Tras
la sombra mediática, se recrudece la represión y persecución al pueblo
Mapuche en Chile. Por eso, la alerta internacional del Grupo de Trabajo
Mapuche por los derechos Colectivos es pertinente y necesaria. Aquí
tienes un relato de la dramática situación de DDHH que se vive en
Wallmapu.
Alarmante
situación de comunidades mapuche en el sur de Chile. La vulneración a
sus derechos, como respuesta a las históricas reclamaciones, en torno a
sus demandas por tierras ancestrales y por la defensa de los territorios
como espacios de vida, han sido los atropellos y violaciones cometidos
por los agentes del Estado chileno, coludidamente con sectores privados y
empresariales en el marco de la militarización y criminalización de sus
demandas. El Grupo de Trabajo Mapuche por los Derechos Colectivos
alerta sobre agudización de hechos de represión y militarización en
territorios mapuche.
En este último tiempo hemos vuelto a ver una escalada de violencia, represión, criminalización y militarización de varios territorios Mapuche. Son los casos en el territorio de Temucuicui; el territorio de Chequenco; el territorio de Lleu Lleu,
los territorios de Makewe – Trapilwe, entre otros, viviendo un clima de
violencia policial extrema, en el marco de la represión estatal a las
reclamaciones por tierras ancestrales o ante la resistencia de la
imposición de proyectos de expansión forestal y minera o en el caso
particular de un proyecto de aeropuerto.
Existen
denuncian graves de que deben ser atendidas, que involucran hechos de
lesa humanidad, que ética y moralmente no pueden omitirse, con
testimonios que son alarmantes. Esto se incrementa aún más, al
considerarse que el Pueblo Mapuche ha sido víctima del despojo
de su territorio ancestral, reducción y empobrecimiento, lo que ha
causado un masivo éxodo de la población rural a zonas urbanas y que en el presente, muestra, además, una serie de proyectos invasivos y atentatorios en las pocas tierras que quedan.
Preocupante
es en ese sentido, los graves daños sociales, algunos casi
irreparables, que se ha venido haciendo en territorios mapuche donde se
quiere imponer, a modo de ejemplo, un contaminante ducto tóxico de la
celulosa Arauco Celco en la zona de Mehuin, territorio Lafkenche; o las
amenazas a los territorio Pewenche y Huilliche cordillerana de
Curarrehue, Neltume, Pilmaiquén, Alto Bio Bio con Proyectos de Represas
hidroeléctricas, siendo un ejemplo paradigmático la inundación de un
cementerio mapuche en Ralco Lepoy en los Altos del Bío Bío y el evidente
etnocidio cultural, social que se realizó; o como viene ocurriendo
sobre prospección minera, en varias zonas, como el Lleu Lleu; O en
Quepe, con los intentos de imposición de un aeropuerto internacional.
Asimismo, es vergonzoso para Chile no haber modificado su legislación militar.
El Estado continúa llevando a tribunales militares causas que
involucren crímenes o violaciones cometidos por agentes policiales y/o
militares en contra de civiles, en absoluta impunidad y estos casos
debieran ser competencia de los tribunales civiles, como se ha
establecido en la sentencia Palamara versus Estado chileno, (Corte
Interamericana de Derechos Humanos, 2005).
Se
trata de prioridades que se debe asumir en pro de los avances
democráticos y respetuosos de los derechos humanos, sin embargo, solo
queda demostrado que se sigue anclado a instituciones fácticas y
cómplices de crímenes. Casos como los asesinatos de Jaime
Mendoza Collío, Alex Lemún y Matías Catrileo en el Pueblo Mapuche o
Rodrigo Cisternas y Manuel Gutiérrez del pueblo chileno, son un
ejemplo de lo que ha venido ocurriendo: impunidad ante los abusos
cometidos por agentes, en actos evidentemente repudiables y condenables
por cualquier sistema que se diga de justicia.
DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS
Es
primordial que el Estado chileno atienda y asuma las diversas
recomendaciones que los organismos internacionales de Derechos Humanos que le obligan a reformar su legislación, en conformidad a las normas internacionales de Derechos y que les son vinculantes:
- Todos los Pueblos tienen derecho a ser reparados cuando se les ha violentado, como ocurre con las tierras ancestrales del Pueblo Mapuche (Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 2007), es urgente que se asuma una política de reparación y/o compensación conforme a los intereses y necesidades Mapuche, atendiendo cada una de sus partes, que son parte de las demandas públicas que desde hace años se han instalado y que la institucionalidad del estado conoce perfectamente.
- Todos los Pueblos y sus comunidades tienen derecho a definir su propio desarrollo, atendiendo aspectos sociales, culturales, espirituales, ambientales, económicos y no a recibir imposiciones de industrias que solo han demostrado impactos, depredación y destrucción en todos estos aspectos (Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos Indígenas, 2007 y Convenio 169 de la OIT, asimismo la declaración ONU sobre el derecho al desarrollo y los diversos pactos de DDHH).
- El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.
Asimismo, la defensa de
los territorios y las recuperaciones de tierras, es un derecho humano
inalienables e irrenunciables, son temas prioritarios y que a esta
altura, con todos los años de conflicto y crisis, bueno sería
que el Estado chileno comience a garantizar la paz social asumiendo
políticamente las medidas de reparación y compensación que corresponden sobre
los daños causados, atendiendo la proporcionalidad de los derechos
atropellados en el Pueblo Mapuche, considerando los estándares
internacionales al respecto.
Lo
mismo, sin que el orden presentado signifique ideas de prioridad, las
reclamaciones por Justicia frente a los cobardes asesinatos a jóvenes
Mapuche por reclamar tierras ancestrales, son a la vez, temas
irrenunciables y aparentemente el Estado chileno no tiene
interés de garantizar procesos y procedimientos justos para castigar a
aquellos agentes estatales policiales y militarizados que se descontrolan y actúan como criminales y matones, reflejando lo indigno e ilegitimo de sus instituciones.
El
derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del
derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con
sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales
de derechos humanos (Pacto Derechos Civiles y Políticos y Pacto
Derechos Económicos, Sociales y Culturales), el ejercicio de su derecho
inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos
naturales.
LOS HECHOS: SE AGUDIZAN LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Lo único que se ha demostrado y evidenciado con las últimas acciones del Estado chileno y sus agentes policiales es que
en este país continúa plenamente vigentes políticas aberrantes de
diversas formas de colonialismo, el apartheid, las diversas formas de
racismo y discriminación racial, la dominación y la ocupación extranjera
como las transnacionales, y de corporaciones o particulares chilenos,
la agresión y amenazas contra la soberanía de los pueblos chileno e
indígenas y contra la integridad social y territorial, y los contantes
actos o amenazas de militarización, que han atentado, vulnerando los
derechos humanos.
Persisten
los actos abusivos e insensatos promovidos por parte de ciertos sectores
con poder, y de un Estado chileno sin interés de respetar y reparar los
derechos humanos, ni de proporcionar soluciones eficientes y garantizar
la paz social de las comunidades, el que, por el contario, ejecuta a
través de sus aparatos de inteligencia y policiales constantes asedios,
allanamientos, aplicación de la fuerza bruta, irrupción de hogares,
bombas lacrimógenas, disparos, existiendo ahí niños, niñas y ancian@s
indefensos, existiendo amplio material público que lo verifica.
Nos
sumamos de esta forma a los distintos pedidos que se han venido
haciendo para la solidaridad y atención inmediata a la situación de los
Derechos Humanos, en este caso, del Pueblo Mapuche, y, particularmente,
ante la violenta persecución que diversas personas de la dirigencia y la
representación tradicional mapuche, como el reciente caso del werken
Mijael Carbone Queipul de la Alianza Territorial Mapuche, perseguido y
amenazado de muerte por agentes estatales, y de muchos otros y otras,
en diversos territorios que son perseguidos y criminalizados, como
ocurre en la Comunidad Juana Paillalef, en Temulemu, en Temucuicui
autónoma, en Winkul Mapu en Ercilla, las comunidades Lafkenche de
Mehuin, en Rofúe, Makewe y Quepe, en el territorio de Lleu Lleu, entre
otras, que vienen recibiendo desde el Estado chileno agresión y
violencia sistemática, por el solo hecho de manifestar el ejercicio, la
defensa y reclamación de sus derechos individuales y colectivos.
Extendemos
este alerta a las diferentes organizaciones de Derechos Humanos,
solidarias y conscientes frente a estos graves hechos que vienen
ocurriendo, para informarse y actuar y no guardar silencio.
Por Otramerica
El Ciudadano.
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