Argentina: #NiUnaMenos y el rol del Estado en la estructura de violencia contra las mujeres....lavaca.org
Este
3 de junio el grito de #NiUnaMenos es claro: “El Estado es
responsable”. En todo el país diferentes organizaciones preparan
movilizaciones para ese día. La cita en Capital es el sábado a las 15,
desde Tribunales, que se unirá a las 16 a la convocatoria de otro de los
colectivos, que se concentra a esa hora en el Congreso, para marchar
juntas a Plaza de Mayo. También habrá acciones que se realizarán en la
semana previa, para agitar la movilización del 3J. El eje de este año es
analizado por lavaca en esta nota que resume, a partir de dos
casos emblemáticos, el rol del Estado en la estructura de violencia
contra las mujeres.
En el
marco del reclamo de #NiUnaMenos enfrentamos una realidad que nos obliga
a pensar la violencia contra las mujeres más allá de la caracterización
que la simplifica a una tragedia biográfica, de vínculo personal y de
conducta individual. De caso por caso. El grito de #NiUnaMenos ha dejado
en claro que la violencia contra las mujeres supera este encuadre al
resaltar su carácter sistémico, pero gracias a esa visibilidad que la
sociedad le otorgó hoy podemos contemplar un cuadro más amplio, en el
cual emergen las responsabilidades del Estado.
Un ejemplo son las
actuaciones que la policía, justicia y gobernación bonaerense han
demostrado en los femicidios de Melina Romero (17 años) y Araceli Fulles
(22 años) ambos crímenes cometidos en el partido de San Martín,
provincia de Buenos Aires. Ambos, también, soportan hoy las
consecuencias del accionar estatal, exponiendo a peligrosas situaciones a
una testigo y a dos familias.
El caso Melina
El
24 de agosto de 2014 Melina Romero salió a festejar su cumpleaños
número 17 y jamás regresó. Su desaparición fue caratulada como
“averiguación de paradero”. Estuvo desaparecida un mes, durante el cual
la policía Bonaerense realizó erráticos procedimientos de búsqueda,
promocionados en la prensa. En ese período, algunos medios se hicieron
eco de las versiones policiales, que describían a la víctima como una
joven “fanática de los boliches”, dedicada “a la vagancia” [1].
La causa fue instruida por la fiscal María Fernanda Billone.
Melina
estuvo desaparecida un mes, hasta que su cuerpo fue encontrado no por
la policía, sino por las mujeres de su barrio, a orillas del río Morón,
muy cerca del basurero CEAMSE, en la localidad de José León Suárez.
Estaba adentro de una bolsa de basura. Los primeros resultados de la
autopsia establecieron que Melina había fallecido por “sofocamiento”
entre 20 y 25 días antes de ser encontrado su cadáver y que sufrió un
infarto fulminante, pero hasta hoy la forma en la que se produjo su
muerte no ha sido investigada por la justicia.
Según declaró en
tribunales Melody -nombre con el que se dio a conocer en los medios la
adolescente que fue testigo del femicidio- Melina fue asesinada en una
casa de la localidad bonaerense de Pablo Podestá, y luego fue
transportada dentro de una bolsa, en un auto, hasta el arroyo donde fue
hallada.
La querella particular de la familia, patrocinada por el
Dr. Marcelo Biondi, denunció que varias pruebas fundamentales para
sostener el caso se perdieron por la descuidada actuación judicial –la
familia denuncia, entre otras irregularidades, que no se pudieron hacer
pericias claves porque no había “reactivos” – y a pesar de que en una
primera instancia fueron detenidos los tres hombres señalados por la
testigo, al momento de definir la elevación a juicio oral, el fiscal
general de San Martín, Marcelo Lapargo, decidió no acusarlos. El
resultado es que por primera vez se llegará a juicio oral sin querella
fiscal y solo en el caso de uno de los tres sospechados del crimen. Los
otros dos, quedaron libres y sin cargos. El juicio aún no tiene fecha.
