España: Organizaciones financiadas por el Estado....Endika Brea Berasategui

“Entramos en una fase en la que nos tenemos que convertir en un partido normal y eso tiene enormes riesgos”, decía el secretario general de Podemos Pablo Iglesias el 4 de julio, tras analizar los resultados electorales del 26 de junio, en la que su partido, en unión con Izquierda Unida, pensaba seguramente que, en coalición con el PSOE, conseguirían la mayoría para desplazar al Partido Popular del gobierno. Como esto no sucedió, Pablo Iglesias hizo público lo que era inevitable, y lo que algunos ya habíamos predicho: Podemos fue creado de arriba a abajo y no de abajo a arriba, lo cual significaba que el partido no era una asociación ciudadana limpia y plural, si no un organismo hermético, altamente jerarquizado y burocratizado, con un marcado centralismo a la hora de crear corrientes de opinión pública.

Por lo tanto, el caso Podemos me ha llevado a una reflexión sobre organizaciones, instituciones y movimientos que dicen en discursos públicos estar luchando por arreglar situaciones creadas por un Estado que es, precisamente, el que alimenta a esos mismos movimientos, en un intento por controlar, dentro del sistema, posibles corrientes que pudiesen poner en peligro los intereses de las élites y de las clases dominantes. El Estado subvenciona y provee con dinero a asociaciones que dicen luchar contra elementos creados, precisamente, por el Estado, creando así, como en el caso de Podemos, nuevas élites que se aprovechan del idealismo de las clases más bajas para adquirir una posición de poder dentro del sistema. Iré analizando en los próximos párrafos algunas de estas instituciones e intentaré defender que la descentralización hacia núcleos sociales más pequeños y la ayuda mutua serían más factibles a la hora de encarar los grandes problemas a los que se enfrenta la humanidad en estos momentos.

No cabe duda de que los malos tratos y la violencia de género es uno de esos grandes problemas. Una de las consecuencias ha sido la creación de una gran cantidad de movimientos feministas que abogan por una igualdad total de género, intentando rebajar la violencia machista de la sociedad en todos sus ámbitos. Datos de los últimos diez años en España muestra que las mujeres asesinadas por sus parejas apenas ha disminuido, siempre situadas entre 57 y 85 por año. En 2016, llevamos 29 mujeres asesinadas en medio año, lo que implica que la cifra en proporción alcanzará las cifras de años anteriores. Por lo tanto, en cuestión de datos, estos movimientos han conseguido más bien poco durante la última década a la hora de disminuir esta lacra. Las razones, en las que no voy a profundizar, son de las más variadas, pero eso sería cosa de otro artículo.

Lo que me interesa resaltar aquí es que, a pesar de que en 2013, el Estado español cambió los criterios de valoración para que movimientos feministas pudiesen optar a subvenciones, dificultando ese camino (en una resolución publicada en el BOE el 27-12-13), y rebajando de 2 a 1 millón de euros el dinero para financiar estos movimientos, no es menos cierto que un estudio publicado por la Asociación Erich Fromm asegura que cuatro de estos movimientos asociados al PSOE controlan 24.000.000.000 de euros de los fondos europeos para la violencia de género, repartidas en miles de organizaciones diversas, creando una estructura espejo dentro de la sociedad española. Aunque las cifras puedan ser reales o no, lo cierto es que la violencia machista viene impuesta por el propio Estado y el propio sistema capitalista, y resulta contraproducente intentar luchar contra él desde dentro. Quizá conseguir pequeños cambios sea el objetivo de quien se organiza en estos movimientos, pero no cabe duda de que quienes dirigen estas cuatro asociaciones feministas (FUNDACIÓN MUJERES; FEDERACIÓN DE MUJERES SEPARADAS Y DIVORCIADAS; FEDERACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS y ASOCIACIÓN DE JURISTAS THEMIS) podrían no estar excesivamente interesadas en que el sistema cambiase en exceso, pues eso les extraería de las posiciones que ocupan actualmente y que hacen que tengan mucha voz en las decisiones gubernamentales y en donde controlan cantidades enormes de dinero, que van, como hemos visto, desde 1 o 2 millones de subvenciones estatales hasta 24 mil millones en totales de fondos europeos. Resulta difícil imaginar cómo dentro de un sistema descaradamente machista, y los datos hablan por sí solos, unos movimientos financiados por el propio Estado van a erradicar el problema. La solidaridad entre vecinos y personas cercanas, la concienciación de comunidades vecinales y la descentralización y descapitalización de estas asociaciones burocráticas harían, a mi entender, mucho más por solventar el problema, que la amplia gama de personas con mentalidades diversas que operan dentro de estos movimientos y la enorme conflictividad de intereses que hay en ellos.

Otro de los ejemplos de organizaciones que dicen luchar por los derechos del pueblo son los propios partidos políticos. Los datos que podemos ofrecer, empero, aseguran que hay enormes intereses en juego para, precisamente, defender lo contrario. Durante los últimos seis meses se han producido en el Estado español dos elecciones generales, ante la falta de acuerdos entre partidos para poder formar gobiernos. Datos ofrecidos por el Ministerio del Interior nos dicen que cada proceso electoral ha costado una media de 130.244.505 euros, repartidos en la siguiente manera: 55 millones para Administraciones Públicas; 48 millones para Correos; 12,8 millones para telecomunicaciones; 12,5 para logística y 1,7 millones reservados para imprevistos. En una época de tantos recortes en aspectos clave como educación y sanidad y subidas de IVA en cultura y recortes de las pensiones de las personas ancianas, son datos que deberían incrementar la rabia popular y crear una mentalización en contra de circos electorales que no sirven más que para dividir a la clase obrera y fanatizar a los ciudadanos, incapaces de asumir lo que están apoyando.

Una vez obtenidos los resultados electorales, observamos cómo la Ley Orgánica 2/2011 de 28 de enero del Régimen Electoral, especifica en su artículo 175.1 lo siguiente:

·Subvenciones por resultados electorales:

·Subvención de 21.167,64 euros por cada escaño obtenido en el Congreso de los Diputados o Senado.

·Subvención de 0,81 euros por voto conseguido por cada candidatura al Congreso, uno de cuyos miembros, hubiera obtenido escaño de diputado.

·Subvención de 0,32 euros por cada uno de los votos conseguidos por cada candidato que hubiera obtenido escaño de Senador.

Nos encontramos de este modo con Podemos y Ciudadanos recibiendo subvenciones millonarias que aumentan el presupuesto que manejaban antes de las elecciones generales de 2.678.206 y 1.780.000 respectivamente, a 7,91 millones y 8,24 millones, contando también presencias en ayuntamientos y parlamentos regionales. Con el fin del bipartidismo y la entrada en juego de las formaciones naranja y morada, los grandes perdedores de las subvenciones estatales a partidos políticos son el PP, que pierde 12 millones de euros y pasa de 30 a 18, y el PSOE, que de recibir 18 millones pasa a percibir 14. Quizá una de las razones por las que IU y Podemos decidieron hacer alianza, podemos encontrarla no tanto en el idealismo de ambos partidos, si no en la urgencia de IU por ajustar su financiación interna tras la debacle del 20 de diciembre, en la que pasó de poseer 11 escaños en el Congreso a sólo 2, y perdió 2/3 de las subvenciones estatales (2,18 millones) y quedó amenazado con ajustes y despidos dentro del partido.

Las cosas así, podemos sacar como conclusión que a los partidos políticos no les interesa acabar con los problemas de la sociedad, pues son precisamente estos problemas provocados por el Estado, los que alimentan la creación de nuevos partidos y la permanencia de los viejos, provocando nuevas élites políticas en lucha por el poder gubernamental. Y es precisamente el Estado, el creador de la opresión y del malestar general, el que provee de enormes cantidades monetarias a estas élites, que poco o ningún interés tienen en cambiar nada, sólo los necesarios ajustes para que cada facción en lucha por el poder pueda obtener mayores recursos. No cabe duda que, de nuevo, la desaparición de los partidos políticos y la autogestión de sociedades descentralizadas y anticapitalistas urge más que nunca para hacer frente a los problemas sociales.

A nadie escapa que una de las organizaciones más represivas de los últimos años, agudizado su comportamiento en la época de la crisis económica que estalló en 2008, es la Unión Europea y muy especialmente, la temida Troika. Ahora que Reino Unido ha optado por el Brexit, podemos volver la vista atrás y reflexionar por qué en julio del pasado año el gobierno griego de Alexis Tsipras, decidió hacer caso omiso del resultado del referéndum en la que el pueblo griego, con más de un 60% de apoyo, respaldó al gobierno en su enfrentamiento con las instituciones europeas por no implementar las medidas de austeridad que empobrecían aún más al pueblo y endeudaban aún más al Estado heleno.

Teniendo en cuenta que ni el propio Tsipras ni nadie de su gobierno pasará precisamente hambre, hay otros datos que demuestran que el Gobierno griego y sus élites, no estaban dispuestos a sacrificar algunos privilegios que el permanecer dentro de la UE les ofrecía. Y es que los trabajadores de cualquier gobierno en el Parlamento Europeo, esto es, los eurodiputados, (incluidos los miembros de Syriza) obtienen un sueldo mensual base de 7.956,87 euros brutos (en torno a 6.2000 netos). Aparte, perciben una dieta diaria de 304 euros para alojamiento y otros gastos; una dieta mensual para gastos generales en el país de origen de 4.299 euros; gastos de viaje (billetes de tren, avión...); dieta anual de viaje de hasta 4.243 euros para actividades especiales (conferencias, etc.); una jugosa indemnización transitoria por fin de mandato de un mínimo de 6 mensualidades hasta un máximo de 24 (lo que suponen cifras que van desde los 30.000 hasta un máximo de 192.000 euros); pensión mensual de jubilación del 3,5% del sueldo base por cada año de mandato (entre 278,49 y 5.569,81 euros brutos según años de mandato, con 20 años como tope). Además de todo esto, los eurodiputados son provistos con medios materiales como un despacho con todo su equipamiento y suministro completo de material de oficina y equipo informático y de telecomunicaciones; vehiculos oficiales; bicicletas de servicio; espacios y hemiciclos para actividades; y cursos de lengua e informática. Por último, por si no fuera poco, tienen una dotación suplementaria de 21.209 euros brutos al mes para contratar asistentes personales y servicios externos, ya sea en Bélgica o en el país de origen del eurodiputado.

