La Marea
Que la historia se repita, variando apenas en pequeños matices, no la hace menos dramática. Día tras día presenciamos cómo los poderes políticos se muestran más interesados en garantizar el beneficio privado que el bienestar social.
En este país sabemos de esto. Durante los últimos años hemos
presenciado la construcción de infinidad de mega-infraestructuras que
han resultado ser totalmente inútiles. Ahora somos conscientes de que,
en la práctica, sólo han supuesto la transferencia de dinero público a
empresas privadas que, con esta inyección de capital, se han musculado
hasta convertirse en multinacionales capaces de competir en el mercado
mundial (1).
En los ámbitos sanitario y educativo, las instituciones públicas han sufrido un intento de desprestigio continuado tanto mediante la mala publicidad que se hacía de ellas, como mediante la asfixia presupuestaria, cuyo único objetivo era allanar el terreno para su privatización. En el sector inmobiliario el rescate bancario ocurrido simultáneamente al desahucio de miles de familias evidencia sin dejar lugar a dudas cuál es el objetivo principal a salvaguardar por nuestros dirigentes. Y la situación del sector eléctrico en España no se diferencia en absoluto de lo anterior. Si acaso, su peculiaridad reside en que la particular complejidad técnica de este sector ha facilitado la desinformación y el oscurantismo con los que el proceso de privatización se ha llevado a cabo.
La situación a día de hoy es límite: pagamos por la electricidad uno de los precios más caros de toda Europa. Además tenemos una deuda acumulada que equivale a que cada consumidor debe a las principales compañías eléctricas del país más de 500 euros. Esta deuda conocida como “déficit de tarifa” se ha esgrimido recientemente para imponer, dentro de la reforma energética comenzada este pasado verano, un buen número de cambios legislativos de gran calado. Las posibilidad de generar electricidad renovable y recibir una prima por ello fue eliminada súbitamente hace más de un año con las consiguientes consecuencias nefastas para la industria renovable local. Además, los cambios retroactivos para las instalaciones renovables ya operativas han supuesto una notable reducción de rentabilidad para estas instalaciones cuando no la quiebra directa de algunas de ellas. El incremento del término de potencia de la factura eléctrica se traduce directamente en un aumento significativo del número de hogares españoles viviendo en pobreza energética.
Hogares sin posibilidad de generar electricidad
El borrador del Real Decreto de autoconsumo, que entrará en vigor en los próximos meses, supone en la práctica una barrera infranqueable para evitar que se desarrolle la producción de electricidad doméstica. Este tipo de legislación es totalmente contraria a la mayoría de normativas que en este sentido se han apoyado en el resto de países de la Unión Europea y hace peligrar el cumplimiento de nuestros objetivos de generación renovables para 2020 adoptados junto al resto de los socios comunitarios. El problema es que la dificultad de tener una visión global acerca de cómo funciona el mercado eléctrico en España permite el uso indiscriminado de falacias simplistas e interesadas para justificar estas medidas. Los medios de comunicación, controlados en gran parte por las compañías eléctricas constituidas en algunos de sus principales anunciantes, nos bombardean continuamente contándonos sólo una parte de la historia.
La otra parte de la historia, es la que trata acerca de cómo hemos llegado hasta aquí. Hemos de remontarnos algunos años para tener cierta perspectiva. Es necesario conocer que hasta 1997 funcionaba en España un Marco Legal Estable y que en él el papel del Estado era mediar entre los intereses privados y públicos de manera que se minimizara el precio que pagaban los consumidores de electricidad. Es necesario saber también que desde que comenzó la privatización de este sector el precio que pagamos en nuestra factura se divide en dos partes: una resultante del mercado de electricidad y otra que sigue estando regulada por el gobierno. Esta última incluye costes como el trasporte y aquellos derivados de la política energética; por ejemplo, la moratoria nuclear, las ayudas al carbón nacional o las primas a las renovables. Hace falta que seamos más conscientes de que, mientras que las primas a las renovables son continuamente cuestionadas, no nos paramos a reflexionar si los beneficios que las eléctricas reciben a través de la parte del mercado eléctrico son proporcionados o excesivos, si son legítimos o si vienen determinados por una situación oligopólica en la que los poderes públicos han perdido toda su capacidad de intervención.
