Servindi.- El Colectivo Dignidad convocó a una concentración en la Plaza San Martín el miércoles 22 de enero a las 7 de la noche a fin de expresar el rechazo ciudadano a la Ley 30151 que faculta un mayor uso de la fuerza letal por parte de policías y fuerzas armadas en el “cumplimiento de su deber”.
La norma promulgada el 13 de enero de 2013 por el presidente Ollanta Humala ha sido cuestionada por numerosas entidades nacionales e internacionales de derechos humanos.
Entre ellas, por ejemplo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional (Londres), la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA ), la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Red Muqui.
Incluso el ministro del Interior, Walter Albán, declaró que la norma no era necesaria y el cambio podría ser mal interpretado en el sentido que se da pie a pensar que se promueve la impunidad, informó el diario El Comercio.
La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirmó que la norma “se aparta de los estándares internacionales de derechos humanos” y el Estado peruano “tiene la obligación de adecuar su legislación a los estándares internacionales”.
La Defensoría del Pueblo sostiene que la norma “resulta contraproducente con el objetivo de fortalecer la labor policial y militar en la lucha contra la delincuencia, el resguardo del orden público y la defensa de la seguridad nacional.
Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la CNDDHH afirmó que la citada norma “es simplemente una licencia para matar y es apenas una estrategia efectista pero no eficaz en relación con la labor de la policía contra el crimen organizado”.
La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) expresó su preocupación por que la norma de impunidad alcance a las fuerzas armadas y policiales en conflictos sociales cuando “estamos lejos de cerrar heridas de tragedias recientes como Bagua, Conga y Espinar, entre otras”.
Ello es más grave aún cuando es notable el contraste entre la persecución penal contra los ciudadanos que participan en protestas sociales y los índices de impunidad del personal de la fuerza pública y autoridades responsables de las muertes y lesiones a pobladores.
Sólo entre 2006 y 2013, la Defensoría del Pueblo registra 193 muertes civiles en conflictos sociales y más de 2,400 heridos, recordó Aprodeh.
La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) sostuvo que la norma establece la posibilidad de impunidad en graves violaciones de derechos humanos.
La norma impediría que se realicen investigaciones fiscales o judiciales de carácter penal con el argumento simple de que las lesiones o muertes causadas se produjeron cuando estaban cumpliendo con su deber.
Señalan que el baleamiento a un vehículo de transporte de pasajeros civiles en Echarate, Cusco, por efectivos militares o el disparo a una vivienda rural en Santo Domingo de Acobamba, en Junín, -en ambos cosas por supuestamente albergar terroristas- quedarían impunes.
La Red Muqui observó que esta y otras medidas de gobierno como la creación de los frentes policiales o los contratos entre la Policía y las empresas mineras, “configuran un escenario crítico en el campo de los derechos humanos”.
En vez de poner en vigencia un escenario de apertura real para perfilar una nueva minería las autoridades públicas continúan con la tesis del “complot minero”, justificativo de la violación de los derechos humanos fundamentales.
La Red Muqui propuso garantizar canales institucionales para ejercer la ciudadanía ambiental, aprobar procedimientos precisos en el control del orden interno, promover y garantizar la capacitación continua en el manejo de conflictos sociales del personal policial, entre otras.
Otras noticias:
Vía:http://servindi.org/actualidad/99602#more-99602
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario