Siempre ponemos los muertos
Nuevos asesinatos y ataques a indígenas colombianos
La Organización Nacional Indígena de Colombia
(ONIC), que agrupa a los pueblos originarios del país, está denunciando y
condenando las agresiones y graves violaciones a los derechos humanos
que sufren sus comunidades. En los últimos días fueron asesinados varios
dirigentes, luego de un fin de 2011 y comienzo de 2012 con varios
asesinatos y ataques.
El 15 de enero fueron ejecutados los comuneros
embera Herminson y Alexander de Jesús Morales Zamora, del Cabildo
Indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, en el municipio de
Riosucio, departamento de Caldas.
“Condenamos este acto de violencia y exigimos la garantía de nuestros derechos y nuestra integridad como seres humanos, como comunidades y como pueblos representantes de diversas culturas”, dice un comunicado firmado por el Consejo Mayor de Gobierno Indígena de ONIC.
La denuncia de la organización indígenas se extiende a diversos organismos de justicia y de defensa de los derechos humanos, a organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil en general y organismos internacionales.
Según expresa el comunicado, el pueblo embera es uno de los más afectados por el conflicto armado en Colombia. De acuerdo a las autoridades del Cabildo Indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, el 14 de enero fueron desaparecidos Herminson y Alexander de Jesús Morales Zamora, que tenían 29 y 24 años respectivamente y pertenecían a las comunidades Ubarbá y el Rebaño. El 16 de enero familiares de los fallecidos recibieron una boleta que les indicaba el paradero de sus seres queridos. Los cuerpos fueron encontrados en la zona de Cerro el Tigre, de la comunidad La Palma, en una fosa común y con varios impactos de arma de fuego.
“La ONIC y el Cabildo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña denuncian ante la opinión publica estos hechos violentos contra nuestra población indígena y la presencia de grupos armados al margen de la ley en las comunidades de este resguardo, los cuales asesinan y atemorizan a la población indígena”, dice el comunicado. “Hacemos un llamado a las instituciones del Estado y al gobierno nacional para que garanticen y protejan los derechos humanos, la vida e integridad de la población indígena”, agrega.
Poco antes, el 12 de enero, había sido asesinado el comunero de Jambaló Milciades Trochez Conda, en el norte del departamento del Cauca. En este caso fue el Cabildo Indígena de Jambaló y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) las que hicieron la denuncia nacional e internacional. “No es la primera vez que nuestros territorios ancestrales son blanco de brutales ataques por parte de los actores armados que operan en la región, como también no es la primera vez que tenemos que recoger a nuestros muertos y llorarlos”, dice el texto del parte de prensa.
Milciades fue acribillado cuando se dirigía en automóvil de su resguardo a la ciudad de Santander de Quilichao, en compañía de otro comunero. El líder indígena de 39 años vivía en la vereda Loma Gruesa, en la parte baja de Jambaló, era marido y padre de 7 hijos, además de integrante activo de la Guardia Indígena. Según testigos presenciales, el dirigente fue atacado por sujetos en dos motocicletas en las inmediaciones del corregimiento El Palo, municipio de Caloto. Le pegaron diez tiros.
El Cabildo Indígena de Jambaló y la ACIN destacan en el comunicado que en 2001 Milciades fue perseguido por milicias de la guerrilla de izquierda de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Desde ese entonces el dirigente recibía amenazas de muerte de ese grupo armado.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la ACIN consideraron de “suma gravedad” que el Estado colombiano aun no haya adoptado las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad de las comunidades indígenas del norte del Cauca. Es que existen medidas cautelares vigentes otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante las continuas amenazas y hostigamientos que sufren esas comunidades. El CRIC y la ACIN exigieron que se adopten “de forma inmediata todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los comuneros y comuneras indígenas del Cauca”.
El final de 2011 y comienzo de este año fue igual de sangriento al sur del país, según información de otro comunicado del Consejo Mayor de Gobierno Indígena de ONIC. El 31 de diciembre en el municipio de Santa Cruz de Guachavez, Nariño, dos sicarios asesinaron a Jaime Chazatar, líder indígena del pueblo de los pastos. Por esos días un integrante del pueblo awá, del resguardo Ñambi Piedra Verde, fue torturado y luego asesinado, y tres mujeres del mismo pueblo, una de ellas de 12 años, fueron violadas. Otros dos dirigentes, Abran Mitis, del pueblo de los pastos, y Hernando Chindoy Chindoy, del pueblo Inga de Aponte, fueron atacados y “salvaron su vida milagrosamente”.
