la década la universidad comenzó a utilizar a jóvenes universitarios del Cuerpo de Paz estadounidense en funciones docentes. Los profesores también reclamaron por la estructura del consejo directivo, afirmando que este no cumplía con la voluntad de Federico Santa María. En su testamento, él estableció que el consejo debía estar conformado por sus albaceas y por representantes del cuerpo docente. Sin embargo, desde el comienzo, Agustín Edwards Mac Clure dispuso que solo un miembro del profesorado participara en el directorio. Y esa situación se mantuvo hasta fines de los años sesenta. En cambio, el abuelo de Doonie estipuló que, de manera permanente, tres miembros del consejo serían el presidente del Banco Central, el rector de la Universidad de Chile y el alcalde de Valparaíso.
El segundo elemento era el financiamiento de la universidad. Aunque era una institución privada, al igual que las universidades católicas del país, sus recursos provenían cada vez más del Estado. Hacia 1967, el fisco aportaba más del 80 por ciento de todo el dinero que el establecimiento requería para funcionar. La pregunta que muchos se hicieron era por qué el Estado tenía que subsidiar un modelo educativo que, cada vez más, favorecía a empresas privadas, muchas de las cuales incluso pertenecían a miembros del consejo directivo. «Estos albaceas —alegó en noviembre de 1967 el senador Teitelboim, refiriéndose a Agustín Edwards, Jorge Ross Ossa y Carlos Urenda Zegers— se preocupan de la Universidad Santa María solamente para administrar los bienes de la fundación y participar en los directorios de la CRAV, de La Chilena Consolidada, de Cervecerías Unidas.»
Y el tercer elemento, que proveyó la chispa para que el caso de esta universidad estallara en público, fue la toma de la casa central de la Federico Santa María a comienzos de octubre de 1967. La toma se pudo evitar. Dos semanas antes, el 20 de septiembre, el presidente y el vicepresidente de la Federación de Estudiantes del plantel le escribieron una carta a Agustín Edwards. Reclamaron que, pese a una movilización de treinta y dos días que realizaron los estudiantes en 1966, después de la cual se les prometieron algunos cambios en la forma de gestión, nada había sucedido. Edwards nunca les respondió formalmente.  Su secretaria les hizo saber a los estudiantes que el presidente del consejo estaba de viaje en el extranjero. Lo mismo sucedió con Jorge Ross Ossa, que era el vicepresidente del consejo. Tampoco respondió a los estudiantes por encontrarse de viaje. El rector Carlos Ceruti y Carlos Urenda Zegers, que era miembro del directorio, estaban en Chile pero tampoco recibieron a los universitarios.  Y cuando estos se tomaron la casa central, las autoridades  de la universidad se negaron a conversar con ellos mientras no desalojaran el lugar. Incluso pidieron la intervención de la fuerza pública para desalojarlos, pero las autoridades políticas no accedieron a esa petición.
El movimiento estudiantil se radicalizó. Además de exigir reformas que estaban en boga en ese tiempo, como el gobierno triestamental, el pliego de peticiones incluyó derechamente la destitución del rector Ceruti y la anulación de los estatutos de la Fundación Santa María que otorgaban tanto poder a los descendientes de los albaceas. Es decir, pedían también la salida de Agustín Edwards.
Las autoridades de la universidad perdieron el control de la situación. Y así, lo que inicialmente fue un conflicto de orden universitario interno, pronto adquirió una dimensión nacional. El Gobierno de Eduardo Frei trató de mediar, pero no tuvo éxito. El que recogió el guante fue el Congreso, el que en esa época podía legislar por sí mismo y después someter sus proyectos de ley a la aprobación —o veto— del Poder Ejecutivo. Provistos de la documentación financiera que les entregaban profesores y estudiantes, la Cámara de Diputados pasó a la ofensiva.
El 18 de octubre de 1967, dos semanas después de iniciada la toma, el diputado Luis Maira pidió a la Contraloría un informe sobre los manejos financieros de los bienes de la universidad. Además, el legislador llamó a sus colegas a «no dar curso a la asignación de fondos públicos a favor de esta universidad» mientras no se resolviera el conflicto.  Y elevando las apuestas, el Comité Demócrata Cristiano de la Cámara Baja dejó en claro que la permanencia de Carlos Ceruti en la rectoría era un obstáculo para avanzar en una solución.
En enero de 1968 llegó el informe de la Contraloría. Aunque esa institución no podía dar cuenta de las inversiones y los manejos financieros de la Fundación Santa María, por cuanto era un ente privado, sí desglosó los aportes fiscales a la universidad. Y estos correspondían, para 1967, al 84 por ciento del presupuesto total de la institución.
Poco a poco comenzó a dilucidarse la relación entre las inversiones que realizaba la Universidad Federico Santa María en distintas compañías y el papel que desempeñaban algunos de sus directores en esas mismas empresas.  «Al principio era solo un rumor, se intuía que había nexos —recuerda hoy Luis Maira—. Pero muy pronto tuvimos entre manos un caso nítido de vínculos entre un grupo empresarial y una universidad, para provecho del primero.»
Por ejemplo, en esas semanas se reveló que la universidad tenía inversiones en la CCU. El presidente y vicepresidente de esa compañía eran Agustín Edwards y Jorge Ross. Y ambos ocupaban los mismos cargos en el consejo directivo de la Universidad Federico Santa María. También salió a luz que la universidad tenía acciones en la Compañía de Seguros La Chilena Consolidada y en la Compañía Industrial. En ambas empresas figuraban como directores Agustín Edwards, su hermano Roberto Edwards y Carlos Urenda Zegers, que simultáneamente también estaban en el consejo de la universidad.
Estos descubrimientos llevaron al senador socialista  Tomás Chadwick a acusar a los Edwards de «haber transformado la fundación de beneficencia Federico Santa María en un verdadero holding de empresas, para mover capitales, controlar sociedades y montar un imperio económico». Y a comienzos de 1968, Luis Maira auspició un proyecto de ley para anular la Fundación Santa María y convertirla en una corporación de derecho privado. Con ello buscaba sacar definitivamente  a Edwards de la universidad.
Las revelaciones fueron un fuerte golpe de imagen, del cual Agustín Edwards difícilmente se podía recuperar. Sin embargo, Doonie contraatacó. De la mano de Carlos Urenda, cuya firma de abogados obtenía a estas alturas casi la mitad de sus ingresos del grupo Edwards, desplegó una fuerte ofensiva legal. Su gran arma era una disposición que Federico Santa María había dejado en su breve testamento de cinco páginas. En unas pocas líneas, el testamentario afirmaba que ante cualquier cambio de su última voluntad, sus albaceas deberían trasladar sus bienes para contribuir «al fomento y desarrollo de una o más instituciones científicas de Estados Unidos de América […] a elección de mi heredero». Fue esta afirmación la que usaron los abogados de Edwards para intimidar a sus adversarios con la amenaza de cerrar la universidad y trasladar los recursos a Estados Unidos.
En paralelo, congresistas de la derecha salieron en defensa de Edwards. El senador Pedro Ibáñez, que en 1966 había fundado a partir de las cenizas de los partidos Liberal y Conservador el Partido Nacional, afirmó que «existe una actitud evidentemente persecutoria contra quienes conducen ese establecimiento […] se les persigue, de manera principal, por la posición política que sustentan».
Durante el largo proceso de la reforma universitaria, la derecha siempre sostuvo la tesis de que los conflictos universitarios que el país estaba experimentando, sobre todo a partir de 1967, eran reflejo de un intento de la Democracia Cristiana de hacerse con el control de las universidades.  «El Partido Demócrata Cristiano desarrolló y difundió innumerables doctrinas tendientes a destruir el principio de autoridad —afirmó Ibáñez en febrero de 1968—. Esto explica lo que sucede ahora en la Universidad Santa María de Valparaíso.»
Y unas semanas después, el mismo congresista denunció indignado:

«El Gobierno pretende incautarse de una universidad privada».

Claro que Pedro Ibáñez tenía motivos para estar asustado. Él mismo había fundado en 1953 la Escuela de Negocios de Valparaíso, a la que después le puso el nombre de Adolfo Ibáñez en honor a su padre.
El conflicto puso a La Moneda en una situación incómoda. Frei y Edwards todavía mantenían una relación  estrecha.  Y la ofensiva del equipo jurídico de Doonie, amenazando con cerrar la institución y trasladar sus recursos a Estados Unidos, contaba con buenos fundamentos legales. Pero el Gobierno estaba bajo la presión de sus propios parlamentarios, en especial del llamado sector tercerista, que era más de izquierda. Ellos, pero también los legisladores socialistas, comunistas y radicales, estaban exigiendo anular la personalidad jurídica de la Fundación Santa María. También tenían buenos argumentos. Por ejemplo, después de detallar cómo el ex presidente Arturo Alessandri había disuelto en 1933 por mero decreto el conglomerado salitrero Cosach, en parte para salvaguardar los intereses de su amigo Agustín Edwards Mac Clure, el senadorsocialista Tomás Chadwick preguntó a sus colegas de la Cámara Alta: «¿Se puede, entonces, negar al Parlamento chileno la facultad de resolver una situación que se ha hecho odiosa e insostenible y que financieramente  significa haber transformado a la Fundación Federico Santa María en un holding de empresas?».
Al final, el presidente Frei vetó en marzo de 1968 el proyecto de ley de Maira, que había sido aprobado por ambas cámaras. Sin embargo, fue solo una victoria pírrica para los intereses de Agustín Edwards. En efecto, el veto sustitutivo contemplaba que Frei podía escoger al nuevo rector entre una quina elegida por una asamblea de profesores. Ello significó la caída del rector Carlos Ceruti, satisfaciendo así una de las demandas de los estudiantes.
Aunque la intervención de La Moneda no llevó a la expulsión inmediata de los albaceas controlados por la familia Edwards, a los pocos meses se cambiaron los estatutos, convirtiendo la fundación en una corporación de derecho privado. Así, a partir de 1969, Agustín Edwards y sus directores secuaces tuvieron que abandonar la universidad. Fue un duro traspié para Doonie. Se cerraba así de golpe el gran grifo de capitales frescos que la herencia de Santa María había proporcionado a su familia por cuatro décadas.
Los estudiantes de la universidad cantaron victoria. Habían logrado doblarle la mano a uno de los grupos económicos más poderosos del país. Como recordaron solo dos años después, en 1970:

El conflicto significó, antes que nada, quitar la universidad a un grupo oligárquico que junto con ejercer dominio sobre sectores importantes de la economía nacional, había tomado el control de ella, ejerciendo un poder y determinando orientaciones que estaban en desacuerdo con los intereses y concepciones del movimiento estudiantil y sectores importantes del profesorado.

Curiosamente, los acontecimientos de 1967 y 1968 no se mencionan actualmente en las reseñas históricas que la propia universidad divulga.
El conflicto en la Universidad Federico Santa María duró seis largos meses, en los que se paralizaron todas sus actividades. «Los funcionarios no trabajábamos y solo íbamos el día 25 de cada mes a la administración general a cobrar el sueldo», rememoró un ex funcionario años después.
Por cierto, la administración general de la universidad funcionaba en una sucursal del Banco de A. Edwards, en la calle Prat de Valparaíso.
Perder la Universidad Técnica Federico Santa María fue un enorme revés para Agustín Edwards. No fue solo una derrota comercial, sino también una ideológica. «El caso de la Universidad Santa María tuvo un importante efecto pedagógico —recuerda el ex diputado Maira—. Contribuyó a cuestionar la legitimidad de Edwards y El Mercurio.»
Durante meses, el diario había sostenido en sus editoriales que los movimientos estudiantiles de 1967 formaban parte de un plan de infiltración comunista. Los estudiantes reaccionaron. El 11 de agosto de 1967, los alumnos que se habían tomado la casa central de la Universidad Católica de Santiago desplegaron en plena Alameda un cartel que, hasta hoy, persigue al diario y su dueño. Este rezaba: «Chileno: El Mercurio miente».
El diario de Agustín Edwards reaccionó ante el desafío estudiantil con su tradicional estilo pausado, insistiendo en su tesis de infiltración.  Al día siguiente afirmó en un editorial que «lo lamentable es que el movimiento que promueven ciertos grupos de estudiantes en las universidades católicas no nace de estas, sino que corresponde a un plan elaborado y divulgado por los comunistas».
El redactor de esa pieza fue probablemente Thomas Mac Hale, el editorialista de El Mercurio que en esos años estaba a cargo de los temas de educación. A fines de los años setenta, un asesor del Senado estadounidense, Fred Landis, identificó a Mac Hale como uno de los periodistas remunerados por la CIA para implantar editoriales y noticias en el diario de Edwards.
La dura oposición de El Mercurio a los movimientos estudiantiles católicos de mediados de 1967 guardaba relación con el temor de Agustín Edwards de que estos se extendieran  a otras universidades, entre ellas la Federico Santa María. Fiel a una práctica que mantiene hasta hoy, en toda la cobertura noticiosa y editorial de los acontecimientos universitarios de 1967 y 1968, el periódico nunca mencionó que su propio dueño tenía intereses frente al conflicto.
Al principio, Edwards y los editores en el diario no tomaron muy en serio la pancarta de «El Mercurio miente».  Pero al poco andar se dieron cuenta de que los estudiantes de la UC habían logrado desnudar, en una sola frase de fácil recordación, todo el poder y la red de influencias ocultas que en esa década muchos le atribuían a ese diario y su dueño.
«La izquierda  tenía muy clara la intromisión del grupo Edwards y El Mercurio en la gestación de leyes —afirma Manuel Cabieses, quien entonces era el jefe de la redacción de la revista Punto Final—. Eran un suprapoder,  muchas veces por encima de la propia institucionalidad del país.»  De cierta manera, el cartel de los estudiantes puso esto en evidencia.
«A nosotros nos golpeó mucho, nos dolió mucho —se lamentó años después Arturo Fontaine, quien entonces ya era el subdirector del periódico—. Para un diario que se precia de su seriedad, decirle que miente es lo más ofensivo que le pueden imputar.»

vía:
 http://ciperchile.cl/2014/11/03/agustin-edwards-una-biografia-desclasificada-del-dueno-de-el-mercurio/

España-Argentina: El "currículum" de los 20 acusados por la justicia argentina .....Mauricio Basterra-Diagonal

Mauricio Basterra-Diagonal

Alguno de los cuales tienen aun hoy importantes cargos de responsibilidad en empresas o, incluso, en la propia policía

El viernes 31 de octubre saltaba la noticia. La jueza María Servini de Cubría emitía orden de detención contra veinte altos cargos del franquismo acusados de crímenes durante la dictadura. La querella puesta en marcha por la judicatura argentina y que ha contado con el apoyo de diversas asociaciones de memoria y grupos políticos y sindicales en España, comienza a tomar forma. Crímenes concretos con culpables concretos para que la causa del franquismo prospere. Sin embargo, la querella argentina tiene un dique difícil de superar en España. La Ley de Amnistia de 1977 frena para la judicatura española cualquier intento de juzgar el franquismo. La impunidad de dicha ley concibe que todos los crímenes de la dictadura prescribieron cuando se firmó. Esto provoca que ningún juzgado español o extranjero puede acometer acciones contra el franquismo. Un régimen blindado desde 1977 por dicha ley que contó con el apoyo de las élites del franquismo que se “reconvirtieron” en demócratas y de una oposición de izquierdas que, encabezada por el PSOE y el PCE, renunció en la práctica a la posibilidad de poder juzgar a criminales de lesa humanidad. Aunque hubo organizaciones y movimientos que nunca dieron su brazo a torcer, a nivel legal mientras la Ley de Amnistia de 1977 no se derogue es complicado acometer cualquier acto.
Pero la querella tiene un origen que puede provocar un vuelco a la situación. Lo primero porque las distintas organizaciones o particulares demandantes hablan de nombres propios y crímenes propios. Y lo segundo porque se habla de crímenes contra la humanidad concepto que no prescribe y que no hay ley nacional que pueda frenar.
Aunque este inicio es esperanzador es evidente que desde España se tiene que mover ficha. Y, de momento, ni las altas estancias del Estado, la judicatura y los distintos gobiernos han estado por la labor pues en esa Ley de Amnistía de 1977 se fundamenta el Régimen del 78 del que son partícipes.
Pero no deja de ser un paso importante que la jueza argentina cite y ordene detención contra altos cargos del franquismo. Alguno de los cuales tienen aun hoy importantes cargos de responsibilidad en empresas o, incluso, en la propia policía. Estos son los hechos por los que se pide orden contra estos veinte cargo:
1. Rodolfo Martín Villa
(Santa María del Páramo, León, 3 de octubre de 1934)
Es quizá la cara más conocida de los reclamados por Servini.
Vinculado al franquismo a través de sus estructuras sindicales verticales, Martín Villa llegó a dirigir el Sindicato Español Universitario (SEU) y fue delegado de diversos sindicatos de la Central Nacional-Sindicalista (CNS). Fue procurador en Cortes en varias legislaturas así como dirigente de la Organización Sindical y gobernador civil de Barcelona.
A la muerte de Franco fue ministro de Relaciones Sindicales en el gabinete de Carlos Arias Navarro. Ocupando tal cargo se produjeron los sucesos de Vitoria de marzo de 1976, cuando la policía armada lanzó gases lacrimógenos contra una Iglesia donde se refugiaban obreros en huelga, que fueron tiroteados a la salida del edificio. Hubo cinco muertos y ciento cincuenta heridos. La decisión se tomó desde las altas estancias del Estado. Manuel Fraga Iribarne y Rodolfo Martín Villa tenían una responsabilidad directa en el asunto como Ministro de Gobernación y Ministro de Relaciones Sindicales respectivamente. Esta responsabilidad es la que Servini imputa a Martín Villa.
 
