Los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón han concesionado 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas de territorio nacional a la industria minera. Se trata de más de una cuarta parte de la superficie de la nación. Trasnacionales canadienses son las principales beneficiarias. Como en la época de la Colonia, la explotación de oro y plata es el principal objetivo de las empresas extranjeras, revelan documentos de la Secretaría de Economía. “La minería está viviendo una época de florecimiento”, considera diputado de Acción Nacional
Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila encabezan la lista
de entidades donde más proyectos se han concedido a la industria
minera. Son ya más de 26 mil los permisos otorgados para la exploración,
explotación y producción de metales preciosos y minerales desde que el
panismo ascendió al poder.
Los padrones de Expedición de títulos de concesión minera
–durante el periodo 2000-2009, año hasta el cual están actualizados los
documentos de la Secretaría de Economía– revelan que a esa fecha habían
sido concedidas en el país 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas, a través
de 24 mil 531 concesiones. Los títulos se incrementaron a 26 mil 43 los
últimos dos años de la administración de Felipe Calderón Hinojosa,
según indican dos informes más, elaborados por la misma dependencia
federal.
El informe Proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero 2010,
realizado por la Secretaría que encabeza Bruno Ferrari García de Alba,
revela que las empresas más beneficiadas ese año fueron: la australiana
Azure Minerals, Ltd, que obtuvo 25 concesiones mineras; las canadienses
Almaden Minerals, Ltd, con 17; Dia Bras Exploration, Inc, con 16;
Pediment Gold Corp, 14; y Goldcorp, Inc, con 11 autorizaciones (Contralínea, 179 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/25/entregan-oro-y-plata-de-mexico-a-trasnacionales/
).
La Secretaría encargada de llevar a cabo las políticas económicas del país informa, a través de su documento Estadísticas sobre exploración minera, octubre de 2011, que “existen 293 empresas con capital extranjero operando en México”.
Francisco López Bárcenas –coautor del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México–
considera que las concesiones entregadas a las trasnacionales son “una
pérdida de soberanía, porque el otorgamiento de concesiones implica que
el Estado ya no puede entrar a esos lugares”.
Además, el maestro en derecho y desarrollo rural por las
universidades Nacional Autónoma de México y la Autónoma Metropolitana,
respectivamente, critica el tiempo que duran las concesiones, de hasta
50 años se puede renovar y llegar hasta los 100. “Sospecho que esto se
hace, también, para especular en el mercado, donde los que salen ganando
son los inversionistas extranjeros. El negocio no sólo es explotar la
mina, sino tener la concesión para controlar el precio del mineral a
nivel mundial”.
Las cifras
Los padrones de la Dirección General de Minas indican que durante
la administración de Vicente Fox Quesada fueron concedidas 30 millones
57 mil 417 hectáreas, a través de 17 mil 629 títulos. Los kárdex del
foxismo revelan que 2005 fue el año más beneficioso para la industria.
En ese periodo fiscal fueron palomeados 2 mil 896 títulos que implicaron la concesión de 6 millones 632 mil 537.18 hectáreas.
Antes de concluir el quinto año de la administración calderonista,
los permisos concedidos sumaron 8 mil 414, e implicaron el otorgamiento
de 21 millones 936 mil 895.7 hectáreas, que representan el 72 por ciento
de lo otorgado un sexenio anterior. Los informes correspondientes a los
ciclos 2010 y 2011 no detallan el número de hectáreas autorizadas en
esos años.
Las cifras oficiales indican que 2006 fue el año en que más
concesiones se han otorgado –en 11 años de panismo–, al sumar 8 millones
377 mil 896.77 hectáreas. En este periodo se concedieron 2 mil 423
títulos. Al iniciar la actual administración, Sonora fue la entidad que
más licencias registró con 2 millones 226 mil 784.62 de hectáreas y 592
títulos.
