A
mediados de septiembre la Cámara de Comercio envió un proyecto de ley
al Ejecutivo destinado a endurecer las sanciones por agresiones contra
la policía y atentados a la propiedad privada. El texto tiene muchas
semejanzas con el anuncio de Piñera y Hinzpeter que apunta a
criminalizar las tomas de colegios. Mientras la UDI aplaude la
iniciativa, para organizaciones de derechos civiles es una señal
preocupante.
Era domingo,
día raro para una alocución presidencial. Pero allí estaban, en el
llamado patio de los cañones del Palacio de La Moneda el presidente Sebastián Piñera; su ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y algunos diputados fetichistas del orden como María Angélica Cristi y Alberto Espina. La cita era para anunciar un proyecto de ley destinado a convertir en delito tomarse un colegio, increpar a un policía o rayar una micro.
Lo
grandilocuente del anuncio contrasta con que a la hora de requerirse el
texto que modifica el Artículo 269 del Código Penal al Ministerio del Interior
nadie sabe nada. Cero transparencia. Pero al revisar las medidas
anunciadas, que son tipificar las agresiones a carabineros, endurecer
las penas para el saqueo de locales comerciales y delitos contra la
propiedad, se evidencia que la iniciativa más que del Gobierno proviene
de la Cámara Nacional del Comercio (CNC).
El 16 de septiembre, la CNC envió un proyecto de ley redactado por el abogado Miguel Otero, militante y ex senador de Renovación Nacional.
En forma textual propone: “Tipificar como delito los destrozos o daños
materiales a bienes muebles e inmuebles pertenecientes a las Fuerzas de Orden y Seguridad
y castigar a quienes, con motivo de alteraciones del orden público,
ataquen, destruyan o saqueen propiedad fiscal, municipal o particular o
se tomen dichas instalaciones impidiendo su normal funcionamiento”.
La CNC
reclama que la legislación actual considera dichas acciones como
atentados y desacatos contra la autoridad, lo que implica que la pena
contemplada sea asimilable a un daño con una multa para el infractor.
Por ello reclama “eliminar la posibilidad de penar a los infractores
sólo a través de multas y establecer la cárcel efectiva como castigo”.
También
la CNC persigue “sancionar efectivamente a quienes injurien u ofendan
de hecho o de palabra a un miembro de las Fuerzas de Orden y Seguridad
en el ejercicio de sus funciones” y que se amplíe el concepto de armas a
“las bombas molotov, ballestas, arcos, hondas y elementos similares,
todas ellas herramientas regularmente utilizadas en actos vandálicos con
ocasión de marchas y manifestaciones” -según rezan en un comunicado
difundido el 22 de septiembre.
Cualquier semejanza con el anuncio de Piñera y Hinzpeter es más que coincidencia.
La
CNC envió a fines de la primera quincena de septiembre al ministro
Hinzpeter este proyecto y fue presentado por su presidente, Carlos Eugenio Jorquiera; el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Región Metropolitana (Sideco), Juan Manuel Pozo, y el gerente de Asuntos Corporativos de Walmart Chile, Claudio Hohmann, quien fuera ministro de Transporte de Eduardo Frei.
UNA LEY CONTRA LAS MOVILIZACIONES SOCIALES
La
iniciativa emerge a tres meses de que acabe un año marcado por la
protesta social, que integra demandas de ambientalistas -por la
instalación de Hidroaysén-; de estudiantes -por la
exigencia de una educación pública-; de minorías sexuales -por la
integración social-, y de ciudadanos agrupados espontáneamente contra
abusos del sistema y servicios públicos deficientes -como los usuarios
del Transantiago que se tomaron la calle molestos por
la baja frecuencia del recorrido de la línea 405, o como la protesta de
los magallánicos contra el alza de las cuentas de electricidad o de los
calameños por obtener recursos permanentes del cobre.
La medida más polémica del proyecto es la que convierte en delito las tomas de colegios.
El hermetismo respecto del texto definitivo de la modificación al Código Penal ha sido total. Incluso la senadora Lily Pérez
-de la misma bancada del Presidente- declaró haberse enterado por la
prensa de la iniciativa y aseguró que aún no se le ha entregado al
Parlamento un documento escrito de la ley.
El presidente de la Comisión de Educación del Senado, Jaime Quintana,
afirmó que “no parece sensato dar respuestas criminales a problemas
sociales y políticos”, como lo es la movilización estudiantil.
SONRISAS PARA LA UDI
El proyecto fue anunciado por el presidente Sebastián Piñera
como una herramienta más para combatir la “llamada lucha contra la
delincuencia” tras asistir, el pasado primer fin de semana al Consejo
General de la Unión Demócrata Independiente (UDI) -sector de la derecha cuya relación con el Ejecutivo estaba con pucheros luego de que el mandatario enviara al Congreso iniciativas
como la regulación de la convivencia de personas del mismo sexo y la
potencial despenalización del aborto terapéutico.
- * Foto de Bello Público
Así,
el endurecimiento de las penas por “alterar el orden público” y
“paralizar servicios” como el transporte y la salud –con medidas
punitivas que alcanzarían los tres años de cárcel- es un “guiño” a la
ultra derecha del país, que representa a lo más un 25% de la población,
tres puntos por encima del apoyo que le va quedando al
Presidente-empresario, pero que a estas alturas es imperioso recuperar.
Dentro de su partido, Piñera, también cosechó elogios. El timonel de Renovación Nacional (RN), Carlos Larraín, dijo que el proyecto vendría a rescatar al movimiento ciudadano de los “inútiles subversivos”.
MAYORÍA SIMPLE
Para
que esta idea se convierta en ley sólo requiere mayoría simple, es
decir, la mitad más uno de los senadores que el día de la votación
asistan a la sesión. Hasta ahora, el Gobierno no se ha pronunciado
acerca de plazos para la iniciativa, aunque se adelantó que le pondrá
suma urgencia.
Para la abogada Alejandra Arriaza,
legislar sobre delitos que ya existen es innecesario. “Las conductas
que se deriven del contexto de movilización y sean ilegales, ya están
reguladas en el Código Penal, como puede ser la usurpación o la
destrucción de mobiliario público”. Tal como explica Arriaza, se ha
determinado que las tomas de establecimientos no son ilegales por
tratarse de ocupaciones transitorias, en palabras legales, no hay dolo
de por medio, elemento fundamental para que haya delito.
El movimiento estudiantil y organizaciones de derechos humanos concuerdan que el Gobierno y el Ministerio Público
están usando el derecho penal como instrumento político, no sólo al
penalizar las tomas, también al criminalizar deliberadamente toda
manifestación de descontento por medio de policías infiltrados en las
marchas que, según los mismos manifestantes, incitan los desmanes;
también de los testigos “sin rostro”, utilizados cuando se juzga bajo la
ley antiterrorista, y de pruebas proporcionadas por los mismos
acusadores, como registros audiovisuales hechos por Carabineros, sin mediar en que podrían ser producto de un “montaje”.
La
nueva iniciativa penal del Ejecutivo faculta a los uniformados,
precisamente para tomar esos registros sin la orden previa de un fiscal.
INFORME DE DERECHOS HUMANOS
El Informe Anual de Derechos Humanos en Chile 2011, lanzado el lunes 3 de octubre por la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales,
considera que la iniciativa es una señal “preocupante”, al tiempo que
califica el actuar de Carabineros durante las últimas movilizaciones
como “cuestionable”, acusando a sus efectivos de usar “fuerza
innecesaria”.
Al foro, que fue dirigido por el abogado y director del Informe, Jorge Contesse, asistieron como panelistas la ex defensora nacional, Paula Vial; la senadora RN e integrante de la comisión de derechos humanos de la cámara alta, Lily Pérez y la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Piquer.
Piquer
señaló que la represión de la protesta es una violación a un ejercicio
pleno de derechos humanos, pues el acto engloba el derecho a expresión, a
reunión y a opinión. La abogada enfatizó que “una vez más el Estado
chileno no está en línea con los tratados internacionales a los que
adscribe en materia de derechos fundamentales de las personas”,
recalcando que estos “son obligaciones y no meras recomendaciones”.
LA ESQUIZOFRENIA DEL DISCURSO PÚBLICO
Paula Vial, quien asumió la defensoría con la presidenta Bachellet y fue despedida por el actual ministro de Justicia, Teodoro Ribera,
aseguró que el discurso del Gobierno es esquizofrénico: “Por un lado
lamentan la situación de hacinamiento de los recintos penitenciarios
chilenos, puesta en la palestra luego del incendio de la cárcel de San Miguel en 2010, pero por otro, prometen reclusión a todo aquel que altere el orden público”.
El
debate de cómo el Estado enfrenta las desviaciones sociales y la medida
de encarcelamiento como única medida punitiva a la infracción de la
ley, es atingente. Bajo este criterio, el proyecto de ley impulsado por
el Ministerio del Interior y Seguridad Pública ve al manifestante como
un desviado social y avala la metodología del hostigamiento y la
persecución como forma de “buscar responsables”, lo que según Vial no ha
dado buenos resultados, recordando los “bochornosos” casos Cañete y ‘Bombas’.
De
hecho, este martes fueron sobreseídos 14 jóvenes que estuvieron ocho
meses presos acusados de actos terroristas por el caso Bombas, el
tribunal condenó a la Fiscalía Sur a pagar por todos
los gastos en defensa que incurrió tanto el Estado como las familias de
los acusados, pero de indemnización a los afectados, nada se ha dicho.
Jorge Contesse explicó que hay un vacío legal que no castiga las falsas
acusaciones. “Hay una regulación del error judicial que establece
medidas compensatorias para los afectados, pero en este caso, la
equivocación viene desde el ente acusador” -el Ministerio Público-, para
ese tipo de errores no hay legislación ni reparación estipulada,
explicó el abogado.
De aprobarse esta
iniciativa del Ejecutivo, el protestar o simplemente encarar a la
Fuerza Pública podría caer bajo la categoría de delito. En un intento
más por “preservar la paz social”, los futuros procesados por este
“crimen” -probablemente estudiantes- serán los nuevos presos políticos
del Estado chileno.
Por Paula Figari Rojas – Mauricio Becerra Rebolledo
El Ciudadano
http://www.elciudadano.cl/2011/10/05/41885/proyecto-que-criminaliza-las-tomas-fue-impulsado-por-la-camara-de-comercio/
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