Foto: telesurtv.net
“Condenamos este acto de violencia y exigimos la garantía de nuestros derechos y nuestra integridad como seres humanos, como comunidades y como pueblos representantes de diversas culturas”, dice un comunicado firmado por el Consejo Mayor de Gobierno Indígena de ONIC.
La denuncia de la organización indígenas se extiende a diversos organismos de justicia y de defensa de los derechos humanos, a organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil en general y organismos internacionales.
Según expresa el comunicado, el pueblo embera es uno de los más afectados por el conflicto armado en Colombia. De acuerdo a las autoridades del Cabildo Indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, el 14 de enero fueron desaparecidos Herminson y Alexander de Jesús Morales Zamora, que tenían 29 y 24 años respectivamente y pertenecían a las comunidades Ubarbá y el Rebaño. El 16 de enero familiares de los fallecidos recibieron una boleta que les indicaba el paradero de sus seres queridos. Los cuerpos fueron encontrados en la zona de Cerro el Tigre, de la comunidad La Palma, en una fosa común y con varios impactos de arma de fuego.
“La ONIC y el Cabildo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña denuncian ante la opinión publica estos hechos violentos contra nuestra población indígena y la presencia de grupos armados al margen de la ley en las comunidades de este resguardo, los cuales asesinan y atemorizan a la población indígena”, dice el comunicado. “Hacemos un llamado a las instituciones del Estado y al gobierno nacional para que garanticen y protejan los derechos humanos, la vida e integridad de la población indígena”, agrega.
Poco antes, el 12 de enero, había sido asesinado el comunero de Jambaló Milciades Trochez Conda, en el norte del departamento del Cauca. En este caso fue el Cabildo Indígena de Jambaló y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) las que hicieron la denuncia nacional e internacional. “No es la primera vez que nuestros territorios ancestrales son blanco de brutales ataques por parte de los actores armados que operan en la región, como también no es la primera vez que tenemos que recoger a nuestros muertos y llorarlos”, dice el texto del parte de prensa.
Milciades fue acribillado cuando se dirigía en automóvil de su resguardo a la ciudad de Santander de Quilichao, en compañía de otro comunero. El líder indígena de 39 años vivía en la vereda Loma Gruesa, en la parte baja de Jambaló, era marido y padre de 7 hijos, además de integrante activo de la Guardia Indígena. Según testigos presenciales, el dirigente fue atacado por sujetos en dos motocicletas en las inmediaciones del corregimiento El Palo, municipio de Caloto. Le pegaron diez tiros.
El Cabildo Indígena de Jambaló y la ACIN destacan en el comunicado que en 2001 Milciades fue perseguido por milicias de la guerrilla de izquierda de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Desde ese entonces el dirigente recibía amenazas de muerte de ese grupo armado.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la ACIN consideraron de “suma gravedad” que el Estado colombiano aun no haya adoptado las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad de las comunidades indígenas del norte del Cauca. Es que existen medidas cautelares vigentes otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante las continuas amenazas y hostigamientos que sufren esas comunidades. El CRIC y la ACIN exigieron que se adopten “de forma inmediata todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los comuneros y comuneras indígenas del Cauca”.
El final de 2011 y comienzo de este año fue igual de sangriento al sur del país, según información de otro comunicado del Consejo Mayor de Gobierno Indígena de ONIC. El 31 de diciembre en el municipio de Santa Cruz de Guachavez, Nariño, dos sicarios asesinaron a Jaime Chazatar, líder indígena del pueblo de los pastos. Por esos días un integrante del pueblo awá, del resguardo Ñambi Piedra Verde, fue torturado y luego asesinado, y tres mujeres del mismo pueblo, una de ellas de 12 años, fueron violadas. Otros dos dirigentes, Abran Mitis, del pueblo de los pastos, y Hernando Chindoy Chindoy, del pueblo Inga de Aponte, fueron atacados y “salvaron su vida milagrosamente”.
Foto: telesurtv.net
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