Luis Enrique Mercado Sánchez –integrante de la Comisión de Economía
de la Cámara de Diputados por el Partido Acción Nacional– niega que
haya tal beneficio a las trasnacionales: “Son extranjeros pero el
recurso del suelo, salarios y lo que pagan ellos por la concesión minera
es de los mexicanos. La minería está viviendo una época de
florecimiento por los nuevos descubrimientos y, porque los precios de
los metales han subido extraordinariamente. Vemos un proyecto mexicano
muy boyante”.
Trasnacionales en México
Los dos últimos informes elaborados por la Dirección General de
Minas de la Secretaría de Economía revelan que las empresas de origen
canadiense son las que acaparan las concesiones para la exploración,
explotación y producción en las minas mexicanas.
El 25 de abril de 2010, Contralínea documentó que tan sólo
en ese año se encontraban en México 187 compañías de origen canadiense
en la búsqueda de oro y plata (este último metal precioso ha colocado al
país en el segundo lugar de la producción mundial). Secundaban las
firmas estadunidenses en la búsqueda de la riqueza minera; seguidos por
Australia, Reino Unido, India, Japón, Corea, Luxemburgo, Perú y Chile.
En 2011, la Secretaría de Economía indicó que “existen 293 empresas
con capital extranjero operando en México, las cuales manejan un
portafolio de 808 proyectos en total” (esto, durante el periodo fiscal
2011).
Del total de empresas con capital extranjero que operan en el país,
213 tienen sus oficinas centrales en Canadá; 45, en Estados Unidos;
ocho, en la República Popular China; cinco, en Australia; cuatro, en
Inglaterra; al igual que en Japón y Corea del Sur; y dos, en India y
Perú. Y una en Luxemburgo, Chile, Italia, Bélgica, España y Holanda,
respectivamente, indican las Estadísticas sobre exploración minera, octubre de 2011.
El mismo informe descubre que aproximadamente 506 proyectos están
asociados con oro y plata, es decir, el 63 por ciento; 141 son
polimetálicos, 17 por ciento; el cobre con 98 proyectos, 12 por ciento;
el hierro alcanza 39 planes, con el 5 por ciento; y los 24 restantes con
otros metales y materiales, como el germanio, cobalto, titanio,
molibdeno, bismuto, estaño, platino, galio, litio-potasio, paladio,
antimonio, níquel, vanadio, wolframio (tungsteno), mercurio,
zeolita-chabazita, barita, pórfidos, boratos, wollastonita y roca
fosfórica, lo que representa el 3 por ciento; sin embargo, en la mayoría
de los casos se consideran a estos minerales como subproductos o
asociados con los minerales metálicos.
Mario Di Costanzo Armenta –integrante de la Comisión de Hacienda y
Crédito Público por el Partido del Trabajo, en la Cámara de Diputados–
opina que el “acaparamiento de las concesiones mineras en manos de
trasnacionales es una absoluta pérdida de soberanía. Además, de que no
cumplen con las condiciones mínimas para que sus mineros desempeñen sus
trabajos”.
En contraste, el diputado priísta Guillermo Raúl Ruiz de Teresa,
integrante de la Comisión de Economía, dice que no hay que “satanizar” a
las trasnacionales que han obtenido concesiones.
“No hay que decir que son un demonio las empresas
extranjeras; lo que debemos tener es un esquema de regulación que
permita que empresas extranjeras o mexicanas cumplan con todos los
requisitos.
“Tenemos que preocuparnos por establecer los márgenes en los que se
puedan manejar las empresas, no se trata de hacernos víctimas porque
son extranjeros. Lo que debemos hacer como diputados es modificar la ley
que permite esto. Si cualquier empresa, mexicana o extranjera, se
aprovecha de los empleados, no paga los suficientes impuestos, hace un
uso mayor del que puede hacer de la mina a la que tiene derecho, el
gobierno federal tendrá que actuar en contra de ello, pero no por su
nacionalidad sino porque cumplan o no las leyes mexicanas.”
La Auditoría Superior y la Constitución
En el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008,
la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones en el
otorgamiento de las concesiones; 24 de 48 solicitudes hechas por las
empresas para obtener los permisos (de 108 expedientes muestra) “carecen
de las actas constitutivas que acrediten que las sociedades son de
nacionalidad mexicana y [que] tienen como objeto social la exploración o
explotación de minerales”.