Pancarta de Ceaqua, Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua).
Pero la trayectoria de Martín Villa también está rodeada de sospecha como uno de los responsables de los sucesos del incendio del teatro Scala de Barcelona en 1978 siendo ya Ministro de Gobernación con el gobierno de Suárez. Martín Villa siempre había mostrado una especial animadversión hacia el anarquismo. Se supone que llegó a decir que para él era más preocupante el movimiento libertario que ETA. Lo cierto es que la CNT sufrió infiltraciones policiales que desembocaron en el incendio de la sala de fiestas Scala de Barcelona. Todo en un momento en el cual las organizaciones anarcosindicalista estaban en plena movilización contra los Pactos de la Moncloa. La represión que se ejerció contra la CNT así como las posteriores escisiones dejaron mermadas las fuerzas de una de las centrales sindicales que no había entrado en el juego de la Transición.
Tras su paso por la política Martín Villa pasó al campo empresarial donde llegó a ser presidente de Endesa hasta el año 2002 y presidente de Sogecable hasta 2010. Ha participado en numerosas ocasiones en tertulias de la Cadena SER y es considerado como uno de los padres de la actual democracia.
2. José Utrera Molina
(Málaga, 12 de abril de 1926)
De oficio abogado, Utrera Molina es un convencido falangista y ultraderechista que ocupó diversos cargos de responsabilidad durante el franquismo. Primero en cargos medios hasta que fue aupado al ministerio de la vivienda en el gobierno de Luis Carrero Blanco en 1973. A la muerte de Carrero, Utrera Molina fue nombrado ministro General Secretario del Movimiento con Carlos Arias Navarro. Con dicho cargo firmó la sentencia de muerte contra el anarquista Salvador Puig Antich, ejecutado el 2 de marzo de 1974. Cesó de su cargo a inicios de 1975.
Si por algo se distinguió Utrera Molina es por ser integrante del sector más ultra del franquismo. Ha estado vinculado a importante instituciones económicas del país como Dragados y Construcciones, Banco Central Hispano Hipotecario, Banco Gallego, etc.
Siguió vinculado a la ultraderecha tras la muerte de Franco y en 2010 fue nombrado Caballero de Honor de la Fundación Francisco Franco de la que actualmente es uno de los patronos. Es autor del libro de memoria Sin cambiar de bandera donde hace una defensa de su figura y del franquismo.
Es el suegro del ex ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
3. Antonio Carro Martínez
(Lugo, 3 de mayo de 1923)
Jurista y alto cargo del franquismo. Fue procurador en cortes en varias legislaturas. Con la llegada al poder de Carlos Arias Navarro fue designado Ministro de la Presidencia, con anterioridad había ostentado cargos intermedios.
Siendo Ministro se ejecutaron las penas de muerte contra Salvador Puig Antich y contra los últimos fusilados del franquismo (José Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui Echevarría). Fue uno de los integrantes en las negociaciones del Acuerdo de Madrid para la salida del Sahára.
Con la muerte de Franco siguió vinculado a la política y ha sido diputado por Lugo en varias legislaturas por las candidaturas del Partido Popular.
Es autor de algunos libros sobre derecho, Estado y fuerzas armadas.
4. Alfonso Osorio García
(Santander, 13 de diciembre de 1923)
Abogado y vinculado al cuerpo jurídico militar. Declarado monárquico, fue procurador en Cortes en varias legislaturas. Fue uno de los fundadores del grupo Tácito y siempre se declaró como “demócrata cristiano”
Siendo ministro de la Presidencia en el primer gobierno de Adolfo Suarez se produjeron los sucesos de Vitoria de 1976, y fue quien designó desde su cargo a los jefes del operativo.
En 1979 abandonó UCD y se afilió a Alianza Popular siendo elegido diputado por Madrid.
Alfonso Osorio no solo ha tenido vinculación política sino que ha sido presidente de la empresa Petromed. Actualmente sigue afiliado al PP y ha sido condecorado en varias ocasiones con distintas distinciones.
5. Antonio Barrera de Irimo
(Ribadeo, 1929 – Madrid, 2014)
Profesor y economista español, Barrera de Irimo fue uno de los impulsores del capitalismo español durante el periodo franquista. Ocupó distintos cargos hasta que en 1973 fue designado ministro de Hacienda en el gobierno de Luis Carrero Blanco. Ocupando tal cargo avaló con su firma la ejecución de Salvador Puig Antich en marzo de 1974. Llegó a ser vicepresidente segundo con Carlos Arias Navarro.
Ocupó cargos de responsabilidad en Telefónica, Fenosa y el Banco Hispano-Americano. Fue también integrante de Editorial Católica (EDICA).
Antes de su fallecimiento era consejero de Unión Fenosa, Bull, SA y Autogrill España.
6. José María Sánchez-Ventura Pascual
(Zaragoza, 1922)
Abogado. Era hijo de uno de los máximos representantes del catolicismo social en España, el periodista José María Sánchez-Ventura Gatón.
Ocupó cargos importantes en el Banco de Bilbao y fundó la Mutualidad General de Previsión de la Abogacía. Delegado del Canal de Isabel II y director del periódico Informaciones es nombrado en marzo de 1975 ministro de Justicia, cargo que desempeñaba cuando se producen los últimos fusilamientos del franquismo.
En diciembre de 1975 cesa como ministro y desde entonces ha ejercido de notario en Elche y en Madrid.
7. Licinio de la Fuente
(Noez, Toledo, 7 de agosto de 1923)
Hijo de una familia humilde pero muy conservadora, Licinio de la Fuente estuvo a punto de ser uno de los niños de Rusia. Sin embargo su familia huyó durante la Guerra Civil a zona rebelde.
Terminada la Guerra, Licinio de la Fuente estudio Derecho y llegó a ser abogado del Estado. Ocupó cargos importantes hasta que en 1969 fue designado como ministro del Trabajo, cargo que ocupó hasta 1975. Durante el ejercicio de su cargo se dictaron las penas de muerte contra Puig Antich y los cinco últimos fusilados del franquismo.
Dimitió como ministro y en 1976 fundó un pequeño partido partido político que acabó por integrarse en Alianza Popular. Posteriormente fue uno de los fundadores del PP, ocupando también cargos en numerosas empresas.
En 1998 publicó sus memorias Valió la pena.
8. Fernando Suárez González
(León, 1933)
Político español. Licenciado en Derecho, Fernando Suárez era nieto del pintor Alberto González.
Fue dirigente del SEU en Oviedo, ocupando posteriormente cargos como director del Instituto de la Juventud o director general del Instituto Español de la Inmigración. En 1975 es designado Ministro de Trabajo, cargo que ostentaba cuando se produjeron los últimos fusilamientos del Franquismo.
Una vez muerto Franco fue uno de los ponentes de la Ley de Reforma Política y llegó a ser Catedrático de Derecho de la UNED. En 2007 ingresó en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Es autor del libro Todo Franco -- franquismo y antifranquismo de la A a la Z--.
9. Jesús Cejas Mohedano
Uno de los vocales auditores del Consejo de Guerra que condenó a muerte a los últimos fusilados del franquismo el 27 de septiembre de 1975.
10. Jesús Quintana Saracibar
Capitán de la policía armada que dirigió el asalto a la Iglesia donde se refugiaban los trabajadores en huelga en Vitoria.
11. Carlos Rey González
Capitán auditor del Cuerpo Jurídico del Ejército y participante en el Consejo de Guerra que condenó a muerte a Salvador Puig Antich. Fue uno de los redactores de la condena a muerte contra el joven anarquista catalán.
Actualmente es abogado penalista y ha representado a Alicia Sánchez Camacho, del PP de Cataluña, en el caso de espionaje del Método 3.
12. Jesús González Reglero
Acusado de torturas contra los militantes antifranquistas Alfredo Rodríguez Bonilla y Francisca Villar en febrero de 1975 en las dependencias de la Dirección General de Seguridad (DGS).
González Reglero ha sido condecorado en numerosas ocasiones y ostenta tres laureles enmarcados de comisario principal.
En 2012 fue designado comisario Jefe de la Policía Nacional de Leganés y actualmente está jubilado.
13. Ricardo Algar Barrón
Miembro de la Brigada Político Social (BPS) de la policía franquista.
Acusado de torturas contra el militante antifranquista José María Galante Serrano en las dependencias de la DGS.
14. Pascual Honrado de la Fuente
Miembro de la Brigada Político-Social en Oviedo. Acusado de torturar al ex secretario del PCE y de Izquierda Unida, Gerardo Iglesias. Gerardo Iglesias fue sometido a diversas torturas y posterior persecución política. El militante comunista acusa de ello directamente a Pascual Honrado de la Fuente y al inspector Claudio Ramos Tejedor.
15. Benjamín Solsona Cortés
Acusado de torturador contra los militantes antifranquistas Juan José López Hernando y Francisco Camarasa Yañez el 23 de abril de 1971.
16. Jesús Martínez Torres
Acusado de torturador contra el militante antifranquista José Aznar Cortijo
17. Atilano del Valle Oter
Acusado de haber disparado y lanzado por la ventana el 24 de abril de 1971 en Barcelona al militante antifranquista Miguel Jiménez Hinojosa.
18. Abelardo García Balaguer
Acusado de hacer desaparecer al bebé de Adela Carrasco Martínez en el Hospital Municipal de la Línea de la Concepción el 5 de noviembre de 1967. Uno de los múltiples casos de niños robados durante el franquismo.
19. Antonio Troncoso de Castro
Coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar, fue diplomático en Derecho Penal Militar y ex fiscal del Tribunal Supremo, y uno de los integrantes del Consejo de Burgos de diciembre de 1970. Participó en gran cantidad de consejos de guerras contra luchadores antifranquistas desde 1963. Era quien redactaba las sentencias.
20. Félix Criado Sanz
Acusado de torturar al militante antifranquista Jon Etxabe Garitacelaya el 11 de abril de 1969 durante siete días.


vía:
 http://www.lahaine.org/est_espanol.php/el-quot-curriculum-quot-de

España planeó una “solución final” para Euskadi al estilo de Videla......Mandos de la Guardia Civil, miembros del Ejército y altos funcionarios del Gobierno de Suárez eran partidarios de los métodos represivos que aplicaban las dictaduras de Argentina y Chile......por Danilo Albin

fuente: publico.es

El Jockey era uno de los restaurantes más distinguidos de Madrid. El 30 de junio de 1978, la Embajada argentina recurrió a sus servicios para homenajear por todo lo alto a un reconocido militar español: el teniente general Tomás de Liniers, jefe del Estado Mayor del ejército.La cena, que costó 178.800 pesetas, acabó con un brindis por la Argentina de los vuelos de la muerte y la España del rey Juan Carlos I. Un par de semanas después, De Liniers se plantó en Buenos Aires para entregar al dictador Jorge Rafael Videla la Gran Cruz del Mérito Militar. En realidad, su “mérito” no había sido otro que comandar una carnicería humana que para entonces -verano en España e invierno en Argentina- ya registraba miles de muertos y desaparecidos.

En un frío 14 de julio, Liniers se acomodó el uniforme, miró a sus camaradas sudamericanos y trató de explicar su ferviente devoción hacia aquella dictadura. A su entender, Videla y sus hombres llevaban adelante una “lucha contra el extremismo” que gozaba de “legitimidad y justicia”. Dicho esto, llegó el turno de las comparaciones. “Argentina y España sufren ataques, los ataques aviesos del materialismo ateo por unos medios y unos procedimientos que nada nos van a nosotros, a los pueblos de nuestra raza, que estamos acostumbrados a luchar siempre cara a cara, hombre a hombre y que, incluso a los vencidos, una vez vencidos, somos capaces de darles la mano”, sostuvo, e incluso se animó a vaticinar que la historia reconocería la obra de los militares argentinos “por encima de las críticas actuales”.

Su peculiar forma de entender el terrorismo de estado era compartida por otros altos militares españoles, quienes veían en Argentina la posible solución a los problemas que se planteaban en la España de la transición. Así lo revelan determinados archivos -algunos de ellos aún catalogados como reservados- a los que ha tenido acceso Público. Entre esos documentos figura un informe elaborado por el cónsul general de Argentina en Bilbao, Ricardo Corbella, sobre la situación política en el País Vasco. En esta nota, fechada el 16 de octubre de 1978, el funcionario daba a conocer los resultados de sus conversaciones con los jefes de la Guardia Civil, del Ejército y de la Policía Armada.

Según había podido relevar el cónsul, las fuerzas de seguridad lamentaban la “ineficacia técnica de la reciente Ley Antiterrorista puesta en práctica por el Gobierno” y advertían sobre la “sensación en las instituciones de las FOP (Fuerzas de Orden Público) de que los partidos políticos dan apoyo indirecto y/o directo” a ETA. Seguido, advertía sobre la “generalización en los mandos naturales de las FOP de que la solución final del actual proceso español y vasco en particular debería encuadrarse en temperamentos similares a los adoptados en Chile y Argentina, a la vez que prospera la idea que la democracia es la causante de todo el proceso de referencia”.

Alumnos y maestros

Otros documentos consultados por este periódico confirman que los militares españoles mantuvieron un estrecho contacto con sus homólogos argentinos en los años previos al nacimiento del Batallón Vasco Español, la Triple A o el GAL, algunos de los principales grupos parapoliciales que emplearon la guerra sucia contra ETA. En mayo de 1978, la Escuela de Guerra Naval encargó a uno de los marinos argentinos que operaban en España, Jorge Osvaldo Troitiño, la organización de una especie de taller didáctico sobre Argentina, de manera que pudiese explicar -y convencer- a sus camaradas sobre las bondades del “régimen político” de Videla y su “desarrollo futuro”.

Según figura en los archivos secretos, la Embajada argentina se encargó de suministrar a Troitiño todo tipo de materiales didácticos, entre los que se encontraban “algunas de las películas de cortometraje sobre el país elaboradas para su difusión al exterior” y distintos “folletos sobre el Proceso de Reorganización Nacional”, nombre habitualmente utilizado por los golpistas para referirse al gobierno militar. De hecho, los responsables de la Escuela de Guerra Naval española ya disponían de los “ejemplares 2 y 3 de la revista Argentina y los folletos números 2 al 5 del Proceso de Reorganización Nacional”, tal como destacaban los diplomáticos en una comunicación enviada a Buenos Aires.

La elección de este marino no fue casual: Troitiño estaba plenamente identificado con los crímenes que cometían sus compañeros de armas en territorio argentino. En agosto de 2004 -26 años después de su intervención en un aula de la Escuela de Guerra Naval española-, este veterano miembro de la Armada envió un correo electrónico a Prensa Independiente, un grupo de apoyo a los genocidas argentinos. En su e-mail, el teniente de fragata volvía a reivindicar la “guerra revolucionaria” -otro de los eufemismos empleados por los represores para referirse al terrorismo de estado-, admitía su participación en esos terribles actos y lanzaba alguna que otra velada amenaza contra todos aquellos que se atreviesen a juzgarlo.