Por
su parte, Melody, la testigo clave, sí tiene fecha de juicio, ya que
fue acusada de falso testimonio, criminalizándose así su testimonio. Su
seguridad personal es también motivo de nuestra preocupación: el 25 de
marzo de 2015 el policía Cristian Ricard, encargado de custodiar a
Melody, fue asesinado de un balazo. Ese mismo día, la mujer policía que
se dirigía a relevarlo denunció que había sido secuestrada en auto,
golpeada y liberada muy cerca de la casa de Melody.[2]
El
Consejo Nacional de la Mujer, a pesar de tener potestad y recursos para
presentarse como querellante, no intervino en la causa judicial del
femicidio de Melina, ni prestó ningún tipo de apoyo a su familia.
La
situación de Melody es responsabilidad específica del Programa Nacional
de Protección de Testigos, obligado a velar por su integridad, que hoy
está en serio riesgo. Melina Romero
El caso Araceli
Araceli
Fulles desapareció el 1° de abril de 2017. Su familia realizó la
denuncia correspondiente en la comisaría 5° de San Martín. El caso fue
caratulado “búsqueda de paradero”. La fiscal a cargo de la investigación
es Graciela López Pereyra.
Durante los primeros 10 días de su
desaparición prácticamente no hubo ninguna actuación, ya que la
principal hipótesis policial, que también difundieron los medios, era
que se trataba de una joven consumidora de drogas que estaría “de gira”.
El
femicidio de otra joven, Micaela García, y su repercusión nacional,
activaron la solidaridad de los vecinos del barrio de Araceli, que
comenzaron a organizar patrullas de búsqueda, actitud que obligó a la
fiscalía a ordenar rastrillajes. La familia comenzó a denunciar ante los
medios la sospecha de la complicidad policial, ya que notaba una
actitud poco activa en los operativos.
El 16 de abril la mamá de
Araceli reclamó, a través de los medios, la intervención del Presidente,
Mauricio Macri y de la gobernadora María Eugenia Vidal[3],
quien tres días después recibió, junto al ministro de Seguridad
boanerense, Cristian Ritondo, a los hermanos. En esa reunión le
manifestaron sus sospechas sobre el accionar de la policía y le pidieron
recursos concretos: más gente y herramientas. El resultado fue que se
elevó el monto de la recompensa por información, pero los recursos
solicitados nunca llegaron.
El Presidente nunca hizo mención al caso Araceli.
Por
gestión del intendente de San Martín se consiguieron dos perros
pertenecientes a los Bomberos Voluntarios de Punta Lara, entrenados en
la búsqueda de personas, que se sumaron a los operativos. Fue así que
comenzaron a encontrarse rastros de Araceli en las cercanías de su casa,
hasta finalmente dar con su cuerpo, 29 días después de su desaparición:
estaba enterrada en la casa de uno de los hombres sospechados desde el
primer momento de su desaparición. Tanto en así, que esa casa ya había
sido allanada a 12 días de desaparecer Araceli, sin aparentes
resultados.[4]
Con
la aparición del cuerpo, se supo que los principales policías a cargo
de la investigación estaban suspendidos por Asuntos Internos de la
Policía Bonaerense, y que esa sanción no se había hecho efectiva. Fueron
investigados por una denuncia anónima que los señalaba como sospechosos
de desviar la búsqueda de Araceli, lo que motivó una inspección a la
comisaría 5°, que encontró dos sobres de cocaína pertenecientes a un
procedimiento, lo cual motivó la sanción. Aun así, siguieron dirigiendo
el rumbo del caso Araceli. En esa dependencia, además, trabajaba el
hermano de dos de los imputados[5].
Tras
el hallazgo del cuerpo de Araceli se hizo efectiva la separación de sus
cargos del subcomisario Hernán Humbert –a cargo de la comisaría 5°- ,
el jefe de Judiciales, oficial principal José Gabriel Herlein y el
subinspector Elián Ismael, que prestaba servicio en el Comando de
Patrullas y es hermano de Emanuel y Jonatan Ávalos, dos de los 8
detenidos por el femicidio de Araceli.
No hay más información sobre la situación de estos tres integrantes de la Policía Bonaerense.
Por
otra parte, el principal sospechoso, habitante de la casa donde se
encontró el cadáver, estuvo prófugo. Fue identificado y detenido por una
vecina embarazada de la villa a donde se había ocultado. Se supo luego
que ya había sido denunciado en los tribunales de San Martín por abusar
sexualmente de su hijastra de 3 años y por golpear a su hijastro de 5
años, pero luego su concubina retiró esa denuncia y el caso fue
archivado[6].