La estructura del argumento es conocida: tenemos una enorme deuda acumulada; por tanto, lo único que podemos hacer es recortar el gasto; las primas a las renovables representan un porcentaje importante de la parte regulada de la factura; se concluye que es obvio que hay que recortar las primas a las renovables. El peor defecto de este argumento no es ser simplista, sino ser falaz. Y se reproduce en la mayoría de soluciones únicas propuestas para los servicios que nombrábamos al principio de este artículo (infraestructuras, sanidad, educación).
Con sus matices, la historia se repite en el sector eléctrico. El discurso neoliberal ha impuesto que lo único defendible es el beneficio empresarial a corto plazo, por encima de cualquier otro objetivo legítimo. Todas las medidas energéticas adoptadas por el gobierno en este último año y medio se pueden interpretar en esta clave. Los ciudadanos hemos perdido la política como herramienta para atender las necesidades de la sociedad y esta ha pasado a ser el instrumento de empresas que no dejan de bombardearnos con campañas publicitarias para convencernos de que el futuro sostenible, la eficiencia, un mundo mejor y menores precios llegarán de sus manos. Nos toca ponernos manos a la obra y, como ciudadanos, recuperar nuestra capacidad de hacer política. El primer paso consiste en informarnos para entender no sólo cómo funciona el mercado de la electricidad hoy sino también cómo hemos llegado hasta aquí.
Nota:
(1) Sobre los proceso de privatización y musculación de empresas de infraestructuras o servicios españolas son muy recomendables el libro “Raíces económicas del deterioro ecológico y social” de J.M. Naredo así como los textos de El Observatorio Metropolitano, por ejemplo, “Manifiesto por Madrid. Crítica y crisis del modelo metropolitano”.
Marta Victoria Pérez y Cristóbal J. Gallego son miembros del Observatorio Crítico de la Energía, y autores del Informe Entiende el Mercado Eléctrico
Fuente: http://www.lamarea.com/2013/10/12/electricidad/
En los ámbitos sanitario y educativo, las instituciones públicas han sufrido un intento de desprestigio continuado tanto mediante la mala publicidad que se hacía de ellas, como mediante la asfixia presupuestaria, cuyo único objetivo era allanar el terreno para su privatización. En el sector inmobiliario el rescate bancario ocurrido simultáneamente al desahucio de miles de familias evidencia sin dejar lugar a dudas cuál es el objetivo principal a salvaguardar por nuestros dirigentes. Y la situación del sector eléctrico en España no se diferencia en absoluto de lo anterior. Si acaso, su peculiaridad reside en que la particular complejidad técnica de este sector ha facilitado la desinformación y el oscurantismo con los que el proceso de privatización se ha llevado a cabo.
La situación a día de hoy es límite: pagamos por la electricidad uno de los precios más caros de toda Europa. Además tenemos una deuda acumulada que equivale a que cada consumidor debe a las principales compañías eléctricas del país más de 500 euros. Esta deuda conocida como “déficit de tarifa” se ha esgrimido recientemente para imponer, dentro de la reforma energética comenzada este pasado verano, un buen número de cambios legislativos de gran calado. Las posibilidad de generar electricidad renovable y recibir una prima por ello fue eliminada súbitamente hace más de un año con las consiguientes consecuencias nefastas para la industria renovable local. Además, los cambios retroactivos para las instalaciones renovables ya operativas han supuesto una notable reducción de rentabilidad para estas instalaciones cuando no la quiebra directa de algunas de ellas. El incremento del término de potencia de la factura eléctrica se traduce directamente en un aumento significativo del número de hogares españoles viviendo en pobreza energética.