Su exposición en la Escuela de Guerra Naval de Madrid apenas era un adelanto de lo que estaba por venir. Entre 1979 y 1983, el Ejército español envió a varios agentes a realizar cursos en la Escuela de Inteligencia de Buenos Aires, dirigida por los represores más sanguinarios de la dictadura. Entre los alumnos españoles figura Joaquín Rodríguez Solano, un coronel de la Guardia Civil que se vio involucrado en la trama de la operación Galaxia, el fallido intento de golpe de estado que planificaron los sectores más ultras del ejército en noviembre de 1978. Tres años después de ese experimento, Rodríguez Solano viajó a Argentina para aprender las tácticas de Inteligencia del régimen de Videla.

Según consta en los archivos, las relaciones entre civiles y uniformados de uno y otro lado del Atlántico no acabarían ahí. Durante los peores años de la dictadura, los generales Jaime Milans del Bosch, Miguel Luengo Tejero y Ramón Cuadra Medina fueron algunos de los invitados a las comidas organizadas por los diplomáticos argentinos en distintos restaurantes de Madrid. Los funcionarios de la embajada también mantuvieron contactos con el Comisario Principal de Policía de Madrid, Gonzalo Gómez Ruiz, y con el general del ejército de Tierra, José Gabeiras Montero.

“Así nos va”

El modelo represivo argentino también despertaba interés en el entorno del presidente Adolfo Suárez. Así quedó plasmado en un documento secreto redactado por el embajador argentino, Jorge Washington Ferreira, tras reunirse con el ministro de la Presidencia del ejecutivo español, José Pedro Pérez Llorca, considerado como uno de los siete padres de la Constitución. Según este memorándum, el encuentro tuvo lugar el 21 de enero de 1980, duró 45 minutos y giró “sobre la situación argentina y española”. “El ministro se mostró interesado por conocer diversos aspectos relacionados con el terrorismo en la Argentina”, destacaba Ferreira en su informe.

El embajador de Videla aprovechó el interés de su interlocutor para hacer apología de los crímenes cometidos por la dictadura. “Puntualicé que las FFAA y de Seguridad habían enfrentado una verdadera guerra, la que, felizmente, había concluido con la total derrota del enemigo en el campo militar”, subrayó el funcionario. Entonces llegó uno de los momentos más inolvidables de la reunión: en tono didáctico, Ferreira explicó que “había dos métodos para enfrentar el terrorismo: el meramente policial, con represión normal y gradual, y el de guerra total con represión drástica mediante el empleo, incluso, de los medios militares”. El embajador remarcó que Argentina había “optado por éste último”, a lo que Pérez Llorca apostilló: “Nosotros por el primero, y así nos va”.

En otro momento de la charla, el entonces ministro y ahora presidente del Museo del Pradose sinceró sobre la postura del gobierno de UCD ante la situación en Euskadi. “Me dijo que ellos habían hecho la transición en España pero que habían tenido errores, principalmente con el proceso autonómico, toda vez que ahora todas las nacionalidades querían equipararse a la vasca y a la catalana y que ello no era posible. De ahí los esfuerzos del presidente Suárez por desacelerar el curso autonómico en las demás regiones. El problema vasco, agregó, es realmente grave”. A lo largo de ese año, los grupos parapoliciales que operaban en Euskadi asesinarían a unas veinte personas.

Danilo Albin vía: publico.es

vía:

 http://www.elciudadano.cl/2014/11/04/124325/espana-planeo-una-solucion-final-para-euskadi-al-estilo-de-videla/

El Imperio-Europa: Terrorismo Occidental... el mayor responsable de muertes en el mundo....Patricio López

Patricio López

Un recuento de los hechos más atroces ocurridos desde la Segunda Guerra Mundial permite una conclusión categórica: nada ha segado más vidas que la voracidad imperial de Estados Unidos y Europa. Pero la manipulación mediática nos ha hecho creer que el terrorismo proviene de otra parte. 

El destacado filósofo e investigador periodístico Andre Vltchek, junto con un grupo de estadísticos, ha cifrado en un rango de entre 50 y 55 millones el número de personas asesinadas después de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia del colonialismo o neocolonialismo de las potencias occidentales. Esta cifra excede hasta la imposibilidad de comparar cualquier atrocidad cometida por grupos o líderes que los medios de estos mismos países erigen como símbolos del mal. Éste es uno de los ejes de las conversaciones entre Vltchek y Noam Chomsky, traducidas y publicadas bajo el título “Sobre el terrorismo occidental: de Hiroshima a la Guerra de los drones” por Lom Ediciones.
Es abrumador constatar hasta qué punto la construcción de la realidad de los medios de comunicación, especialmente en los asuntos internacionales, puede llevar a sociedades enteras a creer que las cosas son al revés de como son. No es, eso sí, pura manipulación, sino un instrumento para garantizar el control social y el gobierno. El propio Chomsky nos recordaba, en un texto de 1990, que en un mundo donde la riqueza está altamente concentrada es funcional que se cumplan cinco condiciones: grandes medios de comunicación con propiedad y orientación que favorezcan el proceso de acumulación neoliberal, el rol ideológico de la publicidad, sistemas de suministro de noticias a los medios de comunicación (agencias), control de la crítica en los medios y anticomunismo como mecanismo de control ideológico.
Desde el atentado a las Torres Gemelas en septiembre de 2001, eso sí, ya no es solo el anticomunismo el modo de situar al terrorismo en conductas ajenas. Ahora también es la interpretación del Islam, por parte de grupos musulmanes, la amenaza que hay combatir en el nombre del bien. Curiosa paradoja de la historia: el mismo Islam que siglos atrás contribuyó al renacimiento de Europa, ahora se convertía en la amenaza de su destrucción y del advenimiento de una época de terror.
Pero la realidad es distinta: durante el breve periodo transcurrido desde 1945 hasta ahora se han producido, con relativa ignorancia de la opinión pública, el mayor número de masacres en la historia de la humanidad. Cuando aquellos crímenes se producen contra los intereses de las potencias occidentales y sus corporaciones, son profusamente exacerbados por los medios; en cambio, cuando se realizan en nombre de la libertad y la democracia, nadie se entera. En esos casos, las víctimas son lo que inquietantemente el escritor George Orwell llamó los unpeople.
Del mismo modo, la prensa occidental ha concentrado todos sus dardos en los gobiernos que no son afines a las potencias, los cuales calzan bastante con los que George W. Bush puso como parte del Eje del Mal: Cuba, Venezuela, Zimbawe y Rusia son los de más actualidad. En cambio, países donde hasta hoy se cometen atrocidades son por lo general defendidos o invisibilizados, tales como Israel, Ruanda, Uganda, Arabia Saudita, Kenia o Filipinas.
Este fenómeno se ha agravado desde el atentado a las Torres Gemelas de 2001, deleznable ataque donde murieron miles de inocentes, pero cuya ocurrencia no puede sino explicarse como una consecuencia de las políticas de Estados Unidos en los países de procedencia de los perpetradores. Desde entonces, y a pesar de las promesas de Obama, la acción de la potencia norteamericana en Medio Oriente ha sido aún más violenta e intervencionista. Trece años después, en cualquier hora, Estados Unidos puede matar en la zona –como lo ha hecho decenas de veces- a más personas que las que murieron en el atentado de Nueva York, sin que el mundo mayormente se entere. Con una consecuencia adicional, que ya anticipaba hace años el célebre historiador británico Eric Hasbawn: “la reacción de Estados Unidos puede llevar el mundo a la guerra y provocar que los gobiernos de los países del Golfo caigan en manos fundamentalistas”.
Los autores afirman que, en esos países, incluso los sectores progresistas forman parte de la desinformación. Ponen como ejemplo a Francia, donde la centroizquierda recuerda al general De Gaulle con admiración, sin registrar en absoluto las tropelías que el país cometió bajo su mando en África. Esas muertes no son relevantes para esos progresistas europeos. En cambio, miran la paja en ojo ajeno cuando se trata de otros gobiernos y, en eso, los grandes medios juegan un papel fundamental. Ya lo sabemos acá con ejemplos como El País, cuya principal vara de medida para los gobiernos latinoamericanos es su política de apertura a la inversión española. Por eso, y a pesar de decirse cercano a las ideas de centroizquierda, trataba mucho mejor al gobierno de Piñera o al de Colombia que a los de Bolivia y Ecuador. Incluso llegó a publicar en portada una foto falsa de Hugo Chávez muerto, confundiendo sus deseos con la realidad.
El propósito de estas ideas no es relativizar las muertes. Es al revés: para los poderes que hoy construyen el sentido común del mundo no todos los muertos valen lo mismo. Estar informados contribuye a que, al revés, todas las víctimas de violencia importen por igual.
Pero no es solo un acto de soberanía intelectual, sino un deber cívico, puesto que, como dice en una parte del libro, “tenemos la responsabilidad de comprobar por nosotros mismos lo que se está haciendo en nuestro nombre”.

vía:
 http://radio.uchile.cl/2014/11/02/terrorismo-occidental-el-mayor-responsable-de-muertes-en-el-mundo

Documentales-El Imperio: La historia no contada de Estados Unidos

Oliver Stone y el profesor Peter Kuznick nos presentan la historia secreta de Estados Unidos, una historia enterrada hasta hace poco y que ha salido a la luz gracias a archivos y material recientemente desclasificado.