Con estas cifras, resultaba difícil pensar que el Gobierno griego y sus élites políticas fueran a renunciar a su bienestar individual en aras del bienestar de su pueblo. Y esto es aplicable a cualquier Estado europeo. Lo único que queda por dilucidar es si Reino Unido abandonará definitivamente la UE, o alcanzarán algún acuerdo que no limite estos privilegios para algunas clases. Si la descentralización urge para solucionar los problemas actuales, qué decir de una institución tan megalómana como la UE, cuyo funcionamiento reaccionario está provocando que cada vez más familias europeas esté rozando el umbral de la pobreza actualmente.

Otro de los elementos intoxicados por el capital estatal en España es la cultura. Encontramos así, que el cine español está muy poco desarrollado como industria privada y se encuentra en una situación muy dependiente del apoyo financiero del Estado, a través de su Ministerio de Cultura, que decide que proyectos van a ver la luz y cuáles no, creando no sólo el peligro de desarrollar proyectos cinematográficos panfletarios con el sistema y el gobierno del momento, si no una escasez de producción que provoca el no desarrollo de la industria y una cantidad inusitada de talento artístico que o bien no puede explotar en su país y eligen otros trabajos que requieren menos formación intelectual o bien acaban emigrando del país para trabajar en industrias cinematográficas extranjeras.

Quizá, empero, la mayor consecuencia de todo esto sea el control que unos pocos poseen dentro de este sistema, en el que, en 2013 la cantidad de las subvenciones estatales fue de 50 millones de euros. El paternalismo estatal hace que unos pocos directores y guionistas sean los que reciben la total cantidad de este dinero, cortando las alas y dificultando el camino a muchos jóvenes talentos. Esto hace que los chanchullos y las acciones que rozan la ilegalidad sean prácticas comunes para justificar las subvenciones a unos pocos que poseen este status privilegiado, siempre y cuando no vayan contra el Estado que les da de comer. Por lo tanto, poco interés tienen en desarrollar la industria cinematográfica en España estos privilegiados.

Encontramos dos ejemplos en dos directores muy conocidos (uno de ellos ganador del Oscar) en los que sus últimas producciones han sido verdaderos actos criminales para absorver beneficios estatales. Uno de esos dos directores estrenó su último film, que fue un fracaso absoluto en taquilla, hasta que durante su último fin de semana de exhibición en salas, vio aumentadas sus ventas de emtradas en un sospechoso 5.302,7%. EL CONFIDENCIAL señala, asimismo, que las entradas de la última película del otro director fueron adquiridas en un 90% por la productora encargada de la misma. La razón de todo esto podría estar en que los films españoles subvencionados por el Ministerio de Cultura reciben una ayuda suplementaria del ICAA una vez superadas las 35.000 entradas vendidas en taquilla, lo que haría más rentable a las productoras de ambas producciones gastarse el dinero en taquilla para recibir mayor cantidad de dinero público.

Por último me gustaría también hacer hincapié en los grupos medioambientales que reciben financiación por parte del Estado. En 2014, el BOE publicó las ayudas a grupos ecologistas por un montante total de 3.835.134 euros, de los que más de la mitad fueron a parar a tan sólo cuatro organizaciones, cuando se cuentan más de 100 en todo el territorio español. Los beneficiarios fueron WWF-Adena; Ecologistas en Acción y la Sociedad Español de Ornitología por un lado (cada una con 480.000 euros de fondos públicos) y Amigos de la Tierra de España (311.175 euros). Resulta claro, que incluso en medio ambiente sólo unas pocas asociaciones controlan una gran cantidad de dinero del Estado, creando unas diferencias de desarrollo entre ellas, y haciendo imposible una competitividad en el ámbito medioambiental, pues estas organizaciones nunca irán más allá en sus medidas de lo que les solicite el Estado. De nuevo, para un limpio desarrollo y un verdadero idealismo en las propuestas de estas organizaciones, se debe ambicionar una mayor descentralización y menor dependencia de recursos financieros estatales para dar paso a instituciones verdaderamente comprometidas con una causa y no a espuertas de lo que les pueda pasar si se quedan sin ayuda del Estado.

Hoy más que nunca, debemos apoyar la descentralización, la ayuda mutua, el compromiso por las libertad de asociaciones y la no injerencia del Estado a la hora de solventar los problemas del ser humano. De otra manera, estos quedarán bloqueados por los intereses materiales y capitalistas de una minoría.

Endika Brea Berasategui
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