Hogares sin posibilidad de generar electricidad
El borrador del Real Decreto de autoconsumo, que entrará en vigor en los próximos meses, supone en la práctica una barrera infranqueable para evitar que se desarrolle la producción de electricidad doméstica. Este tipo de legislación es totalmente contraria a la mayoría de normativas que en este sentido se han apoyado en el resto de países de la Unión Europea y hace peligrar el cumplimiento de nuestros objetivos de generación renovables para 2020 adoptados junto al resto de los socios comunitarios. El problema es que la dificultad de tener una visión global acerca de cómo funciona el mercado eléctrico en España permite el uso indiscriminado de falacias simplistas e interesadas para justificar estas medidas. Los medios de comunicación, controlados en gran parte por las compañías eléctricas constituidas en algunos de sus principales anunciantes, nos bombardean continuamente contándonos sólo una parte de la historia.
La otra parte de la historia, es la que trata acerca de cómo hemos llegado hasta aquí. Hemos de remontarnos algunos años para tener cierta perspectiva. Es necesario conocer que hasta 1997 funcionaba en España un Marco Legal Estable y que en él el papel del Estado era mediar entre los intereses privados y públicos de manera que se minimizara el precio que pagaban los consumidores de electricidad. Es necesario saber también que desde que comenzó la privatización de este sector el precio que pagamos en nuestra factura se divide en dos partes: una resultante del mercado de electricidad y otra que sigue estando regulada por el gobierno. Esta última incluye costes como el trasporte y aquellos derivados de la política energética; por ejemplo, la moratoria nuclear, las ayudas al carbón nacional o las primas a las renovables. Hace falta que seamos más conscientes de que, mientras que las primas a las renovables son continuamente cuestionadas, no nos paramos a reflexionar si los beneficios que las eléctricas reciben a través de la parte del mercado eléctrico son proporcionados o excesivos, si son legítimos o si vienen determinados por una situación oligopólica en la que los poderes públicos han perdido toda su capacidad de intervención.
La estructura del argumento es conocida: tenemos una enorme deuda acumulada; por tanto, lo único que podemos hacer es recortar el gasto; las primas a las renovables representan un porcentaje importante de la parte regulada de la factura; se concluye que es obvio que hay que recortar las primas a las renovables. El peor defecto de este argumento no es ser simplista, sino ser falaz. Y se reproduce en la mayoría de soluciones únicas propuestas para los servicios que nombrábamos al principio de este artículo (infraestructuras, sanidad, educación).
Con sus matices, la historia se repite en el sector eléctrico. El discurso neoliberal ha impuesto que lo único defendible es el beneficio empresarial a corto plazo, por encima de cualquier otro objetivo legítimo. Todas las medidas energéticas adoptadas por el gobierno en este último año y medio se pueden interpretar en esta clave. Los ciudadanos hemos perdido la política como herramienta para atender las necesidades de la sociedad y esta ha pasado a ser el instrumento de empresas que no dejan de bombardearnos con campañas publicitarias para convencernos de que el futuro sostenible, la eficiencia, un mundo mejor y menores precios llegarán de sus manos. Nos toca ponernos manos a la obra y, como ciudadanos, recuperar nuestra capacidad de hacer política. El primer paso consiste en informarnos para entender no sólo cómo funciona el mercado de la electricidad hoy sino también cómo hemos llegado hasta aquí.
Nota:
(1) Sobre los proceso de privatización y musculación de empresas de infraestructuras o servicios españolas son muy recomendables el libro “Raíces económicas del deterioro ecológico y social” de J.M. Naredo así como los textos de El Observatorio Metropolitano, por ejemplo, “Manifiesto por Madrid. Crítica y crisis del modelo metropolitano”.
Marta Victoria Pérez y Cristóbal J. Gallego son miembros del Observatorio Crítico de la Energía, y autores del Informe Entiende el Mercado Eléctrico
Fuente: http://www.lamarea.com/2013/10/12/electricidad/
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=175392
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