Llena de hechos históricos poco conocidos, la serie cubre el período comprendido entre la eclosión del Imperio Americano a mediados del siglo XX (final de la Segunda Guerra Mundial) hasta nuestros días, revelando las profundas raíces que algunas políticas de la Administración Republicana de Bush-Chenney pusieron en práctica en tiempos pasados y cómo éstas se han mostrado difíciles de cambiar por el nuevo Presidente del Partido Demócrata Barack Obama.

Stone y Kucknick retan la ortodoxia y hacen preguntas que no suelen hacerse, para mostrarnos una historia que no es la que estamos acostumbrados a leer en los libros de texto ni a ver en la televisión.

(información tomada de la web:
http://fusilablealamanecer.blogspot.c...)

Argentina: Desmonte, la ley de la selva......Radio Mundo Real

"En Argentina se produce el 4,3 por ciento de la deforestación mundial. Y Salta es líder entre las provincias del país". Deforestación, agronegocios, trasnacionales y violaciones a los derechos humanos de las comunidades wichí y campesinas que se ven desplazadas de sus territorios. Compartimos con todas y todos este trabajo fotoperiodístico del Movimiento Argentino de Fotografxs Independientes y Autonomxs (M.A.F.I.A)

"En Argentina se produce el 4,3 por ciento de la deforestación mundial. Y Salta es líder entre las provincias del país. Cada día desaparece en Salta una superficie récord de monte nativo. A razón de 164 canchas de fútbol cada

24 horas. Aunque está vigente una ley que protege los bosques, en la provincia fueron arrasadas 358 mil hectáreas en seis años. “Esta semana nos avisaron que van a voltear 3000 hectáreas donde vivimos. Nadie nos preguntó. Y a nadie vamos a dejar pasar. Nosotros vivimos, nosotros morimos acá”, avisó Ramón Paz, de la Federación Wichí Ruta 81 de Salta. El motivo de la deforestación es el modelo agropecuario que avanza sobre el norte argentino.
La Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) denunció que el despojo de la tierra conlleva al desplazamiento de pueblos originarios y campesinos a las periferias urbanas, y alertó: “Este avance sobre los derechos de los pueblos indígenas implica su extinción”.
Este extracto pertenece al texto Arrasando Vida, de Darío Aranda y acompaña este importante trabajo fotoperiodístico de M.A.F.I.A (Movimiento Argentino de Fotografxs Independientes y Autoconvocadxs) sobre la desforestación en la provincia de Salta, Argentina. En el siguiente link pueden acceder al texto completo: Aquí
Acceda aquí a la galería de fotos: RMR
Fuente: Radio Mundo Real

vía:
  http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Argentina_Desmonte_la_ley_de_la_selva

Puerto Rico: Al borde del jaque mate.....Jesús Dávila

Jesús Dávila

NCM Noticias

SAN JUAN, Puerto Rico, 3 de noviembre de 2014 (NCM) – Si Puerto Rico no supera la tendencia a la baja en el empleo, en dos años estará al nivel de la década de los ochenta del siglo pasado y en un par de años más su capacidad para proveer fuentes de trabajo a la gente se habrá retrotraído a las primeras décadas del régimen autonómico, con lo cual habrá quedado destruido el esfuerzo colectivo de más de medio siglo.
Eso deja apenas unos cuantos años para que Estados Unidos ponga en orden la economía de esta colonia caribeña o resuelva su condición política antes de que sea irremediable su descalabro total, en tiempos en que ese tipo de arreglos autonómicos con pueblos sometidos se encuentra bajo fuerte presión en diversas partes del mundo.
Pero aunque ya han surgido voces en EEUU que advierten la necesidad de actuar radical y urgentemente, el tema no parece ser prioridad para Washington, en tanto América Latina insiste en una solución.
Tampoco se hace cargo de la gravedad de la situación –al menos públicamente- el gobierno autonomista, que este verano cerró miles de puestos de trabajo irregulares en la plantilla del propio Estado, aunque ha sido exitoso en prevenir que los informes sobre el tema se difundan mucho.
Pero las estadísticas del propio Gobierno tienen cifras tan contundentes que poco les falta para gritar.
Según la base de datos crudos del Departamento del Trabajo, en septiembre pasado el empleo total bajó a 967.000, que es 79.000 por debajo de diciembre de 2012, al terminar el anterior gobierno anexionista, así como 334.000 desde que estalló la crisis en 2006. La cifra también permitió ver que durante este año 2014 se ha acelerado la pérdida mensual de puestos de trabajo, lo que corresponde a las estadísticas económicas en general.
Para hacer un cálculo de a dónde puede conducir la tendencia, NCM Noticias tomó como base las tasas de baja, de la más benigna que es el promedio mensual total durante la crisis, la intermedia que es el ritmo de pérdida de empleos desde enero de 2013 y la más acentuada, que viene a ser el promedio de reducción en 2014. El resultado fue que se puede prever que el primer escenario es de poco más de 877.700 puestos de trabajo al final de 2016, de cerca de 865.400 en el segundo escenario y 805.000 en el pronóstico más grave.
Como la tarea periodística fue prever lo que podría pasar si las cosas siguen iguales, no se tomó en cuenta la posibilidad de eventos extraordinarios que mejoren dramáticamente la economía, ni que las bajas en el empleo puedan seguir acelerándose.
Cualquiera de los escenarios coloca las perspectivas de empleo total de Puerto Rico al final del año 2016 de vuelta a los años 1986-87, en momentos en que Puerto Rico comenzaba a recuperarse de la recesión de principios de los ochenta y en el inicio del largo período de crecimiento económico sostenido, que se hizo añicos en 2006. De hecho, los tres modelos indican que la pérdida neta de puestos de trabajo a lo largo de la crisis habrá acumulado bajas desde más de 423.000 hasta casi medio millón al finalizar el año 2016.
De extenderse las tendencias actuales un poco más, el cálculo correspondiente al cierre de 2018 vendría a ser que en Puerto Rico quedarían apenas 661.000 puestos de trabajo para sostener la población, lo que fue el nivel en el que, en términos generales, estuvo el empleo total desde finales de la década de los cuarenta hasta los primeros años de la década del sesenta del siglo pasado.
Por supuesto, que las posibilidades de que pase algo que saque a Puerto Rico del atolladero económico en que se encuentra deberían aumentar con el paso del tiempo. Eso hace que el pronóstico sea menos preciso cuando se proyecta a más años de distancia.
Las acciones del Gobierno ante esas perspectivas están matizadas por tal nivel de negación que, desde que se planteó la más reciente reforma para atender la crisis fiscal del Estado se proclamó que los ahorros que se planificaban se harían sin despedir empleados irregulares, a pesar de que se estipuló explícitamente eso en el estatuto. Durante meses el Gobierno se ha negado a atender requerimientos de información sobre los despidos, hechos por el periódico El Vocero y NCM Noticias, pero las cuentas oficiales ya reflejan que en el período de abril a agosto de este año se eliminaron en el gobierno central más de 6.300 empleos de tipo irregular.
Pero la política de control informativo –con un repertorio que va desde la ocultación hasta la mentira- ha ido perdiendo su efectividad ante la avalancha de medidas impositivas para proteger las asediadas arcas del Estado, así como las presiones crecientes para la entrega de bienes públicos a empresarios aventureros o especuladores. Tampoco ayuda mucho la tendencia mundial, consignada en estudios de la Organización Internacional del Trabajo, de recuperación económica sin aumentos en el empleo o mejoramiento de las condiciones sociales de los sectores empobrecidos.
Eso va dejando, entre los principales estabilizadores para evitar el tumulto social, factores tales como que continúe aumentando la gente que abandona el país, con la consecuente pérdida del potencial en el capital social o incrementos todavía mayores en las transferencias de dinero desde EEUU, blanco de ataques cada vez más por parte los sectores que opinan que los pobres ya reciben demasiado. Otros estabilizadores para la situación social, aunque son de los más volátiles, vienen a ser el contrabando y la corrupción.
El principal de los estabilizadores, el dominio mismo de parte de EEUU –con la creencia general de que garantiza acceso a la riqueza y protección de la democracia- ha sufrido laceraciones en los últimos años. Han contribuido a eso el repudio a usos militares del país, descrédito de las jefaturas políticas y las elites económicas, así como el retiro del consentimiento a la condición colonial.

vía:
 http://rebelion.org/noticia.php?id=191617

México: La guerra ha comenzado....Por Heriberto Paredes Coronel / SubVersiones

La situación en el Estado de Guerrero, México, es brutal. La desaparición de los estudiantes normalistas y la incertidumbre ante la falta de información se combina de formas macabra con el anuncio del crimen organizado: la guerra ha comenzado. Crónica desde el terreno de nuestro compañero Beto Paredes desde el terreno.