Todo el accionar policial nunca fue objetado por la fiscal, que aún hoy se encuentra a cargo del sumario. Araceli Fulles
El rol de la fiscalía en contexto
Señalamos algunos datos referidos a la fiscalía general de San Martín, en relación a la violencia contra las mujeres:
La Procuraduría General bonaerense firmó en 2014 una resolución por
la que autorizó la creación de fiscalías con enfoque de género.Está
resolución no tiene carácter obligatorio. En los Tribunales de San
Martín nunca se crearon.
El fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, instruyó a los
fiscales para que no suscriban el Protocolo de Violencia de Género
elaborado por la Procuraduría general[7].
Para poner en contexto cómo afecta esta política fiscal a las
mujeres que reclaman allí justicia, basta un dato: en los seis juzgados
de familia de San Martín se labraron en un solo mes -junio de 2016- un
total de 246 denuncias por violencia machista.
Una provincia, un símbolo de la política estatal
Según las cifras del informe del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires[8],
por día se reciben casi 6.000 denuncias, que siguen un trámite que no
garantiza ni justicia ni seguridad para las mujeres que las realizan.
“El modelo de abordaje de la violencia de género en la provincia de
Buenos Aires ha fracasado dado que se alentó a denunciar sin garantizar
medidas de protección y asistencia efectivas”, advierte Laurana
Malacalza, titular del Observatorio.[9]
Entre otros aspectos el monitoreo del Observatorio advierte:
La falta de capacitación y de instrucciones precisas hacia el
personal que se ocupa de la recepción de la denuncia de las víctimas en
las comisarías. Se observa además, la no conformación de equipos
interdisiciplinarios en esas dependencias.
Los operadores de la justicia no han incorporado la perspectiva de género.
Se observan dificultades en la articulación de las comisarías con el
Poder Judicial. Existen demoras considerables en la remisión de la
denuncia a los Juzgados de Familia/Juzgados de Paz o a la Justicia
Penal.
Frente al incumplimiento de las medidas de protección las mujeres
que han llamado al 911 “se encuentran con varias dificultades”. Por un
lado, cuando se apersona el agente policial al lugar de los hechos,
“tienden a ordenarle al agresor que se retire del lugar y no actúan en
relación a lo acaecido como ante una situación de comisión de un
delito”. En otras ocasiones “se les informa a las mujeres que no cuentan
con móviles o personal para acercarse al lugar. Ante casos de alto
riesgo, y frente a la orden judicial de realizar un rondín policial, en
muchas ocasiones no puede hacerse efectivo o lo hacen menos veces de la
ordenada”, indica el relevamiento.
Las desobediencias e incumplimientos no son registrados en las
estadísticas policiales. Quedan entonces subregistrados los avisos que
las mujeres realizan advirtiendo el incumplimiento a una medida de
protección dictada en el ámbito judicial. Lo mismo ocurre con llamados
que las víctimas o sus familiares realizan a las comisarías frente a una
nueva amenaza de su agresor: vuelven a manifestarles la carencia de
móviles y de personal para acercarse al lugar de los hechos.
Tampoco existe un registro informático de las medidas de protección
vigentes por zonas que permita a las comisarías estar informados sobre
la existencia, vigencia y cumplimiento. “Esto podría facilitar que
actúen rápidamente ante cualquier eventualidad relacionada con su
transgresión e incumplimiento”, indica el informe.
Es creciente el número de causas archivadas por lesiones leves y
amenazas contra mujeres en el ámbito de la justicia Penal. Durante 2014
fueron archivadas el 75 por ciento, lo que demuestra que se minimizan y
desoyen los pedidos de auxilio de las víctimas de violencia machista.
Las denuncias aumentan año a año. En 2014, en las 126 comisarías de
la Mujer y la Familia se recibieron 162.204, es decir, un promedio de
445 denuncias por día en toda la provincia. Esto implica un aumento del
43 por ciento respecto al 2012 y del 38 por ciento en relación a 2013.
En el año 2015 se registraron 195.037 denuncias. Y sólo en enero del
2016, 18.619 denuncias en las 126 comisarías de la Mujer y la familia de
toda la provincia. A estas cifras se deben sumar las denuncias que
ingresan directamente por tribunales. Y también las que se hacen por
abuso sexual, que se clasifican aparte, y también se incrementaron. En
2014 fueron 4.461 y en 2015, 6015 en sede policial.
A nivel nacional, la Línea 144, recibió el año pasado un promedio de
300 llamados por día. Las consultas subieron notablemente a partir del 3
de junio, día de las marchas con la consigna #NiUnaMenos.
Después del femicidio, nada
Los casos
de Melina y Araceli demuestran cómo familias, amigas y vecinas deben
llevar adelante la búsqueda, el reclamo de justicia y el control del
accionar policial. Todo ese esfuerzo es el que produjo, finalmente, la
difusión del caso, el hallazgo del cuerpo y el encarcelamiento de los
responsables del crimen. Pero lo que comienza a partir de allí es otro
proceso muy difícil de sostener en forma familiar o vecinal.
No
hay en estos, como en ningún caso de femicidio, un programa estatal que
trabaje sobre el impacto que en la comunidad produce este tipo de
crímenes, política indispensable dado el carácter social de esta
violencia, pero también por la conmoción que genera en el núcleo social
de cada mujer masacrada: no sólo en su familia, sino en su colegio,
barrio, entorno, que es afectado en forma traumática.
Es el Estado quien debe intervenir directamente para tratar esas heridas sociales.
Cada femicidio es evitable.
Su
brutal irrupción representa la deuda de un Estado que no tiene
programas educativos ni comunicacionales ni sociales que trabajen para
prevenir esta violencia.
Cada femicidio representa, también, una oportunidad de saldar esa deuda.
Es
responsabilidad del Estado intervenir en la comunidad con programas
específicos destinados a enfrentar el trauma social que cada femicidio
produce.
Por otra parte, el trámite judicial, al que estas
familias no tienen fácil acceso, sigue un derrotero tal que consagra
impunidad si no es controlado por los representantes de las víctimas,
rol que la fiscalía no garantiza.
Las familias de las víctimas, a
su vez, no reciben ningún tipo de asistencia ni contención, por lo cual
quedan librados a las fuerzas personales disponibles para monitorear la
causa.
Ambos casos, además, implicaron enfrentar y denunciar
públicamente un entramado de negocios turbios y corrupciones
territoriales en las que están implicados agentes estatales, lo cual
expone a las familias, amigas y vecinas de las víctimas a situaciones
de presión, violencia y riesgo que deben enfrentar sin más protección
que el tejido social que hayan logrado cosechar. [1]
Diario Clarín 13 de septiembre de 2014 “Una fanática de los boliches,
que abandonó el secundario”,
https://www.clarin.com/policiales/fanatica-boliches-abandono-secundaria_0_S1ek3YcD7g.html [2]http://www.lanacion.com.ar/1778916-caso-melina-romero-custodio-testigo-melody-villa-bosch http://www.telam.com.ar/notas/201503/99138-policia-asesinado-custodia-testigo-melina-romero.html [3] http://www.agencianova.com/nota.asp?n=2017_4_17&id=55422&id_tiponota=10 [4] http://www.laizquierdadiario.com/Caso-Araceli-Fulles-la-trama-de-errores-y-complicidades-detras-del-crimen [5] http://www.perfil.com/sociedad/la-bonaerense-otra-vez-en-la-mira-por-el-asesinato-de-araceli.phtml [6]http://www.bigbangnews.com/policiales/Horror-sin-fin-Baradacco-esta-denunciado-por-abuso-sexual-de-su-hijastra-de-3-anos–20170501-0032.html http://tn.com.ar/policiales/badaracco-tiene-un-antecedente-por-abuso-sexual-una-hijastra_790061 [7]http://www.lapoliticaonline.com/nota/98973/ https://www.clarin.com/policiales/san-martin-zona-liberada-femicidas_0_BJjcUDby-.html [8] http://www.defensorba.org.ar/pdfs/comunicados/Informe-OVG-2014-2015-Monitoreo-de-Politicas-Publicas-y-Violencia-de-Genero.pdf [9] https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-294027-2016-03-08.html
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