Perú: Corrupción, desastre y reconstrucción política del Estado peruano | Por Antonio Peña Jumpa*

¿Por qué no reconstruir políticamente el Estado peruano con una estructura social-comunitaria que conecte nuestro desarrollo pre-hispánico con las necesidades de la población actual? Es un tema de debate que el actual proceso de reconstrucción nos brinda como oportunidad. A continuación un análisis a cargo de Antonio Peña Jumpa


Por Antonio Peña Jumpa*

10 de abril, 2018.- Tras los últimos acontecimientos de corrupción ocurridos en el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo del Perú, que llevaron a la renuncia del Presidente Pedro Pablo Kuczynski el 21 de marzo de 2018, se pudo apreciar la situación de desastre político que caracterizó el Estado peruano. No se trata solo de actos ilícitos o delitos de los actores políticos dados a conocer en videos y grabaciones, con graves daños a los poderes del Estado, sino de la indignación, rabia e incapacidad de respuesta organizada de los ciudadanos, identificados como damnificados. En estas circunstancias, surge como necesidad reconstruir el Estado peruano, del desastre político, buscando favorecer a estos damnificados o ciudadanos.
Presentamos 7 propuestas para el proceso de reconstrucción político del Perú:

1. Partir de un diagnóstico que explique la vulnerabilidad de nuestros políticos, de las instituciones y Poderes del Estado. El desastre político se ha concentrado en el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo, lo que implica conocer ¿Por qué un congresista interviene en la gestión de obras públicas del Poder Ejecutivo? ¿Por qué no hay transparencia y orden de prioridad en la ejecución de las obras públicas? ¿Se negocia bajo intereses privados el Presupuesto General de la República?
2. Apoyar al Poder Judicial y el Ministerio Público. Estas dos instituciones jurisdiccionales del Estado son las menos afectadas del desastre político. A pesar de sus limitaciones (por su carga procesal y el formalismo en sus magistrados), estas instituciones son las que actualmente pueden devolver parte de la confianza institucional al actuar evitando la impunidad y sancionando con celeridad a quienes resulten implicados en los casos de corrupción.
3. Comprender las limitaciones del actual Poder Ejecutivo. La transmisión de la Presidencia de la República hacía el primer Vicepresidente y la designación de un nuevo gabinete ministerial son solo acciones transitorias en la situación de desastre político vivido.

La necesidad de nuevas elecciones, con un cambio total en el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo, aparecen como una mejor opción de proyección y transformación hacía una política honesta que reclama la población damnificada. Los actos de corrupción develados en el Congreso y el Poder Ejecutivo son actos de traición al Estado y al país, lo que demanda un cambio profundo, no solo de personas.

4. Promover la participación de la población no-política de la sociedad en el Estado. Ello supone que los damnificados tomen la dirección de la reconstrucción política participando directamente en las instituciones o Poderes del Estado. La forma más simple de intervención es a través del voto informado en las próximas elecciones, pero también promoviendo el debate de temas centrales para su comunidad. Así, cabe debatir sobre un procedimiento de gestión y supervisión directo para materializar la obra pública en su comunidad, distrito, provincia o región.
5. Transformar en un corto plazo las principales instituciones políticas del Estado. En el caso del Congreso de la República, por ejemplo, es urgente debatir si conviene volver al sistema bicameral o continuar con el sistema unicameral, si conviene que los congresistas sean elegidos por partidos políticos o bajo otra forma de representación local o regional directa, si conviene una mayor regulación de sus funciones o que el pueblo que los elija también los fiscalice y desafuere a nivel local o regional.
6. Prevenir y controlar la corrupción privada. Esto significa identificar, investigar y juzgar preventiva y reactivamente a los empresarios de la construcción, profesionales, grupos de interés y sus empresas, involucrados con la corrupción.  Ellos deben ser sometidos, al igual que los políticos, ante la autoridad jurisdiccional y el pueblo (de donde emana la Justicia), y ser impedidos de continuar en sus actividades hasta que no paguen los daños ocasionados al erario nacional. La población local es la primera interesada en una obra pública, y por ello conoce de las irregularidades en la adjudicación y ejecución de la obra, lo que le permite intervenir complementando el actuar de las autoridades del Estado.
7.  Iniciar el debate de temas constitucionales que integren el país, respetando la diversidad cultural y buscando superar las diferencias sociales. Los servicios públicos en salud, educación, vivienda, transporte, seguridad y justicia deben ser repensados bajo esa diversidad y diferencias, con participación de los afectados directos.

En suma, la reconstrucción política del Estado peruano, tras el desastre vivido, involucra un nuevo modelo de participación política y, necesariamente, un nuevo modelo económico. Al fracaso del modelo Estatal-mercantilista, se ha sumado el fracaso del modelo liberal-mercantilista ¿Por qué no reconstruir políticamente el Estado peruano con una estructura social-comunitaria que conecte nuestro desarrollo pre-hispánico con las necesidades de la población actual? Es un tema de debate que el actual proceso de reconstrucción nos brinda como oportunidad.
Lima, 30 y 31 de marzo y 7 y 8 de abril de 2018.
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*Antonio Peña Jumpa es profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado, Magister en Ciencias Sociales y Ph.D. in Laws.


vía:https://www.servindi.org/actualidad-opinion/10/04/2018/corrupcion-desastre-y-reconstruccion-politica-del-estado-peruano