El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos indica que “sólo los mexicanos por nacimiento o por
naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir
el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener
concesiones de explotación de minas o aguas.
“El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros,
siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse
como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo
la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la
pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la
nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo.”
López Bárcenas, coautor del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México,
expone que la minería es la cuarta fuente de entrada de divisas al
país, superada por el petróleo, la industria automotriz y el sector
turístico.
La industria se ha vuelto importante por los recursos que genera,
pero los campesinos son los que están rentando sus tierras muy baratas;
son mano de obra barata y padecen un fuerte impacto ambiental en sus
comunidades. “Es un saqueo total de los recursos no renovables. Los
estamos, prácticamente, entregando. No le va a quedar nada al país”.
El maestro en derecho y desarrollo rural agrega que “el abandono de
este sector por parte del Estado mexicano tiene que ver con la firma
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como con los
intereses de una burguesía trasnacional. Se debe recuperar el espíritu
del artículo 27 de la Constitución que dice, en síntesis, que los bienes
y su explotación son de la nación y su desarrollo, que se debe dar el
reparto equitativo de los recursos entre los mexicanos y cuidar que no
se agote”.
Violaciones a los DH
Coahuila, la segunda entidad con más concesiones autorizadas en
todo el país, al llegar a 6 millones 213 mil 305.67 hectáreas, a través
de 2 mil 183 títulos, también es donde más violaciones a los derechos
humanos se registran en la industria minera.
El Informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila, elaborado
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, evidencia que “las
condiciones en las que se realizan los trabajos de explotación del
carbón distan mucho de ser las idóneas para asegurar un trabajo digno”.
Documenta que “conforme a lo establecido en el artículo 123
constitucional y los diversos instrumentos internacionales en que el
Estado mexicano es parte, en tanto que no se da cumplimiento a las
medidas de seguridad e higiene indispensables para efectuar dicha
actividad, además de que las acciones emprendidas por el Estado no son
suficientes para garantizar la integridad de los trabajadores, lo que
contraviene sus derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica,
personal e incluso, a la vida”
Destaca que Coahuila registra el índice más alto de incapacidades
laborales del tipo parcial permanente en todo el país. En 2008, obtuvo
el primer lugar en incapacidades permanentes por accidente de trabajo,
que dañaron a 797 trabajadores; también ocupó el primer lugar por
incapacidades permanentes por enfermedades de trabajo, que afectaron a
705; y el primer lugar en enfermedades de trabajo, que perjudicó a 723
mineros, de los 3 mil 681 del registro nacional.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con la
coordinadora general de Minería de la Secretaría de Economía, Jimena
Velarde Altamirano. Al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Coahuila: mineros en calidad de servidumbreLa Comisión Nacional de los Derechos Humanos retoma la información contenida en el V Informe Pasta de Conchos. Dime desde allá abajo, elaborado por la organización Familia Pasta de Conchos, sobre la situación de la minería de carbón en Coahuila. Destaca las condiciones laborales en estos centros de trabajo: la mayoría de las minas no cumplen con las normas de seguridad e higiene; los pozos no cuentan con una salida de emergencia; no se han constituido comisiones de seguridad e higiene como marca la ley; los trabajadores no tienen capacitación para el trabajo ni equipo de seguridad mínimo, como metanómetros, botas, lámparas, cascos, etcétera; tienen que utilizar su propio equipamiento, ya que la empresa o los contratistas no se los proporcionan; el minado de los pozos y de muchas minas se hace restringiendo los materiales para su construcción y forzándolos al máximo; en lugar de poner cuatro ademes (soportes), se ponen dos y no se emparrillan los techos de los túneles; y el empleo que generan los pocitos es inseguro, subregistrado y altamente peligroso.
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Vìa, fuente :
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/22/un-cuarto-del-pais-en-poder-de-mineras-extranjeras/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/22/un-cuarto-del-pais-en-poder-de-mineras-extranjeras/
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