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Por Texto y fotos: Heriberto Paredes Coronel / SubVersiones
La guerra ha comenzado. Ésta es la última frase de una manta que apareció el día de ayer colgada en la ciudad de Iguala, Guerrero. Se atribuye a la organización Guerreros Unidos (GU) la autoría del mensaje; en éste dan 24 horas al gobierno estatal para entregar a los 22 policías detenidos como responsables de la matanza de estudiantes.
No se hace un canje, simplemente se anuncia lo que es ya una verdad dicha por todos lados: la guerra entre organizaciones criminales ha comenzado y la disputa por el control de las plazas es ya una realidad innegable. Los primeros episodios –previos a la oficialización– son la batalla entre Los Rojos y GU por Mezcala y Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri, y el combate de Los Rojos contra los Ardillos en la ciudad de Chilapa hace menos de dos meses. Este lunes se hizo oficial un nuevo periodo en la historia reciente de este golpeado estado pero también se confirmó la participación del crimen organizado en el asesinato y desaparición de los estudiantes.
Mientras esto ocurría en uno de los centros en disputa por los cárteles locales; en las instalaciones de la Escuela Normal «Raúl Isidro Burgos» –ubicada en la comunidad de Ayotzinapa, municipio de Tixtla– los familiares de los estudiantes desaparecidos se reunían para una conferencia de prensa y para comenzar una serie de rezos colectivos que permitieran mitigar un poco el dolor que lleva días oprimiéndoles el pecho.
Tanto normalistas como familiares anunciaron que intensificarían las acciones para presionar al gobierno estatal y federal; reafirmaron su postura de continuar las investigaciones y denunciaron las versiones que se han difundido a nivel nacional e internacional que aseguran que los cuerpos encontrados en fosas son los cuerpos de los estudiantes, “todavía no se han terminado los exámenes médicos y de ADN, así que para nosotros aún no están muertos y los vamos a seguir buscando, pero exigimos también a las autoridades, a la policía municipal, que los presente con vida de inmediato”, dijeron mientras muchas de las madres lloraban silenciosamente.



Luego de estas declaraciones los familiares se reunieron frente a un altar y muchas velas encendidas, ahí comenzaron los rezos que continuaron hasta algunas horas después. A su alrededor los estudiantes de la Normal iban y venían trayendo café y galletas, ollas llenas de comida, garrafones de agua, vasos desechables. Un ir y venir de jóvenes llenaba la cancha de básquetbol en medio de la cual los rezos se mantenían al unísono. “Pareciera que en la actualidad van a acabar con todos los jóvenes, porque todos los días, padre mío, aparecen jóvenes muertos, no sé que está pasando”, dijo con firmeza una de las madres que conducía el rezo.
Logramos conversar con algunos estudiantes, uno de ellos, Uriel Alonso, estuvo en el lugar de los tiroteos y nos permitió recopilar su testimonio. Nos contó ampliamente lo que pudo observar mientras los policías municipales disparaban sin ser atacados. También pudimos contar con las valoraciones de otro normalista, David, quien nos recordó la situación de los jóvenes heridos que aún permanecen en el hospital y categorizó todo esto como un cambio de un movimiento estudiantil a un movimiento social. Ambos testimonios se pueden conocer en el video que acompaña esta publicación.

El dolor que impide el habla
Preguntamos algunas veces sin ser insistentes y con mucho cuidado, pero la respuesta –salvo una excepción– siempre fue negativa. Es todavía el momento en que el dolor de la incertidumbre impide hablar frente a personas desconocidas, sobre todo si éstas tocan el tema del origen de tanto dolor. Nuestras preguntas serán inútiles cada vez que nos acerquemos a alguien que tiene un familiar desaparecido, las palabras que logremos dirigirle serán agresivas, tontas, nunca lograrán acercarnos a la desesperación. Esto lo entendimos cuando nos cruzamos con una señora que llevaba un vestido azul, el cual le daba un aire vistoso entre los pasillos de la Normal; justo al pasar cerca de nosotros nos animamos a preguntar y con una mirada desconsolada nos pidió disculpas “siempre nos preguntan lo mismo y nunca hacen nada; porque ahora no puedo, no puedo hablar de esto”. Su llanto inmediato nos desgarró.
Y así fuimos dando rostro a muchos familiares que andaban ya incorporados a otras tareas en la escuela, una gran familia se había formado a pesar de todo. Además, habitantes de la población de Tixtla y de otros pueblos cercanos llegaron a lo largo de toda la jornada cargados de comida y víveres, de gente dispuesta a apoyar a los estudiantes. La memoria de los desastres naturales no se forja en vano; fueron entonces los normalistas los primeros en meterse a las casas inundadas o en buscar a familiares de las personas afectadas por ciclones y derrumbes. Hoy ellos traen la comida y las aguas de frutas.
De todo el país llegan autobuses llenos de otros y otras normalistas. Nos toca ver a los de Mactumatzá, Chiapas, y entre la gente que mira el autobús se dibuja una sonrisa: “los de Chiapas son bien combativos, no nos iban a dejar solos”.  En el transporte público entre Tixtla y Chilpancingo hay pintas de apoyo a los normalistas, frases muy concretas desmienten la absurda versión de los medios de comunicación de paga, comerciales o como se llamen sobre la poca relación de los ayotzinapos –como despectivamente les llaman— con el pueblo. Cada combi y camión tiene escrita la misma exigencia: “Queremos justicia y la queremos ahora”.
La actitud depredadora de la prensa en la conferencia fue evidente, mientras las madres de los muchachos desaparecidos pedían comprensión por no dar nombres, las agencias internacionales insistían hasta tres veces y lo hicieron con ese gesto burlón de quien no tiene ni idea de lo que es un dolor de ese tamaño. Afortunadamente estas personas se fueron rápido y, en el caso de Televisa, su reportero fue “invitado a retirarse”, dejando claro lo inevitable de la prohibición para que esta televisora y TV Azteca se acercaran siquiera.
Al final del día, Fernando, el tío de Carlos Lorenzo Muñoz Hernández, uno de los estudiantes desparecidos accedió a compartir algunas palabras para SubVersiones: “El decidió que quería hacer carrera en esta institución, hizo méritos para estar aquí. Pasó su examen. Su meta era transformar su vida, ser alguien en la sociedad […] Desgraciadamente en el estado de Guerrero tenemos un gobierno corrupto, desde arriba hasta aquí, así que no hay más que culpar al gobierno del estado, a Ángel Aguirre Rivero, él sabe dónde están estos jóvenes […] No tenemos visita ni del presidente, ni de un diputado, ni de las autoridades estatales, federales, no sabemos nada, todo lo que pasan en esos medios de comunicación son mentiras, ¿dónde están esos jóvenes que dice que aparecieron, acaso él ya vino y le dijo a los padres de familia?”.

Los batallones que se forman
Por un lado están todos los rumores que se cuentan acerca del nivel de responsabilidad de las autoridades municipales y estatales en la masacre; lo que definitivamente no está en duda es la imbricación entre crimen organizado y funcionarios públicos. Faltan algunos elementos aún para que esta parte del rompecabezas comience a tener sentido y para avanzar en conocer el paradero de los normalistas.
Para los familiares esta situación es en extremo compleja, por el momento la versión que afirma que los cuerpos encontrados en las 6 fosas de las cercanías de Iguala son los restos de los estudiantes, no es aceptada, para las madres y padres, sus hijos están aún vivos y los gobiernos estatal y federal deben presentarlos con vida de inmediato.
Como en un campo de batalla, los distintos bandos –por un lado el crimen organizado y el gobierno en sus distintos niveles, por el otro, normalistas, familiares y todas las personas que han manifestado su repudio a la violencia y la muerte— se preparan para enfrentar episodios que aún desconocemos pero que no serán fáciles. La escalada de corrupción, engaños, amenazas y muerte es todavía la tendencia en Guerrero, y no hay indicios de que esto vaya a detenerse, mucho menos si las elecciones estatales no están tan lejanas y se trata, o de conservar el poder por parte del bloque de Aguirre o de recuperarlo, tal y como la familia Figueroa pretende. 

vía:

http://otramerica.com/radar/mexico-guerrero-la-guerra-ha-comenzado/3255

Argentina: Se pretende rematar judicialmente y desalojar el Espacio Cultural Pompeya...biodiversidadla.

¡No al desalojo. ¡Sí a la expropiación! Clases públicas: 5 y 6 de noviembre / Conferencia de prensa: 6 de noviembre. Esperamos que nos acompañen con su presencia, y que difundan nuestro reclamo.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 1, a cargo del Dr. Alberto Alemán, Secretaría N° 1 -a cargo del Dr. Mariano Conde- avanza en la decisión de rematar judicialmente el Espacio Cultural Pompeya, lo que abre las puertas para el desalojo. Esto es a pedido del principal acreedor hipotecario: el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Esta decisión del juzgado se enmarca en el crecimiento de la especulación inmobiliaria y financiera, que en la Ciudad de Buenos Aires está llevando al cierre sistemático de espacios culturales autónomos y populares.

El Espacio Cultural Pompeya lo compartimos con la Asamblea Barrial Pompeya-Traful, la Comisión por la Memoria de los Desaparecidos "Pompeya No Olvida", y la biblioteca popular que lleva el nombre de una educadora detenida-desaparecida del barrio: Rosa Lamorte, el Centro Cultural Pompeya. Es un espacio abierto al barrio para actividades educativas, sociales y culturales, y abierto también a movimientos sociales, para actividades pedagógicas y culturales. Además está habitado por una familia, con tres niñxs menores de edad, uno de los cuales sufre una discapacidad.


En estos meses, además de recibir solidaridad activa de muchas organizaciones, hemos recibido la propuesta de legisladores-as de promover este espacio como de interés cultural para la Ciudad de Buenos Aires, y se ha presentado en la Legislatura de la CABA un proyecto de ley de expropiación, que tiene como objetivo preservar el sentido social del inmueble. Es para difundir estas nuevas acciones, y reforzar el pedido al juzgado para que no siga avanzando en la privatización del Espacio Cultural Pompeya, que realizaremos los días 5 y 6 de noviembre, de 10 hs.a 12 hs., -horario en que el juez indica la visita de posibles interesados en adquirir el inmueble- clases públicas en la puerta de nuestra sede y una conferencia de prensa el día 6 a las 11 hs. en el mismo lugar.


Esperamos que nos acompañen con su presencia, y que difundan nuestro reclamo.

¡No al desalojo. ¡Sí a la expropiación!


Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía




Teléfonos de contacto:

Aníbal Mosquera: 1530669256 /

Lisa Buhl: 1534572721 /

Claudia Korol: 1560491996

vía:
 http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Campanas_y_Acciones/Argentina_Se_pretende_rematar_judicialmente_y_desalojar_el_Espacio_Cultural_Pompeya

Perú: Indignación en Cajamarca, Policía asesina a ciudadano ....por Celendin Libre

Celendin Libre

"Si no pagas; simplemente la policía te mata. Esto es terrorismo de Estado en nuestro país de mierda."

Cajamarca, la primera región minera del País, 21 años extrayendo oro de sus entrañas, 21 años enriqueciendo a los Roque Benevides, 21 años aportando canon al país, para que se lo roben los fujimori, los garcía, los toledo, los humala, 21 años contaminando, el agua, las tierras y a las personas. 21 años de desarrollo capitalista, neoliberal; 21 años de desprecio a los cajamarquinos.
Ayer en este paraíso minero un ciudadano Cajamarquino como tú, no pudo cumplir con su deuda impagable ante un banco protegido por el Gobierno; tienes que trabajar sólo para pagarle al banco, para enriquecer a los banqueros que gozan con todas las facilidades del Gobierno para asegurar que trabajes para ellos. Si no pagas; simplemente la policía  te mata. Esto es terrorismo de Estado en nuestro país de mierda.
El sistema está contra nosotros. Bancos sin regulación, con préstamos impagables, el Estado que pone la policía y la justicia al servicio de los banqueros y mineros para asegurar que nos sigan exprimiendo y ellos enriqueciéndose. Aquí vemos el modelo capitalista en su máxima expresión.

vía:
 http://www.lahaine.org/mm_ss_mundo.php/indignacion-en-cajamarca-peru-policia

México: 'Megamarcha' en México: "La indignación crece"

En México, tiene lugar la llamada 'megamarcha' con el mismo objetivo de las manifestaciones anteriores: demandar a las autoridades el retorno con vida de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre. En este contexto, la directora de 'Mientras Tanto en México', Karla Rivera, opina que la desaparición de los estudiantes representa solo la punta del iceberg de los problemas que afronta el país.

Chile-Pueblos Originarios: Entrevista a niños mapuche esposados de pies y mano en tribunal de Collipulli

La imagen de tres menores mapuche esposados de manos y con grilletes en los pies ha causado indignación en las redes sociales. Desde la comunidad Coñomil Epuleo, adonde pertenecen los menores, emplazan al Intendente Huenchumilla, quien interpuso la querella que afectaba a los menores y señalan con indignación el abandono e indiferencia de las autoridades ante la humillación que vivieron los menores.




La imagen fue subida por el comunicador social mapuche Richard Curinao, miembro de la comunidad mapuche Coñomil Epuleo que lleva adelante hace meses un proceso de recuperación territorial en contra del latifundista Hernán Bayer, proceso que ha tenido varios episodios de represión.

Vídeo realizado por: AraucaniaOnline

Música: Smooth Jazz

Música: French Music for Harp and Strings

Música: Bossa-小野リサ- COMPLETE BEST

Música: Blues Syndicate...Selección Dos de Octubre

SELECCIÓN 2 OCTUBRE BLUES SYNDICATE

Programa sin guión y buena música. Una serie de temas seleccionados de las últimos discos escuchados.

1- BLACK SNAKE BLUES - MONISTER PARKER
2- BLUES FOR CUMMINS PRISION - CALVIN LEAVY
3- BOTTLE UP AND GO - HAMMIE NIXON
4- DRIFTING CLOUD - DRIFTING CHARLES
5- HESITATION BLUES - JIM JACKSON
6- I'M GONNA PLAY THE HONKY TONKS - MARIE ADAMS WITH THE BILL HARVEY ORCHESTRA
7- I´M TORE UP - HARMONICA FATS
8- IF I GIVE MY LOVE TO YOU - LOWELL FULSON
9- WEEKLY BLUES - LAFAYETTE THOMAS
10- LEVEE CAMP BLUES - MISSISSIPPI FRED MCDOWELL
11- MAN AROUND MY DOOR - GRACE BRIM
12- NO ONE TO LOVE ME - LEROY COUNTRY JOHNSON
13- SHE'S GONE - JIMMY MCCRACKLIN & HIS ORCHESTRA
14- TELEPHONE BLUES - 'LITTLE GEORGE' SMITH
15- TOMORROW NIGHT - JUNIOR KIMBROUGH
16- MR. TICKET AGENT - DONALD COOKS
17- YOU TOLD ME - GUS JENKINS
18- YOU´RE MY MIDNIGHT DREAM - HENRY GRAY

El archivo se encuentra en:
http://www.ivoox.com/seleccion-2-octubre-blues-syndicate-audios-mp3_rf_3648983_1.html



Una producción de Carlos Díez para Blues Syndicate
Por favor, mandar comentarios a bluessyndicate@gmail.com

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